Desde hace más de cinco meses en el Concejo Deliberante de Florencio Varela, en las sesiones hay bancas que están vacías. La ausencia total o parcial de los integrantes del bloque Frente Renovador, denota que las cosas no están bien en el recinto de avenida Calchaquí esquina Sargento Cabral. A algunos no se los ve desde noviembre del 2016 y a otros desde la renuncia de Zisuela como presidente del cuerpo deliberativo. El reglamento plantea sanciones económicas, pero nadie se atreve a presentar un escrito para votar la sanción a quienes no asisten a sesionar.
Mientras el año legislativo continúa, en Varela el Concejo intenta recuperar las sesiones perdidas por la falta de acuerdo para elegir autoridades. Y un grupo de ediles persiste con sus ausencias excusándose – en las sesiones- mediante notas en las que expresan “razones personales” o “compromisos preestablecidos”.
Del reglamento quién se acuerda
Tomando en cuenta la ausencia, desde hace más de cinco meses de algunos concejales, ausencias no sólo a las sesiones sino a sus oficina, Laura Ravagni presidenta del HCD, aseguró que “no es algo nuevo, viene sucediendo desde hace tiempo” y que “en el reglamento están los pasos a seguir”. Aclaró que como presidente no puede hacer nada, si no es mediante un “escrito concreto acompañado por una firma y una decisión política”.
Remarcó “Este es un tema de responsabilidad. Cada uno de nosotros se sometió a la voluntad popular para representar a los vecinos de Varela y eso representa una responsabilidad a la ciudadanía. Cada uno tiene que cumplir sus obligaciones”.
Por otro lado, la edil que preside el Concejo Deliberante aclaró que en el reglamento del organismo “son cinco faltas en el año, o alternadas, o tres consecutivas” de no cumplirse con eso el edil en cuestión recibiría “una sanción pecuniaria en su dieta”. “No hay sanción disciplinaria que impida que ocupe su banca, porque ha sido elegido”.
En referencia a rumores de que habría concejales que, que habrían renunciado a sus dietas, manifestó Ravagni que “Tenemos situaciones de concejales que cobran menos de su dieta, porque se acogieran al beneficio jubilatorio, otros porque están prestando función en la gobernación. No tengo conocimiento de que haya concejales que renunciaran a su dieta”. Y sentenció “todos los concejales están en la plantilla de liquidaciones. No tengo conocimiento si eso cambió en la presidencias de Ottonello y Zisuela”.
La sesión
En la mañana del jueves se desarrolló la tercera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Varela, la misma contó con la presencia de 16 concejales, nuevamente la ausencia total del bloque Frente Renovador, Ottonello (C) y Tobio (FpV).
La sesión contó con el repudio generalizado ante los casos de violencia de género en el distrito y en el país, y algunos concejales como Paz (FpV) y Salatino expusieron sus proyectos relacionados con normativas que beneficien y acompañen a las víctimas. En el caso de Paz, convocó a tratar prontamente en el recinto un expediente relacionado con la problemática de la violencia contra las mujeres en la localidad. Y Salatino, por su parte una comunicación dirigida hacia el Senado provincial para que agilice la creación de fiscalías especializadas en violencia de género en el territorio bonaerense.
También se aprobaron repudios a lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación quienes decidieron aplicar el cómputo de la pena conocido como «dos por uno» para reducir una condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Y a las amenazas al sindicalista Roberto Baradel.
Por otro lado, fueron aprobados los proyectos del NE, quienes solicitaron al DE municipal que de informe sobre las cámaras de monitoreo de seguridad municipal instaladas en la zona comprendida por las arterias Juan Días de Solís entre Calchaquí/Arenales y Alfonsina Storni, dado a que según manifestó Salatino “los vecinos de la zona se quejan por los jóvenes que salen de un boliche” ubicado en inmediaciones de la comisaría Tercera. Además se aprobó la reforma de un artículo de la Ordenanza Fiscal (Tasa de Servicios Generales), en función de la modificación en la valuación fiscal de algunos inmuebles.
