Camila tenía 25 años cuando el 29 de diciembre pasado recibió un golpe en el corazón. Murió en la estación de servicio de la calle 15 y la Ruta 36 del lado de Berazategui. Era una de las mujeres trans que ejercen la prostitución en esa denominada zona roja del conurbano bonaerense. Tres sujetos, asegún los testigos, le dispararon a sangre fría desde una moto.
La autopsia reveló que la cuasa de la muerte fue una herida de arma de fuego en el tórax, con lesión cardíaca. Lesionó el corazón y entró en paro cardiorespiratorio, y no fue posible reanimarlo con las maniobras de reanimación habituales. Todavía no hay detenidos por esa causa.
El de Camila es solo uno de los 103 crimenes de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género en todo el país.
Y aunque los datos no son exactos, ya que incluyen aquellos casos que han sido relevados por los medios de comunicación o que fueron denunciados en la Defensoría LGBT o en las organizaciones de la FALGBT.
Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio y registradas en el informe, el porcentaje más alto corresponde a mujeres trans, en segundo lugar a las lesbianas y por último los varones gays.
LOS NUMEROS QUE ASUSTAN
Con respecto al año pasado, los casos de violencia física aumentaron 500%. “Los datos únicamente permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”, señala el informe.
De 23 países en América Central y del Sur, Argentina se encuentra sexta en cantidad de muertes de personas trans ocurridas en los últimos 9 años.
El texto define a estos tipos de crímenes como una agresión con “la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas”, en este caso, el colectivo de personas de la comunidad LGBT.
El relevamiento fue realizado por el Observatorio junto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires -a través de la Defensoría LGBT- y con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA Red Nacional).
LOS DATOS
El informe pone particular énfasis en la violencia que sufre la población trans (travestis, transexuales y transgénero), que según los datos, es la identidad más violentada con el 61% de los casos registrados (58% mujeres trans y 3% varones trans). En segundo lugar con el 30% se encuentran los varones gays y con el 9 % de los casos le siguen las lesbianas.
Del total de los crímenes de 2017, el 13% corresponde a asesinatos (la mayoría de mujeres trans) y el 87% a violencia física que no terminó en muerte. En relación al informe del año pasado, hay un dato alarmante: la violencia física aumentó de 18 casos a 90, es decir, un 500%.
Sobre los autores de los crímenes, el relevamiento precisa que el 79% es cometido por personas privadas y el 21% restante, por miembros de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función, o sea, son casos de violencia institucional.
En este punto, el informe se detiene y explica la situación de exclusión y vulneración de derechos básicos que afecta a gran parte del colectivo LGTB y en particular a las mujeres trans. “Enfrentan situaciones de pobreza que condiciona las estrategias de supervivencia disponibles y explica el recurso a la economía informal, el trabajo sexual o a actividades al margen de la legalidad. La criminalización de estas situaciones, sumadas a la de sus identidades, las expone a un peligro permanente por el acecho, la persecución y la violencia institucional que sufren por parte de la policía”, advierten.
Asimismo, el Observatorio señala que las mujeres trans presas son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la de Identidad de Género y los tratados internacionales de DDHH. “Durante el año 2017 murieron Pamela Macedo Panduro, Angie Velázquez Ramírez, Brandy Bardales Sangama y Damaris Becerra Jurado. Todas ellas mujeres trans migrantes, privadas de libertad. Las mismas murieron por las condiciones de detención en las que se encontraban, por no recibir la alimentación correspondiente a su estado de salud, ni la atención médica acorde a las enfermedades crónicas que padecían”, ejemplifica.
