Miller, exmiembro de la Policía Federal, fue despedido en 1973 por su participación en la custodia del fallecido general Juan Domingo Perón. Con 48 años, sin trabajo y con una incansable búsqueda de sustento, encontró empleo en una agencia de seguridad subcontratada por Molinos Río de la Plata. Su residencia en Florencio Varela lo colocó en cercanía de la casa de Marcos Vázquez, delegado de los trabajadores en la planta de Avellaneda de la mencionada empresa.

Mercedes Miller el Policía Federal que secuestró la Policía Federal

La incógnita que persiste es quiénes eran los responsables de la seguridad en la planta. Testimonios de trabajadores apuntan a un grupo conocido como los «bomberos», vinculado, según algunos testimonios, a la Policía Bonaerense. Estos individuos, inicialmente encargados de la seguridad, derivaron hacia actividades de militancia, uniéndose en oposición a la lista liderada por Vázquez. Posteriormente, durante una elección controvertida, pasó a formar parte del gremio de aceiteros.

Otro testigo, Guillermo Julio López, reveló que Molinos contrató personal de la Superintendencia de la Policía Federal para trabajos de infiltración. Este dato abre una ventana a la compleja red de complicidades que rodeaban a la planta de Avellaneda.

El caso de Mercedes Miller es una pieza clave en la investigación sobre quiénes supervisaban la seguridad en la planta. Su cuerpo fue hallado en la capital el 31 de julio de 1976, entre los días 5 y 6 de julio, cuando se dirigió a cobrar su salario como vigilante privado en la agencia de seguridad. Todo indica que Miller se había negado a ser parte del entramado de espías que enviaban los datos al ejército para la represión. Y su actitud lo pagó con el cuerpo.

El testimonio de José Roberto Ortiz, agrega otra capa de horror a la historia. Ortiz fue secuestrado y llevado al CCD Garage Azopardo, conectado a la Superintendencia Federal, donde escuchó los tormentos que padecía. A Miller se le imputó ser «montonero» por su pasado como custodio de Juan Domingo Perón y su participación en reuniones políticas en Florencio Varela.

Memoria Varelense

La esposa de Mercedes Miller, Luisa María León, señaló a Segundo Manuel Bahamondes, presunto jefe de personal de Molinos Río de La Plata, como responsable del secuestro de su esposo y otros individuos, quienes fueron detenidos en el CCD Garage Azopardo.

La detención reciente de Emilio Parodi, Gerente de Recursos Humanos de Molinos Río de La Plata, marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Al menos 27 personas vinculadas a la empresa fueron afectadas por delitos de lesa humanidad, con 21 aún desaparecidas y cuatro brutalmente asesinadas.

En este contexto, la labor incansable de colectivos como Memorias Varelenses se erige como un faro de esperanza para aquellos que buscan la verdad y la justicia. No podemos permitir que la complicidad civil y empresarial se oculte tras discursos negacionistas. En ese sentido, Luis Pícoli, miembro del mencionado colectivo rescató que “la derecha financia expresiones negacionistas por las detenciones de empresarios vinculados a los delitos de lesa humanidad”, como la de Miller.

Pocos meses después del secuestro y fusilamiento de Mercedes Miller, su hijo también fue secuestrado y desaparecido.

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El viento apenas movía la tupida fila de eucaliptus sobre la ruta 53 en Florencio Varela. Los árboles ocultaban la incipiente barriada y aunque parecían quietos generaban un ruido muy parecido al del mar. Algunos de los alumnos de la escuela 36 del barrio San Francisco pudieron descubrirlo después, a los doce años no conocían la playa, ni las olas. Ese sonido en 1977 era característico del lugar donde todavía reinaban las plantaciones frutales.

Quizás, como a todos, esa postal le llamó la atención la primera vez que lo vio a Guillermo Rubén Di Bastiano Curcio, un maestro que llegaba al barrio, a veces en moto otras veces a dedo, con una enorme gana de enseñar. Empezó con sexto grado hasta que llegó la noche y fue secuestrado y desaparecido. Su historia jamás fue contada, hasta ahora.

La vida y obra del maestro Guillermo en la escuela 36 del barrio San Francisco fue reconstruido gracias al trabajo documental de instituciones de Florencio Varela: La Casona, El Varelense, el IBAP y la Asociación de Derechos humanos, de la que también participó la Dirección de Derechis Humanos que además permitió rescatar otras seis historias de detenidos y desaparecidos que no figuraban en la lista local. Una próxima conferencia de prensa dará a conocer el listado que se agrega al que realizó la Dirección de Derechos Humanos de la comuna, que dirige Guillermo Ñañez y que está al tanto del trabajo de investigación.

Di Bastiano nació en La Plata el 20 de abril de 1954. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional “Rafael Hernández”, de la Ciudad de La Plata, egresando con el título de Bachiller.

En 1973 ingresó a la carrera de Arquitectura y Urbanismo, donde rindió materias por última vez en marzo de 1977, correspondientes al tercer año de la carrera. Mientras estudiaba, también daba clases en una escuela 36 de Florencio Varela y se desempeñaba como dibujante en la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

“El Cara”, como le decían, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). El mediodía del 13 de septiembre de 1977 fue secuestrado de la casa de sus padres. De acuerdo con lo que su familia pudo averiguar y lo relatado por sobrevivientes, habría estado secuestrado en los CCD BIM 3 y La Cacha. Guillermo continúa desaparecido.

Un hecho fortuito permitió rescatar la Memoria del maestro Guillermo. “Fabiana Guerrero participó de una jornada en Brandsen donde un narrado contó una historia y señaló que era del maestro de la escuela 36 de Florencio Varela. Ese fue nuestro primer contacto y a partir de allí pudimos ir recabando información”, contó a Infosur Luis Picoli, referente del IBAP y uno de los que llevó adelante la investigación.

El documental, de pronta aparición, registra con imágenes, sonidos y documentación de siete desaparecidos que se incorporan al listado del ya existente en Florencio Varela.

La emotiva carta de un alumno a su maestro que ya había sido secuestrado y desaparecido

La carta amarillenta escrita de puño y letra emociona. Walter Vera, uno de los alumnos de Guillermo Di Bastiano, dice que tiene la esperanza de que “vuelva”. El dato se convierte en una tremenda documentación histórica de a quiénes y por qué se llevaron los dictadores para torturarlos y desaparecerlos. Agregado a que tiene la memoria del niño.

“Cuando llegó nos dijo que tenemos un año por delante, espero que seamos amigo”, escribe el niño dando una descripción del cariñoso maestro que para ese momento ya había entrado en las fauces desgarradoras de la dictadura militar.

La carta, cuya imagen se encuentra en esta página, es sin dudas un hallazgo histórico para la Memoria, la Verdad y la Justicia en Florencio Varela.

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Horacio Monzón habla pausado, pero habla. Hubo un tiempo en que lo ganó el silencio. Y lo que dice es importante para el juicio que se lleva adelante a represores por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en el marco del circuito de centros clandestinos de nuestra zona sur del conurbano bonaerense, como son el pozo de Quilmes, de Banfield y “El Infierno” de Avellaneda.

En ese marco, el 22 de septiembre pasado, tal como informó este medio, se produjo un hecho histórico en la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de Florencio Varela. Desde la Casita de DDHH se trasmitió la declaratoria de Horacio Monzón ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 de forma virtual. Derechos Humanos puso a disposición la conectividad (audiencia remota) y la logística para que pudiera declarar en el juicio referido a su secuestro seguido de tortura en el Pozo de Quilmes

Monzón es obrero, periodista y escritor muy reconocido en Florencio Varela y en una entrevista con Mestiza, la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, narró cómo fue su secuestro y tortura en el Pozo de Quilmes, hoy sitio de la Memoria y hasta hace poca sede de la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense.

Monzón era militante de la Juventud Obrero Peronista, vivía muy cerca de la Parroquia del Perpetuo Socorro y tenía 29 años cuando el 19 de octubre 1976 llegó una patota a su casa. Estaban vestidos de civil y eran las 3 de la mañana. Al grito de “entrégate bigote”, el seudónimo que usaba, entró a su casa.

El testigo relató además del secuestro y las torturas infligidas a su familia, con golpes a su esposa y el momento más aterrador que todavía recuerda con dramatismo: los que mandaban en la patota le pusieron el arma en la cabeza a su hijo de 1 año. Amenazaron con matarlo si no les daba las armas. Pero en su casa no había armas. Solo pudieron encontrar una revista de Evita Montonera. Y se lo llevaron.

Monzón formaba parte de los trabajadores metalúrgicos, él lo hacía en Adabor. Lo subieron en el auto con la capucha y en el camino lo golpeaban. Pese al terror pudo reconocer el recorrido. Todavía se acuerda de las vías “Era un cruce de vías ancho”, dijo para dar cuenta de la zona de Quilmes por donde lo llevaron. Cuando lo pusieron en el calabozo se encontró con una pareja, a la que se la llevaron a las horas y nunca más los vio. Por una hendija de la celda pudo reconocer las casas de enfrente que tenía tejas. Era el Pozo de Quilmes.

Después de la cruenta de la tortura, lo tiran en una celda con otros “compañeros” que según recuerda estaban casi “apilados” porque no había lugar. Allí reconoce a Willy, uno de sus compañeros.

Willy es Guillermo Alamprese “quien me dio la vida por segunda vez” dice Monzón y se emociona. Alamprese se encuentra desaparecido y bajo tortura declaró que Monzón era un “perejil”. “Te vas a salvar”, le dijo antes de que se lo llevaran para desaparecerlo junto a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. Después de una noche de aquella charla, a “bigote” lo sueltan.

La patota lo bajó a Monzón por las escaleras y desde el garaje de la brigada hace el recorrido contrario al que había hecho cuando lo llevaron. Lo bajan en donde hoy está el Hospital El Cruce que en aquel entonces era un enorme predio descampado. “Corré o sos boleta”, le dijeron. “No sé que hice, si corrí o troté, no podía moverme mucho, todavía recuerdo que tenía los testículos inflamados de la tortura, no me podía mover”. Monzón esperaba tiros por la espalda, que nunca llegaron.

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Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).

En agosto de 1976, la dictadura cívico militar decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este reclamo.

Así consta en un documento de inteligencia titulado «La Noche de los Lápices», que años más tarde fue hallado en dependencias de la la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, «integrantes de un potencial semillero subversivo».

La noche del 16 de septiembre -en coincidencia con el aniversario 21 del golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón- se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años.

La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a la organización Montoneros.

Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de esa acción criminal.

El 17 de septiembre, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.

Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

Moler y Díaz recuperaron la libertad tras permanecer dos años, entre cautivos y detenidos.

Miranda también salió con vida de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.

Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.

El resto de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.

En 1985, Díaz testimonió en el «Juicio a la Juntas» donde dio cuenta de sus padecimientos, que dieron origen a una causa judicial, pero la sanción en 1987 de la Ley de Obediencia Debida impidió que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.

Tras derogarse en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes.

Al expolicía se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas.

Pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser identificados.

El excabo de la policía Roberto Grillo, que participó en el secuestro de los estudiantes, le confió hace años a la familia Ungaro que debió «quemar los cuerpos de los chicos», pero que él no los mató.

En reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, un homenaje para que «los lápices sigan escribiendo» páginas en la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia.

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Por Paolo Zaniratto, abogado penalista

El negacionismo puede ser caracterizado como una corriente ideológica que se desarrolla con el objetivo de reinterpretar sucesos históricos como el holocausto provocado por el régimen Nazi durante la segunda guerra mundial, con la idea de negarlos o minimizarlos. Esta corriente se extendió a lo largo del mundo con el objetivo de negar otros genocidios perpetrados en diferentes lugares y momentos de la historia.

Las corrientes negacionistas en Argentina tienen como fin negar los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar que tuvo lugar en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Para lograr su objetivo este negacionismo expresa en su discurso público continuamente dudas sobre la cantidad de desaparecidos o directamente la negación total de esas desapariciones forzadas. Tambien se expresa en reivindicaciones mediáticas generales sobre el actuar de la dictadura, en donde muchas veces surgen expresiones que invocan una suerte de deseo de cierto retorno de aquel régimen dictactorial genocida.

El debate en cuestión se centra en determinar si esas expresiones constituyen un delito o si son expresiones politicas amparadas por la libertad de expresión. Teniendo en cuenta que recientemente se presentó en la Cámara de Senadores de la Nación un proyecto de ley para tipificar el delito de negacionismo, analizaremos el aspecto juridico-penal del debate. El proyecto plantea incorporar además de las penas previstas, sanciones económicas a quien públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra, ya que hoy esta conducta especifica no se encuentra tipificada (sancionada) por el Código Penal. La iniciativa legislativa busca modificar el artículo 213 del Código Penal que reprime con prisión de un mes a un año, el que hiciere pública y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por un delito.

Apología del delito y libertad de expresión

En primer lugar para que exista apología del delito las expresiones deben ser públicas y deben constituir una instigación indirecta. O sea: la apología debe ser idónea para provocar la comisión de delitos por otras personas. Lo que protege la norma en este sentido es la tranquilidad pública. Sin embargo, en el supuesto tipo penal de negacionismo, en caso de ser sancionado, además se estaría protegiendo el orden democrático. La tensión con la libertad de expresión es una cuestión permanente, pero veamos como resolvió este punto la Convención Americana de Derechos Humanos. En su artículo 13 se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y que el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, de esta manera se estipula una amplia protección a la libertad de pensamiento y expresión. Sin embargo también menciona que “estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. Estas expresiones por lo tanto no tienen que ver con la libertad de expresión o de pensamiento sino más bien con apologías de odio que dañan los sistemas democráticos.

Jurisprudencia comparada

El delito de negacionismo está contemplado en legislaciones de diversos países tales como: Alemania en donde se sanciona el negacionismo de los crímenes cometidos por el régimen nazi, en Francia se sanciona cualquier discriminación basada en pertenecer  o no pertenecer a un grupo étnico, una nación, una raza o una religión. Austria por ejemplo castiga el negar, banalizar gravemente, preciar o justificar el genocidio nacionalsocialista. Italia castiga gestos, acciones y lemas  relacionados con la ideología nazi-fascista y la incitación a la violencia y a la discriminación por motivos raciales, étnicos, religiosos o nacionales, y contiene penas por el uso de símbolos vinculados a los
citados movimientos políticos.  No obstante estos ejemplos legislativos, haré una mención especifica a cómo resolvió la tensión con la libertad de expresión el Tribunal Constitucional Alemán en un caso particular.

En el fallo en cuestión (BVerfGE 90, 241-254) el aspecto central giró en torno al sentido y alcance del ejercicio del derecho de reunión y la libertad de expresión. Veamos los hechos en primer lugar. Una asociación politica de derecha realizaba una reunión en Múnich cuyo principal orador sería el revisionista histórico David Irving. La posición politica de público conocimiento de Irving es la de relativizar lo sucedido en los campos de exterminio Nazis y su hipótesis versa sobre el desconocimiento de Adolf Hitler sobre la existencia de los mismos.

Llegado el caso al tribunal constitucional alemán, éste extrajo ciertas reglas de interpretación. En primer lugar dejó establecido que  el derecho a la libertad de expresión no era absoluto, y que ciertas limitaciones al ejercicio de ese derecho eran compatibles con la ley constitucional. En segundo lugar mencionó que se debía diferenciar entre una opinión basada en hechos reales de una afirmación. En la primera debe haber una correlación entre lo expresado y la realidad, cuestión no exigida en la segunda. Sin embargo las afirmaciones pueden ser encontrar limites cuando afectan el régimen democrático y tengan como objetivo agraviar a terceros. Por eso cuando el autor expresa a sabiendas una falsedad queda excluido del ejercicio constitucional del derecho a la libertad de expresión. Y como el derecho a la expresión no tiene carácter absoluto siempre se deben ponderar los intereses en juego, siendo que cuando las manifestaciones sean agraviantes debe prevalecer los derechos del afectado. Sin embargo si esas expresiones tratan asuntos públicos, se invierte la cuestión y se debe ponderar la libertad de expresión. Esta regla sin embargo cede cuando esas expresiones niegan ciertos hechos históricos que tienen que ver con crimenes en masa o genocidios. El Tribunal alemán ve estas limitaciones con un objetivo preventivo general: o sea como sanciones disuasorias que impidan su imitación por parte de terceros y para afirmar el propio Estado de derecho.

Es claro por lo tanto que penar este tipo de expresiones y manifestaciones tal como lo prevee el proyecto de ley presentado en nuestro Senado no atenta contra la libertad de expresión ni de pensamiento.

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