Por Martín Álvarez Varela
(Licenciado en Sociología, Docente de la Universidad Nacional del Oeste y Asesor del Parlasur)
“La libertad de prensa estadounidense es una libertad de prensa capitalista, donde los medios están preocupados por los asuntos públicos y por supervisar al gobierno. La libertad de prensa en China es una libertad de prensa socialista, que defiende la unidad de la libertad y la responsabilidad social, y ha logrado avances significativos en comparación con el pasado”, fue la explicación que la Red de Investigaciones del Diario del Pueblo brindó al asesor del Congreso de los EE.UU., Douglas Grob, en abril de 2009.
Pasaron dieciséis años y, al parecer, los sectores que hoy dicen defender “la libertad” y los “valores” de Occidente insisten en cuestionar situaciones que no conocen, analizando el funcionamiento del planeta desde una mirada peligrosamente sesgada, incapaz de respetar las profundas diferencias que existen a nivel político, económico y cultural.
En ese contexto, las recurrentes acusaciones sobre la supuesta falta de libertad de expresión en China incurren en dos niveles de inexactitudes: por un lado, carecen de los datos básicos sobre el funcionamiento de los medios de comunicación y las redes sociales; y, por el otro, se hacen los distraídos ante la creciente manipulación que muchas usinas informativas, think-tanks y pseudo organizaciones no gubernamentales, ejercen en la generación y viralización de los contenidos vinculados con el país asiático.
Frente a esta situación, las autoridades chinas recuerdan que su Constitución garantiza la libertad de expresión a todos los ciudadanos para que cuestionen, denuncien y realicen sugerencias ante cualquier agencia o funcionario del Estado. El alcance de esta norma se complementa con las diversas regulaciones que se aprobaron en los últimos años sobre libertad de prensa, derechos y responsabilidades de los periodistas, entre ellas el Reglamento Municipal de Shenzhen sobre Prevención de Delitos Profesionales (2004) y el Reglamento de China sobre la Cobertura Informativa por Oficinas Permanentes de Organizaciones de Medios y Periodistas Extranjeros (2010).
Este amplio paraguas legal asegura hoy el funcionamiento de 3.606 servicios de información por internet y el trabajo de más de 230.000 periodistas acreditados, según el documento “Desarrollo de los medios noticiosos de China (2024)”, elaborado recientemente por la Asociación Nacional de Periodistas de China.
“Según las estadísticas, en China continental hay 1.938 periódicos distribuidos públicamente, 9.468 publicaciones, casi 250.000 libros, 263 estaciones de radio, 287 canales de televisión, 1.993 emisoras de radio y televisión y 44 estaciones de TV educativa. Ante cifras tan enormes, incluso si realmente quisiéramos implementar la censura de noticias y restringir la libertad de los periodistas, sería una tarea imposible”, fue el planteo que los editores chinos del Diario del Pueblo transmitieron a Douglas Grob, el estadounidense citado en el comienzo de este informe.
Otro dato a considerar es que desde la reforma del sistema cultural que impulsó el Consejo de Estado de China en 2009, los medios de comunicación se han convertido en entidades que operan en forma independiente del Estado, al punto que algunas de ellas se han reconvertido en empresas, con acciones que cotizan en los mercados de capitales.
En este marco, la libertad de expresión es un hecho insoslayable de la realidad china y sus cuestionamientos sólo pueden atribuirse a intereses políticos. Resulta casi una ingenuidad sostener que es posible ejercer un control pleno sobre las opiniones, críticas y denuncias públicas que los aproximadamente 1.108 millones de internautas chinos difunden en las cada vez más interactivas, influyentes y autónomas redes sociales.
Así como se habla de un gobierno socialista con características chinas, es preciso entender que el país asiático también ha construido un sistema socialista de libertad de prensa con característica chinas. Se trata de un concepto distinto al que existe en países como la Argentina, donde – a pesar de las diferencias – no pocos periodistas y analistas en comunicación cuestionan el significado del término “libertad de prensa” al observar la creciente influencia de medios hegemónicos que subordinan sus contenidos editoriales a los intereses de los grupos de poder y empresas de los que dependen.
LOS OTROS DERECHOS
Desde sus previsibles líneas editoriales, estos medios también critican a China por sus políticas de derechos humanos, un tema que en el país asiático está íntimamente enfocado hacia el derecho del pueblo a vivir con dignidad y a desarrollarse en un marco de diálogo y cooperación.
China erradicó la indigencia, sacó de la pobreza a casi 100 millones de personas en una década y proyecta duplicar su actual clase media de 400 millones de habitantes en los próximos quince años. Creó los sistemas educativo, de seguridad social y de atención médica más grandes del mundo, logrando que la esperanza de vida pase de los 35 años del comienzo de la República Popular a los actuales 78,6 años. Estos datos reflejan la forma que tiene China de entender y promover el respeto por los derechos humanos, de acuerdo con 305 leyes que proporcionan salvaguardas legales integrales a toda la población, según explican desde Beijing.
“China ganó la mayor batalla contra la pobreza en la historia de la humanidad”, ratificó la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una reciente conferencia de prensa en la que sostuvo que el país “encontró el camino hacia mejores derechos humanos”, además de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU) “diez años antes de lo previsto”.
“Algunos países han utilizado los derechos humanos como arma al servicio de su agenda política. China espera que descarten la diplomacia del megáfono y dejen de interferir en los asuntos internos de otras naciones, con el pretexto de las llamadas cuestiones de los derechos humanos”, agregó Mao.
Otra de las habituales campañas de desinformación sobre China apunta a la presunta violación de los derechos de millones de trabajadores que, en pleno siglo XXI, celebrarían ser explotados bajo un régimen de semi-esclavitud que, incluso, trascendería las fronteras del país asiático y se impondría en naciones con otras leyes laborales. Un delirio por donde quiera que se lo analice.
Más allá de las previsibles desmentidas de las autoridades chinas, un mecanismo idóneo para determinar cuál es la realidad laboral del país asiático quizás sea recordar las últimas medidas aprobadas por el gobierno.
- La Fiscalía Popular Suprema de China informó el procesamiento de 1.866 personas por no haber pagado la compensación laboral a sus trabajadores durante 2024, un aumento que representaba un 7,3% respecto al año anterior.
- El gobierno anunció una serie de beneficios a los trabajadores migrantes rurales que quieran establecerse en áreas urbanas, con el objetivo de regularizar la situación unas 170 millones de personas.
- China mejoró la protección de los derechos de los 84 millones de trabajadores que participan en las llamadas nuevas formas de empleo, entre ellas el transporte compartido y la entrega de alimentos por delivery. Las empresas fueron obligadas a evitar el exceso de trabajo, a garantizar un salario mínimo y a asegurar un mejor ingreso a quienes cumplan tareas durante sus vacaciones.
Para terminar, un dato que no debería pasar desapercibido es que algunas supuestas investigaciones y opiniones editoriales que buscan demonizar a la República Popular China, surgen de organizaciones no gubernamentales y usinas informativas que son financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia (NED por sus siglas en inglés), una entidad que la propia cancillería del país asiático no dudó en calificar como “los guantes blancos del gobierno de Estados Unidos en tareas de subversión, infiltración y sabotaje en todo el mundo”.
Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.
