Gustavo Sanchetta pasó sus días de seminarista en la Ribera de Quilmes y se ordenó en la diócesis con una imagen de compromiso por los pobres. La careta se le cayó pronto. Entre la camada de curas que compartieron ministerio con él, no quedaron buenos recuerdos. Y se fue de Quilmes con serias denuncias sobre sus espaldas, a pesar de las cuáles fue ordenado Obispo de Orán, en Salta, en reemplazo de otro quilmeño, Marcelo Colombo.
Y fue en la diócesis de la provincia más católica del país donde Sanchetta se terminó de endiablar. Al menos así la reciente condena que cayó sobre la cabeza del clérigo. En efecto, la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán condenó a cuatro años y seis meses de prisión efectiva al exobispo Gustavo Zanchetta, quien quedo inmediatamente detenido.
Los familiares de las victimas mostraron su indignación porque esperaban la condena máxima.
El juicio fue por las denuncias de abuso de dos seminaristas. Desde el 21 de febrero se llevaron adelante las audiencias en la ciudad de Orán. Zanchetta arribó al país desde el Vaticano, donde residía en el mismo complejo habitacional que el Papa Francisco, y se presentó ante el tribunal junto a dos abogados canónicos, quienes sostuvieron que todo se trata de una jugada para desplazar al exobispo de sus cargos.
EN QUILMES
Poco después de la designación de Zachetta como obispo de Orán, en 2013, se colgó en la página de internet Change.org una petición pública urgiendo al Papa a revisar el nombramiento. La firmaron Santiago Spadafora, médico personal y estrecho colaborador del fallecido obispo Jorge Novak, y otro centenar de laicos y docentes de los colegios religiosos que Zanchetta había administrado hasta junio de 2013 como vicario de Asuntos Económicos y apoderado general de la Diócesis de Quilmes.
Hasta 2010, cuando fue despedido bajo circunstancias que aún debe esclarecer la Justicia, Spadafora había ocupado por 27 años la función de representante legal del Instituto Manuel Belgrano de Berazategui, uno de los establecimientos educativos que dependen del Obispado de Quilmes.
«Zanchetta empezó a perseguirme en 2009, promovió mi despido y me hizo una falsa denuncia, solo porque me opuse a una serie de lamentables decisiones tomadas y transmitidas por escrito», afirmó Spadafora, quien ya había elevado las constancias del caso en 2011 al entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio.
La petición llegó dos años después al Vaticano, con la adhesión de un importante número de laicos y docentes en los que la exvicario de Asuntos Económicos de la Diócesis de Quilmes no parece haber dejado las mejores impresiones.
Consultado por El Tribuno, Spadafora afirmó que Zanchetta no le perdonó que se opusiera a «la indicación de derivar coercitivamente fondos de la escuela, subvencionada en un 100% por el Estado provincial (de Buenos Aires), para el sostén de actividades diocesanas y pastorales cotidianas».
«Su represalia también se debió a mi rechazo a las instrucciones de no pagar el servicio de agua corriente a la Municipalidad de Berazategui, como lo hacían otros establecimientos educativos, y de seguir en las escuelas diocesanas un procedimiento coercitivo para la cobranza de aranceles a los alumnos morosos, y discriminatorio para la inscripción (matriculación) de dichos alumnos, a través de la confección de listas negras». La causa que le inició Zanchetta a Spadafora en 2010, por supuestos desmanejos administrativos, tiene constancias escritas de esas y otras controvertidas medidas diocesanas.
A pedido del juez de garantías de Berazategui, Damián Véndola, la fiscal María Attarián Mena acaba de disponer en la causa una serie de testimoniales que inquietan al clero.
La larga lista de testigos que solicitó Spadafora y aprobó la fiscal Attarían Mena, el pasado 1 de agosto, incluye al actual obispo de Quilmes, Carlos José Tissera; a su antecesor, Luis Teodorico Stockler; al vicario general, Carlos Alberto Abad; al contador de esa diócesis, Luis Adolfo Albertón, y a varios sacerdotes y laicos que guardaron incómodos secretos.
Sus cuestionamientos se filtraron hasta ahora discretamente en los portales religiosos y otros medios que aludieron a los supuestos «desmanejos económicos» del exobispo de Orán sin entrar en detalles.
Ahora, bajo la obligación de testificar con la verdad y bajo apercibimiento de afrontar causas por falso testimonio, prelados, sacerdotes y laicos deberán comparecer sin velos ante un estrado judicial.
