Michetti, la Vicepresidenta del gobierno conservador de Mauricio Macri, se recibió de licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad privada del Salvador (USAL).
En colisión con el Código Penal de Argentina, se manifestó en contra de permitir el aborto, aún en los casos de violación sufrida por niñas y adolescentes. Expresó, con extraviada densidad conceptual,: “Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé”. “Podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada”. “Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo”.
Esto último que afirma (“No sé, qué se yo”) es cierto: no sabe. Y aún más grave: pretende pasar por idónea, aparentando que sabe e invocando una profesión para la cual no está capacitada. Y se respalda y justifica diciendo “En mi experiencia, de más de 30 años de trabajo social…”.
Al respecto, resulta necesario explicarle a la Vicepresidenta que el Trabajo Social es una profesión universitaria, que exige estudios específicos para graduarse como trabajador/a social y que Michetti, obviamente, no posee.
Por supuesto, Michetti tiene derecho a reivindicar posiciones atrasadas: podrá hacerlo como ciudadana corriente, como militante de la Alianza Cambiemos, como licenciada en Relaciones Internacionales, pero no como trabajadora social.
La Federación Internacional de Trabajadores Sociales y la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, en forma conjunta definieron que “El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social”.
A diferencia de la experta Michetti (en Relaciones Internacionales), los y las trabajadoras sociales que concebimos esta profesión intrínsecamente relacionada con la defensa irrestricta de los derechos humanos y sociales, no podemos aceptar que las niñas y adolescentes violadas (o cualquier mujer) deban continuar forzadamente con un embarazo originado en un acto de violación. Tampoco podemos aceptar que las violaciones de mujeres sean tomadas con tanta liviandad e ignorancia sobre sus consecuencias.
* Trabajador Social. Profesor Consulto de la UBA
