Si algo de condimento le faltaba a la causa judicial por supuesto espionaje ilegal que involucra a los organismos de inteligencia y alcanza al propio Mauricio Macri que se investiga en los tribunales de Lomas de Zamora, hay que agregarle ahora un expediente similar que apunta a María Eugenia Vidal, ex gobernadora de la provincia por Cambiemos que se lleva adelante en La Plata.
La pregunta que se intenta responder es si la administración de Vidal poseía una red de espionaje que operó desde la sala de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Aunque el trámite no será fácil pues las denuncias son cruzadas de efectivos aparentemente con uniformes manchados, la respuesta puede desatar lo que se considera un verdadero escándalo de proporciones nunca antes vista en democracia en territorio bonaerense.
Según fuentes consultadas por Infosur, la justicia dice tener sospechas concretas sobre órdenes para concretar “escuchas ilegales” –sin orden judicial-, “vigilancia discreta” y escurridizos seguimientos, contra más de un centenar de personas que no revisten la condición de uniformados. Es decir, civiles.
Y para dar cuenta de ello, los informantes aportaron datos concretos del expediente judicial que se tramita la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10, al ex titular de Asuntos Internos, Guillermo Berra, acusado del delito de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado».
Según pudo saber Infosur, la Justicia presume que desde Asuntos internos se ordenó investigar con tareas de inteligencia a abogados, integrantes del ministerio público fiscal, familiares de auditores internos, sumariantes de la gestión anterior e, incluso, al mismísimo ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo y a familiares cercanos.
Entre las víctimas de esta supuesta estructura ilegal se encuentran Patricio Mussi, ex intendente de Berazategui y férreo opositor al gobierno provincial anterior y otros jefes comunales de la zona sur del conurbano bonaerense como supuestamente también presidentes de Concejos Deliberantes y secretarios de organismos legislativos.
¿Y por qué la investigación podría complicar a la ex gobernadora? Se sospecha que fue Vidal quin contrató a Guillermo Berra para Asuntos Internos vía la relación personal con su esposa, María Rosario Sardiña, a la que le crearon una dirección de Auditoría Patrimonial para direccionar las investigaciones en curso. De comprobarse este modus operandi, por acción u omisión, podría complicar a su gestión.
La clave de la sospecha se encuentra en el artículo 11 de la Ley de Inteligencia Nacional. La norma prohíbe “la creación, conformación y funcionamiento de asociaciones, instituciones, redes, o grupo de personas físicas o jurídicas que planifiquen y/o ejecuten funciones y actividades de inteligencia en cualquier de sus etapas asignadas por le presente ley a los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional”.
En ese marco es que el ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, Guillermo Berra, fue procesado en la causa que lo investiga por la presunta utilización de fondos públicos para obtener «información y almacenar datos» de personas que no tenían que ver con su actuación en la fuerza policial, informaron fuentes judiciales.
Como se dijo, Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, quien lo citó a indagatoria para el próximo 29 de junio a las 10, acusado del delito de «abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado».
En su resolución, la fiscal también procesó a María Rosario Sardiña, pareja de Berra y en ese momento auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la policía provincial.
En su escrito, al que tuvo acceso Infosur, la fiscal Corfield consideró que Berra y Sardiña obtuvieron «información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial».
«Y que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados», según consignó en el escrito en el que los citó a indagatoria.
La investigación contra Berra surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense.
Martín acusó a Berra y a Sardiña de abuso de autoridad, ya que -según su denuncia- merced a su cargo obtuvieron información de él y su grupo familiar, mediante inteligencia y sin intervención judicial alguna.
Martín dejó su cargo en 2016, luego de ser denunciado por la Auditoría de Asuntos Internos por irregularidades en su declaración jurada, en la que constaba que poseía siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400.000 pesos, lo que no podría haber adquirido con su sueldo mensual de 48.000 pesos.
En su denuncia, Martín acusó a Berra de «poner en marcha un plan sistemático de persecución y hostigamiento respecto de diversos funcionarios policiales que ejercieron altos cargos durante la administración del gobierno anterior».
Según la fuente judicial consultada, el ex comisario sostuvo también que «esas maniobras fueron acompañadas de la divulgación a través de medios de comunicación masiva de información falsa, en la que a partir de la investigación administrativa se lo sindicó» como el «comisario más rico de la Bonaerense».
A partir de esa denuncia, Corfield allanó el año pasado las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata, donde secuestró documentación y archivos informáticos que, tras su análisis, determinaron el procesamiento de Berra y Sardina.
Según la fiscal, las presuntas maniobras ilícitas realizadas por los imputados se llevaron a cabo “entre 2016 y 2019″.
En el escrito, consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
En cuanto a las personas físicas detalló que figuraban Marcelo Rochetti, en ese entonces jefe de Gabinete del ministro de Seguridad Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishi; y el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información pública como privada “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”.
Entre ellos, la fiscal citó el uso de vehículos oficiales con su correspondiente combustible y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad provincial para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, incluido la Dirección Nacional de Migraciones.
Según la denuncia que analizó la fiscal, de casi 1.500 consultas realizadas por el usuario que tenía asignado la Auditoría a la empresa Nosis (dedicada a la elaboración de informes comerciales y patrimoniales, entre otros servicios), alrededor de 600 corresponden a civiles sobre los cuales ese organismo no tenía potestad para investigar.
La fuente detalló a Infosur que en principio “la fiscal va a esperar la declaración indagatoria de Berra prevista para el 29 de junio y, de acuerdo a ese paso procesal, podría citar a los involucrados en el supuesto espionaje”.
