Margarita Gómez y sus hijas Celeste y Verónica Fernández nunca se imaginaron que buscar por redes sociales a familiares de Ramón Antonio abriría un agujero negro donde saldrían a la luz graves irregularidades en los organismos del Estado, lo que de demostrarse podría destapar la existencia de una banda dedicada a estafar al Estado con el cobro de jubilaciones de personas ya fallecidas.
La hipótesis de una banda dedicada a estafar al Estado, surge tras llegar el caso denunciado por INFOSUR diario a medios televisivos nacionales, y que ANSES y RENAPER fueran informados por familiares de Ramón Antonio Fernández que habían descubierto -a fines del año pasado- que tras 17 años de su fallecimiento en el Hospital Mi Pueblo de Varela, ANSES había autorizado en 2016 el pago de una jubilación mínima a alguien en nombre del vecino varelense.
La misma se fundamenta con los planteos de la abogada Andrea Falcone, que tomó el caso denunciado por Margarita, donde la letrada previsional asevera que en nombre de Fernández no solo se tramitó en ANSES de Luján la jubilación si no que alguien se acercó a “ AFIP y realizó una moratoria; votó, pasó por AFIP y ANSES”, y sentenció “A Margarita le negaron la pensión porque había pasado el tiempo, pero alguien sacó una jubilación con los datos del marido y estafó al Estado en 300 o 400 mil pesos”.
No sería un caso aislado
De que los fallecidos votan o figuran en los padrones es algo que en todas las elecciones se denuncia, pero que se den altas de jubilaciones, se realicen moratorias o se ingrese en la obra social PAMI una persona fallecida es preocupante, ya que demostraría la existencia de una banda dedicada a realizar este tipo de maniobras, la cual por la serie de trámites y de organismos en los cuales se debe interceder, no podría ser realizado por un solo individuo sino por un conjunto de personas.
En el caso denunciado por este medio, Fernández falleció el 17 de junio de 2002 en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, se inició el trámite de alta de una jubilación en la UDAI Lujan el 17 de junio de 2015- exactamente dos días después de que se conmemoraran los 65 años de Fernández – y alguien comenzó a cobrar el beneficio el 10 de febrero del 2016 (UDAI Ayacucho), previo a realizar la solicitud de una moratoria por aportes en AFIP.
Llamativamente los trámites y cobros del beneficio fueron realizados de forma rápida situación que habitualmente demora varios meses, lo cual demostraría que el caso de Ramón Fernández sería parte de una banda que accedería a datos de varios organismos estatales para poder realizar las maniobras fraudulentas como en compro de la jubilación de un fallecido.
Reunión en AFIP y en denuncia en Fiscalía Varela
Tras la aparición esta semana de Margarita y sus hijas en programas de televisión abierta contando sus idas y vueltas en busca del esclarecimiento del caso. La vecina de Ricardo Rojas fue recibida por representantes de ANSES y un fiscal tomó la denuncia que realizaron en este medio.
“ El lunes finalmente de ANSES de Capital recibieron a mi mamá” contó Celeste Fernández y narró “ la recibió Mariela Corti de legales, no nos dejó ingresar a la oficina y solo le tomó una denuncia a mi mamá donde cuenta todo lo que venimos haciendo desde que nos enteramos de que alguien cobraba la jubilación en su nombre”.
Por otro lado, la joven relató que desde ANSES sede central “ lo que dicen es que están esperando que el RENAPER responda por la investigación que iniciaron en 2016” y recalcó “se excusan de la culpa por dar una jubilación indebida diciendo que en los tiempos que nació mi papá pudieron haber habido personas que le dieron el mismo número de documento. Para nosotros es una excusa porque mi papá en sus más de 50 años nunca tuvo problema con su identidad, y menos que alguien tenga mismo nombre, mismo DNI y fecha de nacimiento”.
Además, con la publicidad que tomó el caso Margarita recibió en las últimas horas un llamado de las Fiscalias Descentralizadas de Varela en la cual se la convocó para radicar la denuncia. Recordemos que el 12 de julio pasado, Celeste Fernández realizó la denuncia por usurpación de identidad de su padre en la Fiscalia General de Quilmes dado a que en la Comisaría Cuarta de Bosques le habían negado la toma de la misma.
Dada la mediatización del caso ahora la justicia quiere intervenir, “la citaron de la Fiscalía de Bustos Rivas donde nos tomaron declaración de lo sucedido y dijeron que se va a iniciar una investigación. Esperemos que se llegue a resolver todo esto” sentenció Celeste Fernández.
