La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 222 votos el proyecto de ley para prorrogar la emergencia alimentaria, luego de una sesión rápida y con discursos medidos tanto del oficialismo como de la oposición.
La sesión se llevó a cabo mientras en la puerta del Congreso distintas agrupaciones sociales y políticas se manifestaron para reclamar mayor atención en políticas alimentarias en medio de la crisis económica.
El proyecto fue impulsado por las distintas bancadas de la oposición y el interbloque oficialista de Cambiemos decidió acompañarlo con la venia del Gobierno, que se comprometió a no vetar la norma y atender la demanda.
Durante la sesión -que duró alrededor de tres horas- ambos sectores evitaron pronunciar discursos altisonantes o hacer referencias al escenario electoral, aunque sí hubo pases de factura pero con tono moderado.
La sesión comenzó pasado el mediodía. El proyecto, que fue impulsado por diputados que integran el Frente de Todos, el bloque Justicialista y bancadas provinciales y que cuenta con el apoyo de Cambiemos, propone un aumento del 50% de las partidas presupuestarias vigentes para políticas públicas de alimentación y nutrición.
El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, indicó que se llegó a un acuerdo entre todos los jefes de bloque y «se resolvió que (la sesión) sea lo más breve posible dada la sensibilidad del tema».
Agregó que «se acordó que hablará un diputado por bloque» con cinco minutos cada uno y que se dejaron de lado los homenajes y planteos de cuestiones de privilegio.
El diputado de Cambiemos Héctor «Toty» Flores destacó la decisión de «acompañar a la gente que está sufriendo», sin embargo se encargó de dejar bien en claro que todos los pesares de Cambiemos se debe al remanido argumento de la pesada herencia, desligándose absolutamente de asumir responsabilidades políticas por el hambre y desnutrición qu epadecen millones de argentinos.
«Hoy tenemos que ser sensibles a este planteo que hace la oposición, pero también tenemos que decir que es necesario empezar a pensar cómo salimos de esta situación, porque hubo emergencia social cuando la economía no crecía pero también cuando crecía a tasas chinas y la soja estaba 600 dólares», afirmó.
El diputado del Frente para la Victoria Carlos Castagneto apuntó al Gobierno al señalar que tendría que haber sido «una decisión política incrementar las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y Salud».
«Llegamos acá porque el Gobierno no quiere tomar la decisión. Este proyecto es por eso, porque no quiere ver una realidad que la Argentina está pasando», agregó el ex secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social durante el kirchnerismo.
Daniel Arroyo, del bloque Red por Argentina, sostuvo que la aprobación de este proyecto de emergencia «es un acto administrativo que ayuda en el medio de una crisis a acelerar la licitación de alimentos, lograr que haya más atención alimentaria». «Vamos a probar una ley que es lo que hoy, como mínimo, necesita este país», manifestó.
La norma contempla la declaración de la emergencia alimentaria hasta el año 2022 y fondos por entre 8.000 y 10.000 millones de pesos para distintas ayudas sociales ante la grave crisis social que vive la Argentina, donde al menos el 35% de la población vive bajo la línea de pobreza y, según datos de la UCA, el 50% de los menores de 15 años vive en esas condiciones.
La discusión parlamentaria se produjo mientras organizaciones sociales como el Polo Obrero continúan con sus acampes en el centro porteño y a 24 horas de que la Policía haya reprimido con palos y gases a los espacios más combativos que se ubicaron frente al Minsiterio de Desarrollo Social.
