(CPM) Federico Rey de 30 años murió el miércoles en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela: agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo asesinaron con balas de plomo.
Posteriormente, para garantizar la impunidad, las autoridades penitenciarias construyeron y difundieron la versión de la riña entre presos, responsabilizando del hecho a otros detenidos.
Pero el resultado de la autopsia coincide con la versión de los presos: la pelea no existió y el SPB es responsable de la muerte.
Esto fue lo que provocó la protesta y reclamo de los detenidos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, intervino en el lugar y medió para evitar una nueva represión y garantizar la integridad física de los detenidos.
Además, el organismo solicitó al Ministro de Justicia que se ponga en marcha un profundo proceso de democratización de la fuerza, se sancione con la exoneración a los responsables directos del hecho y a las autoridades penitenciarias responsables. También se presentó en la justicia como particular damnificado y patrocinará a la familia de la víctima.
A partir de la detección del primer caso de coronavirus padecido por una persona detenida en la Unidad 42 de Florencio Varela, se difundió un audio atribuido a un médico de salud penitenciaria que informaba del hecho y aseguraba que muchos se iban a contagiar y a morir. Esto provocó el reclamo desesperado de dos detenidos alojados en el pabellón de máxima seguridad quienes, como protesta por la demora judicial en resolver su situación, se subieron al techo de un pabellón.
Lejos de mediar e intentar el diálogo -asumiendo la situación que se vive en este contexto-, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) comenzó a reprimir de manera brutal, lo que motivó que otros detenidos se sumen a la protesta. En el marco de esta represión Federico Rey fue asesinado producto de al menos una bala de plomo. Además sufrió varias heridas de postas de goma disparadas a corta distancia.
De inmediato las autoridades de la Unidad comenzaron a encubrir el hecho haciendo pasar el asesinato como resultado de una pelea entre internos.
Sabiendo la falsedad de la versión y a modo de protesta, los detenidos tomaron los pabellones y subieron a los techos.
Denunciaron la represión y el asesinato del joven y reclamaron por la desidia y mora judicial en la resolución de pedidos de morigeraciones ante la expansión de la pandemia de coronavirus. Cuatro pabellones de mediana seguridad fueron tomados por los detenidos que masivamente se subieron al techo exigiendo la presencia de autoridades judiciales.
La falta de elementos de prevención para evitar el contagio, la situación de hacinamiento extremo que en el complejo de Florencio Varela llega al 200 % y la desastrosa atención de la salud penitenciaria muestran un contexto gravísimo que hace peligrar la vida de las personas allí alojadas y provoca ansiedad, temor y desesperación.
Al iniciarse el conflicto, un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, se hizo presente en la Unidad a fin de garantizar que no vuelva a reprimirse la protesta y reclamar por el respeto de los derechos de las personas detenidas. La intervención y mediación de la CPM evitó que se profundice la crítica situación y logró que se garantice la seguridad de las personas detenidas.
La rápida presentación de un habeas corpus colectivo y la concurrencia del titular del Juzgado de Garantías Nº 8 de Florencio Varela permitió que, luego de largas horas de negociaciones y diálogo con las personas detenidas, se realice una audiencia judicial a la que concurrieron representantes de todos los pabellones para exponer las razones de la protesta.
En la audiencia estuvieron presentes representantes de la sub secretaria de derechos humanos de la Provincia, de la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría General de Quilmes y la secretaría de derechos humanos del Municipio de Quilmes. En dicha audiencia el Jefe del Servicio Penitenciario, que también concurrió a la unidad, se comprometió a no reprimir ni trasladar a quienes reclamaban, lo que efectivamente se cumplió.
La muerte de Federico, producto de disparos con balas de plomo en el marco de la violenta represión penitenciaria, muestra la continuidad de prácticas de la dictadura que persisten en la institución y exigen su reforma estructural, democratización y desmilitarización. La brutalidad penitenciaria y el nulo respeto a la vida y los derechos de las personas detenidas demostrados en la gestión de los conflictos requieren la inmediata desafectación y exoneración de las autoridades de la Unidad, del Complejo Penitenciario y de quienes participaron del hecho.
Los agentes no sólo no intentaron resolver el conflicto de manera pacífica y dialogar con quienes se subieron al techo, sino que además dispararon con balas de plomo, práctica que está prohibida por los protocolos de uso de la fuerza. La protesta posterior -más grande aún- se resolvió de manera pacífica y preservando la vida de las personas detenidas, lo cual demuestra que es posible gestionar los conflictos desde el diálogo y el respeto de los derechos y garantías constitucionales.
La crisis humanitaria que se vive en el SPB, agravada por la existencia y cercanía de la pandemia de coronavirus, requiere de medidas excepcionales para limitar la sobrepoblación y hacinamiento extremo. La muerte de Federico es la consecuencia más dolorosa de esta crisis. No podemos permitir que vuelva a repetirse y para ello no sólo se debe castigar a los responsables sino también transformar estructuralmente el sistema.
