El corazón administrativo de Florencio Varela se ve sacudido por un descubrimiento alarmante: un esquema de desfalco que involucra a trabajadores del área de Tránsito, quienes habrían manipulado cobros y documentación para desviar fondos municipales.
Este escándalo, revelado gracias a una investigación interna y una denuncia anónima, pone en jaque la integridad del sistema de recaudación local y arroja dudas sobre la profundidad de la corrupción en las instituciones municipales.
El modus operandi descrito en las investigaciones sugiere un mecanismo doblemente pernicioso para el desfalco: al procesar pagos con tarjetas de débito, ciertos empleados no entregaban la documentación completa, creando una brecha que permitía la evasión de ingresos cuando se realizaban pagos en efectivo. Este sistema no solo evitaba que el dinero llegara a las arcas municipales, sino que también facilitaba un rastro contable confuso, dificultando la detección de las irregularidades.
El esquema del desfalco
El caso emergió a la luz pública tras una denuncia anónima, que llevó a la revisión de registros y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, desencadenando una investigación que está escalado rápidamente a niveles superiores de supervisión y control.
Gisella Primus, secretaria de Hacienda de la Municipalidad, confirmó que hasta ahora se identificó un desfalco que asciende a los $650,000. Esta revelación precipitó una respuesta contundente de las autoridades: la suspensión de cuatro agentes municipales, la puesta a disponibilidad de otros cinco y la apertura de un sumario administrativo para investigar a fondo las operaciones cuestionadas.
La fiscalía local, bajo la dirección del Dr. Darío Provisionato, tomó cartas en el asunto, iniciando un proceso penal que busca esclarecer los detalles del fraude y establecer responsabilidades. En paralelo, la municipalidad empezó a implementar reformas en los sistemas de control interno para prevenir futuras incidencias.
Este caso no solo es un golpe a la estructura administrativa de Florencio Varela, sino que también pone a prueba la confianza de sus ciudadanos en las instituciones que deberían proteger el bien común. A medida que avanza la investigación, los ojos de la comunidad están puestos en las acciones que tomará el gobierno local para sanear las prácticas corruptas y restaurar la integridad en el manejo de los fondos públicos.
Los próximos pasos son cruciales no solo para castigar a los responsables y recuperar lo defraudado, sino también para reinstaurar un sentido de justicia y transparencia en Florencio Varela, donde la demanda por una gestión limpia y eficiente nunca ha sido más imperativa.
