El joven Francisco Valentín Cruz, de la localidad de Ingeniero Allan, fue detenido en marzo pasado por personal de la Patrulla de Comando de Florencio Varela cuando intentaba ingresar a una casa del barrio. Estaba en tratamiento psiquiátrico y en ese momento padecía una descompensación. Lo subieron al patrullero y cuatro días después apareció muerto.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que tomó el patrocinio de la familia del joven ante la Justicia viene denunciando persistentemente dilaciones y parcialidad en favor de la policía e irregularidades durante la investigación por parte de la Fiscalía 1 que apuntan al fiscal Darío Provisionato. Sin embargo, el fiscal tuvo respaldo reciente del titular del Juzgado de Garantías N° 8 de Florencio Varela, doctor Adrián Marcelo Villagra, quien confirmó a través de un escrito al que tuvo acceso Infosur el rechazo al pedido de recusación que había presentado la CPM.
Uno de los datos más inquietantes del expediente está señala por la perito de parte, presentada por la CPM, Virginia Creimer quien participó de la autopsia y aseguró que Francisco presentaba lesiones producidas por terceras personas y heridas post-mortem. También que se encontraron lesiones en el abdomen compatibles con el paso de electricidad por el cuerpo, que serán constatadas a partir del estudio histopatológico. “Si se confirma eso, quién pudo hacer algo así si no es la policía”, sospecha Esther, la madre del joven. Pero hasta ahora las dilaciones judiciales no permitieron dar respuesta a esta inquietud.
Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, en recientes declaraciones a la Radio de la Universidad Arturo Jaurethche formuló críticas a la fiscalía y sostuvo que la verdad es que “no quiere investigar a la policía” a la vez que remarcó que es la responsable porque la última vez que se lo vio con vida a Cruz fue arriba de un móvil policial.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocina a la familia de Cruz, advirtió desde el primer momento las irregularidades de la investigación judicial. A pesar que la familia fue la misma noche de la desaparición de Francisco a la comisaría 6ª recién le tomaron la denuncia en la madrugada del 15 de marzo, un día después.
La causa por averiguación de paradero recayó en el fiscal Darío Provisionato quien para la CPM tomó las decisiones exclusivamente a partir de la comunicación con la comisaría 6ª. Aun cuando el comisario le informó que los agentes de esa departamental habían intervenido, en la última vez que se vio con vida a Cruz, Provisionato les siguió delegando las tareas investigativas.
Recién cuando encontraron el cuerpo de Francisco, el fiscal aplicó la resolución 1390 y separó a la policía de la investigación.
“La policía no podía intervenir y el fiscal lo sabía pero lo permitió igual. Ellos sabían dónde estaba el cuerpo. Pasamos miles de veces por la tosquera, le pedíamos con mi hermano que rastrillen el lugar pero no querían bajar. Sólo buscaron que pasen los días para borrar evidencias en el cuerpo del crimen que cometieron”, explicó Micaela, la segunda hermana de Francisco a la agencia Andar.
En una nota a la Procuración General, la CPM cuestionó la “falta de impulso, parcialidad, celeridad y eficacia” del fiscal Provisionato. En un caso que exhibe claros indicios de vulneración de derechos humanos por parte de personal policial, las medidas de prueba para saber la verdad fueron impulsadas por la familia de la víctima y algunas pedidas en reiteradas oportunidades.
Hay elementos que grafican por sí mismo la desidia en la instrucción: cuatro meses después del hecho, el fiscal solicitó digitalizar los libros de guardia de las dependencias policiales que estaban secuestrados desde el primer momento. Y en todo este tiempo negó el pedido de secuestro de los teléfonos celulares de los policías que vieron por última vez a Francisco; recién en las últimas semana, se limitó a pedir un informe técnico sobre el cruce de las llamadas que se hayan realizado desde esos teléfonos en los días que el joven estuvo desaparecido.
La aplicación tardía de la resolución 1390 y la demora injustificada en la producción de medidas de prueba, atenta seriamente con el esclarecimiento del hecho.
La participación policial en la investigación también dejó, durante los primeros días, varias irregularidades, entre ellas, la falsificación de un acta de declaración testimonial. Los mismos policías de la comisaría 6ª de Florencio Varela recogieron el testimonio de un vecino que había declarado ver a Francisco caminando en dirección a la tosquera. En sede judicial, el testigo dijo que los policías le habían pedido que declare eso, que él nunca pudo identificar que la persona que vio se tratara del joven desaparecido.
La versión policial, que intenta exculpar a los policías que lo aprehendieron de manera irregular, tampoco ayuda demasiado. Los oficiales dijeron que, por pedido del joven, lo habían dejado en una parada del colectivo de la línea 324. “Aún así, aunque estoy segura que fueron ellos quienes lo tiraron en la tosquera para que se muera, serían responsables por al abandono de persona. Ellos sabían el estado en el que estaba mi hermano y tenían la responsabilidad de llevarlo al hospital, a su casa o, incluso, a la comisaría. Pero no podían dejarlo ahí, en una parada rodeada de monte”, explica Esther Quijano.
Sin embargo, el lugar donde dicen haber dejado a Cruz está en dirección contraria a la comisaria o a su vivienda y no hay colectivo que circule por allí a la noche.
