La Cámara de Apelaciones de Quilmes atenuó la acusación de una agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) procesada con prisión preventiva por el homicidio a tiros de un preso de la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, durante una protesta ocurrida en abril último en reclamo de arrestos domiciliarios, al considerar que no tuvo intenciones de matar.
Fuentes judiciales informaron a Data Judicial que la Sala II hizo parcialmente lugar a un recurso de la defensa particular de la alcaide mayor Eliana Heidenreich y cambió la imputación de «homicidio calificado por ser miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego» en perjuicio del detenido Federico Rey (23), a «homicidio culposo», que es un delito excarcelable.
Ante esta decisión, los abogados de la imputada, Gustavo Galasso y Ezequiel Funes, solicitaron en horas de la mañana la excarcelación al juez de Garantías Adrián Villagra, pero éste la rechazó por considerar que persisten los «riesgos procesales», por lo que Heidenreich continuará alojada en la Unidad Penal 34 de La Plata. El propio Galasso adelantó a este medio que va recurrir este fallo ante la Cámara de Apelaciones.
En cuanto a los argumentos para modificar la calificación legal, la Sala II descartó el «dolo» y si bien dio por acreditado que la imputada efectuó tres disparos con postas de plomo o guerra que impactaron en la víctima, puso en duda que ella misma haya cargado la escopeta utilizada con intenciones de matar.
«A nuestro modo de ver, de las evidencias reunidas en la pesquisa no se puede determinar, fehacientemente, por el momento, quién o cómo se cargaban las escopetas, pero, de diversas declaraciones testimoniales, podemos inferir, al menos, que algunas de ellas eran entregadas a los oficiales ya cargadas y que muchas de ellas pasaban de mano en mano con el fin de ser destrabadas», señalaron los camaristas Pablo Barbieri y Alejandro Cascio.
Y en ese sentido indicaron que «la imputada disparó una escopeta que no había sido cargada por ella», que «esta arma le fue entregada por otra agente del servicio que no la pudo disparar porque estaba trabada, a una distancia de unos cincuenta metros de donde se encontraba» Rey y «dentro de confuso marco de situación en donde se escuchaban múltiples detonaciones de armas que intentaban contener un motín».
En tanto, la Sala II, al modificar la imputación de Heidenreich también atenuó la de Gastón Abila y Gabriel Bergonzi, los otros dos penitenciarios que fueron procesados con prisión preventiva por el encubrimiento agravado del crimen de Rey.
En este caso, los camaristas excluyeron de la calificación que «hecho precedente» al encubrimiento se trató de «un delito especialmente grave».
En su resolución, la Cámara remitió al juez Villagra la decisión de mantener la prisión preventiva de los tres procesados, lo que hasta el momento hizo, dijeron los voceros. Este magistrado fue quien a fines de mayo, y a pedido de la fiscal Roxana Giménez, dictó el procesamiento con prisión preventiva de los tres acusados.
El crimen de Rey se produjo el 22 de abril último durante un enfrentamiento entre reclusos que exigían ser beneficiados con el arresto domiciliario ante la pandemia de coronavirus y penitenciarios; lo que produjo lesiones a otros 40 presos y 15 agentes.
Si bien inicialmente la muerte del preso fue atribuida a una pelea a puñaladas entre internos, mediante la autopsia se estableció que había sido asesinado por disparos con posta de plomo realizados con una escopeta calibre 12/70 cuando estaba en el techo del pabellón 6 de dicha unidad. Seis días después del homicidio, la fiscalía solicitó la aprehensión de los tres penitenciarios.
A su vez, las cinco máximas autoridades del penal fueron desplazados de sus cargos a raíz de estos incidentes.
