Dicen que en los vericuetos de la Justicia, todo vale. Y quizás, es la posta que tomó el abogado Oscar Serrano, letrado de cuatro de los detenidos con prisión preventiva por atacar en «manada» a una menor, objetó en un insólito giro los argumentos con perspectiva de género del juez Diego Agüero. El juez aceptó los
cuestionamientos. La Cámara de Casación define si se queda o se va.
El miércoles 8 de este mes, Diego Agüero, titular del Juzgado de Garantías Nº6 de Florencio Varela, el encargado del expediente que investiga la violación en manada a Miki, una menor de 17 años del barrio Santa
Rosa de Florencio Varela, decidió la prisión preventiva para diez de los once detenidos del caso, el restante un menor bajo un juez de responsabilidad juvenil. Lo hizo en el plazo límite que le permitía la ley, luego de
que los familiares de los acusados, todos varones del Santa Rosa de 18 a 24 años, cortaran la calle de su juzgado en Florencio Varela y le exigieran una audiencia privada.
El juez los recibió, escuchó cómo le echaban la culpa a Miki, que había «escabiado y fumado porro», que se «hacía la santa», que había consentido todo. Miki no decía lo mismo: aseguraba que había sido sometida
una y otra vez en una previa de alcohol en la casa de dos de los acusados, lpara terminar apenas con su corpiño puesto, llorando, apestando a lavandina.
Todos los acusados, la gran mayoría de ellos defendidos por abogados particulares, se negaron a declarar. Por otra parte, tres testimonios apoyaban el relato de la víctima.
Serrano es un abogado defensor en la causa, representa a cuatro de los detenidos. En la mesa de entradas del
Juzgado Nº6, presentó poco después de la firma un escrito de cuatro carillas en donde aseguraba que los razonamientos de Agüero «afectan su independencia e imparcialidad en perjuicio de mis defendidos» y que
también se ven amenazadas «las garantías constitucionales del principio de inocencia».
