El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, encabezaba esta mañana el operativo de desalojo de los terrenos ocupados desde julio pasado en la localidad de Guernica, en el partido de Presidente Perón.
«Ya está todo desalojado», dijo Berni esta mañana en declaraciones a la prensa, luego que unos 4000 efectivos policiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que comenzó a ser desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.
El operativo se da luego de varias semanas en que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y logró el desalojo pacífico de la mayoría de ellos.
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio, y a cambio recibieron materiales de construcción, y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en «espacios transitorios» de Presidente Perón.
Esta mañana, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.
Por su parte, los efectivos derribaron casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.
En tanto, bajo la consigna «No al desalojo, tierra para vivir», militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco y en la Autopista Buenos Aires- La Plata.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, y que tenía para mañana nueva fecha límite de concreción.
Unos cuatro mil efectivos de la policía bonaerense iniciaron en las primeras horas del día un operativo para hacer cumplir la orden judicial de desalojo en las tierras ocupadas en la localidad bonaerense de Guernica.
Dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se ven columnas de humo, al parecer por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.
Las tomas organizadas de tierras como la que hoy tiene lugar en Guernica, en realidad comenzaron hace casi cuatro décadas, bajo la dictadura militar y nacieron como respuesta a la ofensiva de expulsar a las familias villeras de Buenos Aires, una iniciativa porteña para abrir amplios terrenos céntricos a la especulación.
Aquellas primeras tomas se produjeron en Quilmes y Almirante Brown, entre septiembre y noviembre de 1981, dando origen a la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas. «En ese momento le llamamos ‘asentamientos’, como recuerdo del pueblo judío que saliendo de la esclavitud del faraón, se ‘asentaron’ en el desierto al cruzar el Mar Rojo, para luego marchar a la Tierra Prometida», sostuvo el padre Berardo en una entrevista publicada en la Revista Así (Diario Crónica) en 1997, una de las primeras notas periodísticas que decidió otorgar el cura.
GuillermoDaniel Ñáñez, Magister en Derechos Humanos, periodista e historiador, publicó un informe especial en Infosur el 9 de noviembre del 2006, titulado “Los condenados de la tierra”, en la que aseguraba con un enorme caudal datos que esa expulsión de familias porteñas “determinó el primer enfrentamiento interno de la dictadura. Por un lado la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, por el otro la Provincia de Buenos Aires. Fue el ministro de gobierno de esta última, Fernández Gil quien se refirió al problema el 18 de mayo de 1981: “La provincia como consecuencia de la erradicación (de villas) realizada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, recibió un éxodo importante de personas que vivían en esos asentamientos, y actualmente debe haber en su jurisdicción 300.000 habitantes en esas condiciones”.
Es en ese contexto social y político se produce la invasión de los terrenos de San Francisco Solano y Guillermo Ñañez recuerda la reacción de los medios de comunicación más comprometidos con la dictadura. El diario “La Razón” del 1° de diciembre de 1981 –que por aquella época era la voz oficiadle la dictadura–, tituló: “Un cuadro de miseria que parece tener inspiraciones sospechosas”, por otro lado el órgano de los “servicios de inteligencia” era la revista Somos que en su edición del 11 de diciembre de 1981 se podía leer en su tapa “¿Miseria o subversión?
Asamblea por toma de tierras en diciembre de 1981.
Juan Brisanoff, un militante político y social, que por aquellos años vivía en el barrio El Tala –uno de los asentamientos– y que Ñañez no solo conocía sino que compartía militancia, solía decir que el modelo que instauró Martínez de Hoz –ministro de economía de Videla– era la planificación de la miseria por medio de la represión y que se sentía “subversivo” porque el pueblo mismo pretendía “subvertir” dicho orden de cosas.
Cuando se producen los asentamientos, la primera reacción fue larepresión. El cerco policial, que nose cansaban de gritarle a los asentados que esas tierras eran de “propiedad privada”. Cuatro décadas después, ¿suena conocido?
El camino a la tierra prometida
Raúl Berardo desembarcó en la parroquia Nuestra Señora de Itatí de Quilmes y empezó a notar el drama de la falta de acceso a un terreno y a una vivienda. Y comenzó a gestarse este impresionante movimiento social y político. Según contó el propio Berardo, antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate y formación, se hablaba de la “tierra prometida”, en el mismo sentido que lo hacían en ese mismo momento las comunidades de base en Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la Tierra), en las que participó Berardo meses antes de llegar al conurbano.
En el invierno de 1981 el régimen prohibió la Marcha del Hambre convocada por las comunidades de base y la CGT de Quilmes (donde sectores críticos eran mayoritarios), registró un dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. El obispo Jorge Novak expresó que toda la zona era “una verdadera ciudad sitiada por el hambre”, como recoge el libro Las tomas de tierras en el sur del Gran Buenos Aires, de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal.
Los vecinos estuvieron sitiados por militares y policías unos seis meses. Vivían en carpas y no se les permitía acarrear agua, comida. El cerco policial se levantó cuando terminó la guerra de Malvinas y eso llevó a que el barrio se bautizara como 2 de abril, día en que se convocó una asamblea de las quinientas familias para definir el nombre y que está a la vera de la avenida San Martín en Almirante Brown y pegado a Quilmes.
Ese primer asentamiento de miles de personas, en plena dictadura militar, tuvo un profundo impacto en los sectores populares. Esta acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. Militantes sociales de La Matanza, por ejemplo, llevaron a los ocupantes de Quilmes para que relataran sus experiencias y facilitaran la organización.
Ya en 1990, menos de una década después, había en todo el conurbano 109 asentamientos, habitados por unas 173.000 personas, de los cuales el 71% estaban en el conurbano Sur.
Agustín Ramírez, el mártir de los asentamientos
Por Guillermo Ñañez*
A la izquierda Agustín Ramírez, militante de las comunidades de base asesinado el 5 de junio de 1988. A la derecha, las zonas en negro marcan asentamientos en Quilmes y Brown.
A medio andar del año 1988 pudever el rostro de Agustín Ramírez (23)en la primera plana de los diarios,yacía en el suelo mirando no se quépunto del infinito, no se qué habrápensado en ese último instante, loasesinaron junto a Javier SantosSotelo (17). Lo conocí porque Agustín, flaco, inquieto nos acompañaba en la ronda de los viernes de laPlaza San Martín de Quilmes juntoa las Madres de Plaza de Mayo. Poralgún lado debe estar algún número de la revista “Latinoamérica Gaucha” que el prolijamente sacabacuando podía.
Además Agustínpertenecía al FOSMO, una organización de objeción de concienciarespecto al servicio militar que poraquellas épocas era obligatorio.
Solía pasar por el “Grill” o por el“Quilmes Bar” y hablábamos depolítica. Luego me enteré que sucompromiso, lo había llevado a laorganización de un nuevo asentamiento y que este hecho le costó lavida. Agustín, mi amigo, es el “Mártirde los asentamientos”.
Suelo recordarlo, pero el tiempo es tirano. Porsuerte en Florencio Varela, existe unbarrio que lleva su nombre y estácompuesto por hombres y mujeresque surgen por el accionar de unasentamiento reprimido en Quilmes,que logró su lugar en tierras varelenses.
*Extracto de la publicación “Los condenados de la tierra” del 9 de noviembre del 2006 en Infosur.
El cura de los pobres y de la tierra
Guillermo Ñañez*
El padre Raúl Berardo junto al obispo Novak en una ceremonia religiosa.
El padre Raúl Berardo, nació en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en una chacra donde su padre se deslomó «sin llegar a ser nunca dueño de la tierra» –le dijo a Miguel Briante allá por el ‘82– chacarero, boyero, hombre de a caballo, se hizo cura con la Orden de los Salesianos, descubrió en un libro francés que se podía poner a toda la Iglesia en Misión, «a pesar de la Jerarquía, que siempre estuvo con los poderosos, anduvo a tropezones con sus propias autoridades, trabajó en el puerto de Buenos Aires, recaló en Bernal –»Elegía estas zonas porque acá estaba el pueblo oprimido, el pueblo de Cristo»– y al final, llegó a Quilmes, a Solano, a su Parroquia de Nuestra Señora de Itatí. Es la parroquia justa: ahí estaba su obispo, monseñor Novak, «un pastor comprometido con su pueblo»; ahí estaban en formación las comunidades eclesiales de base, un rescate de la primera Iglesia, la de los pobres, no la de los poderosos.
Entonces, un día –dice el cura Berardo–, vino una vecina del barrio viejo, me dijo que ya no tenían lugar en el terreno, que estaba viviendo de prestado, que si no podía pasarse al terreno de enfrente. Pregunté y me dijo que los terrenos eran fiscales. Pensé, o dije, que la tierra es de Dios. Al otro día vino otra vecina. Le dije lo mismo. Los terrenos no eran fiscales. Ya aparecerían los propietarios: un montón de dueños que en su vida había pasado por el lugar, tierra para especular como bien se hacía por aquellos años, no conocían el arroyo con su hedor, con sus enfermedades permanentes. También apareció la Municipalidad, a constatar violaciones a los códigos y “Menotti” un extraño personaje, que decía trabajar junto con la parroquia, conocer gente del gobierno, ser intermediario de los dueños: dirigía, cobraba unos pesos como adelantos para cada terreno, tenía su propia mafia. Eso sería claro después, cuando el tiempo aquietara detalles y se supieran algunas cosas. La organización de la gente hizo que pudieran echarlo a patadas.
En cinco días, miles de personas se distribuían por las 280 hectáreas divididas en cinco grandes zonas, como agujeros entre los «barrios viejos».
*Extracto de la publicación “Los condenados de la tierra” del 9 de noviembre del 2006 en Infosur.
El proyecto busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial. Entre los beneficios a los que apunta, se destaca la posibilidad de ampliar la accesibilidad de las familias al suelo urbano varelense.
Mientras el debate por el acceso a un hábitat digno surcan los canales de televisión, el intendente intendente Andrés Watson firmó el convenio de adhesión al Plan Nacional de Suelo Urbano mediante una reunión junto a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa. El programa es una política pública que busca generar soluciones frente a la problemática del acceso a tierras.
El Jefe Comunal de Florencio Varela explicó la importancia del convenio firmado, porque permite avanzar en lo realizado a través del Consejo Municipal de Tierras, y destacó la decisión política del Presidente de la Nación Alberto Fernández y el Gobernador Axel Kicillof.
Asimismo, permite apoyar la financiación de lotes con servicios. En la reunión, Watson comentó “los varelenses nos sentimos muy acompañados con este tipo de medidas que expresan la mejora de calidad de vida para familias” esto se debe, gracias a la articulación entre el, el Gobierno de la Nación, Gobierno de la Provincia y el Gobierno Municipal
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Por otro lado, en el encuentro, el Intendente celebró el desarrollo urbanístico, pero expresó que, de distintas maneras, el desarrollo del distrito se hará preservando los espacios productivos, tanto industriales como agrícolas.
Cabe destacar que, María Eugenia Bielsa anticipó a los jefes comunales que junto al Presidente decidieron iniciar un programa que permita financiar complejos habitacionales aún sin terminar.
Del encuentro también participaron los intendentes Lisandro Matzkin, partido de Coronel Pringles; José Luis Zara, de Carmen de Patagones; Francisco Echarren, Castelli; y la intendenta Melina Mariel Fernández, de Moreno. Además, funcionarios como, el subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo de la Nación, Luciano Scatolini; el director nacional de Política de Suelo, Juan Ignacio Duarte; y el subsecretario de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini; entre otros.
En un megaoperativo, más de cinco mil efectivos de la policía Bonaerense y Prefectura llevaron adelante un violento desalojo de las numerosas familias que habitan el asentamiento denominado Barrio Obrero, detrás del Club San Marcos, en Esteban Echeverría.
Por lo ocurrido, los vecinos del Barrio cuestionaron al intendente, Fernando Gray, por mantener supuestos vínculos con la firma Sierras de Fiambalá SA dedicada a la venta de terrenos con el patrocinio del mismo Municipio”.
