Piedra libre al cura acusado de abuso a menores que vive refugiado en un hogar de ancianos de la Iglesia en La Plata

Por Mariana García y Lucía Toninello

(Télam) Con tres causas por abuso sexual contra menores y un procesamiento pendiente, el cura Héctor Ricardo Giménez pasa sus días en el Hogar Marín, ubicado a seis cuadras del Arzobispado de La Plata y frente a un hogar de niños, según pudo constatar Télam.
En total, Giménez lleva acumuladas tres causas por abusar de niños en los campamentos de verano que él dirigía: en dos fue absuelto por falta de pruebas y la tercera fue reabierta en 2013 gracias al testimonio de Julieta Añazco, miembro de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.
Sus víctimas contaron a lo largo de tres décadas cómo el cura las tocaba, las bañaba y se metía en sus carpas por las noches. Pero de todas las denuncias, la única que siguió adelante fue la de Añazco, quien fue abusada durante tres veranos en la década del ’80 y recién pudo contarlo cuando era una mujer de más de 40 años.
«Saber que Giménez está en el Marín me llena de bronca e impotencia, porque sigue en contacto con los niños que van a visitar a sus abuelos», dijo Añazco cuando Télam le confirmó que el sacerdote sigue con su vida normal e incluso concelebra las misas de la residencia de ancianos.
El cura vive en el asilo, donde comparte sus horas con otros ancianos y disfruta de los paseos en el amplio jardín de margaritas y agapantos. Frente a la casona, que ocupa casi una manzana, hay un hogar de niños que depende de la Iglesia.
Télam lo vio caminar por el jardín, vestido con una camisa azul y pantalón negro. Y a pesar de los intentos por comunicarse con él, el sacerdote no respondió los mensajes.
La primera denuncia contra Giménez fue en 1985, por abusos cometidos a cinco nenas de entre ocho y diez años en el Sagrado Corazón de Jesús de City Bell. En esa ocasión se le dictó la prisión preventiva, pero terminó excarcelado gracias a la garantía que ofreció el entonces arzobispo Carlos Galán y a la decisión de los jueces Eduardo Delbés y Horacio Piombo, este último conocido por varios polémicos casos en los que benefició a los abusadores.
En los ’90, Giménez fue denunciado por otros cinco casos en la localidad bonaerense de Magdalena. La causa tampoco prosperó y el sacerdote siguió cumpliendo sus funciones.
Sin embargo, en un comunicado del 7 de diciembre último, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, admitió que a partir de esas denuncias él mismo había iniciado un «proceso canónico» y que el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano «lo halló culpable y se le impuso la pena justa».
También informó a principios de este mes que esa sentencia fue ratificada por el Vaticano y que desde entonces «el Padre Giménez está recluido en una institución en la que puede ser atendido y no tiene licencias para ejercer el ministerio sacerdotal, salvo para concelebrar la misa con el capellán del lugar donde reside. Tiene actualmente 83 años». Por último, Aguer aseguró que en el Arzobispado «no hay denuncias de abusos perpetrados por él en Gonnet y City Bell en los años ’80».
Télam intentó comunicarse con el presidente del Tribunal Eclesiástico de La Plata, padre Javier Fronza, para saber cuál había sido el delito y si esas pruebas fueron remitidas a la Justicia. En el arzobispado respondieron que la única información disponible era la que estaba en el comunicado.
Carlos Lombardi es uno de los mayores especialistas en derecho canónico de la Argentina e integra también la Red de Sobrevivientes. En diálogo con Télam afirmó en cambio que lo que asegura el Arzobispado «es una mentira: en la Justicia no hay nada. Ahora nos venimos a desayunar que Giménez fue sancionado. Nosotros pedimos que nos muestren una constancia de las actuaciones y nos dijeron que no podían. A Julieta la recibió Fronza en un sótano, no la dejaron ir acompañada por su abogada y le dijeron que no tenía interés legítimo. Es todo un sistema de impunidad, no importa si del Vaticano dicen tolerancia cero a los abusadores».
La causa de Añazco estuvo a cargo del fiscal Marcelo Romero hasta diciembre de 2015, cuando pasó a Marcelo Martini, de la Unidad Fiscal de Investigación Número 3. «¿Qué causa?», respondió Martini cuando Télam lo llamó. «No sé en qué está, lo tendría que averiguar; a mí siempre me pasan los casos que nadie quiere», se quejó el fiscal.
«Giménez nunca fue imputado ni llamado a indagatoria», dijo a Télam Estefanía Gelso, integrante del Colectivo de Abogados Populares La Ciega y representante legal de Añazco, quien precisó que desde que la mujer se presentó como damnificada «ofreciendo una serie de medidas de prueba, nunca se avanzó en la causa».
«Nos está costando mucho que los fiscales nos escuchen y hagan su trabajo, pero en febrero vamos a volver a pedir que se llame a declarar a Giménez», agregó Gelso.
Por su parte Liliana Rodríguez, psicóloga de la Red, afirmó en diálogo con Télam que «ver a Giménez caminando por el patio del Marín a pesar de las denuncias demuestra la metodología de la Iglesia a la hora de encubrir abusadores y el plan sistemático de trasladarlos de un lado a otro».
«Dejarlo libre implica enfrentarse al riesgo de que siga abusando, porque un abusador no lo hace sólo una vez. Es una realidad que el derecho canónico está hecho para defender a los curas pedófilos», denunció Rodríguez.