La mamá quedó espantada. Los ojos se le abrían cada vez que avanzaba en la lectura de las conversaciones que su hija menor mantenía a través de Facebook con otra persona. Había fotos y la mirada de un adulto permitió descubrir que del otro lado existía un perverso tendiendo sus redes. El caso, real, ocurrió en Berazategui a principio de año y fue el puntapié para desenmarañar una compleja trama de perversión de un enorme grupo que operaba a través de Facebook y WhatsApp. En total, el martes pasado, detuvieron a 9 personas en el sur del conurbano y Capital Federal.
El tema sin dudas pone en alerta a padres de niñas y adolescentes. Según pudo saber Infosur, las denuncias por pornografía infantil en internet en lo que va de 2017 se duplicaron con respecto al año pasado y superaron las 19.000, lo que coloca a Argentina entre los diez primeros países del mundo con mayor distribución y consumo, informó la Fiscalía de la ciudad de Buenos Aires.
En 2016 hubo 8.821 denuncias por pornografía infantil en internet en todo el país, mientras que en los primeros diez meses de este año se reportaron 19.214 (un aumento de 118%), de las cuales gran parte llevó a la apertura de causas penales.
«Es un volumen enorme de denuncias, estamos entre los 10 primeros países del mundo en distribución y consumo de pornografía infantil según la ONU, lo cual es gravísimo», dijo a Télam Enrique del Carril, director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) de la Fiscalía de la Ciudad.
Del Carril explicó que «hay viralización de pornografía infantil, hay producción casera que puede ser intrafamiliar o de núcleos cerrados, hay grooming que es un engaño para conseguir imágenes que pasan al mercado de la subcultura de los pedófilos, y también hay una producción más profesional».
La mayoría de las denuncias se reciben a través de reportes de la organización Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de Estados Unidos, y una parte «mínima» se toman directamente de los padres de los menores de edad, según la información del Ministerio Público porteño.
El crecimiento del delito llevó a esta institución judicial a firmar en 2012 un convenio con Ncmec, una organización no gubernamental que tiene el respaldo del Congreso de Estados Unidos y a la cual las empresas proveedoras de internet deben, por ley, notificarle cuando sus clientes suben imágenes de pornografía infantil a la red.
La información llega a la Fiscalía de Buenos Aires y si tiene jurisdicción es derivada a las 3 Fiscalías especializadas en Delitos Informáticos, o bien se envía de inmediato a la Procuración de la provincia en la que esté ocurriendo el delito a través de la Red 24/7.
Desde la firma del convenio con Ncmec, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales -que pertenece a estas fiscalías especializadas de la Ciudad- lleva investigados más de 20.000 casos.
«La Argentina es uno de los países de mayor tráfico y la sociedad fue teniendo más acceso a las herramientas de distribución como teléfonos inteligentes, que favorecen que el aumento de la pornografía infantil», aseguró a Télam el fiscal especializado en Delitos Informáticos, Javier López Zabaleta.
El funcionario judicial aseveró que, según las investigaciones que llevó a cabo «los poseedores (de pornografía) son coleccionistas que buscan material que permanentemente sea distinto y lo que generan es una mayor demanda, que se traduce en más oferta y por lo tanto más abuso infantil».
El 88% de los delitos informáticos en la Ciudad se enmarcan en el artículo 128 del Código Penal, que castiga la producción y distribución de pornografía infantil en internet.
Ayer, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley para modificar este artículo que sólo penaliza la tenencia si se constata que tiene fines inequívocos de distribución y comercialización, para buscar castigar la tenencia de «toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales». El proyecto pasará a hora a Diputados.
«La tenencia con fines de distribución es muy difícil de probar, nos pasa en las pericias que hay gente que tiene miles de copias de pornografía infantil y borran todo rastro de cómo la habían adquirido o a quien se la habían dado, entonces hay que soltarlo porque no hay pruebas», explicó Del Carril.
«Si se convierte en ley esta iniciativa, sería un instrumento muy poderoso para la investigación porque será más fácil encontrar la prueba», añadió.
En la misma línea se expresó López Zabaleta, quién aseguró que el cambio legal ayudaría a combatir este flagelo. «En la mayoría de los países desarrollados ya era un delito la mera tenencia de pornografía infantil», aseveró.
El 22 de noviembre, el Congreso aprobó la incorporación de la Argentina a la Convención de Budapest, que en 2001 se convirtió en el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en internet.
«Ahora el principal desafío es adecuar nuestras normas a lo que dice el tratado, necesitamos un ordenamiento legal más especifico que obligue a las empresas de internet a resguardar los datos e información, como sí ocurre en otro países para así poder dar con los que producen esto», concluyó López Zabaleta.
