Tres amenazas de bombas en escuelas
La preceptora cuelga el teléfono y mira a sus compañeros. La mirada lo dice todo. Sin hablar comienzan a caminar hacia las aulas. En minutos llegarán los bomberos, la guardia comunal y hasta la policía y comenzará el operativo para rastrear el explosivo. Los alumnos deberán esperar en un lugar seguro. Lo que ayer apenas iniciado el turno tarde ocurrió en la Escuela Media 8 de la calle San Martín en Florencio Varela, se repitió en el Instituto Santa Lucía y en la 66 de El Rocío. Todos los llamados resultaron ser falsos.
Las tres amenazas de bombas se registraron casi a la misma hora y volvió a alertar a toda la comunidad educativa, además de obligar a un despliegue de fuerzas de seguridad que tiene un costo no menos a 50 mil pesos por cada uno. Entre las 13 y las 14 de ayer se erogaron un importe no menos a 150 mil, una fortuna para épocas de crisis.
Las amenazas de bombas se transformaron en una triste epidemia en territorio bonaerense. Según datos oficiales, en los dos últimos meses fueron denunciadas alrededor de 2600 amenazas telefónicas contra establecimientos educativos bonaerenses. Sólo en uno de esos casos fue detectada una granada; en los restantes, se trató de falsas advertencias, mayormente asociadas a estudiantes que buscaban perder un día de clases o zafar de un examen.
CÓMO SE INVESTIGAN LAS AMENAZAS
Los llamados intimidatorios en los colegios están tipificados en el Código Penal bajo el delito de intimidación pública. Por ese motivo, cada vez que hay una amenaza, se abre una investigación en una fiscalía y se le adjudica a un Juzgado: es decir, se activa la máquina judicial para identificar él o los autores.
En muchos casos, las amenazas son realizadas al 911, por lo que la Fiscalía requiere a la Provincia la información del número remitente para poder rastrear la autoría del delito. Ahora bien, el tiempo de este trámite es larguísimo, aunque se supone que es buscar en una base de datos como si se buscara en una tabla de Excel con Control+B.
Si la llamada fue realizada directamente al colegio, los investigadores deben requerir la información a la empresa prestadora del servicio telefónico, lo que también lleva un tiempo considerable.
Una vez que los fiscales cuentan con la información, deben empezar a analizar a quién pertenece, si fue realizado desde una línea fija o de celular, si fue de un teléfono público, de un locutorio, etc.
Pero claro, las fiscalías dedican su tiempo a otros delitos “más importantes”. Es que mientras suceden las amenazas, hay asesinatos, robos a mano armada, venta al menudeo de droga, violaciones, femicidios, etc.
En este contexto de acostumbramiento a las amenazas, para las fiscalías parecen ser el último expediente del armario.
LO QUE IMPLICA UNA AMENAZA
Una amenaza de bomba trae aparejado muchos problemas, que van más allá del temor a perder la vida o sufrir heridas por una explosión.
La evacuación: los colegios tienen que desplegar una evacuación, por lo que se suspenden las clases. Muchas instituciones deben salir de sus predios por contar con espacios reducidos.
Despliegue de la maquinaria estatal: policía, Defensa Civil, ambulancias y personal de explosivos y de tránsito acuden a los colegios para el operativo. Los bomberos, que en Provincia son voluntarios, también van a las escuelas amenazadas. Apertura de causa judicial: la investigación recae en una fiscalía y un juzgado.
Como se ve, el gasto de los recursos es altísimo, más allá de que mientras acuden a los colegios, por ejemplo, los policías dejan de prestar seguridad.
