Tenían 9 y 17 años. Murieron ahogados en la tosquera de Ranelagh en unos de esos días de intenso calor de este extraño otoño en el Conurbano Sur.
El agujero que se tragó a estos dos primos hace una semana está ubicado en un predio de 20 hectàreas que los vecinos anunciaron hace más de una década que iba a provocar lo que provocó: un enorme daño ambiental. Pero, la Provincia y el Municipio, se empeñaron en darle la autorización correspondiente.
Las aguas bajan turbias de esa cava. Según los datos recogidos a través de distintas fuentes fidedignas, pertenece a la empresa Gildin S.A. y fue un eslabón importante para la concreción de la autopista y las tareas de reparación de la zona aledaña al Riachuelo. Y allí comienza el hilo de una sospecha que quedó archivada en la Justicia, pero que nunca se esclareció del todo ante los vecinos.
En el año 2006, tras varias marcha vecinales, el noticiero Telenoche la mostró en toda su envergadura. Fue el paso previo a la clausura de parte de la Dirección Provincial de Minería. No duró mucho. Gildin presentó un recurso de amparo en el juzgado federal de Quilmes. El todavía juez Luis Armella se excusó pero la jueza subrogante Marcela Linares lo concedió y autorizó que la cantera continuara funcionando.
Gildin también denunció a los funcionarios provinciales por discriminación: mientras clausuraban su cantera permitían la extracción de tierra en terrenos fiscales. Esto dio lugar a un largo enredo judicial. Aunque la Cámara de Apelaciones de La Plata resolvió que no correspondía la competencia federal, la autorización sigue vigente.
Y entonces comienza a tallar el papel del juez en uno de los casos que más conmocionó a la opinión pública en el año 2012, cuando el periodista Horacio Vervitsky denunció en una crónica periodística la supuesta participación del juez (y sus familiares) en un entramado dudoso de manejo de dinero, acciones e influencias en torno a la cuestionada cava.
El periodista denunció que Armella prohibió el funcionamiento de las canteras que funcionaban en la jurisdicción de Acumar, con lo cual todas las compras de material se derivaron hacia Gildin, que está fuera de la cuenca. Y se acercentó el trabajo en ese predio donde la semana pasada los dos primos perdieron la vida. Entonces el periodista dio por confirmado un supuesto modus operandi que involucraba una relación directa del magistrado con la autoridad de la empresa.
Concretamente, lo que reprodujo Verbitsky en Página 12 es un cuadro de relaciones. Rodrigues da Silva presidía, era director o socio de las sociedades anónimas Gildin, M&T, Tierras Provinciales y Vial Rogo Constructora, y varios de los accionistas de “San Martín 264 Bernal SA” lo son también de algunas de esas empresas vinculadas: Eduardo Ojea presidía M&T, donde su esposa Graciela Susana Beatriz Aparicio era directora suplente.
Gilda González era directora de Gildin, Vial Rogo Constructora y Kartonsec; su hermano Diego González era presidente de Vial Rogo y Kartonsec y accionista y vicepresidente de Tierras Provinciales, entre cuyos socios había otros tres accionistas de “San Martín 264 Bernal SA”: Jorge Alfredo Kyle, Héctor Eduardo Luerchio y Guillermo Eduardo Chiaborelli.
Otros tres hermanos González (Lorena, Iván Guido y Romina) y sus padres (Francisco González y Graciela Pizzera) eran directivos o socios de Vial Rogo, junto con el ubicuo Rodrigues da Silva. Cuatro de los hermanos González y su madre eran los directivos de Kartonsec. De este modo, los tres grupos familiares que junto con Rodrigues da Silva integran “San Martín 264 Bernal SA” (los González, los Ojea-Aparicio y los Armella-Groba, todos de Ranelagh, el barrio residencial de Berazategui, donde Mussi es el hombre fuerte desde hace 25 años) ocupaban las principales posiciones en este dibujo de empresas dedicadas a limpiar mucho más que el Riachuelo.
Una característica singular de Gildin SA, que también giraba con el nombre de fantasía Canteras del Sur, era que extraía tierra y tosca de la cantera Arroyo de las Conchitas, ubicada en la zona urbana de Berazategui.
