El juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y Lanús entró en receso. La segunda parte de enero el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata no realizará audiencias y el debate se reiniciará recién el 2 de febrero.
El proceso contra los 18 represores por los secuestros, torturas, tormentos, violaciones y asesinatos contra casi 500 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y siete bebés nacidos en cautiverio, después de 12 audiencias tomó una pausa. Las últimas declaraciones que se escucharon fueron las de Laura Franchi y sus hijas María Laura y Silvina, nacida en cautiverio.
Después de esos testimonios, la abogada Verónica Bogliano, representante de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, solicitó a los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basílico que fijen más días de audiencias este año. Por la cantidad de testigos, se prevé que el debate podría extenderse tres años.
Bogliano pidió que en lugar de una audiencia los martes se realicen tres por semana. Entre los argumentos que esgrimió, planteó que es necesario evitar lo que ya ocurrió en el juicio de la Brigada de San Justo, donde murieron 11 víctimas y familiares durante el proceso sin conocer siquiera la sentencia y en el que seis imputados no llegaron a recibir su condena.
En las audiencias preliminares y al momento de opinar sobre la unificación de las tres causas, todas las partes habían realizado un reclamo similar. Pero, si bien Basílico, el presidente del Tribunal, escuchó las peticiones, enumeró las distintas razones por las cuales, al comienzo, el juicio tendría solo una audiencia semanal. La pandemia fue el principal justificativo.
Lo mismo ocurrió ante la presentación que realizaron por los organismos de contención de los testigos a raíz del inicio de la etapa de declaración testimonial de las víctimas. Los magistrados señalaron en una resolución que, aunque coinciden en el efecto reparador que supone declarar presencialmente, el rebrote desaconseja la adopción de esa modalidad.
Los jueces, sin embargo, resaltaron que tenían presente las recomendaciones realizadas por las profesionales de los equipos de acompañamiento y que ratificaban su compromiso de avanzar, cuando la situación sanitaria lo permita, hacia la semiprensencialidad o presencialidad de las audiencias en un futuro no tan lejano. En consecuencia, el 2 de febrero el juicio se retomará con «testimonios de contexto» como los que ya aportaron el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, la investigadora e historiadora de Victoria Basualdo y la abogada Alejandra Paolini, entre otros.
