El Gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó hoy el modo en que se harán públicas las declaraciones juradas de los funcionarios públicos bonaerenses y dispuso que habrá una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que se podrá acceder de forma pública.

También dispuso que se sancionará con penas de hasta dos años de prisión a funcionarios, empleados y terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de esas declaraciones reservadas.

A través de un decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal publicado hoy en el Boletín Oficial, se modificó el decreto 116/16, que regula el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se oficializó la prórroga por 60 días para la presentación de esas declaraciones.

La medida dispone “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.

Tras la polémica que generó la pena con la que se sancionará a quienes divulguen la declaración jurada integral la gobernadora Vidal reconoció hoy que «si hay alguna cuestión técnica que generó dudas en el decreto vigente será revisada».

«En marzo de este año decidí que todos los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y los cargos jerárquicos de las fuerzas de seguridad presentarán sus declaraciones juradas públicamente. Esto no pasaba antes», consideró.

Sostuvo que «la decisión sigue siendo la misma. Yo ya presenté mi declaración jurada y la mayoría de mi gabinete también lo hizo» y añadió que «el acceso a esta información es público y para todos, en el marco de las leyes vigentes».

La versión sintética no contará con: “los datos completos del cónyuge, de los hijos menores no emancipados, de las personas a cargo y convivientes; detalle de la profesión y medios de vida de las personas especificadas; el nombre del Banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero; los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad, tarjetas de crédito, indicando la entidad emisora y sus extensiones en el país o en el exterior; la ubicación detallada de los bienes inmuebles”.

Tampoco serán públicos “los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables; los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra fueron individualizados por la autoridad de aplicación; la individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI de aquellas sociedades, regulares o irregulares, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en los que se declare cualquier tipo de participación o inversión, acciones o cuota partes, y/o de los cuales se haya obtenido ingreso durante el año que se declara”.

“Los datos de individualización, con inclusión de nombre y apellido, tipo y número de DNI, razón social y CUIT, CUIL o CDI, de los titulares de los créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno” tampoco deberán constar en las versiones sintéticas de las declaraciones.

El decreto también establece que las declaraciones juradas patrimoniales sintéticas “serán públicas” y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona, pero prevé sanciones para quienes tengan “cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”; “determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo”; o “efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole”.

La Declaración Jurada Patrimonial alcanza a un total de 55.000 personas entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, subsecretarios y «todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado según Ley N° 10.430».

También incluye a «el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría».

En tanto, mañana, la Cámara de Senadores tiene previsto aprobar un proyecto que ratifica el decreto de Vidal pero que incluye también a los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa invita también a que hagan pública la declaración jurada patrimonial los integrantes del Poder Judicial, intendentes y concejales.