El fallo, firmado por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, sostiene que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para acreditar su responsabilidad en el triple crimen en Florencio Varela.

Según la resolución, de más de 50 páginas, los únicos elementos que lo vinculaban eran el testimonio de un testigo de identidad reservada y el señalamiento de otra imputada, que no logró ubicarlo directamente en la escena ni en la planificación del crimen.

Además, los camaristas remarcaron un dato clave: al momento de los asesinatos, el acusado se encontraba detenido en el marco de un proceso de extradición, lo que debilita la hipótesis de que haya actuado como organizador del hecho.

Con estos argumentos, la Cámara revocó el procesamiento que pesaba sobre él y ordenó dictar la falta de mérito, una figura que no implica absolución pero deja la investigación abierta a la incorporación de nuevas pruebas.

A pesar de esta resolución, el hombre continuará detenido por otra causa federal vinculada a un pedido de extradición desde Perú.

LOS QUE SIGUEN PRESOS POR EL TRIPLE CRIMEN EN FLORENCIO VARELA

Mientras tanto, la Justicia confirmó los procesamientos de otros seis imputados por los asesinatos, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes seguirán detenidos.

QUIÉN ES EL “SEÑOR JOTA”

Joseph Freyser Cubas Zavaleta tiene 31 años y nació en Trujillo, Perú. Fue detenido en agosto de 2025 en Argentina a partir de un pedido de captura internacional y enfrenta un proceso de extradición por una causa vinculada al narcotráfico.

En la investigación por el triple crimen, fue señalado como supuesto líder de una organización criminal, aunque siempre negó cualquier vinculación con los hechos.

Durante su declaración indagatoria, sostuvo que no conoce a los otros imputados ni a las zonas mencionadas en la causa, y rechazó las acusaciones en su contra.

EL TRIPLE CRIMEN

El caso conmocionó al conurbano por su brutalidad. Las víctimas fueron tres jóvenes: Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20).

Las tres habían salido de La Matanza con la promesa de participar en un evento pago, pero días después sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

Las autopsias revelaron un cuadro de extrema violencia: torturas, golpes y asesinatos que todavía hoy generan impacto en la investigación.

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Con la resolución ya firmada por las autoridades peruanas, ahora resta definir cuándo y cómo será el traslado del imputado al país, un trámite que deberá coordinarse entre ambos Estados en los próximos días.

Valverde Victoriano está acusado de haber participado en los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurridos en Florencio Varela. La causa lo imputa por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

Tras el triple crimen, el acusado logró escapar del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre del año pasado. Sin embargo, el imputado se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que obligó a avanzar con el procedimiento formal que este fin de semana quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

Según detallaron medios peruanos, el documento establece que antes de concretar la entrega, la Autoridad Central deberá verificar que el detenido no tenga causas penales pendientes en Perú. En caso de existir procesos abiertos o sentencias firmes, la extradición podría quedar momentáneamente aplazada.

Superado ese paso, se definirá la logística del traslado a la Argentina, donde “Pequeño J” deberá enfrentar el proceso judicial por uno de los crímenes más graves registrados en Florencio Varela en los últimos años.

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El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia y reclamó el expediente completo, el material secuestrado y los informes sobre las intervenciones telefónicas activas. La decisión fue tomada junto al secretario Ignacio Calvi, tras el cierre de la etapa inicial que llevaba adelante la UFI de Homicidios de La Matanza.

De esta manera, la Justicia Federal asumirá toda la investigación sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes torturadas y asesinadas en el marco de una presunta disputa narco que impactó de lleno en la sociedad argentina.

“Es una causa que atraviesa fronteras”, aseguró una fuente judicial consultada por Infosur Diario. “Hay conexiones con una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas que operaba desde el Bajo Flores con ramificaciones hacia Perú y Paraguay”.

Una red con base en el Bajo Flores

El expediente, que ya tiene 11 detenidos y tres prófugos, apunta al presunto cabecilla conocido como “El Abuelo”, supuesto jefe de una organización que controlaba el menudeo en distintos puntos del conurbano sur.
Los tres prófugos, todos de nacionalidad peruana, fueron identificados como Alex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, este último tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, actualmente detenido en Perú y en trámite de extradición hacia la Argentina.

El magistrado Rodríguez decidió no dividir el expediente entre el fuero federal y el provincial, sino mantener el control integral para avanzar sobre las ramificaciones del entramado narco.

Mientras tanto, el secretario Calvi coordina reuniones con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, para garantizar una transición “ordenada y conjunta” entre ambas jurisdicciones.

Un país que sigue pidiendo justicia

El triple crimen generó una ola de indignación social. En redes, los usuarios volvieron a exigir “respuestas concretas” ante la brutalidad de los hechos y la demora en las detenciones.
Familiares y organizaciones feministas preparan nuevas marchas para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, tres nombres que se transformaron en emblema del reclamo contra la impunidad.

“Esto no puede quedar en la nada. No fueron solo tres chicas, fueron tres vidas destrozadas por una red de poder que sigue funcionando”, expresó una vecina de mayol en diálogo con Infosur Diario.

La causa ahora entra en una etapa clave. Con la intervención federal, se espera que la investigación revele la dimensión real de la estructura criminal detrás de los asesinatos que conmovieron a todo el país.

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Florencio Varela volvió a estremecerse con una revelación que reconfigura el caso policial más brutal del año. A poco más de un mes del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza pidieron la prisión preventiva de los ocho imputados y solicitaron que la causa pase al fuero federal, tras confirmar que la orden de matarlas habría sido dada desde Perú.

La trama del crimen expone una conexión transnacional con el narcotráfico. Según la investigación, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, líder de una banda peruana, fue quien dio la orden de ejecutar a las jóvenes desde Lima. Actualmente se encuentra detenido en su país, a la espera de extradición a la Argentina.

Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli sostuvieron que el crimen fue parte de una estructura “narco criminal planificada, jerarquizada y con división de tareas”, y que el triple femicidio fue “la culminación de una empresa criminal con permanencia temporal y actuación coordinada”.

La acusación apunta contra Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste González Guerrero, Milagros Ibáñez, Iara Ibarra y Matías Ozorio, todos imputados por homicidio criminis causa y privación ilegítima de la libertad, además de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento.

El expediente, que ya supera 1.500 fojas, incluye pericias telefónicas, autopsias y allanamientos que reconstruyen las últimas horas de las tres víctimas. Los investigadores describen una “convergencia intencional planificada” en la que los acusados actuaron “de modo seguro, a traición y con una brutalidad indescriptible”, utilizando golpes, patadas y elementos filocortantes.

La causa podría dar un giro en los próximos días: los fiscales pidieron que pase al fuero federal, ya que las muertes no serían “un hecho aislado”, sino parte de un entramado delictivo con características de crimen organizado y que tiene extensas ramificaciones en Florencio Varela.
En paralelo, Interpol mantiene tres órdenes de captura internacional contra los prófugos peruanos Alex Ydone Castillo, David “El Loco” Huamani y Manuel Valverde Rodríguez, todos vinculados al mismo grupo criminal.

Mientras tanto, Florencio Varela sigue en duelo. Las familias de las víctimas reclaman justicia y protección ante la viralización de videos del horror en redes sociales, una nueva dimensión del daño que el caso dejó al descubierto: la violencia digital que convierte el dolor en espectáculo.

En tanto, vecinos denuncian a una banda que tiene a maltraer a los vecinos de Los Pilares en Florencio Varela. «Que los corten, antes de que maten», dicen desde el vecindario. Los detalles serán contados por Infosur en breve.

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El documento firmado el 16 de octubre por el Ministerio Público Bonaerense revela que la droga sustraída pertenecía a una organización criminal asentada en Varela, con “estructura estable y permanencia en el mercado del narcotráfico”.
Esa red —según la investigación— operaba en distintos barrios del distrito y abastecía al narcomenudeo local. El robo habría desatado la venganza que terminó con el asesinato de Morena Verdi, Lara Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo.

El expediente detalla que entre el 19 de septiembre de 2025, las tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta una vivienda en calle Chañar 702, barrio Villa Vatteone, donde fueron retenidas contra su voluntad, golpeadas, torturadas y finalmente asesinadas.
Los cuerpos fueron enterrados en un pozo excavado previamente, dentro de la misma casa. La camioneta fue luego destruida para borrar pruebas.

Entre los imputados figuran Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Matías Agustín Ozorio, Ariel Jeremías Giménez, Lázaro Víctor Sotacuro (“El Duro”), Milagros Florencia Ibañez, Maximiliano Andrés Parra e Iara Daniela Ibarra, entre otros.
La acusación incluye privación ilegal de la libertad coactiva agravada, en concurso con homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa.

La audiencia de indagatoria se realiza desde las 6 de la mañana de este viernes 17, bajo un fuerte operativo de seguridad. Las defensas fueron notificadas y los imputados trasladados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.
La fiscalía busca determinar la responsabilidad individual de cada acusado y el alcance de la red narco local, cuya estructura habría motivado la ejecución de las víctimas.

El expediente también incluye una segunda imputación: el encubrimiento posterior al crimen. Según la causa, el 23 de septiembre, Parra e Ibarra limpiaron y alteraron la escena para eliminar rastros del asesinato.

La resolución judicial no solo confirma la hipótesis de una venganza narco, sino que ubica el epicentro del conflicto en Florencio Varela, donde se distribuía la droga robada.
El caso expone una trama de violencia estructural, connivencias y poder territorial, en un distrito donde el narcotráfico sigue siendo un actor invisible, pero determinante.

El llamado “pozo del horror” de Mayol simboliza una herida abierta en Florencio Varela, donde la pobreza y la exclusión se cruzan con las redes del narcomenudeo.
Hoy, mientras los acusados enfrentan sus primeras indagatorias, la Justicia intenta reconstruir una historia de traición y muerte que desnudó la trama narco que opera en las sombras del sur del conurbano.

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En un video difundido por su abogado, Daniel Giaquinta, la imputada Celeste Guerrero, inquilina de la casa donde fueron halladas sin vida Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, rompió el silencio. Con la voz quebrada, pero segura, pronunció una frase que heló la sangre de los investigadores:

“Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban.”

La grabación, que circuló horas atrás entre medios y redes, muestra a Guerrero conversando con su defensor desde un lugar de detención. Sin apartar la mirada, reconstruye la secuencia del horror: las amenazas, los gritos y el momento en que su pareja, Miguel Villanueva Silva, habría ejecutado a una de las víctimas cuando intentó escapar de la vivienda de la calle Chañar.

“(Me dijo) Que le habían robado a Sotacuro 30 kilos, 300 kilos, no sé… después me dijeron 300 kilos, una de las chicas con su familia”, declaró Guerrero ante su abogado, en alusión al supuesto motivo del crimen.

En el video, que ya forma parte del expediente judicial, se escucha a la joven intentando explicar la trama de venganza narco que habría detonado la masacre. El relato, duro y caótico, pinta un cuadro de violencia extrema, consumo, encierro y miedo.

Fuentes judiciales confirmaron que la confesión será incorporada al expediente que lleva adelante la fiscalía de La Matanza, que investiga el rol de cada uno de los implicados en los asesinatos de las tres jóvenes.

Mientras tanto, el barrio sigue en estado de conmoción. En las esquinas, los vecinos todavía hablan del caso con un tono entre el espanto y la desconfianza. “Acá todos sabíamos que esa casa traía problemas”, dice una vecina de Chañar al 1100, donde el olor a humo y miedo aún flota en el aire.

En Varela, la historia se repite como un eco del conurbano profundo: drogas, jóvenes atrapados y una cadena de violencia que parece no tener fin. Pero esta vez, una voz desde adentro rompió el pacto del silencio. Y lo que dijo, estremeció a todos.

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Dos semanas después, una de las detenidas, Celeste Magalí González Guerrero, rompió el silencio en una sala de la UFI de Homicidios de La Matanza, ante el fiscal Carlos Adrián Arribas. Su voz, según consta en la declaración, viajó entre el miedo, la frialdad y el desconcierto.

“Yo me fui a vender droga”

“Julio me llamó para decirme que venía con unas amigas”, declaró Guerrero, que vivía allí con su pareja, Miguel Villanueva Silva, otro de los imputados. “Cuando llegué, ya estaban cavando el pozo. Eran Matías Ozorio, Nero y Paco”.

Celeste, de 28 años, nacida en Formosa pero criada en Varela, relató que esa noche recibió mil dólares de un hombre al que identificó como ‘El Duro’, un supuesto narco peruano, tío de “Pequeño J” —nombre que usaba Julio—, el presunto cabecilla de la banda.

Mientras los hombres preparaban la escena, ella asegura que se fue a “vender estupefacientes” en la esquina de San Nicolás y avenida Hudson, el punto donde —según dijo— operaba la pareja.

El pozo, la Tracker y las víctimas

Cuando volvió, pasada las nueve de la noche, ya todo estaba en marcha.
Una camioneta Tracker blanca entró por el portón. De allí bajaron tres chicas y tres hombres. “Se las veía sonrientes, como engañadas, creyendo que venían a una fiesta”, dijo.

Adentro, tres hombres con guantes de látex aguardaban en la oscuridad. La música sonaba fuerte. Afuera, los vecinos recuerdan los ladridos de los perros y un silencio raro después de la medianoche.

El horror contado en primera persona

En su declaración, Celeste afirmó que Villanueva le confesó haber matado a una de las chicas con un destornillador, cuando intentó escapar.
“Le clavó el destornillador en el cuello y después le aplastó la cara con un fierro”, dijo sin titubear.

Luego —según su relato— fueron a un kiosco de la avenida Perón y compraron lavandina, guantes, Poett y bidones de nafta. Con eso limpiaron la escena. “Ya lo habían lavado todo cuando volví con las hamburguesas”, agregó.

El testimonio también menciona que los asesinos transmitieron parte del crimen por videollamada, a través de la app Zangi, para sus jefes —a los que llama “Papá” y “Lima”—, supuestamente ubicados en José C. Paz.

El fuego y el encubrimiento

Los colchones, las sábanas y la ropa ensangrentada fueron cargados en la camioneta y quemados en un descampado a pocas cuadras del lugar. “Prendieron todo fuego con la nafta que compramos”, relató.

Los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez permanecieron enterrados en el patio, bajo una fina capa de tierra y cemento, hasta que la policía halló la fosa días después.

Una red narco con acento en Varela

Más allá de la brutalidad del relato, la declaración de Guerrero expone la estructura del narco local: un sistema escalonado de poder que ella misma describe como “abuelo, papá, tíos y pequeños”.
El circuito, dice, operaba entre Pompeya, José C. Paz y Florencio Varela, y usaba grupos de WhatsApp como “Pizzería Los Pulpos” para organizar la venta y los traslados de drogas.

“Yo solo era la que vendía en la esquina”, intentó justificarse ante el fiscal. Pero su testimonio la ubica dentro de una red de violencia, dinero y muerte, donde las mujeres, como ella y las víctimas, eran piezas descartables.

Una herida abierta en Florencio Varela

El triple narcofemicidio sacudió a la comunidad varelense, que todavía no encuentra alivio.
En la esquina de Hudson y San Nicolás, donde Celeste dice haber vendido droga aquella noche, los vecinos aún hablan en voz baja. Algunos aseguran haber visto la camioneta blanca, otros prefieren callar.

En el patio de Chañar 702, los rastros del horror ya no se ven, pero la tierra removida sigue oliendo a miedo y silencio.

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La entrevista transcurre en una estación de servicios de Florencio Varela, a pocas cuadras de la iglesia donde —según cuenta— comenzó su camino como militante social, antes de ser abogado municipal. “Yo trabajaba con la pastoral social del padre Miral Hrymacz, ayudando a gente muy pobre, sin recursos ni educación. Les orientaba en trámites, causas judiciales y problemas con los hijos detenidos”, recuerda.

De la pastoral al Municipio

Mientras acomoda una carpeta sobre la mesa, explica que fue ese compromiso el que lo acercó, hace varios años, al Municipio. “Me vinieron a buscar para hacer ese trabajo de manera articulada. Atendía vecinos en situación de vulnerabilidad, pero después me pasaron a planta municipal. Yo no era funcionario político, ni mucho menos. Solo un agente más”, insiste.

El conflicto estalló, según su versión, cuando comenzaron a circular comunicados oficiales que lo acusaban de ejercer ilegalmente el patrocinio de Celeste Guerrero, una de las detenidas en la causa por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, en Florencio Varela, siendo abogado municipal. “Eso es un disparate. No tenía bloqueo de título ni representación institucional. Era un agente municipal. Cuando vi que me injuriaban públicamente, mandé un telegrama considerándome despedido y reclamando las cargas previsionales”, asegura.

Celeste Guerrero, según la causa judicial, era la inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes.

“Mi compromiso es con la gente, no con la política”

Afirma que no tiene vínculos partidarios y que su relación con la gente “nace del trabajo, no de la política”. “Yo soy penalista, trabajo pocos casos, de manera artesanal. Y ayudo a personas en situación de vulnerabilidad. Esa es mi vocación”, explica.

Y en ese marco, Giaquinta, siempre con voz firme y total convencimiento sostiene que «mi ahijada procesal es inocente y los vamos a demostrar». «Yo no voy la voy a dejar sola y tenemos elementos que permitirán demostrar su inocencia», dijo.

Cierra la carpeta con cuidado, se levanta despacio y ofrece la mano. Su voz, todavía firme, resuena antes de irse:

“No tengo nada que ocultar. Que investiguen. Yo sigo acá, trabajando por la gente que más lo necesita.”

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El expediente por el triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela sumó en las últimas horas un capítulo clave: los investigadores incorporaron a la causa una serie de mensajes de audio que comprometen a Magalí Celeste González Guerrero, una de las siete personas detenidas hasta ahora.

“Mamá, me mandé una cagada”, le habría dicho la joven a un testigo que se presentó voluntariamente en la causa. Después, su madre adoptiva, entregó a la fiscalía una conversación por chat que agrava la situación procesal de su hija.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infosur, Guerrero fue arrestada porque sería una de las inquilinas de la vivienda de la calle Chañar, en el barrio Mayol, la propietaria es otra persona que ya declaró en la causa, donde fueron hallados los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15).

Los chats que la delatan

La conversación se desarrolló el 23 de septiembre, día en que la policía allanó la vivienda y detuvo a Guerrero junto a otro hombre.

“Está la policía en casa, algo pasó en casa”, le escribió primero a su madre. Minutos más tarde, la joven insistió en borrar todo:
“Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el plato de todos si me entrego”.

En otro tramo de los mensajes, la sospechosa dejó entrever la relación directa con la banda narco vinculada al triple crimen:

• “El jefe este se va a enterar y chau Celeste. No sé si me entendés, necesito acá acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”.
• “Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo ir sola, él no va a ir”.
• “Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y vos no sabés nada, no digas nada. Borra todo ya, borralo”.

Narcos, autos y una carta en papel madera

En paralelo, los investigadores incautaron un vehículo en el que se trasladaban Víctor Sotacuro Lázaro y Florencia Ibañez, ambos actualmente detenidos.

Junto al rodado apareció una nota escrita a mano en papel madera que contenía datos sobre un presunto socio del “Pequeño J”, identificado como Emanuel Nicolás. La carta detallaba que el hombre residió en la Villa Zavaleta, cuna de la organización narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano, y consignaba una dirección donde se presume que podría estar viviendo actualmente.

Siete detenidos y un expediente abierto

Por el triple crimen ya son siete los detenidos, aunque cinco de ellos se negaron a declarar. La fiscalía espera que las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados aporten nuevas pruebas para reconstruir el rol de cada integrante de la banda en los secuestros, las torturas y los asesinatos.

Mientras tanto, en el barrio Mayol la conmoción no se disipa. Vecinos aseguran que “ya se sabía de la presencia de estas bandas”, pero que nada se hizo a tiempo para impedir la tragedia.

El triple crimen de Brenda, Morena y Lara se inscribe en una cadena de violencia narco que atraviesa a Varela desde hace años y que Infosur viene denunciando en múltiples investigaciones.

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INFOSUR accedió en exclusiva a la información sobre la identidad, historial migratorio y datos personales del ciudadano boliviano que se encontraba prófugo y fue detenido en las últimas horas acusado de estar detrás del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, quien habría cruzado de La Quiaca a Villazón inmediatamente después del asesinato de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

El hombre que organizó la muerte

Según fuentes exclusivas a las que accedió INFOSUR, Sotacuro no solo sería propietario de uno de los automóviles involucrados en la desaparición de las tres jóvenes, sino que fue observado a través de filmaciones acompañando a la camioneta Chevrolet Tracker blanca y «abriéndole camino en la ruta de la muerte» de las víctimas.

Las cámaras de seguridad captaron cómo otro vehículo escoltaba la camioneta donde fueron trasladadas las jóvenes desde La Tablada hasta Florencio Varela. Este segundo automóvil, que habría pertenecido a Sotacuro, funcionó como «puntero» para evitar controles policiales y garantizar que la operación criminal llegara a su destino fatal.

Perfil del prófugo: 18 años en Argentina

Lázaro Víctor Sotacuro nació el 30 de abril de 1984 en Bolivia y cuenta con DNI argentino para extranjeros. Su historial migratorio, al que accedió en exclusiva INFOSUR, revela un patrón de ingresos y salidas del país que se remonta a 2006.

Datos personales del prófugo:

• Nombre completo: Lázaro Víctor Sotacuro
• Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1984 (41 años)
• Nacionalidad: Boliviana
• Domicilios registrados:
  • Retiro, CABA
  • Villa 1 11 14
  • San Andrés, General San Martín

Trayectoria migratoria: la puerta de entrada al crimen

El análisis de los registros migratorios de Sotacuro revela una historia de casi dos décadas en territorio argentino. Su primer ingreso documentado data del 5 de noviembre de 2006, cuando arribó por el Aeropuerto de Ezeiza procedente de Perú en un vuelo de Avianca.

Cronología migratoria:

• 2006: Primer ingreso al país con categoría temporaria
• 2007: Obtiene radicación temporaria (vigente hasta 2009)
• 2012: Solicita y obtiene residencia permanente bajo régimen Mercosur
• 2016-2017: Múltiples viajes entre Argentina y Perú

La conexión con Florencio Varela

Un dato revelador de la investigación es la conexión de Sotacuro con la pareja que se domiciliaba en la calle Chañar 709 de Florencio Varela, exactamente en la zona donde fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes.

El escape perfecto hacia Bolivia

Inmediatamente después de consumado el triple homicidio, Sotacuro habría ejecutado una huida planificada hacia Bolivia, cruzando por el paso fronterizo de La Quiaca-Villazón. Este cruce terrestre es conocido por ser utilizado frecuentemente por criminales que buscan evadir la justicia argentina.

La elección de Bolivia como destino no es casual: el país vecino no tiene tratado de extradición automática con Argentina para ciudadanos de terceros países, lo que complejiza cualquier intento de repatriación forzosa del prófugo.

Sin antecedentes previos: el criminal invisible

Paradójicamente, Sotacuro no registra antecedentes penales en Argentina. Su prontuario está completamente limpio:

• No registra antecedentes en el sistema penal argentino
• Sin registros en SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales)
• No aparece en bases de Interpol
• Carece de actas o denuncias previas

Esta «invisibilidad» criminal le habría permitido operar durante años sin levantar sospechas de las autoridades, convirtiéndose en el típico «cerebro oculto» de organizaciones narcocriminales.

La «ruta de la muerte» filmada

Las filmaciones exclusivas analizadas por los investigadores muestran cómo Sotacuro habría coordinado personalmente el traslado de las víctimas. Para los investigadores, su vehículo aparece en las imágenes «abriendo camino» a la Chevrolet Tracker blanca, funcionando como explorador para detectar posibles controles policiales.

Esta metodología revelaría un nivel de organización criminal sofisticado, con roles claramente definidos y protocolos de seguridad para evitar ser detectados durante el traslado de las víctimas hacia el lugar donde serían asesinadas.

La hipótesis de la venganza narco

Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el triple homicidio fue una venganza relacionada con disputas territoriales del narcotráfico en el conurbano. Sotacuro habría liderado esta operación de «escarmiento», utilizando a las tres jóvenes como víctimas para enviar un mensaje a bandas rivales.

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La camioneta Chevrolet Tracket blanca utilizada por los asesinos de Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez ardió en llamas el sábado a las 3:30 de la madrugada en el barrio Mayol de Florencio Varela. Lo que parecía una maniobra desesperada de los criminales para borrar pruebas terminó revelando una falla institucional en la investigación del triple crimen que conmociona al Conurbano.

El vehículo calcinado fue levantado por la Guardia Comunal de Florencio Varela como si se tratara de chatarra común. Fue trasladado al depósito municipal de la avenida Cariboni, donde se acumulan autos abandonados y quemados, sin que nadie advirtiera que se trataba de la principal evidencia del caso más grave del año en el distrito.

Una madrugada en llamas

Los vecinos del barrio Mayol recuerdan el resplandor anaranjado que iluminó sus casas. “Se escuchaban explosiones, los vidrios que saltaban por el calor. Era impresionante ver cómo se consumía todo”, relató una vecina a Infosur. Una cámara de seguridad vecinal captó el momento en que la camioneta se convirtió en un amasijo de hierros retorcidos, imposible de reconocer.

Los bomberos llegaron cuando ya era tarde. El fuego había consumido toda la estructura del vehículo: chapas deformadas, neumáticos derretidos y restos ennegrecidos que parecían un monumento a la destrucción.

El lunes del error fatal

El lunes siguiente, la rutina de la Guardia Comunal fue la de siempre: recorrer calles y remover autos siniestrados. Nadie les advirtió que esa chatarra incinerada era en realidad la pieza clave del caso que mantiene en vilo a Florencio Varela y al país. Claro, todavía no lo sabían.

La camioneta fue cargada como un vehículo más y llevada al depósito, donde se mezcló con toneladas de metales oxidados.

Con la noticia ya instalada, los investigadores tuvieron que correr contra el reloj. Buscaron los restos en el depósito municipal y lograron rescatarlos antes de que se perdieran definitivamente entre la chatarra. Finalmente, la camioneta fue trasladada a la DDI de La Matanza, donde permanece bajo peritaje.

Una evidencia que casi se pierde

El incendio de la Tracket no fue casual: los criminales sabían lo que hacían. Quemar el vehículo fue un intento desesperado por borrar huellas que los conectaban con el triple femicidio más brutal de la historia reciente de Varela. Pero la posterior confusión institucional puso en riesgo la investigación y dejó expuesta una alarmante falta de protocolos entre las fuerzas de seguridad.

Lo que debía ser la prueba más valiosa de la causa estuvo a punto de perderse como un fierro viejo más. Una metáfora dolorosa para un distrito que parece acostumbrarse a convivir con el fuego, la sangre y la impunidad.

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Una herida abierta en Florencio Varela

Tres nombres más se escriben con sangre en la historia negra de Florencio Varela, donde la violencia extrema se naturalizó y la justicia parece llegar siempre tarde.
La madrugada del miércoles se quebró con los gritos de horror de los investigadores que trabajaban en la vivienda de la calle Chañar al 700, en el barrio Mayol. Lo que encontraron allí dentro desafía toda descripción periodística: los cuerpos mutilados y descuartizados de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Según las autopsias, las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas por una banda narco. A Lara le cortaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, que dejaron en la guantera de la camioneta luego incendiada. El crimen incluso fue transmitido en vivo por Instagram para un grupo cerrado, en una exhibición sádica de crueldad que marcó un nuevo escalón en la violencia que azota al distrito.

Una cadena de violencia que no se corta

El triple femicidio no es un hecho aislado: es apenas el último eslabón de una cadena de violencia que se extiende como una mancha de sangre sobre Varela.
En 2017, la masacre de la Avenida Senzabello marcó un antes y un después: Denisse Juárez (17) y Sabrina Barrientos (16) fueron asesinadas a balazos al salir de un boliche. Años después, una sobreviviente confesó a Infosur: “Ese fue un año terrible, donde terminó mi adolescencia”. El caso, como tantos otros, quedó impune.

Los archivos policiales y judiciales del distrito acumulan expedientes que nunca encontraron justicia. Nombres como Lucas, Lautaro, Paloma, Josué, Francisco Cruz o Nahuel Sanabria son parte de una necrológica interminable que desnuda tanto la violencia narco como la complicidad policial.

Recuadros de la edición impresa

La anatomía del horror: el sadismo extremo de la banda que torturó y asesinó a las tres jóvenes.
Geografía del miedo: barrios enteros de Varela viven bajo la sombra de la violencia.
El narcotráfico como telón de fondo: la trama criminal que disputa el territorio con armas y muerte.
Las redes sociales como escenario del horror: el crimen transmitido en vivo como espectáculo macabro.
Florencio Varela, el nombre que duele: el estigma de un distrito asociado a la violencia extrema.

Varela sangra, y sangramos todos

Mientras las familias de Morena, Brenda y Lara buscan respuestas que tal vez nunca lleguen, Florencio Varela sigue sangrando.
Cada crimen sin resolver es una invitación a la próxima tragedia, cada expediente archivado es un recordatorio de la impunidad.

La sangre que corre por las calles del distrito no se seca: es la marca de un tiempo oscuro que todavía no encuentra salida. Y que vuelve a estar reflejado en la edición impresa de Infosur, hoy disponible online para leer página por página.

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Una cámara de seguridad vecinal registró el momento preciso en que fue incendiada la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las tres jóvenes asesinadas en el caso que conmocionó a La Matanza y Florencio Varela. El video, al que tuvo acceso INFOSUR, muestra cómo el vehículo fue quemado aproximadamente a las 03:30 de la madrugada del sábado.

Las imágenes que reconstruyen el crimen

El material audiovisual se convierte en una pieza fundamental para establecer la cronología del triple homicidio de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las imágenes nocturnas muestran claramente el momento en que las llamas consumen la camioneta, en lo que constituye un intento desesperado de los criminales por eliminar evidencias.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se presume que las tres jóvenes ya habían sido asesinadas cuando los perpetradores procedieron a incendiar el vehículo. Esta hipótesis se basa en el análisis forense preliminar y la reconstrucción temporal de los hechos.

Cronología fatal: de la desaparición al hallazgo

El video exclusivo permite reconstruir con mayor precisión los momentos finales del caso:

Viernes 20 de septiembre, 21:30 horas: Las tres amigas abordan la Chevrolet Tracker blanca en una estación de servicio de la rotonda de La Tablada. Esta fue la última vez que fueron vistas con vida por testigos.

Viernes 23:14 horas: Se registra la última señal del celular de Lara Morena Gutiérrez en una antena de telefonía móvil ubicada en Malta al 400, barrio Santa Rosa de Florencio Varela.

Sábado 21 de septiembre, 03:30 horas: Las cámaras vecinales captan el momento exacto del incendio de la camioneta. En este punto, según los investigadores, las víctimas ya habrían sido asesinadas.

Miércoles 25 de septiembre: La Policía bonaerense confirma oficialmente el hallazgo de los tres cuerpos en Florencio Varela.

La camioneta con patente adulterada

La Chevrolet Tracker blanca que aparece siendo incendiada en el video corresponde al mismo vehículo que las cámaras de seguridad habían captado cuando las tres jóvenes lo abordaron en La Tablada. Los investigadores de la DDI de La Matanza determinaron que el rodado utilizaba una patente adulterada, duplicada de otro vehículo para evitar la identificación.

Esta maniobra de adulteración de patentes evidencia la premeditación del crimen y el conocimiento que tenían los perpetradores sobre técnicas para evadir controles policiales. El rastro de la camioneta se había perdido en el cruce de Crovara y General Paz, hasta que la geolocalización del celular orientó la búsqueda hacia Florencio Varela.

Eliminación de evidencias y modus operandi

El incendio del vehículo forma parte de una estrategia sistemática para eliminar pruebas del triple crimen. Los criminales no solo adulteraron la patente sino que procedieron a quemar completamente el automóvil pocas horas después de consumar los homicidios.

Esta metodología coincide con la hipótesis principal de la investigación, que apunta a una venganza orquestada por una banda narco liderada por un traficante de nacionalidad peruana que permanece prófugo. El modus operandi sugiere un nivel de organización y conocimiento criminal que excede el de delitos comunes.

La investigación y los detenidos

El fiscal Gastón Duplaá, quien comanda la investigación, cuenta ahora con este video como evidencia adicional para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Hasta el momento hay cuatro personas detenidas en relación al triple crimen, arrestadas en la zona donde se activó el celular de una de las víctimas.

Los investigadores analizan si algunos de estos detenidos aparecen en las imágenes del incendio o en otras cámaras de seguridad de la zona. El material audiovisual será peritado por especialistas en criminalística para extraer todos los elementos probatorios posibles.

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Según la información exclusiva a la que accedió este medio, dos de los aprehendidos serían quienes alquilaban la vivienda donde apareció el pozo séptico. Se trata de L. H., hombre de nacionalidad peruana, con residencia permanente en Argentina desde 2012 y registros de viajes a Lima en 2016 y 2017; y C. M. G. G., pareja del hombre, una joven nacida en 1997, con domicilio en la calle Chañar al 700, en Florencio Varela. Ambos, según la información judicial, fueron arrestados en un hotel alojamiento de la zona cuando intentaban ocultarse de los operativos policiales.

Por otra parte, en el mismo expediente figuran como detenidas dos mujeres que, según la investigación, habrían sido contratadas para tareas de limpieza en la casa de la calle Chañar del barrio Mayol. Una de ellas fue identificada como D. I. I., de 23 años, sin antecedentes ni causas previas en los registros judiciales.

Los investigadores no descartan que estas cuatro personas formen parte de una red mayor que habría puesto la vivienda al servicio de una organización narcocriminal con ramificaciones en distintos barrios del Conurbano. La hipótesis oficial es que la propiedad fue elegida como escenario para ocultar los cuerpos, en el marco de una estrategia de venganza narco.

Los cuatro sospechosos quedaron a disposición del fiscal de la causa y serán indagados en las próximas horas. Mientras tanto, la Justicia avanza en identificar a los autores intelectuales y materiales del triple crimen que conmueve al país.

Quiénes son los detenidos en Varela

L. H. (varón, de nacionalidad peruana)

• Residencia permanente en Argentina desde 2012.
• Registros de viajes a Perú en 2016 y 2017.
• Fue detenido en un hotel alojamiento junto a otra de las implicadas.
• Figura como pareja de la persona que habría alquilado la vivienda de la calle Chañar.
• Tiene uno de los domicilios fijados en la Villa 1 11 14 del Bajo Flores en CABA.

C. M. G. G. (mujer, nacida en 1997)

• Domiciliada en la calle Chañar al 700, Florencio Varela.
• Sin antecedentes judiciales previos.
• Señalada como inquilina de la casa investigada.

D. I. I. (mujer, 23 años)

• Sin antecedentes ni causas judiciales registradas.
• Habría sido contratada para tareas de limpieza en la vivienda.

Una cuarta persona detenida

• Vinculada también a las tareas domésticas en la vivienda.
• Su rol aún es materia de investigación.

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La pista de los celulares y los allanamientos desembocaron en la madrugada más dolorosa: los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron hallados enterrados en un pozo séptico dentro de una vivienda de Florencio Varela ubicada en el barrio Mayol. Las tres jóvenes, vistas por última vez el viernes 19 en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, habían sido engañadas por una organización de narcos que las condujo a una trampa mortal.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que “fueron víctimas de una venganza narcocriminal”. Según relató, las chicas subieron por voluntad propia a una camioneta blanca adulterada, pensando que iban hacia un evento, sin sospechar que estaban entrando en una estrategia premeditada para asesinarlas.

“Estamos convencidos de que fueron asesinadas el propio viernes entre las 23 y las 24 horas. Esta organización narco montó una emboscada y eligió esta casa en Varela como escenario del crimen”, aseguró Alonso, que confirmó la detención de cuatro personas vinculadas a la vivienda y a la red de narcotráfico que opera en el Conurbano sur.

La escena conmueve a los barrios de Santa Rosa y Mayol, donde en las últimas horas las calles permanecieron cortadas por los operativos policiales. Vecinos hablan en voz baja de la “nueva masacre en Varela”, que revive el miedo a la violencia narco instalada en el distrito.

Las familias de Brenda, Morena y Lara ya reconocieron los cuerpos en la morgue judicial de Lomas de Zamora. “Fue una venganza de una organización transnacional del narcotráfico. Las engañaron para matarlas”, insistió Alonso.

Mientras tanto, los investigadores siguen el rastro de la camioneta adulterada y buscan a los autores intelectuales de un crimen que exhibe el costado más brutal de los narcos en el Conurbano.

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