Hoy la abuela de Lautaro siente que el laberinto legal vuelve a cerrarse sobre la memoria de los chicos. Sus manos, las mismas que acunaron a Lautaro, escriben ahora en las redes sociales con la contundencia de quien no tiene nada que perder, pero sí todo por defender. La razón de su angustia renovada tiene nombre y número: el Tribunal Oral en Lo Criminal N° 2 de Florencio Varela, el estrado que en abril pasado decidió suspender el juicio oral contra los efectivos de la Policía Bonaerense implicados en la cacería y posterior desenlace trágico.

El fantasma del «Clan Centurión» y la sombra de los beneficios

La tranquilidad en la casa de los Morello es una ilusión frágil. Cada notificación judicial llega como un viento helado. Recientemente, a través de la alerta de un abogado, la familia se enteró de un movimiento sigiloso en los pasillos de Tribunales: la defensa de Maximiliano Centurión —sobrino del comisario mayor Francisco «Coco» Centurión e imputado como partícipe directo— solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

«Nos enteramos por un abogado que habían pedido beneficios para Maximiliano Centurión. Tenemos entendido que hay un pedido de un informe ambiental por parte del tribunal para tratar lo de Maximiliano, pero nuestros abogados de la Comisión Provincial por la Memoria están haciendo una presentación para impedir que esos asesinos tengan beneficios», relata Miriam, con esa voz firme que oscila entre la indignación y la lucidez combativa.

Para la familia, no se trata de un trámite rutinario de la burocracia penal. Es un patrón. Desde que el juicio se suspendió en el otoño, cada resolución del tribunal parece inclinarse, como un árbol vencido por el viento, hacia la conveniencia de los acusados.

«Es todo muy raro. Después de suspenderse el juicio, el Tribunal está aceptando todas las peticiones de parte de los Centurión… Nos llama mucho la atención», asevera la abuela, con la sospecha tajante de quien ha visto pasar demasiadas maniobras impunes a lo largo del conurbano.

«Las víctimas son Lauty y Lucas, no el Clan Centurión»

Existe en las palabras de Miriam un contrapunto ético que desarma la retórica jurídica. La abuela advierte que el proceso judicial corre el riesgo de revertir los roles históricos de la tragedia: que los victimarios pasen a ser presentados como desamparados y que las familias de las víctimas tengan que pedir permiso para exigir la verdad.

«Parece que hay un capricho de no querer hacer el juicio en Varela. Acá las víctimas son Lauty y Lucas, no el Clan Centurión», sentencia con la sabiduría popular de las abuelazas del conurbano que tuvieron que aprender de derecho penal a la fuerza.

El temor de la familia no es infundado. Existen rumores insistentes sobre la intención de trasladar el debate oral fuera de la órbita del Departamento Judicial Quilmes y sacar la causa de Florencio Varela. Alejar el juicio del territorio donde ocurrieron los hechos, donde viven los testigos y donde el dolor marcha por las calles, equivale —para la familia— a diluir la presión social y blindar el proceso en la sombra.

«No queremos que el juicio salga de Florencio Varela. Si logran sacarlo de acá, se pone en peligro el proceso y la condena a todos los que participaron en la desaparición de Lucas y en el asesinato de mi nieto Lautaro», remarca Miriam. La advertencia es clara: desarraigar la causa es enterrar la posibilidad de una condena firme.

El abismo de una noche sin final: Guernica y el paradero sin respuesta

Para entender el grito de Miriam hay que retroceder a la cartografía del horror escrita en diciembre de 2022. Lautaro Morello tenía 18 años; Lucas Escalante, 26. Salieron a festejar a bordo de una camioneta BMW. Nunca regresaron.

Seis días después, el 15 de diciembre, el cuerpo de Lautaro apareció semi-calcinado a la vera de una ruta en construcción en Guernica, partido de Presidente Perón. Su cuerpo hablaba de la brutalidad del ataque. De Lucas Escalante, hasta el día de hoy, solo queda el eco de un interrogante insoportable: la tierra pareció habérselo tragado sin dejar rastro, dejando a su familia en ese limbo devastador que solo conocen los allegados de los desaparecidos en democracia.

La investigación tejió rápidamente una trama policial y de poder. En el centro de la escena quedaron los Centurión:

• Francisco «Coco» Centurión, comisario mayor de la Policía Bonaerense, señalado por la fiscalía.
• Cristian y Maximiliano Centurión, hijo y sobrino del comisario, apuntados como los ejecutores o partícipes directos de la celada.

La cadena de complicidades uniformadas tuvo su primer capítulo de condena cuando Sergio Argañaraz, excomisario de la Comisaría 4° de Bosques, fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado. Pero para la familia de Lautaro, ese fallo fue solo la rendija de una puerta que debe abrirse de par en par.

La batalla final por la fecha de debate

En el hogar de los Morello la convicción no flaquea. La abuela Miriam actúa como el faro de una embarcación en medio de la tormenta burocrática. Ni los años transcurridos ni las dilaciones del Tribunal Oral N° 2 han logrado mellar su decisión.

«Nos oponemos a todo pedido de los imputados y no vamos a parar hasta que el Tribunal 2 nos fije la fecha del juicio», afirma sin conceder espacio al cansancio. Y concluye con un juramento que suena a desafío directo para los magistrados: «Lo que están haciendo nos da la sensación de que el Tribunal quiere sacarse de encima el juicio, pero vamos a dar batalla. El juicio se tiene que hacer en Varela sí o sí».

En Florencio Varela, donde los sauces llorones custodian las esquinas de los barrios populares, la memoria de Lautaro y la búsqueda de Lucas no han pasado al olvido. Frente a los escritorios de madera lustrada de los jueces, la voz de una abuela recuerda que la justicia atrasada se parece demasiado a la impunidad, y que mientras no haya fecha para el juicio, el dolor seguirá caminando sin descanso por las calles del sur.

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