El autor fue Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval. La condena fue de 13 años de prisión efectiva, confirmada por el Tribunal de Casación. Caso cerrado, en apariencia.

Pero Gorgonio Díaz no se resignó. Y al parecer encontró aliados dispuestos a todo.

El plan

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, mientras el juicio oral contra Díaz se preparaba en el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, pareciera que tomó forma una maniobra sofisticada y temeraria: fabricar prueba falsa para desacreditar las actuaciones policiales y fiscales que habían armado el caso. El objetivo era claro: sembrar dudas suficientes para voltearlo.

Para la Justicia, el eje del plan fue Washington Palacios, entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar. Cuando llegó a su escritorio una denuncia por amenazas presentada por César Jaunarena —un ciudadano que había sido convocado como testigo de actuación en los allanamientos mientras esperaba el colectivo— Palacios vio una oportunidad. En lugar de investigar las amenazas, desvió deliberadamente la causa hacia otro destino: desacreditar todo lo actuado en el caso Díaz.

Siempre según la resolución judicial los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español completaron el esquema. Fueron ellos quienes instruyeron a Jaunarena sobre qué decir. El testigo, descripto en la sentencia como una persona en situación de vulnerabilidad, terminó declarando falsamente ante la Fiscalía de Pilar y luego ante el propio tribunal del juicio oral: que en los allanamientos se había secuestrado más dinero del consignado en el acta, y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio. Nada de eso había ocurrido.

Pero hubo un eslabón que no resistió. El comisario Gabriel Natiello, uno de los policías que había intervenido en los allanamientos, relató ante la justicia que Palacios y Pérez Bodria le habían pedido directamente que cambiara su versión de los hechos antes del juicio oral. No lo hizo. Y su testimonio fue una de las piezas que desarmó todo el andamiaje.

Las pruebas

Para la Justicia, la coordinación entre los cuatro acusados quedó expuesta por registros de llamadas telefónicas y, de manera quizás más elocuente, por grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate —esposa de Gorgonio Díaz— con su marido detenido y con el fiscal Palacios. Las voces hablaban solas.

En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dado el primer golpe: destituyó a Palacios por unanimidad. El jurado tuvo por acreditado que había llevado adelante conductas irregulares y anómalas, contrarias al criterio objetivo que debía guiar su función. Esa destitución no fue solo un antecedente administrativo: la sentencia penal de hoy la receptó como elemento determinante para configurar el delito de violación de los deberes del funcionario público.

La condena

Este martes 7 de abril de 2026, el juez Hernán Sergio Archelli del Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro leyó su veredicto. Las penas:

— Washington Palacios: 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

— Tomás Pérez Bodria y Esteban Español: 5 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía, cada uno.

— César Jaunarena: 4 años de prisión.

Al ponderar las penas, Archelli no encontró atenuantes. Los agravantes que enumeró dicen mucho sobre la naturaleza del caso: la gravedad institucional de los hechos, la erosión al sistema de administración de justicia, el entrecruzamiento de vínculos ilícitos, la participación de más de tres personas, la instrumentalización de una persona vulnerable, y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.

Once años

Desde aquella noche de julio de 2013 en Tigre hasta este fallo, pasaron casi once años. Gorgonio Díaz sigue preso por el robo original. Ahora, los que intentaron salvarlo también enfrentan la cárcel.

La sentencia de hoy no es solo el cierre de una causa penal. Es el retrato de cómo una red de funcionarios y operadores puede intentar capturar la maquinaria judicial desde adentro, usando sus propias herramientas. Y, en este caso al menos, fracasar.

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(InfoGEI).- Las 5.000 plazas del Delta del Tigre cuentan con protocolos aprobados para recibir visitantes cuando se autorice la reapertura de la actividad turística en esa zona náutica, donde las consultas para pasar el verano en cabañas, barrios cerrados y quintas crecieron un 90% en relación al año pasado, informó la Secretaría de Turismo local.

La secretaria de Turismo de Tigre, Florencia Mosqueda, señaló que «los alojamientos cuentan con los protocolos diseñados por el Minturdep y además contarán con un sello de calidad otorgado por el municipio que refuerzan esas medidas y aseguran por completo la prevención de contagios de coronavirus».

Los principales cambios en la prestación de servicios de alojamiento tras la pandemia marcan que los turistas deberán llevar sus propias sábanas y toallas, que las cabañas serán desinfectadas ante la llegada de los visitante y que los complejos deberán contar con dos muelles para evitar aglomeraciones en los arribos.

También se multiplicaron los sitios para la higiene de manos con alcohol en gel o agua y jabón, se eliminaron los espacios comunes y en la mayoría de los sitios se exigirá el uso del tapaboca en las inmediaciones de los lugares cercanos a las edificaciones. Además, en muchos casos se construyeron quinchos individuales para cada cabaña y en casi todos los complejos las piletas y spa permanecerán cerrados.

Mosqueda aseguró que «las medidas son efectivas» y dijo que «ahora trabajamos para poder flexibilizarlas en el rubro cabañas, donde queremos que las habilitaciones sean para complejos de una sola unidad y no solo para aquellos con un mínimo de tres locaciones».

«Así lograríamos tener un mayor número de plazas para dar respuestas al inesperado crecimiento de la demanda de alquileres para el verano», agregó.

La secretaria de Turismo de Tigre indicó que «hay que tener en cuenta que las condiciones de distanciamiento reducen la cantidad de plazas y también que el lanzamiento del programa del Gobierno PreViaje 2021 puede multiplicar aún más la demanda».

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