«Buen día. Estoy esperando el colectivo para ir a trabajar en Senzabello y veo que la placa donde pusieron un arbolito donde mataron a las chicas no está. No sé si la robaron o la sacaron», publicó Romina Alejandra Dufour este lunes por la mañana en el grupo Reclamos Varelenses de Facebook. El posteo cayó como un baldazo de agua fría: el monolito con los nombres de Denise Juárez y Sabrina Barrientos, las dos jóvenes asesinadas en febrero de 2017, ya no está en la esquina de Senzabello y Los Andes, llamada la Masacre de Florencio Varela.

Esa esquina de Varela carga con demasiada historia. El 11 de febrero de 2017, a las 6 de la mañana, cuatro amigas que regresaban de bailar en el boliche Santa Diabla fueron acribilladas en la parada del colectivo. Veinte disparos en diez segundos. Denise, de 17 años, recibió seis balazos. Sabrina, de 16, recibió nueve. Las otras dos, Magalí Pineda y Némesis Núñez, sobrevivieron con heridas gravísimas.

El caso se conoció como la «Masacre de Florencio Varela» o la «Masacre de Senzabello». Ocho años después, sigue sin detenidos. Y ahora, hasta la memoria física de esas chicas fue arrancada de la calle.

La placa que ya no está

El monolito había sido inaugurado por familiares y vecinos en homenaje a las víctimas. Según el posteo, en el lugar también habían colocado un arbolito. No era una placa oficial del municipio ni una obra del Estado: fue un gesto de la comunidad para que ese cruce de Varela no olvidara lo que pasó ahí una madrugada de verano.

Pero ahora ya no está. Romina Dufour lo descubrió de casualidad, esperando el colectivo para ir a trabajar un día a la mañana. «No sé si la robaron o la sacaron», escribió con la incertidumbre de quien no entiende cómo alguien puede llevarse un homenaje a dos chicas asesinadas. No hay información oficial sobre cuándo desapareció el monolito, ni si hay denuncia policial, ni si la Subdelegación DDI —que está literalmente en la esquina— vio algo.

La ironía es dolorosa: la placa estaba a metros de la dependencia policial donde, el 3 de enero, la Oficial Micaela Belén Ramírez se quitó la vida mientras cumplía servicio. Es el segundo suicidio de un efectivo policial en el sur del conurbano en los primeros tres días de 2026.

Esa intersección de Senzabello y Los Andes parece condenada. Primero fue el escenario de una masacre que conmocionó al país. Ahora es el lugar donde una joven oficial decidió terminar con su vida. Y en el medio, le robaron la placa que recordaba a las chicas asesinadas.

La masacre que sigue impune

El 11 de febrero de 2017, alrededor de las 6 de la mañana, Denise Juárez, Sabrina Barrientos, Magalí Pineda y Némesis Núñez esperaban el colectivo 148 en la parada de Senzabello y Los Andes. Venían de bailar. Era sábado, hacía calor, y querían volver a sus casas.

Según la reconstrucción judicial, un sujeto las atacó a balazos con extrema precisión. Veinte disparos con una pistola 9 milímetros. Nueve impactaron en Sabrina, seis en Denise, dos en Magalí y tres en Némesis. Las dos primeras murieron en el acto. Las otras dos fueron trasladadas al Hospital Mi Pueblo en estado crítico.

Magalí recibió un balazo en la cabeza y otro en el tórax. Tuvo dos paros cardíacos en la ambulancia. La operaron dos veces y le colocaron una placa de titanio en el cráneo. Perdió la visión de un ojo y las fuerzas en la mitad del cuerpo. Némesis también quedó con secuelas permanentes.

La investigación que nunca fue

La causa estuvo a cargo de varios fiscales. Primero, Hernán Bustos Rivas, quien fue desplazado a los pocos días. Luego, Gisella Olszaniecki de la UFI 3, que rápidamente fue designada en un juzgado correccional. Finalmente quedó en manos de Mariana Dongiovanni, de la UFI 2.

Se detuvo al vigilador Luis Esteban Weiman, de 36 años, que había tenido una relación con Denise. Un mes después fue liberado por falta de pruebas: no tenía restos de pólvora en sus manos ni fue reconocido por los testigos. También se investigó a un joven llamado Adrián Abraham, de 31 años, supuestamente vinculado a un lavadero de autos donde se harían fiestas sexuales y se vendería droga. Nunca fue imputado.

La fiscal Dongiovanni estableció que un menor de 14 años fue el autor de los disparos y con ello el caso quedó prácticamente cerrado. Pero las familias nunca creyeron esa versión. «Los investigadores saben quién es el culpable, pero nunca lo corroboraron», declaró Noelia Juárez, tía de Denise, en 2022.

«Tenemos un doble homicidio todavía impune. Hay testigos que nunca citaron a declarar y dos sobrevivientes que tampoco llamaron desde la fiscalía. Es un horror que a cinco años del ataque la causa esté frenada totalmente», denunció. Ocho años después, la situación sigue igual.

En 2023, la fiscal Dongiovanni fue apartada de la causa y hubo intentos de reactivar la investigación. Pero hasta ahora, nadie fue condenado por el asesinato de Denise y Sabrina.

La violencia que no para

Para los vecinos de Florencio Varela, la desaparición de la placa es una nueva forma de violencia sobre violencia. No solo les mataron a las chicas. No solo el caso sigue impune. Ahora también desapareció el único símbolo físico que quedaba para recordarlas.

«No sé si la robaron o la sacaron», escribió Romina Dufour. La duda es casi peor que la certeza. Si la robaron, es violencia. Si la sacaron, ¿quién? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? En Florencio Varela, ni siquiera la memoria está segura.

La Subdelegación DDI funciona en esa misma esquina desde hace años. Los efectivos que trabajan ahí conviven diariamente con el recuerdo de la masacre. Pasan por el lugar donde cayeron Denise y Sabrina cada vez que entran o salen de la dependencia.

El sábado, una de esas efectivas, Micaela Belén Ramírez de 25 años, se quitó la vida en el baño de la subdelegación. Es imposible no preguntarse cuánto pesa trabajar en un lugar marcado por tanta muerte. Cuánto pesa investigar casos de violencia mientras el entorno te recuerda constantemente que la violencia no se detiene.

Las preguntas que nadie responde

Las preguntas quedan flotando: ¿Cuándo desapareció la placa? ¿La robaron o la sacaron? Si la sacaron, ¿quién y por qué? ¿Hay denuncia policial? ¿La DDI que está a metros del lugar vio algo? ¿Van a reponer el monolito? ¿Quién se hace cargo de cuidar la memoria de Denise y Sabrina?

Mientras tanto, la esquina de Senzabello y Los Andes sigue ahí, testigo silencioso de demasiada muerte. Una masacre impune, un suicidio policial, y ahora el robo de la única placa que recordaba a las víctimas.

Florencio Varela merece mejor que esto. Denise y Sabrina merecen mejor que esto.

Cronología de la esquina:

• 11 de febrero de 2017: Masacre de Florencio Varela. Denise Juárez (17) y Sabrina Barrientos (16) son asesinadas a balazos. Magalí Pineda y Némesis Núñez sobreviven gravemente heridas.
• 2017-2026: La causa judicial sigue sin detenidos ni condenas
• Fecha sin precisar: Familiares y vecinos inauguran monolito con placa de homenaje en la esquina
• 3 de enero de 2026: La Oficial Micaela Belén Ramírez (25) se quita la vida en la Subdelegación DDI ubicada en esa esquina
• 4-5 de enero de 2026: Romina Alejandra Dufour publica en Reclamos Varelenses que la placa de homenaje no está.

Datos de la Masacre de 2017:

• Fecha: 11 de febrero de 2017, 6:00 AM
• Lugar: Avenida Senzabello y Los Andes, Florencio Varela
• Víctimas fatales: Denise Juárez (17 años) y Sabrina Barrientos (16 años)
• Sobrevivientes: Magalí Pineda y Némesis Núñez (ambas de 15-16 años en ese momento)
• Disparos: 20 en total con pistola 9mm
• Estado de la causa: Impune, sin detenidos a casi 9 años

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La resolución, firmada por el juez Diego Carlos Agüero, implica que Héctor Julio Faldetta, Marcelo Alberto Pérez y Diego Javier De la Moneda deberán enfrentar un juicio oral y público, donde se ventilarán las acusaciones impulsadas por un grupo de puesteros que denunció graves irregularidades.

Según la investigación, desde el 23 de diciembre de 2020, los administradores de la sociedad PCSJB S.A. impidieron el ingreso de comerciantes al predio, pese a que estos tenían contratos vigentes y abonaban un canon locativo. Además, se los acusa de retener y ocultar mercadería y mobiliario, frustrando así la actividad laboral de decenas de familias.

El expediente también señala que los imputados habrían utilizado un sistema de “aforo” para hacer ingresar nuevos puesteros en lugar de permitir el acceso a quienes ya estaban instalados. Para la Fiscalía, este accionar configura el delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, previsto en el Código Penal.

En su defensa, los acusados alegaron que las medidas de aislamiento por la pandemia de COVID-19 justificaban las restricciones, y acusaron a los puesteros de no cumplir con los pagos. Sin embargo, el juez Agüero rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento, al considerar que el cuadro probatorio es contundente y que incluso existieron incumplimientos reiterados de medidas cautelares dictadas por el fuero civil que ordenaban no innovar en la situación contractual y devolver la mercadería retenida.

El caso involucra a 58 denunciantes y será sorteado en los próximos días a un Tribunal Oral en lo Criminal, que deberá definir la responsabilidad penal de los administradores de la feria.

La información fue publicada por Data Judicial, medio especializado dirigido por Guillermo Troncoso, y a la que Infosur Diario tuvo acceso para ampliar el alcance local de un caso que mantiene en vilo a la comunidad varelense.

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Según informaron voceros policiales, a través de distintas tareas investigativas abocadas a combatir la venta ilegal y la evasión impositiva, los efectivos detectaron el Paseo de Compras ubicado en un predio de la calle Bombero Voluntario V. Senzabello al 2000, en el cual se exhibía ropa deportiva y otros artículos de marcas falsificadas.

Atento a ello, los federales realizaron la consulta al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes a cargo del Dr. Luis Antonio Armella, Secretaría Penal N° 1 a cargo del Dr. Fernando Arturi, quien dispuso el allanamiento del lugar donde se logró el secuestro de 310 remeras, 80 shorts, 142 camperas, 152 buzos, 89 mochilas, 396 pares de zapatillas, 112 boxers, 65 conjuntos femeninos, 364 gorras/viseras, 368 pantalones, camisas, camisetas deportivas, perfumes y conjuntos deportivos.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del juzgado interventor por infracción a la Ley de Marcas y Designaciones.

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