Un imponente operativo de seguridad recibió a las diversas organizaciones sociales que marcharon hacia el Congreso para expresar su rechazo a la controvertida legislación y repudiar los operativos de seguridad implementados por el Ministerio de Seguridad en las últimas horas.

Así arrancó la represión

Cerca de las 19 horas, un gran despliegue de la Gendarmería lanzó gases lacrimógenos sobre los manifestantes, desatando el caos en las inmediaciones del Congreso. La situación se tornó más tensa cuando las fuerzas federales avanzaron y agredieron a personas presentes, incluso a Diputados Nacionales que abandonaron el recinto para recorrer la Plaza de los Dos Congresos.

Las imágenes captadas revelaron el accionar policial, con la Policía Federal y Gendarmería rodeando a las organizaciones en la plazoleta. Se registró el avance de la Policía Federal con sus unidades motorizadas y se escucharon disparos en la zona de Irigoyen. A pesar de la prohibición de filmar impuesta por la Justicia, las cámaras en manos de los efectivos capturaron los momentos de tensión.

En uno de los incidentes más destacados, la legisladora porteña Celeste Fierro, del FIT-U, fue agredida por los efectivos, generando una inmediata respuesta de repudio por parte de los manifestantes, lo que obligó a la retirada del cordón de la Policía porteña.

Carlos Maradona, dirigente del MST, tomó la palabra tras el altercado, denunciando el accionar policial y la detención de Matías Ávalos, militante de su organización. Maradona convocó a la población a movilizarse y expresó su compromiso de seguir protestando hasta que las leyes impopulares sean derrocadas.

La Coordinadora contra la Represión Institucional (Correpi) alertó sobre la «militarización de las calles», denunciando detenciones arbitrarias y un aumento en los casos de gatillo fácil. Martín Zilla, militante de la organización, criticó el uso de gases ilegales para dispersar a las concentraciones y expresó preocupación por la modificación propuesta al artículo 34 del Código Penal.

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Todo ocurrió este lunes cuando los vecinos cortaron la circulación de una camioneta de la empresa EDESUR exigiendo que llamen a la cuadrilla para asistir los desperfectos que los tiene sin servicio por varios días.

«Nunca agredimos a la persona que conducía, sólo le pedimos que llamara a la cuadrilla, que hay una beba sin agua y personas con discapacidad postrada», dijo una de la mujeres que fue maltratada por la policía.

Sin embargo, según la denuncia, la policía no quiso escuchar reclamos ni explicaciones y golpeó a mujeres, ancianos y niños sin miramientos. «La policía nos maltrató, empujó a las mujeres, le pegaron a mi vecino, nos dijeron que transgredíamos la ley. Ahora nos preguntamos, si la policía no transgrede la ley cuando nos empuja, nos pega y maltrata, éramos mujeres, abuelas chicos y dos o tres hombres», dijo la vecina que hace más de tres décadas vive en la zona.

El barrio Pico de Oro es uno de los damnificados por las secuelas del temporal que provocó caída de postes del servicio eléctrico, por lo que se declaró la emergencia en Florencio Varela.

«Uno de los trabajadores de la empresa EDESUR nos vino a pedir disculpas por lo que pasó, por la violencia policial», dijo la vecina.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, criticó hoy al juez que dispuso el desalojo de los miembros de una cooperativa Nueva Generación, y consideró que el magistrado «violó un acuerdo que había entre el Estado provincial y los trabajadores».

«Nos han reprimido de forma violenta. Nos llevaron detenidos, nos han desalojado a palos, estamos todos muy mal. Nosotros no ofrecimos resistencia. Nos llevaron a la (comisaría) 5ta. de Avellaneda. Les pedimos que difundan por favor», señaló a Télam Alicia Gutiérrez, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación.

Cómo fue el violento desalojo

En un clima de tensión, pasadas las 9, se hicieron presentes en el lugar -sede de la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación Limitada, ubicada en Méndez 671, de Wilde- más de 200 efectivos de la Policía bonaerense, con camiones, camionetas y motos de la fuerza, junto a cuatro funcionarios del Poder Judicial.

«No somos delincuentes, somos trabajadores organizados en una cooperativa; hoy fuimos literalmente rodeados por miles de policías quienes nos reprimieron a palazos y balas de goma para tomar las instalaciones de la fábrica. Somos 86 trabajadoras y atendemos a 180 niños. Pedimos al sector político ayuda para defender nuestros puestos de trabajo», contó Gutiérrez.

Fuentes judiciales indicaron que es la tercera ocasión en la que a los integrantes de esta cooperativa fueron notificados sobre esta orden de desalojo, que fue ordenada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Número 1 de Avellaneda, Ernesto Bocaccia.

Qué dijo el Ministerio de Seguridad sobre el desalojo

En un comunicado, el ministerio de Seguridad provincial aclaró que procedió al desalojo «tras haber recepcionado hoy un oficio del juzgado de Avellaneda» y consignó: «Bajo esta orden, la policía de la Provincia de Buenos Aires, procede como auxiliar de la justicia y bajo la orden de la misma», consignó.

En medio del operativo de desalojo, el cronista de la Radio AM 750 Mauricio Polchi denunció que efectivos de la Policía bonaerense «lo detuvieron» y lo trasladaron a dependencias policiales junto con los integrantes de la cooperativa.

«Se lanzó una cacería donde también me arrestaron a mí, aunque presenté mis credenciales de periodista, en forma muy violenta me arrestaron, me sacaron mis dos teléfonos y otras pertenencias. Pero lo más importante es que ya no funcionará un lugar muy importante para el barrio como era la fábrica textil Nueva Generación y sus 86 trabajadores y trabajadoras», aseguró Polchi en diálogo con Télam.

No obstante, voceros judiciales indicaron que el trabajador de prensa «no estuvo detenido o aprendido», y que solo fue «demorado» por los efectivos policiales.

«Somos más de 200 detenidos, trabajadores de la cooperativa, con personas de UTEP y de la CTA-Autónoma, de los movimientos de la economía social de Avellaneda y Quilmes, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Me dicen que están llevando gente herida a las UPAS de emergencia», denunció Gutiérrez.

En ese marco, la dirigente informó a Télam que «ha sido un operativo de desalojo con muchísima represión y violencia, nos destruyeron las máquinas de la cooperativa, y el jardín maternal», a la vez que consideró que «todo esto fue gracias a los Gobiernos municipal y provincial por mandar a reprimir a los trabajadores».

Radiografía de una cooperativa

Con más de 80 trabajadores y trabajadoras costureras, la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación nació en Wilde (partido de Avellaneda) en 2005, se instaló en un espacio que antes era un basural y, a partir de 2010, se inició un juicio comercial por parte de los herederos del predio.

Además de la fábrica, en el lugar funcionaba un jardín maternal para 100 niños con un comedor y merendero, y una escuelita de apoyo escolar y de género.

«Se llevó adelante un desalojo en la cooperativa Nueva Generación de Avellaneda. Lo dispuso el juez (en lo Civpl y Comercial N°1) Pablo Ernesto Bocaccia, violando un acuerdo que había entre el Estado provincial, la cooperativa y todos los actores participantes como la Defensoría del Pueblo», remarcó Larroque esta mañana, en declaraciones a AM 530.

Grabois en Avellaneda por el desalojo

En tanto, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, se trasladaba a la comisaria 5ta (ubicada en la esquina de Zola y Lincoln) de Avellaneda para conocer la situación de las personas que fueron detenidas y reclamar su liberación, según indicaron voceros de este espacio.

En declaraciones a Télam, el dirigente social consideró que «hubo una represión a una cooperativa con 100 trabajadoras desalojadas violentamente, tras 16 años de producción textil y tareas educativas con niños».

«De esta forma se destruyen así los tan mentados empleos genuinos, ejerciendo violencia de género y violencia institucional explícita, sin que hasta ahora hayamos escuchado ningún pronunciamiento ni se haya acercado nadie. Ayer se presentó un acta acuerdo en el juzgado y hubo compromisos del Gobierno provincial de evitar este escenario», remarcó Grabois.

En ese sentido, indicó: «Hoy cientos de policías ingresaron a la mañana y arremetieron con todo, con saña, en una movilización de fuerzas imposible de hacer sin intervención del Ministerio de Seguridad ni conocimiento del Gobierno».

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