La clave para la detención de los acusados fue la valentía de la madre de la víctima. Casi dos meses después del ataque, la mujer regresó al lugar de los hechos, fotografió a los dos hombres que habitualmente estaban en ese basural y mostró las imágenes a su hija, quien los reconoció de inmediato como sus agresores.

El ataque en el basural

Según la resolución judicial a la que accedió Infosur, el hecho ocurrió el 15 de octubre de 2025. Diego G. y José G. están acusados de abusar sexualmente de la niña haciendo uso de violencia física y amenazas, con una división funcional de tareas: mientras uno la abusaba, el otro la inmovilizaba sosteniéndola de las muñecas para evitar que pudiera resistirse.

La menor logró llegar a su casa y le contó a su madre lo ocurrido. La mujer radicó la denuncia de inmediato, pero los agresores no habían sido identificados hasta que ella misma decidió actuar.

La valentía de una madre

El 4 de diciembre de 2025, la madre de la víctima se dirigió hasta la esquina de La Haya y Suiza, donde se ubica un basural que funciona como punto de reunión para consumo de alcohol. Allí identificó y fotografió a dos hombres que, según afirmó en su denuncia, «siempre se encuentran en el sitio ingiriendo bebidas alcohólicas y molestando con groserías a las mujeres que pasan por el lugar».

Al mostrarle las fotografías a su hija, la niña reconoció sin dudas a sus dos agresores. Con esa información, la Justicia pudo avanzar en la detención de los acusados.

Las pruebas del caso

La resolución judicial enumera los elementos de prueba que sustentan la acusación:

• Denuncia de la madre, quien relató los hechos y aportó las fotografías que permitieron identificar a los acusados.
• Informe de la médica forense, que documentó el relato de la niña sobre cómo fue tomada por la espalda, arrojada al piso y retenida por uno de los hombres mientras el otro abusaba de ella.
• Informe victimológico, que constató que la menor presenta dificultades para dormir por pensamientos intrusivos y recurrentes, pérdida de apetito y sintomatología asociada a victimización sexual. El informe destaca que su relato es coherente, sin fallas lógicas, confusiones, ideas delirantes o fabulación.

Ambos detenidos, asistidos por la Defensoría Oficial, optaron por no declarar.

Perspectiva de género en la resolución judicial

El juez Diego Carlos Agüero y el secretario Martín Eduardo Grizzuti fundamentaron la prisión preventiva desde una perspectiva de género, tal como viene siendo política del Juzgado de Garantías N°6 en este tipo de casos.

En la resolución, el magistrado subrayó la obligación del Estado de adoptar «medidas de protección reforzada» para personas en situación de vulnerabilidad, como las niñas y las mujeres: «La perspectiva de género debe utilizarse en casos en que se reconozca una condición de desigualdad que requiera, como una forma de equilibrar el proceso, que se juzgue bajo tales parámetros».

El juez advirtió que de no adoptarse estas medidas, «aquellas diferencias o desventajas pueden potencializarse, generando esquemas de revictimización que comprometen el acceso a la justicia».

En ese marco, consideró necesaria la prisión preventiva para proteger a la niña víctima de violencia sexual y asegurar los fines del proceso, dados los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

La causa continúa

Los hechos fueron calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, conforme al artículo 119 del Código Penal, un delito que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

La declaración de la niña en Cámara Gesell está programada para febrero de 2026, en el marco de un protocolo especial de protección para evitar su revictimización.

Diego G. y José G. quedarán alojados en una unidad del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con inhibición general de bienes hasta alcanzar el monto de ley para ser afectado a las resultas del juicio.

La resolución también dispuso la comunicación al Registro Nacional de Reincidencia y al Ministerio de Seguridad provincial.

📌 Si sos víctima de violencia sexual o conocés a alguien que lo sea, podés comunicarte con la Línea 144 (atención las 24 horas) o acercarte a la Comisaría de la Mujer y la Familia más cercana.

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Respecto del debate sobre los límites de la prisión preventiva tenemos que distinguir el relato de algunos medios de comunicación y la realidad respecto a un tema tan sensible, no solo para el sistema penal, sino también para la sociedad en su conjunto, como es tener presas a personas que son inocentes. Tengamos en cuenta que la prisión preventiva es la detención de una persona que goza de la presunción de inocencia, durante un procedimiento previo al dictado de una condena.

El relato de medios como Clarín o el periodista Majul, en su programa «La Cornisa», intentan instalar que los limites a la prisión preventiva, que se establecieron a través de pautas dictadas el año pasado por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal, favorecería a funcionarios del gobierno anterior que están presos preventivamente, la mayoría por causas de corrupción o lavado de dinero. Otro rumor que echan a correr desde ciertos sectores es que podría producirse un excarcelamiento masivo de más de 8 mil presos. Esto es una ficción.

La realidad jurídica de este tema es que la prisión preventiva se puede aplicar solo en dos casos: entorpecimiento de la investigación o cuando hay peligro de fuga. Los límites a la prisión preventiva ya están en el código procesal penal, en Nación y en las diferentes jurisdicciones. El juez no se puede apartar de estas dos causas para tener detenida a una persona durante este procedimiento. Ahora bien, hay una reforma que se está llevando a cabo de manera progresiva en diferentes jurisdicciones. Hay normas de este nuevo código procesal penal que dan parámetros que colaboran en la determinación de las dos causas mencionadas más arriba.

La comisión encargada en el Congreso adelantó la vigencia de estos dos artículos del nuevo Código. La realidad indica que hoy existe una gran cantidad de presos y presas sin condena. En estos casos la prisión preventiva significa una pena anticipada, personas que permanecen encerradas por años, en su mayoría lo padecen los más vulnerables, que no cuentan con una defensa adecuada.

*Abogado penalista

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