Bancos con un mensaje de concientización

Los bancos rojos, que ya están instalados en la Escuela de Educación Secundaria N° 61 de Bosques, Florencio Varela, y en la Escuela de Educación Secundaria N° 48 de Berazategui, llevan la inscripción: “En nombre de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”. Se trata de una campaña de concientización contra la violencia de género y el femicidio.

El proyecto se desarrolló en la carpintería «Nueva Esperanza» dentro de la Unidad 23, donde los internos participaron activamente en la producción de estos mobiliarios. Además de los bancos rojos, también fabricaron maceteros para embellecer los patios de los establecimientos educativos.

Un gesto de compromiso desde la cárcel

El traslado de los bancos y maceteros se realizó en camionetas del SPB y fueron recibidos por las directoras de cada escuela. En la E.E.S N° 61 de Bosques, la directora Karina Freites destacó la importancia del proyecto en la sensibilización de los jóvenes. Por su parte, en la E.E.S N° 48 de Berazategui, la directora Nora Centurión agradeció el aporte y señaló que estos bancos permitirán abrir debates y actividades pedagógicas sobre la violencia de género.

Desde la Unidad 23 remarcaron que esta acción forma parte de un programa de reinserción social, donde los internos adquieren habilidades laborales mientras contribuyen a causas sociales relevantes.

Un símbolo que invita a reflexionar

La iniciativa de los bancos rojos comenzó en Italia y se expandió a distintos países, incluyendo Argentina. En la provincia de Buenos Aires, varias escuelas ya cuentan con estos bancos como un símbolo permanente de la lucha contra la violencia de género.

Con este nuevo aporte desde la cárcel de Florencio Varela, la campaña sigue creciendo, dejando una huella en la comunidad y promoviendo el compromiso colectivo para erradicar la violencia contra las mujeres.

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La novedad más destacada de la jornada fue el acuerdo alcanzado para modificar el proceso de derivación de detenidos a instituciones de mayor complejidad médica. Anteriormente, esta tarea recaía en los médicos de los Centros de Atención de Salud (CAS) internos, quienes simplemente enviaban a los detenidos al hospital Mi Pueblo o al UPA (Unidad de Pronta Atención), bajo la supervisión de penitenciarios. Sin embargo, con el nuevo protocolo, se desarrolló que los profesionales médicos que realicen derivaciones deberán coordinar directamente con el personal sanitario externo, garantizando así una atención más especializada y eficiente.

En el encuentro, se destacó la importancia de esta iniciativa interinstitucional para fortalecer la articulación entre la Sanidad Penitenciaria y los Centros de Atención de Salud municipales, mejorando así la atención médica de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario.

La reunión concluyó con el compromiso de seguir trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida y atención médica de quienes se encuentran alojados en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela. La coordinación estratégica entre las autoridades de salud locales y penitenciarias es un paso significativo hacia un sistema más eficiente y humanizado para la atención de las personas privadas de libertad.

La reunión contó con la participación del Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Varela, Daniel Dono Leidi, el Sr. Secretario de Salud de la Municipalidad, Dr. Rubén Trepichio, el Sr. Director del Hospital Mi Pueblo, Dr. César Moreno, el Sr. Director Ejecutivo Dr. Walter San Miguel, la Sra. Subsecretaria de Salud de la Municipalidad de F. Varela, Fabiana Yañez, el Director Provincial de Salud Penitenciaria Juan Pablo Stagnaro, la Directora Provincial de Alcaidías, Dra. Paula Montero, el Jefe de Complejo Insp. Myr. (E.G) Nelson Castro, el Secretario de Coordinación, Insp. Gral. (E.G) Oscar Alberto Saravia, el Director de Unidad 24, Insp. Myr. (E.G) Ricardo Lira, y la . Directora de Alcaidía XII Dptal. Fcio. Varela, Lucía Anotnia Del Valle Romano.

Además, participaron las autoridades de Sanidad del Complejo Carcelario, los Dres.David Poggio, Priscila Gardiol, Ariel Bustamante y Jorge López.

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Personas privadas de la libertad de una cárcel de Florencio Varela escribieron un cuento infantil e hicieron una edición en libro de papel y otra en audiolibro para repartir y que llegue a bibliotecas infantiles.

La experiencia tuvo lugar en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense en el marco del programa Pabellones Literarios para la Libertad que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

El libro infantil fue presentado este lunes con el título “El pequeño gran basquebolista” y en el acto se explicó el proceso creativo que contó con la colaboración de unos cien internos.

Hernán, uno de los privados de libertad que participó de la iniciativa cultural explicó que “la idea nació porque primero empezamos a aprender un poco de literatura y a escribir cuentos, pero siempre los relatos que salían eran historias de vida y cuentos policiales, todas cosas muy relacionadas a este mundo carcelario, y queríamos salir de acá y a la vez ayudar, que les llegué a otros”.

Así fue que los internos del pabellón literario de la Unidad 32 comenzaron a escribir cuentos infantiles, que luego fueron seleccionados, pulidos colectivamente y discutidos hasta lograr elegir uno solo, que recibió múltiples aportes de cada uno de ellos hasta tener una versión final, con sus respectivas ilustraciones.

Luego, los internos coordinaron con familiares que están afuera y gente que habitualmente los ayuda para lograr tener una edición del libro en papel, del que se hicieron 80 ejemplares.
Además, hicieron un audiolibro en el que grabaron voces y efectos de sonido: “Queríamos hacer algo más, nos enganchamos con esto y se nos ocurrió esto, algunos acá también trabajan con el braille pero nos parecía que esto era para los más chiquitos, que todavía no saben braille, así que nos decidimos por hacer un cuento pero en sonidos, elegimos ´La Risa Perdida´, que trata sobre una hiena que perdió su risa, está ambientado en la selva así que era muy lindo para llevarlo a ese formato”.

Hernán explicó que el objetivo, además de ayudar, era mostrar las cosas buenas que se pueden hacer con los teléfonos celulares “La gente se piensa que acá estamos todos planeando estafas con los celulares y eso no es así, nosotros los teléfonos los usamos para estudiar y para hacer obras de bien público. Los libros ya están en camino a quienes van a disfrutarlos: una iglesia, una escuela para chicos discapacitados y dos jardines de infantes, de San Vicente y Lanús.
La presentación del libro se efectuó en el pabellón, el que fue ambientado especialmente por los internos como una sala de teatro para que ellos mismos representen las dos obras. Estuvieron presentes el Juez Roberto Conti, la Asesora del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julia Lescano, autoridades de la escuela y del SPB, talleristas e invitados especiales.

“Hacer esto en lo personal te llena, fue un proceso largo, donde por momentos nos frustramos y nos enojamos porque las cosas no salían como queríamos. Tuvimos que aprender a editar los audios para que queden bien, o encontrar las palabras justas en el cuento… hoy cuando terminó la presentación se nos llenaron los ojos de lágrimas, es sentirte persona, sentirte útil, que estás ayudando a quienes los necesitan, esa satisfacción para nosotros es lo más importante”.

Cabe destacar que al programa Pabellones Literarios para la Libertad se sumaron 5450 personas privadas de libertad de 100 pabellones de 54 cárceles o alcaidías bonaerenses con el acompañamiento ad honorem de 187 talleristas.

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El mobiliario fue entregado por el Alcaide Mayor (EG) Jorge Rocha con la supervisión de la jefatura de Unidad y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa se enmarca en el programa «Más Trabajo, menos Reincidencia» que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, por el que se busca capacitar en oficios a los internos y que las producciones beneficien a la comunidad, canalizándolas a través de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, dependiente de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Altamirano destacó que “los internos del Grupo Reinicio realizaron por su propia voluntad los muebles, lo que nos demuestra que, desde la solidaridad y promoviendo la igualdad, todo cambio es posible si se brindan oportunidades. Todo fue producido en el Taller construido, a base de mucho esfuerzo, por los compañeros, quienes se capacitan diariamente en Carpintería y Herrería entre otros oficios”.
Desde la jefatura de la Unidad 24 se destacó que, “El trabajo y la actividad solidaria se realizan en el marco de la Ley Nacional N° 25.855 de Voluntariado Social y de la Ley N°12.256 de la Provincia de Buenos Aires, convencidos de la función del trabajo como formador del sujeto social y como herramienta válida de inclusión, realizando experiencias de formación técnico-practicas, bajo los valores de cooperación, reciprocidad, beneficio mutuo y solidaridad”.

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la defensa del exconcejal de Florencio Varela ya trabaja en la apelación

Por Romina Martínez Parfeniuk, periodista especializada en criminología y judiciales.

Los doctores Omar Luis Daer y Daniel Brola ya trabajan en la apelación a la condena del exconcejal de Florencio Varela y expresidente de Argentino de Quilmes, Daniel Zisuela, que días atrás fue condenado a 13 años de prisión por la Justicia de Quilmes al ser encontrado responsable de «facilitación y promoción a la prostitución». Ayer se conoció el pronunciamiento de los jueces Pereyra, Stremel y Roumieu que por unanimidad votaron el fallo condenatorio.

Con el voto del juez Pablo Pereyra, al que adhirieron sus pares Félix Roumieu y Fabio Stremel se conoció en la víspera la condena al extitular de la UTHGRA, ahora sus defensores particulares trabajan en el recurso de apelación para ser presentado en Casación.

Asimismo el fallo no ordena iniciar causa para investigar los nombres mencionados en las audiencias de juicio. En los resolutarios del escrito de 24 fojas tampoco los magistrados hacen lugar al requerimiento de procesar por «falso testimonio» a una de las jóvenes víctimas que había declarado en la primer audiencia y cuyo relato fue clave para las pruebas producidas.

Zisuela fue declarado penalmente responsable de los delitos de “facilitar y promocionar la prostitución de personas menores de 18 años y de mayores, delitos agravados en concurso ideal”, por los hechos acaecidos entre los años 2013 al 2018 en hoteles, casas y bares de las localidades de Quilmes y Varela.

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La designación se conoció horas atrás cuando Romano fue presentada como flamante directora ante el personal penitenciario. De esta manera se da cumplimiento a la iniciativa del gobernador Axel Kicillof que en abril del 2020 había anunciado la ampliación de cupos para detenidos.

Como se recordará, el Gobernador presentó en abril del 2020 un plan para la recuperación de la infraestructura penitenciaria que preveía la finalización de obras que se encontraban paralizadas hace varios meses, para 1.350 nuevas plazas en 10 unidades. Para reiniciarlas, la Provincia tuvo que saldar una deuda de 350 millones de pesos con constructoras proveedoras del Estado y sumar una inversión por 800 millones de pesos.

Según se informó la nueva alcaidía de Florencio Varela tendrá 192 plazas disponibles para presos que esperan condena o derivación a un penal y estará ubicado en el Complejo Penitenciario de La Capilla.

Lucía Romano fue concejal de Florencio Varela en el período 2011 al 2015 por el oficialismo del entonces Frente para la Victoria y tiene amplia experiencia en el área comunal de legal y técnica donde llegó a desempañarse como subdirectora del área antes de asumir Directora de Vinculación Socio Legal. También es docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

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Mirá el video

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Justamente hace un año en la comisaría primera de Florencio Varela la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció hacinamiento, sobrepoblación y torturas.

En el registro de la Corte bonaerense hay ocho resoluciones judiciales en las que se impide el traslado de las personas privadas de la libertad a esa seccional. En la última, de junio del año 2018, el Tribunal Criminal 2 de Quilmes había ordenado, en el marco de un habeas corpus, la clausura de la comisaría. Antes de las clausuras, la policía había establecido un cupo para 18 personas, aunque en el lugar no había camastros y la gente dormía en el piso.

Hace un año 12 de los detenidos iniciaron un pequeño fuego con un pedazo de colchón que rápidamente fue extinguido por bomberos locales.

En ese contexto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del hecho y se presentó en la comisaría para realizar una inspección del lugar. La zona de calabozos de la comisaría 1ª de Varela tiene dos sectores que cuentan con tres celdas; un sector tiene dos calabozos contiguos: uno de 2,20 por 2 metros aproximadamente, otro de 3 por 3 metros y un espacio común de 2 por 2 metros en los que se alojaban 19 personas. El otro sector tiene un calabozo de 6 por 3 metros.

En esa oportunidad, la CPM denunció que el titular de la Jefatura policial de Varela, Ramón Rodríguez, quiso impedir el trabajo de monitoreo. Ahora, volvieron a superpoblar la celda y la comisaria es un polvorín.

AMOTINADOS
En tanto, se empezó a conocer la situación de los presos que se amotinaron en La Capilla. En ese orden, familiares denuncian que fueron golpeados y baleados con posta de goma y que pese a ello no fueron trasladados a «reconocimiento médico» para ver su situación de salud.

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Finalmente la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió la apelación presentada por el Fiscal ante la Cámara de Casación Penal Carlos Altuve. En dicha apelación se había cuestionado el fallo dictado por la sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires resolviendo favorablemente un pedido de habeas corpus colectivo.

Recordemos que en ese fallo cuestionado mediáticamente se había determinado que durante el período de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio se otorgaría el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves y que se hallaran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes. En cuanto a las personas que se encontraran en situación de riesgo sanitario, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves cada situación debía ser analizada por parte del Juzgado o Tribunal que tenga a su cargo a cada detenido, determinando la conveniencia o no de otorgar arrestos domiciliarios.

Tambien se había determinado que los jueces debían evaluar de oficio las prisiones preventivas de los imputados a su disposición en todos los casos en donde se hubieran cumplido los plazos para concluir con la etapa de investigación. Se debía considerar los intereses de las víctimas particularmente en delitos contra la vida, violencia de género o contra la integridad sexual. Además las medidas dispuestas debian ser ejecutadas inmediatamente aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza, esto significa aunque se apele el pronunciamiento.

El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal cuestiona este fallo interponiendo el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Veamos cuales fueron los principales argumentos del Fiscal.

En primer lugar menciona que el fallo del juez Violini atenta contra la buena marcha de las instituciones y afecta el orden público. Además argumenta que la solución a adoptar es eminentemente de carácter individual, o sea que se debe analizar caso por caso y no mediante una solución colectiva para grupos de detenidos. El planteamiento central del Fiscal es por la supuesta falta de precisión y especificación de los conceptos vertidos respecto del universo de delitos leves o graves. Por último hace mención a que se habrían violados los derechos de las víctimas de delitos (basandose en la ley de víctimas), ya que no se las habría notificado de la decisión de otorgar arrestos domiciliarios respecto de los detenidos por delitos leves (tales como delitos de lesiones, amenazas, desobediencia, etc).

Ahora veamos brevemente qué ha dicho entonces la Suprema Corte respecto a toda la cuestión planteada y qué solución propone. En primer lugar menciona el estado de superpoblación y hacinamiento en que se encuentran las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Como asimismo la necesidad de llevar a cabo acciones destinadas a proteger a las personas privadas de libertad durante la pandemia para evitar riesgos graves de enfermedades e incluso para prevenir la expansión del contagio extramuros, con afectación al resto de la sociedad y al propio sistema de salud.

Ahora bien, es importante señalar que la propia Corte reconoce que el problema de hacinamiento en las cárceles bonaerenses tiene que ver con la expansión descontrolada del poder punitivo (el poder que tiene el Estado de castigar) que se dio en las últimas décadas a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. Las reformas procesales de la provincia de Buenos Aires en las últimas dos décadas “evidencian un rumbo preferentemente restrictivo en cuanto a las excarcelaciones y morigeraciones, como también en el ámbito de la ejecución de la pena”.

Sin embargo en párrafos posteriores también cuestiona la procedencia del habeas corpus colectivo, ya que considera que el universo de casos de los detenidos y detenidas no serían similares. La Corte considera en este punto que se deben tener en cuenta las particularidades de cada caso, la circunstancia particular de cada detenido, y no atender consideraciones generales tales como por ejemplo grupos de riesgos, edad avanzada o situación general de hacinamiento. Por eso considera que la clasificación de los delitos que hace el juez Violini en leves y graves y que derivan en una solución automatica y general según esa clasificación, no es más que una solución arbitraria y por lo tanto sin fundamentación.

La Corte considera que se deben analizar los casos individualmente y no hacer recomendaciones colectivas para los grupos de detenidos indiferenciandolos de sus calidades individuales, pero además considera que se deberá tener en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, postura que se aleja de juzgar el acto delictivo en si mismo y pasa a considerar el sujeto pasivo del delito.

Ya adentrándose en el debate sobre el rol de las víctimas en el proceso penal, explica que la ley de Derechos de las Victimas (27.372) sancionada por el Congreso Nacional en el año 2017, para ser plenamente vigente en la jurisdicción provincial necesita del acto de incorporación al ordenamiento local a través del dictado, por parte de la Legislatura, de normas de adecuación. Es lo que la propia ley 27.372 impone de manera expresa en su art. 37. Y a pesar de declamaciones públicas en favor de los derechos de las víctimas, luego de su sanción en el año 2017, no se produjo su adecuación en la provincia de Buenos Aires.

Al finalizar sus argumentos la Corte reitera la prohibición de mantener alojadas en Comisarías a personas mayores de sesenta y cinco años de edad, de personas enfermas, de menores de edad y mujeres embarazadas.

Las morigeraciones de la coerción impugnadas y ejecutadas en contravención al art. 163 del Código Procesal Penal deberán ser evaluadas con celeridad por el órgano judicial competente dando intervención a las víctimas. Dispone que los órganos judiciales competentes revisen y evalúen las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, mediante un juicio debidamente motivado. Y deja establecidos una serie de indicadores que deberán tener los jueces al momento de resolver las situaciones de los detenidos: tener en cuenta los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales del procesado o condenado, las modalidades de la comisión del delito, la pena en expectativa y la situación de la víctima al momento de la decisión.

*Abogado penalista

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La explosiva situación de las cárceles en diferentes puntos del país y principalmente en la provincia de Buenos Aires ha tenido una escalada en la última semana. Los motines provocados en las cárceles de Devoto, Florencio Varela y en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Mendoza y la polémica suscitada por la liberación de dos violadores, uno de los cuales está detenido con prisión domiciliaria en un domicilio a pocas cuadras de su victima menor de edad, han puesto en agenda la cuestión carcelaria.

Se informó que los detenidos pidieron la liberación de 1600 personas. Según el propio Ministerio de Justicia de la Nación de los 12.579 detenidos en 35 Unidades Penitenciarias del sistema federal hasta ahora solo se les otorgó prisión domiciliaria a 320. Hasta el día jueves se habían liberado a más de 1000 detenidos en el país. Siendo mas de 750 en la provincia de Buenos Aires.

Desde un sector del oficialismo el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, se a pronunciado diciendo que los jueces que no cumplan con la ley de víctimas deberán ser sometidos a juicio político impulsados desde la Oficina de Víctimas que funciona en el ámbito del Congreso Nacional. En este sentido hay que mencionar que en realidad no hay constancia de que los jueces no estén cumpliendo con dicha ley que establece que se deberá escuchar a la víctima en cada decisión que disponga medidas de coerción o la libertad durante el proceso del imputado siempre que lo solicite expresamente.

Por su parte el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni se manifestó en contra del otorgamiento de prisiones domiciliarias aduciendo que “las únicas masacres son las que provocan los delincuentes”, respondiendo a las palabras del prestigioso jurista Raúl Zaffaroni quien había manifestado que con las prisiones domiciliarias y excarcelaciones la justicia buscaba evitar una “masacre” por la situación de hacinamiento en el contexto de la pandemia.

Incluso el ex juez de la Corte aclaró que “nadie habla de soltar violadores u homicidas”. De hecho Zaffaroni mencionó luego que las declaraciones del ministro de la provincia se enmarcan en “el discurso populacherismo vindicativo que llenó las cárceles” mediante el descontrol de las prisiones preventivas, cuestión que se verifica en las estadísticas. En el mismo sentido el juez de la cámara de Casación Penal Federal, Alejandro Slokar, mencionó que “las cárceles son una bomba de tiempo con la mecha encendida”. El juez explicó que hoy en dia las cárceles argentinas tienen las tasas de población más altas de la región. Y aclaró al igual que Zaffaroni, que el llamado a despoblar las cárceles no debe llegar a presos por lesa humanidad, ni a violadores ni asesinos. De hecho Slokar fue el único Juez de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que votó en contra del otorgamiento de prisión domiciliaria del represor Lucio César Nast encarcelado por delitos de lesa humanidad. Los dos jueces que votaron a favor de la prisión domiciliaria el represor fueron los Dres. Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques.

La ministra de justicia Marcela Losardo por ejemplo declaró que no existe un plan de liberación generalizada de presos. Y el Colegio de Magistrados además se manifestó a favor de atender la situación de superpoblación carcelaria en procura de evitar que la pandemia se extienda a las cárceles y provoque un descontrol en el sistema carcelario y sanitario.

La situación se hacinamiento y condiciones inhumanas de detención es una situación que se viene gestando desde hace tiempo, de hecho ya a fines del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mediante resolución 3341-19 recomendó medidas tendientes a tratar las condiciones carcelarias. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional mediante acordada 5/2020 del 23 de abril dispuso que se aconseja medidas alternativas a la prisión o morigeración de la prisión preventiva no solo a los detenidos con riesgo de COVID-19 sino para toda la población carcelaria. El objetivo claramente es atender la cuestión de la superpoblación del sistema carcelario mediante una utilización más racional de la prisión preventiva.

Pero también se expidieron organismos internaciones. El 31 de marzo pasado la CIDH mediante resolución 66/2020 instó a los Estados a garantizar la salud y la integridad física de las personas privadas de su libertad y reducir la superpoblación en el marco de la actual pandemia. De hecho paises no solo de Latinoamerica sino de todo el mundo han llevado a cabo medidas tendientes a evitar la propagación de la pandemia intra muros, mediante excarcelaciones, morigeraciones o prisiones domiciliarias.

La cantidad de presos que un país decide tener es una decisión política no es producto del azar ni tampoco obedece necesariamente a la tasa delictiva. En provincia de Buenos Aires por ejemplo hay 51.000 detenidos cuando la capacidad del sistema penitenciario es de 24.000 dando por lo tanto una superpoblación del 110%. Por eso en provincia de Buenos Aires queda pendiente una reforma al Código Procesal Penal para descomprimir esta situación de hacinamiento y facilitar las excarcelaciones o limitar la prisión preventiva para delitos menores que no sean cometidos contra la vida, la salud o la libertad sexual de las personas.

Siempre se debe tratar de armonizar dos derechos que no deben estar en pugna sino en relación: la salud y vida de los privados de la libertad y la seguridad de la comunidad. Por eso son racionales los distintos fallos en donde se establece que se recomienda o se debe analizar con sumo cuidado y atendiendo factores como el bien jurídico afectado y los intereses de las victimas en casos de abusos sexuales, o violencia de género por ejemplo, el otorgamiento de excarcelaciones o prisiones domiciliarias para casos de delitos graves.

Los delitos graves generan una conflictividad social mayor que los delitos menores tales como los cometidos contra la propiedad o tenencia de estupefacientes por ejemplo, por eso este parámetro debe ser tenido en cuenta por los jueces. Lamentablemente algunos medios de comunicación y ciertos sectores políticos han hecho de este debate crucial para la sociedad una “carnicería mediática” en donde no han remarcado estos parámetros racionalizadores establecidos en diferentes fallos, sino que por el contrario montaron una campaña mediática con esloganes temerarios (“van a liberar a todos los violadores” “la gente encerrada y los asesinos en la calle”, etc) y usando demagogicamente a familiares y victimas de delitos graves para legitimar esos esloganes que en nada ayudan a un debate serio y profundo sobre la cuestión carcelaria.

En este contexto el acta de negociación firmada el pasado jueves entre representantes de los presos de la cárcel de Devoto, que está bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, y del gobierno nacional tendrá vigencia hasta el miércoles 6 de mayo, dia en que se volverán a reunir. En la mesa de diálogo se estableció un principio de acuerdo para que se analicen más de 400 casos (de un total de 805 solicitudes) que se encuentran en condiciones de acceder a una morigeración de la condena. Los casos para analizar solo consideran detenidos con condenas menores a tres años y no se incluyen personas que cometieron delitos violentos.

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Es una mujer cuya identidad mantenemos en reserva. Forma parte del Servicio Penitenciario
Bonaerense y la semana pasada recibió una orden que va contra sus principios: hacer desaparecer
tres vainas servidas que podrían ser la prueba clave de cómo ejecutaron a un preso durante el
motín en la cárcel de Florencio Varela. O sea, las pruebas de un presunto asesinato.

Por estas horas, la Justicia analiza si tres vainas servidas de proyectiles de plomo aportadas a la
investigación por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fueron los utilizados para matar a un
preso durante los incidentes ocurridos la semana pasada en la Unidad 23 de Florencio Varela,
informaron fuentes judiciales, penitenciarias y de la investigación.

Estos cartuchos serán cotejados ahora con al menos 17 armas tipo Ithaca secuestradas en el
marco de la investigación por el homicidio del detenido Federico Rey (23), cometido el miércoles
último en dicha cárcel del sur del Gran Buenos Aires, con el objetivo de poder individualizar al
penitenciario que disparó.

Fuentes de la investigación informaron a Infosur que estas vainas de proyectiles de posta de
guerra (plomo) fueron hallados en el muro perimetral de la Unidad 23, entre los puestos de
guardias 2 y 3, sobre el pabellón 6 del penal, donde se desarrollaron los episodios más violentos
de la revuelta.

De acuerdo a los voceros, una efectivo del SPB se presentó en las últimas horas ante Asuntos
Internos de esa fuerza y dijo que un superior se los había entregado en una de esas garitas para el
descarte, pero que ella «se los guardó» y decidió aportarlos a la investigación.
La fiscal de la causa, Roxana Giménez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada
9 de Florencio Varela, del Departamento Judicial Quilmes, ya secuestró también más de 200
cartuchos de proyectiles de posta de goma y de estruendo disparados por los guardias durante el
hecho.

A su vez, cuatro penitenciarios que ya aportaron su testimonio ante Asuntos Internos del
Ministerio de Justicia bonaerense, a cargo de Julio Alak, declararon en las últimas horas ante la
fiscal y dieron detalles precisos «para encontrar al autor de los disparos», dijo uno de los voceros
consultados.

Mientras que fuentes judiciales explicaron que desde que se produjo el hecho ya declararon no
sólo una gran cantidad de guardias sino también de presos del Pabellón 5, quienes estaban justo
enfrente de donde fue baleado Rey en el techo del Pabellón 6.

Por otra parte, fuentes judiciales y penitenciarias aseguraron que el video que está circulando en
distintos medios y que se viralizó en las redes sociales no registra el momento en el que balean a
Rey y que se trata de una información falsa.

«En base a los datos recabados hasta el momento, al momento del crimen Rey vestía una remera
color roja, por lo tanto no es la persona que se ve en los videos viralizados», dijo una fuente
judicial, mientras que otro vocero explicó que «esa filmación fue efectuada en los techos de otro
pabellón».

«Un escopetazo desde esa corta distancia y con munición de plomo, por la cantidad de disparos
que agrupa, hubiera generado otro tipo de heridas», agregó la fuente consultada.

Otro vocero de la investigación afirmó que «la autopsia determinó que la distancia de los disparos
sería alejada», con lo que también aclara que el video aportado por el abogado de la familia de la
víctima, Juan Manuel Casolati, ya fue descartado por la fiscal de la causa, Roxana Giménez.
«Creemos que con ese video se quiere manipular a la opinión pública y continuar incitando a la
violencia en las cárceles», dijo un investigador.

Los incidentes se originaron la mañana del miércoles último en los pabellones 2, 6 y 7, del sector
de máxima seguridad de la mencionada unidad penitenciaria, a raíz de un reclamo de los presos
para que se agilicen sus reclamos de prisiones domiciliarias para los detenidos que conformen la
población de riesgo ante el contagio del coronavirus.

Justamente, días antes de los incidentes, un preso de ese penal, el homicida Julián Arakaki, había
sido derivado a un hospital tras comprobarse que estaba contagiado de coronavirus.
«Ese fue el detonante», dijo un investigador que, además, aclaró que «está comprobado» que a
partir ese momento lo presos comenzaron a recibir audios falsos de médicos que les decían «se
van a morir todos».

Tras horas de negociación, los guardiacárceles ingresaron para restablecer el orden, lo que derivó
en un enfrentamiento con los presos del que resultaron con lesiones leves 40 detenidos y 15
agentes del SPB, según se informó oficialmente.

Respecto a los incidentes, los investigadores aseguraron que el momento de mayor tensión
ocurrió cuando los presos mantenían sobre los techos del penal a algunos detenidos por causas de
violación y amenazaban con tirarlos al vacío.

«Era un momento de extremo dramatismo», agregó la fuente consultada, que además no ahorró
críticas a «errores» que cometieron las autoridades del penal en el operativo para disuadir a los
presos, motivo por el cual fueron desplazados por decisión del jefe del Servicio Penitenciario
Bonaerense, Xavier Areses.

La situación volvió a la normalidad luego de la conformación de una mesa de mediación entre las
autoridades judiciales, penitenciarias y de la Comisión Provincial por la Memoria con referentes de
los distintos pabellones.

Si bien en un primer momento desde el SPB se informó que Rey había muerto a puñaladas durante
una pelea entre internos, la autopsia estableció luego que murió por disparos de arma de fuego
correspondientes a una escopeta o similar que le provocaron lesión encefálica y una hemorragia
interna en la zona de tórax y abdomen.

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El hecho ocurrió esta mañana en la Unidad 23 cuando por razones que se investigan internos con armas caseras (facas) se pelearon en el sector de máxima seguridad. Además de la persona fallecida hay internos con heridas leves y también personal penitenciario que ha sufrido diversas lesiones. En esa unidad se detectó el primer preso contagiado de coronavirus.

Se ha podido restablecer el control de la situación dándose intervención a la titular de la UFI N° 9, Roxana Giménez, y el ayudante fiscal Cristian Granados, quienes ya se encuentran en el penal.

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La protesta estaba encabezada por reclusos que se encuentran a poco de finalizar el cumplimiento de sus condenas, agregaron los voceros, quienes aseguraron que hasta el momento no se registraron lesionados entre el personal penitenciario ni los privados de libertad.

Los informantes añadieron que muchos de los internos que transitan el último tramo de la pena hasta el inicio de la cuarentena obligatoria gozaban del beneficio de las salidas transitorias, pero luego el Poder Judicial decidió suspenderlas para prevenir la propagación del Covid-19, lo que generó el enojo de los reclusos.

«Las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense se encuentran en el lugar con la intención de dialogar con los internos para que depongan su actitud y canalizar sus pedidos de una manera pacífica», concluyeron las fuentes.

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Y su nombre volvió a tomar notoriedad este domingo cuando Infosur adelantó que se transformó en el primer preso con coronavirus en el país, una noticia que tuvo impacto internacional.

Por eso sus abogados se apresuraron a presentar un hábeas corpus, intentando modificar la situación del filicida. Este lunes la Justicia comunicó, sin embargo, que no haría lugar al pedido.

La jueza de Ejecución Penal 2 de San Isidro, Victoria Elías García Marañon, desestimó el planteo de la defensa por considerarlo “abstracto”. Antes de conocerse la decisión había alguna expectativa, puesto que el criterio en muchos casos es favorecer el paso a domiciliaria. Parece ser que el crimen de Arakaki resultó demasiado grave para que esa idea cuajara.

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