FLORENCIO VARELA – El silencio fue la única respuesta. Uno tras otro, los cuatro penitenciarios acusados de asesinar a golpes a Cristian Moyano dentro de la Unidad N° 24 pasaron por la sede de la fiscalía este fin de semana. Y uno tras otro, se acogieron a su derecho constitucional de no declarar. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni siquiera un gesto que pudiera interpretarse como arrepentimiento o defensa. Solo el mutismo calculado de quien sabe que cada palabra puede convertirse en condena.

Del otro lado del escritorio, el fiscal Cristian Granados de la UFI N° 9 —especializada en delitos carcelarios— tomó nota del silencio. No le sorprendió. En estos casos, la estrategia defensiva suele comenzar por la boca cerrada. Pero el expediente habla por sí solo: testimonios de internos, informes médicos, registros de movimientos dentro del penal. Y sobre todo, un cuerpo destrozado con fracturas y lesiones en «todo el cuerpo», según consignó el informe de autopsia.

El giro en la investigación por la muerte del preso

La investigación del homicidio de Cristian Moyano, que murió tras ser golpeado salvajemente en la cárcel de Florencio Varela, dio un vuelco dramático esta semana. Lo que comenzó como una causa contra cinco agentes penitenciarios ahora apunta directamente a otros cuatro efectivos, señalados como los autores materiales de la paliza mortal.

El juez de Garantías Julián Busteros, a cargo del control de legalidad del caso, tomó dos decisiones que cambiaron el mapa de la causa. Por un lado, ordenó el cese de la detención de los cinco penitenciarios arrestados inicialmente. Por el otro, modificó su calificación legal: ya no son acusados como autores del crimen, sino como «partícipes» del hecho. Traducción: no fueron ellos quienes golpearon a Moyano hasta matarlo, pero sí tuvieron algún nivel de intervención o complicidad en lo que ocurrió esa noche.

Los cinco quedan vinculados a la causa, pero recuperaron la libertad. Sus defensores ya adelantaron que solicitarán sobreseimientos, alegando que sus defendidos no tuvieron participación directa en el homicidio.

Mientras tanto, los cuatro nuevos detenidos —arrestados la semana pasada en procedimientos a cargo de la Sub DDI de Florencio Varela— enfrentan una imputación demoledora: «homicidio doblemente agravado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por ser integrantes del servicio penitenciario». Si son declarados culpables, la condena podría superar los 25 años de prisión.

La noche del horror

Lo que ocurrió en la Unidad N° 24 la noche del crimen ya quedó parcialmente reconstruido gracias a una veintena de testimonios que los investigadores recabaron en las horas inmediatas posteriores a la muerte de Moyano. El relato que emerge de esas declaraciones es escalofriante.

Moyano, un joven cadete de la PFA que cumplía condena en el penal varelense, fue retirado del pabellón donde estaba alojado por personal penitenciario. Según los testigos, lo sacaron en horas de la noche. Nadie supo exactamente hacia dónde lo llevaban. Nadie hizo preguntas. En las cárceles, el silencio es una forma de supervivencia.

Horas después, Moyano llegó a Sanidad del penal. Los testimonios coinciden en la descripción: llegó «casi muerto, inconsciente». Con escasos signos vitales, el cuerpo visiblemente golpeado, fracturas evidentes. Los enfermeros del penal intentaron reanimarlo sin éxito. La decisión fue inmediata: derivación de urgencia al hospital Mi Pueblo, el nosocomio de Florencio Varela.

Los médicos de guardia confirmaron lo inevitable: Cristian Moyano había muerto. El informe forense fue contundente: fracturas múltiples, lesiones en todo el cuerpo, signos evidentes de traumatismo severo. No había dudas: había sido golpeado brutalmente.

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Florencio Varela volvió a ser epicentro de un hecho grave dentro del sistema penitenciario bonaerense. Un preso de la Unidad 24 del Complejo Penitenciario de Varela murió tras recibir una brutal golpiza, y la Justicia ordenó la detención de cinco agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sospechados de haber participado en la agresión.

La víctima fue identificada como Cristian Moyano, quien cumplía condena en ese penal. Según confirmaron fuentes judiciales a Infosur Diario, la Fiscalía N°9 de Florencio Varela, a cargo de la investigación, dispuso el allanamiento inmediato de las instalaciones y la aprehensión de los efectivos involucrados.

Entre los detenidos hay dos integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y tres agentes de vigilancia y tratamiento, todos bajo sospecha por el presunto homicidio agravado y torturas seguidas de muerte.

El hecho desató una violenta reacción dentro de la cárcel. En las primeras horas de la mañana del domingo, los reclusos tomaron el control de dos pabellones y retuvieron como rehén a un guardia penitenciario, en señal de protesta por la muerte de Moyano.

Tras varias horas de tensión, la situación fue finalmente controlada por las autoridades, que desplegaron un amplio operativo con la presencia de grupos especiales del SPB y funcionarios judiciales que intervinieron para evitar más incidentes.

Desde la Fiscalía indicaron que se secuestraron cámaras de seguridad, registros internos y comunicaciones de guardia, mientras se aguardan las pericias médicas que determinarán las causas exactas de la muerte.

El caso reaviva las denuncias sobre abusos y malos tratos dentro del sistema penitenciario bonaerense, un problema recurrente en la Unidad 24 de Florencio Varela, donde en los últimos años se registraron episodios de violencia institucional.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía N°9, y no se descarta que en las próximas horas haya nuevas medidas judiciales y más detenciones.

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Hace poco menos que una década causaba verdadera conmoción los secuestros virtuales, presos que llamaban desde las cárceles y reclamaban el pago de una suma de dinero para dejar libre a un familiar secuestrado. En realidad era una especie de cuento del tío en el que caían adultos mayores y que provocó muertes por paro cardíaco. Hasta el entonces sheriff de Quilmes quiso se estafado. Esto obligó a que las llamadas salientes desde las unidades penitenciarias sean identificadas.

Pero la pandemia y los celulares todo lo cambió. El uso del teléfono móvil ante la prohibición de visitas de familiares por el coronavirus, generó esta modalidad que fue descubierta por tres denuncias en la zona norte del conurbano, aunque se presume que pueden ser más.

La trama del engaño y la estafa

Toda la investigación, a cargo del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, conducida por la fiscal Carolina Asprella, y de personal de la Estación Departamental de Policía Vicente López, comenzó en julio pasado tras una serie de denuncias con un “patrón en común”. Y que apuntaban a una guarida en la cárcel de Florencio Varela.

Según confiaron fuentes cercanas al expediente, las víctimas comenzaron a ser extorsionados después chatear por WhatsApp con supuestas mujeres con las que habían tomado contacto en una web hot. Pero los perfiles eran falsos. En realidad, la persona que estaba detrás de los chats era un interno de la Unidad Penitencia 32 del SPB, de Florencio Varela, donde cumple una condena por robo.

Escucha telefónica: así un preso le indica a su hermana cómo extorsionar a una víctima (audio judicial)

El plan criminal comenzaba con la llamada de un supuesto policía que les decía a sus interlocutores que sabía que había chateado con una joven que habían conocido en un sitio de citas y les comunicaba que la chica era menor de edad, víctima de trata de personas, y que para evitar quedar involucrados en una investigación judicial debían “arreglar”, es decir, pagar una suma de dinero.

Las exigencias de dinero no terminaban con el primer pago. Las extorsiones continuaban. En comunicaciones posteriores, las víctimas recibían llamadas de una falsa secretaria de una fiscalía federal de los Tribunales de Comodoro Py. La impostora les decía a los incrédulos hombres que las transferencias que había hecho nunca habían llegado “a manos” del fiscal de la causa.

Escuchá el audio: así el preso extorsiona a su víctima desde la cárcel de Varela.

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Los dos delincuentes que fueron asesinados el domingo último durante un intento de robo en una casa de las afueras de La Plata tenían antecedentes penales, y uno de ellos conocido como «El Pastor» estaba en calidad de prófugo de la Justicia porque no había regresado a la cárcel tras una salida transitoria, y se había hecho conocido públicamente debido a que se sacó una «selfie» con la novia de otro preso y sus compañeros de pabellón habían jurado venganza.

Fuentes policiales y penitenciarias aseguraron a Télam que se trata de Claudio Guerrero (38), alias «El Pastor«, quien había gozado de una salida transitoria de la cárcel de Florencio Varela a la que debía regresar el pasado 2 de abril, pero nunca más se supo de él hasta hoy, que fue reconocido por un familiar en la morgue.

«El Pastor» que estaba lejos de Dios

Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que  «El Pastor» Guerrero era un preso conocido en el ámbito penitenciario ya que había purgado dos estadías por delitos de robos calificados, y pasó por al menos 6 penales bonaerenses.

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