En un comunicado, se precisó que «ante los hechos denunciados, se cuestionan las acciones en contra del Juez Gabriel Vitale y de la Jueza Zulema Vila, quienes sufrieron hechos de hostigamiento, persecución y aprietes por parte de los los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, que constituyeron una clara afectación de la independencia de la Magistratura».

“Ante la recurrencia de este tipo de acciones y las crecientes denuncias de espionaje ilegal, la CSJN abordó la cuestión en la Acordada 17/2019. Allí estimó que un uso indebido de los instrumentos de investigación criminal, implica la violación de garantías constitucionales y de pactos y de convenciones internacionales de Derechos Humanos”, indicaron los organismos.⁣

Según precisaron en el comunicado, «ese tipo de mecanismos antidemocráticos están vinculados a un modus operandi​ llevado a cabo durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, que tendía a obtener información de actores políticos determinados por medios ilegales, para así poder presionarlos, influir en sus decisiones o incluso hostigarlos mediante presentaciones judiciales».

Detallaron que en la denuncia realizada consta que «la historia reciente de la justicia en Argentina tiene fragmentos de opacidad y algunos casos de vigilancia ilegal muy publicitados. Es por ello, que muchas personas en Argentina sospechan que están personalmente bajo vigilancia y que los agentes de inteligencia actúan sin supervisión ni vigilancia”⁣. ⁣

La denuncia lleva las firmas de Luis Emanuel Amadeo, nuevo Presidente de AJUS LPBE; Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, en su carácter de presidente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); y Pablo Abramovich, secretario general de la⁣ Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Los denunciantes sostuvieron que «es claro y evidente el procedimiento llevado a cabo por los fiscales denunciados para presionar a diferentes funcionarios judiciales, en miras a obtener resoluciones a su favor en el marco de causas determinadas o bien orientar su actuación general en la función jurisdiccional orquestando así una Justicia a la carta».

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