Una rosa roja ocupa el centro de la escena. Detrás, una secuencia de carteles escritos a mano va poniendo palabras a un dolor que no encuentra alivio. A un año exacto de la desaparición de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, brutalmente asesinados, Alicia Pita, la mamá de Paloma, difundió un mensaje en video que volvió a sacudir conciencias.

“365 días sin Justicia. No a la impunidad”, se lee en uno de los primeros carteles. La frase resume un año entero de espera, duelo y reclamo. No hay voz en off: hablan los papeles, la imagen y el silencio. Cada mensaje aparece y desaparece, como una herida que se abre una y otra vez.

El video continúa con un pedido que atraviesa a ambas familias:
“Por la Verdad, la Justicia y la Memoria para Paloma y Josué”.
El recuerdo de los jóvenes no se apaga, pero el paso del tiempo tampoco trajo las respuestas que se esperan.

Un reclamo que no cesa

En otro de los carteles, Alicia apunta directamente al trato recibido tras el crimen:
“Exigimos respeto por la Memoria y nombre de nuestra hija”.
Y luego, con crudeza, suma una denuncia que expone el desgaste emocional que atraviesa la familia:
“Basta de revictimizar y hostigar a la familia”.

Cada frase es un golpe seco. No hay eufemismos ni rodeos. El mensaje no busca conmiseración, sino respeto, memoria y justicia.

Amor, fe y justicia terrenal

El tramo final del video combina amor y fe. “Siempre vivirás en nuestros corazones, te amaremos por siempre”, expresa uno de los carteles, antes de un pedido que sintetiza el anhelo más profundo de la familia:
“Pido a Dios que se haga Justicia, no solo en el cielo sino también en la tierra”.

El último mensaje es directo, firmado y sin intermediarios:
“Justicia para nuestra hija Paloma. Familia Gallardo”.

El video cierra con la imagen de Paloma. Su rostro vuelve a ocupar el centro, recordando que detrás de cada causa hay una vida truncada, una historia interrumpida y una familia que no baja los brazos.

A un año de aquel día en que Paloma y Josué desaparecieron, el mensaje de su mamá vuelve a marcar una certeza dolorosa: el tiempo pasa, pero la búsqueda de justicia no se detiene.

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Se trata de Matías Marcello, abogado de Omar Gallardo, padre de Paloma, quien a través de un extenso descargo público expuso una serie de cuestionamientos al desarrollo de la investigación, denunció demoras injustificadas, irregularidades procesales y una persecución sistemática contra la familia.

Según detalló el letrado, la causa tuvo serios problemas en su etapa inicial, con cuestionamientos al accionar del primer fiscal interviniente, Bustos Rivas, quien luego se excusó de continuar en el expediente.

En ese contexto, señaló la causa contra el abogado Carlos Diegues, asesor de la familia Salvatierra, que se encuentra elevada a juicio, pero sin fiscal sorteado, lo que —según explicó— genera nuevas dilaciones en un expediente ya marcado por la falta de avances durante meses.

El abogado remarcó además que desde su intervención, en junio de 2025, la investigación comenzó a tomar un impulso procesal que antes “era inexistente o casi nulo”, aunque advirtió que aún persisten pruebas clave pendientes de producción, incluso vinculadas al mismo 30 de enero de 2025, día de la desaparición de los adolescentes.

“Resulta increíble que, a casi un año, todavía estemos solicitando medidas de prueba básicas”, expresó, al tiempo que señaló que existen numerosos pedidos sin respuesta por parte del sistema judicial.

Otro de los ejes más sensibles del descargo fue la denuncia de hostigamiento contra la familia Gallardo, que —según sostuvo— sufrió durante todo este tiempo una verdadera “cacería de brujas” a través de redes sociales, plataformas de YouTube y algunos espacios mediáticos, con injurias, calumnias e incitaciones al odio, muchas de ellas realizadas desde cuentas anónimas.

En esa línea, Marcello también repudió la difusión de imágenes de la causa con fines sensacionalistas, una situación que aseguró fue denunciada judicialmente, y advirtió sobre la existencia de más de una decena de causas conexas abiertas a raíz del doble crimen, algunas de ellas por delitos de instancia privada que aún no prescribieron.

El abogado describió además un escenario de profunda división entre los particulares damnificados, con dos familias atravesando el duelo de maneras muy distintas, y denunció que una de ellas —la familia Gallardo— enfrenta no solo la pérdida de Paloma, sino también una persecución sostenida “sin sustento fáctico ni jurídico”.

“De Paloma se dijeron cosas muy graves y dolorosas. Se construyó una falsa memoria colectiva para demonizar a su familia”, sostuvo Marcello, quien remarcó que su trabajo apunta a que “se investigue todo y a todos”, sin excepciones.

Finalmente, el letrado aseguró que, pese al dolor y a las dificultades, mantiene la convicción de que la Justicia llegará, y afirmó que continúa trabajando “sin descanso”, agotando todas las herramientas legales disponibles para que el caso tenga un esclarecimiento completo.

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Aquella tarde, Paloma, de 16 años, y Josué, de 14, salieron de sus casas con un plan cotidiano: ir al gimnasio. Nunca llegaron. Con el correr de las horas, la preocupación de sus familias creció hasta transformarse en una búsqueda desesperada que movilizó a vecinos, fuerzas de seguridad y a todo el barrio.

Cuarenta y ocho horas más tarde, la peor noticia sacudió a Bosques y a todo Florencio Varela. Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados en un descampado, poniendo fin a la incertidumbre y dando inicio a una investigación judicial que aún hoy continúa.

El informe forense fue contundente. Paloma falleció a causa de una lesión cerebral provocada por una fractura de cráneo y un traumatismo encefalocraneal grave, mientras que Josué murió como consecuencia de una hemorragia cerebral, también con fractura de cráneo y un severo traumatismo encefalocraneal.

La causa quedó caratulada como homicidio criminis causa, es decir, matar para cubrir otro delito, una figura penal de extrema gravedad que refleja la brutalidad del hecho. Desde entonces, el expediente avanza en el ámbito judicial, mientras las familias aguardan respuestas concretas y condenas firmes para los responsables.

A un año del doble crimen, el tiempo no logró cerrar la herida. El recuerdo de Paloma y Josué sigue presente en su barrio, en las marchas silenciosas, en los murales y en cada pedido de justicia que se renueva con el paso de los días.

Para los padres de los chicos, el mayor anhelo sigue siendo el mismo desde aquel enero que cambió todo: que los responsables sean juzgados y condenados, y que la memoria de Paloma y Josué no quede sepultada por el olvido ni la impunidad. Pero por ahora no hay ni siquiera detenidos en la causa.

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El escrito, ingresado al Tribunal Oral en lo Criminal N°1, reconoció lo que ya era vox populi en los pasillos judiciales: la amistad personal con el denunciante Hernán Bustos Rivas, ex fiscal de la UFI Nº5, y con su esposa, la fiscal Paula Teixeira. “Los motivos invocados podrían afectar mi objetividad para intervenir en el juicio”, admitió Maistruk.

La relación entre ambos, forjada durante años de trabajo en Varela y visible en aquella foto compartida en reuniones sociales, terminó impactando directamente en la causa. El fiscal se apartó “para no malograr el valor justicia” y pidió que otro representante del Ministerio Público tome el caso.

La excusación revive el debate sobre las tramas de vínculos personales dentro del Departamento Judicial de Quilmes y el alcance de la foto que sacudió a la opinión pública local. Ahora, la continuidad del juicio queda en manos de otro fiscal, mientras el trasfondo político y judicial de la causa Paloma y Josué promete seguir generando repercusiones.

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“No se halló un perfil genético diferente al de las víctimas”, confirmó el abogado de la madre de Paloma, Aníbal Osorio, quien reconoció que esto “complica la investigación”.

La pericia se realizó sobre la ropa y otros elementos encontrados junto a los cuerpos. Para los investigadores, la ausencia de ADN refuerza la hipótesis de que los adolescentes fueron atacados por personas con experiencia para no dejar rastros.

Un escenario propicio para el crimen

La noche del ataque, Paloma y Josué desaparecieron cuando, según las primeras versiones, se dirigían a un gimnasio. Sus cuerpos fueron hallados 48 horas después cerca de las vías del tren Roca, en un terreno sin luz, abandonado y rodeado de malezas.
El informe forense determinó que ambos murieron por traumatismos encefalocraneales graves provocados por fuertes golpes en la cabeza.

Una mente detrás del crimen

Julieta Salvatierra, hermana de Josué, expresó en redes sociales la bronca y desazón de la familia al conocer el resultado:

“Los asesinos sabían perfectamente lo que hacían, cómo lo hacían y cómo no dejar rastro. No fueron dos perejiles que pasaban por ahí… Esto estuvo planeado”.

La joven apuntó con dureza contra el primer fiscal de la causa, a quien acusó de “proceder de forma asquerosa desde el minuto uno” y enumeró las fallas que, según la familia, marcaron el inicio de la investigación:

• No recolectar todas las muestras posibles en la escena.
• No preservar el lugar donde fueron “plantados” los cuerpos.
• No solicitar las grabaciones de cámaras privadas y domiciliarias.
• No retener a testigos clave.

“Es devastador, pero no vamos a dar un paso atrás. Los chicos merecen justicia y no vamos a parar hasta que la tengan”, cerró Julieta.

La causa, sin detenidos

A seis meses del doble crimen, la investigación continúa sin arrestos.
Dos hombres, de 25 y 30 años, siguen bajo sospecha por su presunta participación en los hechos, y aún se esperan resultados de pericias informáticas sobre material secuestrado en un galpón cercano al descampado, que antes funcionó como sede de una congregación religiosa.

Mientras tanto, el dolor de las familias y el reclamo de justicia mantienen vivo en Florencio Varela un caso que, lejos de resolverse, parece hundirse en un laberinto judicial.

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Julieta Salvatierra, hermana mayor de Josué, habló con la agencia Noticias Argentinas y fue contundente: desde el inicio, la familia descartó que se tratara de un robo. “Los asesinos los dejaron sin vida con un odio y una saña terrible”, afirmó. Para ella, la teoría del robo es solo una versión para encubrir la verdad.

“Un grupo mínimo dice que fue robo porque no aparecieron los celulares ni el morral de Josué, pero eso no significa nada. Pueden haber arrojado esas cosas a un arroyo o tenerlas ellos para ocultar rastros”, explicó Julieta, que sospecha que los asesinos apagaron los teléfonos para borrar sus huellas genéticas.

El relato familiar sostiene que el doble crimen fue planificado con precisión. Julieta sostiene que no fue obra de uno ni dos atacantes, sino que hubo una mente criminal que organizó todo. “Josué no era fácil de retener, mide 1,70 metros y hacía actividad física diaria. Los golpes que recibieron en la cabeza fueron para matarlos sí o sí, con una saña terrible”, denunció.

Con una mezcla de dolor y bronca, la joven sostuvo:

“No me entra en la cabeza qué razones pudieron tener para matar a dos seres de luz tan buenos, que vivían para su familia, el estudio y para amarse. No los perdono acá ni en ninguna otra tierra”.

La investigación, a cargo de la Policía y la DDI local, avanzó con el allanamiento de un galpón cercano al lugar donde se encontraron los cuerpos, un predio que antes funcionó como sede de una congregación religiosa conocida como “Familias sanas”. Allí se buscó ADN y manchas hemáticas, pero el resultado fue negativo.

Julieta cuestionó duramente el accionar policial y judicial: pidió la intervención de un equipo de antropólogos forenses que no fue aceptada, y denunció que el allanamiento fue “muy rápido, menos de dos horas, cuando el lugar es enorme y con muchos camiones”.

El representante legal de la familia, Carlos Dieguez, sostiene que ese galpón es clave para resolver el caso, pues se sospecha que allí ocurrieron los crímenes antes de trasladar los cuerpos al descampado.

Además, la familia pedirá que dos testigos claves sean citados a declarar, entre ellos una persona vinculada al predio allanado que desapareció tras el operativo y un comisario que habría contactado a la mamá de Josué para advertirle que recibían amenazas.

El caso tiene en la causa la carátula de homicidio criminis causa, que indica que mataron a los jóvenes para encubrir otro delito.

La autopsia reveló que Paloma falleció por una fractura y traumatismo encefalocraneal grave, mientras que Josué murió por hemorragia cerebral y fractura de cráneo.

La familia, devastada pero firme, solo pide una cosa: justicia. Que los responsables paguen por el horror que les quitaron a Josué y Paloma, y que la memoria de ambos siga viva en Florencio Varela.

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