Una denuncia presentada ante la Justicia puso bajo la lupa el funcionamiento interno del Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela.

El escrito, que habría sido presentado ante una fiscalía de Quilmes bajo la modalidad de hábeas corpus colectivo, involucra a 16 internos y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y solicita la intervención de fuerzas federales.

Las acusaciones incluyen presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones, torturas y tratos degradantes en la unidad 31 de Florencio Varela.

La denuncia sostiene además que dentro del pabellón se habría instalado una estructura de “cogobierno carcelario”, mediante la cual determinados internos tendrían atribuciones que excederían las propias de una persona privada de su libertad.

El caso adquirió estado público este lunes 24 de agosto, luego de que Noticias Argentinas difundiera los principales puntos de la presentación.

Para InfoSur, sin embargo, la publicación de agencia constituye un punto de partida y no una conclusión: las acusaciones deberán ser investigadas y corroboradas mediante documentación y fuentes independientes.

El supuesto control del pabellón

Uno de los aspectos centrales de la denuncia apunta al presunto control de distintas actividades internas por parte de un grupo de internos.

Según el escrito, al que accedió Infosur, existiría un sistema informal de organización que incluiría el manejo de horarios, circulación y acceso a distintos sectores.

La presentación habla incluso de una supuesta “privatización de la seguridad y el control de candados”.

Entre los hechos denunciados aparece el supuesto acceso de internos a llaves y mecanismos de cierre de las celdas del pabellón.

La acusación sostiene que esta situación habría permitido que personas privadas de su libertad asumieran funciones que corresponderían exclusivamente al personal penitenciario.

Se trata de uno de los puntos que deberán ser contrastados con partes oficiales, registros penitenciarios y eventuales actuaciones judiciales.

Cobros y una economía paralela

La denuncia también describe un sistema de aportes económicos y cobros dentro del pabellón.

Uno de los montos mencionados es una cuota de $15.000 por interno, que presuntamente sería destinada a una estructura denominada “La Comitiva”.

A esto se sumarían otros mecanismos de recaudación vinculados con mercadería, alimentos y productos que ingresarían mediante las visitas.

El escrito sostiene que existirían registros internos de esos movimientos y menciona específicamente una anotación que estaría en una de las celdas.

La existencia de esos registros, su eventual secuestro y su contenido son algunos de los puntos que deberán determinarse mediante documentación judicial o penitenciaria.

El conflicto por las antenas Starlink

Uno de los episodios más llamativos de la presentación está relacionado con el acceso a Internet.

Según la denuncia, dentro del pabellón existirían tres antenas Starlink y el servicio sería administrado por distintos grupos de internos.

El escrito habla de cobros mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno para acceder a Internet.

La disputa por una tercera antena habría derivado, siempre según la denuncia, en una agresión contra uno de los internos involucrados y posteriormente en su traslado al Pabellón 3.

El caso abre una línea de investigación concreta: determinar quién instaló esas antenas, quién las administra, cómo se financia el servicio y si existieron autorizaciones para su funcionamiento dentro del establecimiento penitenciario.

La acusación más delicada: computadoras y documentación oficial

Pero hay otro aspecto de la denuncia que podría tener una gravedad institucional aún mayor.

El escrito afirma que un interno habría ingresado a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, encendido computadoras oficiales y accedido a información y bases de datos.

Según la presentación, desde allí habría podido confeccionarse documentación vinculada con presuntos avales de traslado, incluso mediante el uso de sellos.

La denuncia sostiene que esos documentos habrían sido enviados posteriormente a juzgados vinculados con los internos afectados.

Si esta acusación fuera comprobada, la investigación ya no se limitaría a un supuesto sistema de control informal dentro de un pabellón: implicaría determinar si se utilizaron equipos, documentación y recursos oficiales del Estado para generar actuaciones destinadas a producir consecuencias administrativas o judiciales.

Por eso, esta será una de las líneas prioritarias de la investigación de InfoSur.

Qué pasó con los internos trasladados

La hipótesis de los supuestos avales abre además una puerta documental.

Una de las preguntas centrales será determinar si durante 2025 y 2026 hubo internos del Pabellón 1 que fueron trasladados luego de conflictos de convivencia y, en esos casos, qué documentación originó cada traslado.

La reconstrucción debería permitir conocer quién solicitó cada movimiento, qué autoridad lo avaló, qué motivos fueron invocados y qué intervención tuvieron los juzgados de ejecución correspondientes.

Esos expedientes podrían ofrecer una fuente independiente para contrastar una de las acusaciones más graves de la presentación.

La denuncia no equivale a una condena

El contenido de la presentación judicial debe ser considerado, por el momento, como una serie de acusaciones que deberán ser investigadas.

Que una persona haya sido mencionada en una denuncia no implica responsabilidad penal ni permite afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como fueron relatados.

Por eso, el objetivo de esta investigación de InfoSur será avanzar más allá de la reproducción de la denuncia y buscar documentación que permita confirmar, descartar o precisar cada uno de los hechos denunciados.

La publicación de Noticias Argentinas marca ahora el momento en que el caso dejó de circular únicamente dentro del expediente y pasó a tener repercusión pública.

El próximo paso será reconstruir qué ocurrió efectivamente dentro de la Unidad 31 y qué huellas documentales dejaron esos episodios.

Una investigación que recién comienza

La denuncia abre varias líneas simultáneas: el supuesto control de sectores del pabellón, los cobros a internos y familiares, el negocio del acceso a Internet, el ingreso de mercadería, los traslados y la presunta utilización de computadoras y documentación oficial.

Para InfoSur, cada una de esas hipótesis requiere una verificación independiente.

Porque la pregunta ya no es solamente qué dice la denuncia.

La pregunta periodística que comienza ahora es otra:

¿Qué parte de lo denunciado puede ser comprobada con documentos, expedientes, registros y testimonios independientes?

Esa será la segunda etapa de esta investigación.

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