La escena se repite en cada esquina de Florencio Varela, Quilmes y San Francisco Solano: filas largas, miradas al fondo de la calle y un colectivo que no llega. La línea 148, que durante años fue una columna vertebral del transporte en el sur del conurbano, hoy es apenas un recuerdo para miles de usuarios.

Pero detrás del caos cotidiano hay un dato que empieza a circular en voz baja y que enciende la polémica: sin la 148 en funcionamiento, el Estado podría estar ahorrando cerca de 1.600 millones de pesos en subsidios.

La cifra no es oficial, pero surge de estimaciones del sistema de transporte que calculan cuánto representaba sostener el servicio de esa línea clave. En medio del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, la paralización del servicio aparece, para algunos, como una consecuencia directa de la política de recorte.

Mientras tanto, en el territorio, el impacto es inmediato. “Antes iba directo al trabajo, ahora tengo que tomar dos colectivos y gasto el doble”, cuenta Marta, vecina de Varela, mientras espera en una parada sobre la avenida Calchaquí. Como ella, miles reorganizan sus rutinas a contrarreloj.

Línea 148: por qué no vuelve

El vacío que dejó la 148 no fue cubierto del todo. Otras líneas intentan absorber la demanda, pero el servicio es irregular y las demoras se multiplican. En horarios pico, viajar se volvió una odisea.

La crisis también golpea a los trabajadores. Tras la caída de la empresa que operaba la línea, cientos de choferes quedaron en una situación de incertidumbre, sin definiciones claras sobre su futuro laboral.

En este escenario, la discusión va más allá del transporte. Se trata de quién paga el costo del ajuste. Porque mientras el Estado reduce gastos, en los barrios el impacto se mide en tiempo perdido, más dinero en pasajes y una calidad de vida que se deteriora día a día.

La línea 148, por ahora, no tiene fecha de regreso. Y en cada parada vacía, la pregunta queda flotando: ¿es solo una crisis del sistema o parte de un cambio más profundo en el modelo de transporte?.

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La medida de fuerza, convocada por los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), responde a la falta de cumplimiento en el pago del aumento salarial y un bono no remunerativo previamente acordado con las empresas del sector. Este conflicto laboral impacta al menos a 36 líneas de colectivos, según reportan fuentes gremiales y empresariales, complicando la rutina de incontables pasajeros en la región.

Qué líneas de colectivos no circulan

Los delegados de MOQSA, una empresa que presta servicio en la zona sur del conurbano, fueron los primeros en anunciar la suspensión de actividades, afectando rutas críticas como las líneas 159, 219, 300, 372, 584, y 619. Estas líneas dejaron de operar desde la medianoche de este miércoles, en un claro indicio del descontento que reina entre los trabajadores del transporte por la demora en la acreditación de sus sueldos.

La lista de servicios interrumpidos se extendió rápidamente con la adhesión de otras compañías, como El Nuevo Halcón, que opera la línea 148, y Metropol, responsable de otras 27 líneas vitales para la movilidad dentro del AMBA. Entre estas se encuentran las líneas 65, 90, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195, 228, 237, 276, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 504, 507, 510, 670, y 741, sumando un nivel de afectación sin precedentes para los usuarios regulares de estos servicios.

En tanto, según se informó desde la terminal de colectivos de La Plata, la empresa TALP (línea 338) tampoco circula esta madrugada. Se trata del servicio que une la capital bonaerense con San Isidro y pasa por el Cruce Florencio Varela.

El origen de este conflicto se remonta al 20 de febrero, cuando las empresas debían abonar un bono de $140,000 a los trabajadores, compromiso que fue postergado y que detonó esta «retención de tareas» en demanda de los haberes adeudados. La UTA declaro que esta medida de fuerza busca proteger los derechos de los trabajadores que, habiendo prestado servicios durante todo el mes, aspiran a recibir sus salarios en tiempo y forma.

La situación generó un cruce de declaraciones entre los representantes sindicales y la Secretaría de Transporte, que calificó el paro como «una medida aislada» y adelantó la posibilidad de aplicar sanciones a las empresas incumplidoras. Mientras tanto, los usuarios del transporte público enfrentan una jornada de incertidumbre y dificultades para llegar a sus destinos, con la esperanza de que el conflicto se resuelva a la brevedad.

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