Ese campo tiene nombre desde 2018. Pero no es el único.

Hay otro en Ingeniero Allan, al que todos llaman «El Basural», donde una casilla de madera blanca escondía cocaína, marihuana y armas que viajaban desde una de las villas más duras de la Capital. Hay otro más en el cruce de Paysandú y Holmberg, donde un policía sintió el golpe de una bala en el pecho y la sintió otra vez, contenida, gracias a un chaleco antibalas. Y hay uno, el más reciente, en Pico de Oro, donde esta semana otra bala no encontró ningún chaleco que la detuviera y le quitó la vida al sargento Facundo Giménez.

Cuatro campos. Cuatro historias que Infosur fue narrando, separadas a veces por años, a veces por apenas unas cuadras. Y, sin embargo, contadas una al lado de la otra, dejan de ser cuatro historias sueltas para convertirse en una sola: la del mapa que Florencio Varela dibuja desde hace casi una década y que parece no borrarse nunca, sin importar cuántas veces la Policía entre a esos terrenos ni cuántas veces alguien vuelva a salir herido, o no vuelva a salir.

La primera vez que este diario puso nombre a ese mapa fue en diciembre de 2018. El escenario era el barrio Paraná, ese descampado que separa la barriada de San Francisco y que, poco tiempo antes, había sido escenario de un intento de toma de tierras. Ahí, vecinos hartos de ver lo que pasaba todas las tardes empezaron a llamar a la radio y a los teléfonos de la redacción para contar lo mismo que le contaban al 911 sin demasiado resultado: «Por la calle 1323 venden droga y ellos se tirotearon con la Policía». Esa madrugada, el subteniente Arnaldo Andrés López había recibido dos balazos en el pecho durante un enfrentamiento con una banda que el barrio conocía como «Los Peruanos». Un barrio entero, decían los mensajes que llegaban a la redacción, que no quería que la droga se quedara adentro para que el negocio de la muerte siguiera funcionando.

Un año después, en diciembre de 2019, el mapa se desplazó unas cuadras pero no cambió de lógica. El escenario esta vez fue La Carolina, en Ingeniero Allan, sobre el cruce de las calles 1139 y 1136, bordeando el asentamiento «El Basural». Bajo la pantalla de un comedor comunitario, una casilla de madera ocultaba lo que después contarían los investigadores de la Departamental Quilmes: dos personas que llegaban desde una villa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vendían dosis a los jóvenes del barrio, protegidas por «satélites» armados que aseguraban el negocio. El allanamiento, otra vez, terminó a los tiros. Entre lo secuestrado hubo cocaína, marihuana, dos armas de fuego y un chaleco antibalas, el mismo objeto que en otros operativos termina siendo la diferencia entre una herida y una muerte.

Esa diferencia volvió a jugarse en septiembre de 2023, en el cruce de Paysandú y Holmberg, a pocas cuadras de donde hoy está Pico de Oro. Un policía recibió un disparo en el pecho durante otro allanamiento narco. El chaleco hizo lo que tenía que hacer. Esta semana, en ese mismo entramado de descampados y calles de tierra que conecta la zona con sectores como La Haya y Ginebra, otro disparo encontró la cabeza del sargento Facundo Giménez, del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ta. No hubo chaleco que alcanzara.

Cuatro campos, cuatro años distintos, una sola geografía que insiste. Y estos son apenas los episodios que quedaron documentados en estas páginas: los que un vecino se animó a contar, los que un policía sobrevivió para relatar, los que terminaron en un expediente con nombre propio. El patrón completo, todos lo saben en Varela aunque pocos lo digan en voz alta, es mucho más extenso que lo que cualquier crónica pueda abarcar.

Los nombres de los barrios cambian. Las bandas cambian. Los policías que entran, también. Lo que no cambia es el campo: ese terreno que el Estado nunca termina de ocupar y que, mientras tanto, sigue funcionando como una infraestructura paralela donde se vende, se esconde y, cuando hace falta, se dispara.

📰 Esta nota forma parte de la edición impresa de Infosur de este viernes. Leé la edición completa, página por página, acá.

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También en esta edición, la historia de Daniel Vallejo, el pibe de Florencio Varela que creció haciendo malabares en los semáforos y terminó compitiendo en el Mundial de Esquila en Nueva Zelanda, mientras Argentina juega su propio Mundial en Estados Unidos. Y el análisis político que sacude al peronismo local: Andrés Watson no puede reelegir y Varela empieza a mirar el 2027 con nombres que todavía nadie confirma pero todos mencionan.

Leé la edición completa acá abajo, página por página:

En esta edición:
El campo que mata — Narco en el conurbano · El pibe de Varela que fue al otro Mundial · Watson no puede reelegir y Varela mira el 2027 · Un nuevo parque para el casco urbano · 15 años por abusar de su hijastra · Noche de tango en Presidente Sarmiento · Los dejaron baleados en el centro de salud

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El descampado sigue ahí.

Crecen los pastizales, cambian los nombres en los expedientes y se suceden los allanamientos. Pero hay algo que parece no moverse. En ese rincón de Florencio Varela donde la Policía persigue desde hace años a las mismas sombras, una bala golpeó un chaleco antibalas en 2023. Este lunes, otra encontró la cabeza del sargento Facundo Giménez.

La historia volvió a escribirse en la zona de La Haya y Ginebra, donde una comisión policial que realizaba tareas vinculadas a una investigación por narcotráfico fue recibida a tiros. Giménez, integrante del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 5ª, recibió un disparo en la cabeza y murió poco después en el Hospital Mi Pueblo.

➡️ LEÉ TAMBIÉN: Mataron a un policía en un allanamiento narco en Florencio Varela.

Sin embargo, para los investigadores y para muchos vecinos de la zona, los disparos de este lunes tienen ecos conocidos.

A pocas cuadras de allí, en septiembre de 2023, otro procedimiento policial terminó bajo fuego. Aquella vez el escenario fue el sector de Paysandú y Holmberg. Según la investigación publicada entonces por Infosur, los efectivos fueron atacados a balazos durante un allanamiento relacionado con actividades vinculadas al narcotráfico.

La diferencia entre ambos episodios cabe en unos pocos metros.

En 2023 la bala impactó contra el chaleco antibalas de un policía.

En 2026 la bala impactó en la cabeza de Facundo Jiménez.

➡️ ARCHIVO INFOSUR: Un ataque narco que podría revelar la acción de un traidor en la comisaría.

Aunque las causas judiciales son diferentes, ambos hechos comparten elementos que llaman la atención: operativos antidrogas, policías atacados a tiros y un mismo entramado de calles, descampados y terrenos abiertos que desde hace años aparecen en distintas investigaciones criminales.

Vista desde el aire, la zona forma una enorme franja de terrenos baldíos y sectores poco urbanizados que se extiende entre distintos barrios. Allí se mueven investigadores, patrulleros y sospechosos. Allí se realizaron procedimientos, detenciones y seguimientos. Allí también se registraron algunos de los episodios más violentos vinculados al narcotráfico en Florencio Varela.

Para quienes viven cerca, el paisaje parece inmóvil.

Para quienes investigan el delito, es un territorio que vuelve una y otra vez a los expedientes.

La muerte de Giménez volvió a poner el foco sobre ese sector del distrito. Un lugar que ya había sido noticia por ataques armados contra efectivos policiales y que ahora quedó marcado por una tragedia aún mayor.

Porque esta vez no hubo chaleco que alcanzara.

➡️ QUIÉN ERA FACUNDO JIMÉNEZ: conocé la historia del sargento fallecido durante el operativo.

La pregunta que queda flotando sobre los pastizales y los caminos de tierra es incómoda: cuántas veces más deberá entrar la Policía a ese descampado para que deje de ser noticia.

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Con la resolución ya firmada por las autoridades peruanas, ahora resta definir cuándo y cómo será el traslado del imputado al país, un trámite que deberá coordinarse entre ambos Estados en los próximos días.

Valverde Victoriano está acusado de haber participado en los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), ocurridos en Florencio Varela. La causa lo imputa por homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

Tras el triple crimen, el acusado logró escapar del conurbano bonaerense y permaneció prófugo durante más de diez días. Finalmente, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre del año pasado. Sin embargo, el imputado se negó a entregarse de manera voluntaria, lo que obligó a avanzar con el procedimiento formal que este fin de semana quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

Según detallaron medios peruanos, el documento establece que antes de concretar la entrega, la Autoridad Central deberá verificar que el detenido no tenga causas penales pendientes en Perú. En caso de existir procesos abiertos o sentencias firmes, la extradición podría quedar momentáneamente aplazada.

Superado ese paso, se definirá la logística del traslado a la Argentina, donde “Pequeño J” deberá enfrentar el proceso judicial por uno de los crímenes más graves registrados en Florencio Varela en los últimos años.

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Allanamientos, seguimientos encubiertos y un operativo cerrojo sobre la Ruta 53 marcaron una seguidilla de procedimientos antidroga que se desplegaron en distintos barrios del distrito durante los últimos días. Como resultado, cinco personas mayores de edad fueron aprehendidas, se secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo y vehículos con pedido de secuestro.

Las actuaciones estuvieron a cargo de distintas dependencias de la Policía bonaerense con intervención de la UFI temática de Estupefacientes de Florencio Varela, a cargo del fiscal Leonardo Valli, y los Juzgados de Garantías del departamento judicial.

Barrio Santa Rosa: un allanamiento tras semanas de seguimiento

El primer procedimiento se concretó el 22 de enero en una vivienda ubicada sobre la calle 643 A, entre 608 y Bruselas, en el barrio Santa Rosa. Allí, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera irrumpió tras más de un mes de tareas investigativas, iniciadas el 9 de diciembre de 2025.

Según fuentes policiales, los efectivos realizaron filmaciones encubiertas y seguimientos que permitieron documentar maniobras compatibles con la venta de estupefacientes y la identificación del presunto vendedor. Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°8 otorgó la orden de allanamiento.

En el lugar fue aprehendido un hombre de 63 años. Durante la requisa se secuestraron 109 envoltorios de cocaína, una piedra de la misma sustancia, con un peso total de 30,8 gramos, un revólver calibre .22 apto para el disparo, dos teléfonos celulares y 25.800 pesos en efectivo.

El imputado quedó detenido por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego, y fue citado a sede judicial.

Pasamanos en la calle y un segundo allanamiento

Ese mismo día, pero a partir de un hecho ocurrido el 21 de enero, personal policial detectó un pasamanos de droga en plena vía pública, en la intersección de General Manuel Hornos y Río Iguazú.

Tras la interceptación, fue aprehendida una mujer de 47 años, a quien se le incautaron 13 envoltorios de cocaína, 41 mil pesos y un teléfono celular. El comprador, llevaba cuatro envoltorios y fue notificado por tenencia para consumo personal.

Ruta 53: droga, dinero y un auto robado

El tercer operativo se desarrolló el 24 de enero, cuando personal policial detectó a través del anillo digital un Ford Fiesta con pedido de secuestro circulando por la zona de Hudson y Luján, en dirección a Inmigrantes.

Tras un operativo cerrojo, el vehículo fue interceptado en Ruta 53 e Inmigrantes. En su interior viajaban tres personas.

Durante la requisa se hallaron:

• 619 gramos de marihuana, distribuidos en dos “ladrillos”
• 234 gramos de cocaína, fraccionados en piedras
• 254.900 pesos en efectivo
• Cinco teléfonos celulares
• Una patente correspondiente a otro vehículo

Además, se confirmó que el auto tenía pedido de secuestro por hurto, solicitado por una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.

Los tres ocupantes quedaron aprehendidos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y el conductor también fue imputado por encubrimiento agravado por ánimo de lucro.

Investigaciones en curso

Desde la Jefatura Departamental de Florencio Varela, encabezada por el Comisario Fernando Barrientos, indicaron que las causas continúan en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la lucha contra el narcomenudeo en el distrito.

Los procedimientos se enmarcan en una serie de operativos coordinados que apuntan a desarticular puntos de venta y distribución de drogas en distintos barrios del partido.

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El cuerpo llevaba días tirado en el descampado de Paysandú y Holmberg, en el barrio Santa Rosa, en el límite entre Florencio Varela y Almirante Brown. Seis tiros. Ropa lila, arito, pelo teñido, zapatillas deportivas. Avanzado estado de descomposición. Un puñal en el bolsillo que nunca usó.

Cuando el fiscal Darío Provisionato llegó a la escena el sábado por la tarde —tras el adelanto de Infosur sobre el macabro hallazgo—, el reporte inicial hablaba de una «descompensación». Pero los disparos eran evidentes. Y el contexto, extraño: una zona rural poblada solo por unos pocos quinteros.

Lo que nadie imaginaba es quién era ese hombre.

Tras un cotejo de huellas dactilares, este lunes se confirmó la identidad: Juan Francisco Viarnes, 66 años, alias «El Francés». Un nombre que resuena en los tribunales federales de Córdoba, en expedientes paraguayos y en las páginas policiales de medio país.

No era un muerto cualquiera. Era un pesado del hampa con un historial que incluye narcoescándalos, testeos en juicios por secuestro, credenciales falsas de coronel del Ejército y una sospecha que nunca se disipó: que operaba como agente encubierto.

El buchón que hundió a la Policía de Córdoba

«El Francés» saltó a la fama delictiva en 2013, cuando estalló el llamado «narcoescándalo» que manchó para siempre a la Policía cordobesa.

La Justicia federal lo acusó de encubrimiento agravado, circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público. El modus operandi era audaz: había pagado tres autos con 42 mil dólares truchos, aparentemente provistos por una banda rosarina.

Cuando lo detuvieron con otros 347 mil dólares falsos, Viarnes jugó su carta: reveló que era buchón de la Policía. Un informante. Un soplón.

Y en ese momento, arrastró al barro judicial a los jefes de la vieja División Drogas Peligrosas de Córdoba. Varios de ellos terminaron condenados. Uno de los oficiales señalados fue hallado muerto en medio del caso.

«El Francés» fue elevado a juicio en 2021 por el fiscal Enrique Senestrari, cinco años después de haber sido detenido en Paraguay, donde se presentaba como médico con una credencial trucha.

Un tribunal federal lo condenó a cinco años y medio de cárcel en abril de 2022. Salió libre de inmediato por el tiempo cumplido.

El hombre de las mil caras

Viarnes era escurridizo. Tenía domicilios en Córdoba, Paraguay y Chubut. Se manejaba con credenciales falsas que lo presentaban como coronel retirado del Ejército, entre otros roles.

La sospecha histórica entre los investigadores era que operaba como agente encubierto. Alguien que se movía en las sombras, con protección, con contactos, con información que valía dinero o libertad.

Su llegada a la zona sur del conurbano fue reciente. Según pudo establecer el fiscal Provisionato, «El Francés» había llegado a Berazategui en noviembre pasado, cuando le pidió a una serie de contactos que le faciliten una dirección para tramitar un nuevo registro de conducir.

Los ocupantes de la casa que dio como referencia fueron los primeros testigos en declarar en el caso. Aseguraron que, básicamente, Viarnes solo les había pedido prestada la dirección y que nunca vivió en ese domicilio.

¿Dónde vivía realmente? ¿Con quién? ¿Por qué necesitaba un registro en Berazategui si su historial lo ubicaba en otras provincias?

Las respuestas quedaron enterradas con él en el descampado de Paysandú y Holmberg.

El testigo del caso Schaerer

Pero hay otro capítulo oscuro en la vida de «El Francés»: su participación como testigo en el juicio a los secuestradores y asesinos de Cristian Schaerer, desaparecido desde septiembre de 2003 en Corrientes.

Schaerer tenía 21 años cuando fue secuestrado. Se pagó un rescate de 277 mil dólares, pero el joven nunca fue visto otra vez: ni vivo ni muerto. Los condenados por el crimen nunca dieron pistas que lleven a hallar su cadáver.

El testimonio de Viarnes en ese juicio fue tan oscuro como su carrera criminal. Aseguró que conocía a los secuestradores y que había compartido celda con uno de los acusados, Raúl «Caniche» Salgán.

Contó que, a pedido de un fiscal correntino, grabó varias conversaciones con él, gracias a un micrófono que llevaba pegado al cuerpo.

¿Era cierto? ¿Cuánto sabía realmente «El Francés»? ¿Por qué un delincuente con su historial terminaba como testigo clave en un caso de esa magnitud?

Nunca quedó claro. Y ahora, nunca quedará.

Una ejecución clásica

La hipótesis del fiscal Provisionato es clara: se trata de una ejecución del hampa. Un ajuste de cuentas. Un final anunciado.

«Un final previsible», afirmó un funcionario que investigó a Viarnes en el pasado tras oír la noticia de su muerte. «Andaba por todo el país. Debía tener cuentas pendientes con muchos enemigos».

Los seis tiros lo confirman. No fue un robo. No fue un encuentro casual. Fue una ejecución.

La autopsia reveló que Viarnes falleció a causa de un disparo en la arteria aorta, a pesar de la notable cantidad de balazos que recibió.

La ropa que vestía al morir llamó la atención de los investigadores: jean, pelo teñido, arito, camisa lila, zapatillas deportivas. No era la imagen típica de un hombre de 66 años. Parecía alguien que intentaba pasar desapercibido, mezclarse, no llamar la atención.

Pero alguien lo encontró igual. Alguien sabía dónde estaba. Y decidió que era hora de cerrar la cuenta.

La escena del crimen

El lugar elegido para abandonar el cuerpo no fue casual. Paysandú y Holmberg es una zona de campo en el límite entre Florencio Varela y Almirante Brown, poblada por unos pocos vecinos. Poco tránsito, poca gente, mucha soledad.

El cuerpo fue encontrado el sábado por la tarde tras un aviso que alertaba sobre fuertes olores en el lugar. Infosur fue el primero en informar del macabro hallazgo: un hombre de más de 50 años con seis orificios de entrada de arma de fuego, en avanzado estado de putrefacción.

Cuando los efectivos llegaron, confirmaron lo que el olor anticipaba: llevaba varios días tirado ahí. Los seis impactos de bala estaban todos en la espalda, sin orificios de salida.

«El Francés» llevaba un puñal encima, pero no había recibido puñalada alguna. Tampoco había señales de defensa. Todo indica que lo sorprendieron, lo ejecutaron y abandonaron su cuerpo en el descampado.

Las piezas que faltan

El caso quedó en manos de la UFI y J N°1 (Unidad Fiscal de Investigación y Juicio) de Florencio Varela, que ahora busca reconstruir los últimos movimientos de Viarnes.

Su pareja, una supuesta empleada pública, aún no fue ubicada. Su hijo fue detenido en 2024 en San Isidro, acusado de cometer una serie de entraderas y de vender un auto con papeles falsos. Una familia que parecía reproducir el modus operandi del padre.

El celular de Viarnes aún no fue encontrado. Sin embargo, su número telefónico se encontraba activo al momento de su muerte. Los investigadores intentarán rastrear sus últimas comunicaciones, sus últimos contactos, sus últimos movimientos.

¿Con quién habló antes de morir? ¿A quién vino a ver a Berazategui? ¿Por qué eligió esta zona para tramitar un registro si su vida estaba en otras provincias? ¿Cómo llegó a Florencio Varela?

Y la pregunta más importante: ¿quién lo mató?

Un hombre que sabía demasiado

«El Francés» Viarnes era un hombre que sabía demasiado. Conocía los secretos de la Policía de Córdoba. Había estado preso con secuestradores. Operaba con identidades falsas. Se movía entre provincias como si fuera invisible.

Ese conocimiento tiene un precio. Y en el mundo del hampa, ese precio suele cobrarse con plomo.

Los investigadores buscarán ahora cámaras de seguridad de la zona, testigos que lo hayan visto en los días previos, algún rastro que lleve a los autores del crimen.

Pero en una zona rural, con poco tránsito y menos testigos, las chances son escasas.

Lo que sí es seguro es que «El Francés» tenía enemigos. Muchos. En Córdoba, donde hundió a policías. En Corrientes, donde testificó en un secuestro. En Paraguay, donde operaba con credenciales truchas. Y quizás también aquí, en el sur del conurbano, donde eligió sus últimos meses de vida.

El descampado que guarda secretos

Paysandú y Holmberg es ahora el escenario de un crimen que tiene más preguntas que respuestas. Un descampado en el límite entre dos municipios, lejos de todo, perfecto para abandonar un cuerpo y desaparecer.

Los vecinos de la zona declararon que no vieron ni oyeron nada. El cuerpo llevaba días ahí, descomponiéndose bajo el sol de enero, hasta que alguien alertó por el olor.

El fiscal Provisionato trabaja ahora para establecer la fecha exacta de la muerte, el arma utilizada, el móvil del crimen. Pero el contexto es claro: esto fue una ejecución. Y las ejecuciones en el mundo del hampa tienen una lógica propia: alguien decidió que «El Francés» sabía demasiado, debía demasiado o había traicionado a la persona equivocada.

Un final anunciado

Quienes investigaron a Juan Francisco Viarnes en el pasado no se sorprendieron con la noticia de su muerte. Era un final lógico para alguien que vivió en los márgenes, que operó en las sombras, que se hizo enemigos en cada ciudad que pisó.

«Andaba por todo el país. Debía tener cuentas pendientes con muchos enemigos», resumió un funcionario que lo conoció.

Ahora esas cuentas están saldadas. Con seis tiros en la espalda. En un descampado de Florencio Varela. Lejos de Córdoba, lejos de Paraguay, lejos de los tribunales donde alguna vez testificó.

«El Francés» Viarnes, el buchón que hundió a media Policía de Córdoba, el testigo del caso Schaerer, el hombre de las mil identidades, terminó su carrera como terminan muchos en ese mundo: ejecutado y abandonado en un baldío.

El descampado de Paysandú y Holmberg será recordado ahora como el lugar donde encontraron al pesado del hampa que sabía demasiado. Y donde alguien decidió que era hora de silenciarlo para siempre.

🚨 ANTECEDENTE: ➡️ Infosur adelantó el sábado: Hallaron un cuerpo en descomposición con seis balazos en Varela

📞 DATOS DE LA INVESTIGACIÓN:

• Fiscal: Darío Provisionato (UFI y J N°1)
• Comisaría: Primera de Florencio Varela
• Lugar: Paysandú y Holmberg, límite Varela-Almirante Brown
• Causa: Homicidio

La investigación continúa. Seguimos informando.

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FLORENCIO VARELA – La vivienda en Villa Hudson empezó a llamar la atención. Era una casa más en el entramado de calles del barrio. Pero para la Policía de Florencio Varela, esa casa era un objetivo. Semanas de trabajo de inteligencia, de seguimientos, de observación del movimiento de personas que entraban y salían a toda hora, permitieron identificarla como lo que era: una «boca de expendio» de drogas. Un kiosco de cocaína y paco que funcionaba a pleno vista de vecinos que sabían y se animaron a denunciar.

El martes pasado, con orden judicial en mano, las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio. Rodearon la casa. Derribaron la puerta. Y cuando entraron, encontraron lo que esperaban: un hombre que intentó esconder las drogas, 73 dosis de cocaína lista para la venta, una balanza digital para fraccionar, recortes de envoltorios para armar las «bolsitas», y un celular que seguramente tiene registradas todas las transacciones del negocio.

Fue un allanamiento exitoso. De esos que quitan de la calle un punto de venta de drogas, aunque todos saben que en pocos días puede aparecer otro en la misma cuadra o en la de al lado. Porque el narcomenudeo en el conurbano bonaerense es como la hidra mitológica: cortás una cabeza y aparecen dos más.

Pero por ahora, en Villa Hudson, una «boca» menos está operando. Y un narco está detenido. Y 73 dosis de veneno no llegaron a los pibes del barrio.

El trabajo de inteligencia previo: meses de seguimiento

Lo que el público ve es el allanamiento. La patada en la puerta, las esposas, el detenido, las fotos de la droga secuestrada. Pero lo que no se ve es todo el trabajo previo. Los meses de inteligencia policial que permiten identificar una «boca», confirmar que está activa, juntar evidencia suficiente para que un juez firme la orden de allanamiento.

«Las tareas de indagación realizadas por las fuerzas de seguridad permitieron vincular una vivienda ubicada en Villa Hudson con la comercialización de estupefacientes», informó el parte policial. Esa frase burocrática esconde semanas de trabajo: observación del domicilio, seguimiento de personas que entraban y salían, consultas con vecinos, análisis de movimientos sospechosos.

Una «boca de expendio» tiene patrones reconocibles. Movimiento constante de gente a toda hora, especialmente de noche. Personas que entran, están dos minutos, y salen. Motos que llegan, tocan bocina, alguien sale, hacen un intercambio rápido, y se van. Códigos, señas, una dinámica que los policías entrenados saben identificar.

«Trabajamos durante bastante tiempo en este caso», confirmó una fuente policial a Infosur. «No fue un operativo improvisado. Teníamos información, hicimos seguimiento, confirmamos que había venta de drogas. Y cuando tuvimos todo, pedimos la orden de allanamiento».

El allanamiento: 73 dosis listas para la calle

Con la orden judicial firmada, el operativo se ejecutó el martes pasado. Los efectivos llegaron al domicilio en Villa Hudson, identificaron al ocupante —un hombre cuya identidad no trascendió porque todavía no fue indagado formalmente— y procedieron al registro.

Lo que encontraron confirma que no era un consumidor con un poco de droga para uso personal. Era un vendedor profesional. Tenía:

• 42 dosis de clorhidrato de cocaína (la «merca», la cocaína en su forma más pura, la que se esnifa)
• 31 dosis de sulfato de cocaína (el «paco», la pasta base, el veneno más letal que consume la población más vulnerable)
• Una balanza digital (para pesar y fraccionar la droga)
• Recortes de envoltorios (los «papelitos» donde se envuelven las dosis)
• Un teléfono celular (donde seguramente están los contactos de clientes y proveedores)

Setenta y tres dosis. Setenta y tres «tiros» que iban a venderse en las próximas horas o días. Setenta y tres veces que alguien iba a drogarse con esa mierda. Setenta y tres transacciones que iban a alimentar el sistema del narcotráfico.

«Al avanzar con la orden de registro, los oficiales detuvieron a un individuo en el domicilio», informó el comunicado oficial. El hombre fue esposado, notificado de sus derechos, y trasladado a la Comisaría Cuarta del distrito donde quedó a disposición de la Justicia.

Clorhidrato vs. Sulfato: dos venenos, dos mercados

No es lo mismo vender clorhidrato de cocaína que vender sulfato de cocaína. Son dos drogas distintas, con dos mercados distintos, con dos perfiles de consumidores distintos.

El clorhidrato de cocaína —la «merca», la «falopa», la «blanca»— es la cocaína refinada, en polvo, que se esnifa. Es más cara. La consumen personas de clase media, profesionales, gente que tiene plata. Se vende en «gramos» que pueden costar entre $20.000 y $40.000 según la calidad. Es la droga de los boliches, de las fiestas, de los ejecutivos que se meten una línea en el baño de la oficina.

El sulfato de cocaína —el «paco», la «pasta base», el «crack argentino»— es el desecho del proceso de refinamiento de la cocaína. Es lo que sobra. Lo mezclan con kerosene, con ácido sulfúrico, con cualquier cosa. Lo venden barato: una dosis puede costar $500 o $1.000. Lo consumen los más pobres, los pibes de las villas, los que ya no tienen nada que perder. Es la droga que más mata, la que más destruye, la que convierte a personas en zombies en meses.

Que en este allanamiento se hayan encontrado ambas drogas indica que era una «boca» que abastecía a distintos mercados. Vendía clorhidrato para los que tienen plata. Y vendía paco para los que no tienen nada. Un negocio diversificado. Un emprendimiento del mal que no discrimina: le vende veneno a ricos y a pobres por igual.

Villa Hudson: un barrio con historia de narcotráfico

Villa Hudson, en Florencio Varela, no es ajeno al problema del narcotráfico. Como tantos barrios del conurbano bonaerense, tiene «bocas» que venden, pibes que consumen, familias destruidas por las adicciones.

«Es un problema que está hace años», reconoce un vecino. «Todo el mundo sabe dónde se vende. Pero nadie dice nada. Porque si denunciás, te pueden buscar. Y la Policía viene, allana, detiene a uno, pero a la semana ya hay otro vendiendo en la misma casa o en la de al lado».

Es la lógica perversa del narcomenudeo en los barrios populares. Las «bocas» son parte del paisaje. Funcionan a plena luz del día. Todo el mundo sabe. Pero denunciar es peligroso. Y aunque la Policía desbarate una, rápidamente aparece otra.

«El problema no es la falta de operativos», analiza un trabajador social que labura en Villa Hudson. «El problema es estructural. Hay pibes que no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen futuro. Y el narcotráfico les ofrece plata rápida. Entonces se meten a vender. Y cuando la Policía detiene a uno, hay diez esperando para ocupar su lugar».

La balanza y los envoltorios: las pruebas del delito

Más allá de las dosis de droga —que por sí solas ya constituyen el delito de tenencia con fines de comercialización—, el secuestro de la balanza digital y los recortes de envoltorios es clave para la causa judicial.

La balanza demuestra que el acusado fraccionaba la droga. Es decir, compraba cocaína en cantidad —probablemente en forma de «ladrillos» de 25 o 50 gramos— y después la pesaba y dividía en dosis más pequeñas para venderlas al menudeo. Es el trabajo típico del narco minorista.

Los recortes de envoltorios —generalmente papel film, papel aluminio, o bolsitas de nylon— son las «envolturas» en las que se empaquetan las dosis. Cada «tiro» de merca o de paco viene envuelto en uno de estos papelitos. Tener recortes en cantidad es otra prueba de que la persona no consume, sino que vende.

Y el celular es oro puro para la investigación. En ese teléfono están los contactos: quiénes le compraban, quiénes le proveían, cómo coordinaban las entregas, cuánto cobraba por cada dosis. Los peritos informáticos van a revisar ese celular con lupa. Y van a encontrar la red completa del narco detenido.

«El celular es fundamental», explica un fiscal especializado en narcotráfico. «Ahí está toda la operatoria. Los mensajes con los clientes, las transferencias de dinero, los contactos con los proveedores. A partir de ese celular, podemos armar toda la estructura de la red de venta».

De la Comisaría Cuarta a los tribunales

El sujeto quedó detenido en la Comisaría Cuarta de Florencio Varela, a disposición de la Justicia. En las próximas horas o días, será indagado por un fiscal. Se le imputará el delito de «tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», que prevé penas de entre 4 y 15 años de prisión según la cantidad y el tipo de droga.

Si el fiscal considera que hay mérito suficiente, pedirá la prisión preventiva. El juez de Garantías evaluará y decidirá si el acusado sigue detenido durante el proceso o si queda en libertad con alguna medida cautelar (tobillera electrónica, prohibición de acercamiento a ciertos lugares, etc.).

En la mayoría de los casos de narcomenudeo, los acusados quedan detenidos. Porque se considera que si vuelven a la calle, van a seguir vendiendo. Y porque la Justicia quiere dar un mensaje: el narcotráfico no es un delito menor, aunque se trate de venta al menudeo.

«Esperamos que la Justicia lo mantenga detenido», dice el vecino de Villa Hudson consultado por Infosur. «Porque si lo sueltan, en dos días está de nuevo vendiendo. Acá todos sabemos cómo funciona. Los detienen, salen, y vuelven a lo mismo. Necesitamos que haya condenas de verdad, no chicanas judiciales».

El narcotráfico que no para

Este allanamiento en Villa Hudson es uno más en la batalla interminable contra el narcotráfico en el conurbano bonaerense. Cada semana hay operativos, detenciones, secuestros de droga. Y cada semana, nuevas «bocas» abren en otros barrios.

Es un problema que excede a la Policía. Es un problema social, económico, cultural. Mientras haya pibes sin oportunidades, sin educación, sin trabajo, el narcotráfico va a seguir reclutándolos. Mientras haya consumidores dispuestos a pagar por droga, va a haber vendedores dispuestos a venderla.

«Los operativos están bien», opina un referente comunitario de Florencio Varela. «Pero no alcanzan. Necesitamos políticas de prevención. Escuelas que contengan a los pibes. Espacios deportivos y culturales donde puedan estar en vez de en la esquina. Oportunidades laborales para que no tengan que vender droga para comer. Sin eso, vamos a seguir deteniendo narcos eternamente, pero el problema va a seguir igual».

Villa Hudson respira (por ahora)

Con el desbaratamiento de esta «boca», Villa Hudson respira un poco. Los vecinos saben que esa casa, al menos por un tiempo, no va a estar vendiendo droga. Los pibes del barrio van a tener que buscar en otro lado si quieren consumir. Las familias que vivían al lado de esa casa van a poder dormir tranquilas sin el movimiento constante de gente a toda hora.

Pero también saben que es una tregua temporal. Que el narcotráfico no se rinde. Que en algún momento, en alguna otra casa, va a aparecer otra «boca». Porque la demanda sigue. Y donde hay demanda, siempre va a haber alguien dispuesto a ofrecer.

Por ahora, un narco está detenido. Setenta y tres dosis de cocaína no llegaron a la calle. Una balanza digital y envoltorios fueron secuestrados. Un celular con información clave está siendo analizado.

Son pequeñas victorias en una guerra que parece no tener fin. Pero en Florencio Varela, en Villa Hudson, cada pequeña victoria cuenta. Porque cada «boca» que cierra es una menos envenenando al barrio. Y cada narco detenido es uno menos destruyendo vidas.

La Policía hizo su trabajo. Ahora la pelota pasa a la Justicia. Que decida si este tipo vuelve a la calle o si paga por haber vendido veneno a los pibes del barrio.

Mientras tanto, en Villa Hudson, la vida sigue. Con un narco menos. Al menos por hoy.

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El juez Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, aceptó la competencia y reclamó el expediente completo, el material secuestrado y los informes sobre las intervenciones telefónicas activas. La decisión fue tomada junto al secretario Ignacio Calvi, tras el cierre de la etapa inicial que llevaba adelante la UFI de Homicidios de La Matanza.

De esta manera, la Justicia Federal asumirá toda la investigación sobre el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, jóvenes torturadas y asesinadas en el marco de una presunta disputa narco que impactó de lleno en la sociedad argentina.

“Es una causa que atraviesa fronteras”, aseguró una fuente judicial consultada por Infosur Diario. “Hay conexiones con una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas que operaba desde el Bajo Flores con ramificaciones hacia Perú y Paraguay”.

Una red con base en el Bajo Flores

El expediente, que ya tiene 11 detenidos y tres prófugos, apunta al presunto cabecilla conocido como “El Abuelo”, supuesto jefe de una organización que controlaba el menudeo en distintos puntos del conurbano sur.
Los tres prófugos, todos de nacionalidad peruana, fueron identificados como Alex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, este último tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, actualmente detenido en Perú y en trámite de extradición hacia la Argentina.

El magistrado Rodríguez decidió no dividir el expediente entre el fuero federal y el provincial, sino mantener el control integral para avanzar sobre las ramificaciones del entramado narco.

Mientras tanto, el secretario Calvi coordina reuniones con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Diego Rulli, para garantizar una transición “ordenada y conjunta” entre ambas jurisdicciones.

Un país que sigue pidiendo justicia

El triple crimen generó una ola de indignación social. En redes, los usuarios volvieron a exigir “respuestas concretas” ante la brutalidad de los hechos y la demora en las detenciones.
Familiares y organizaciones feministas preparan nuevas marchas para pedir justicia por Brenda, Morena y Lara, tres nombres que se transformaron en emblema del reclamo contra la impunidad.

“Esto no puede quedar en la nada. No fueron solo tres chicas, fueron tres vidas destrozadas por una red de poder que sigue funcionando”, expresó una vecina de mayol en diálogo con Infosur Diario.

La causa ahora entra en una etapa clave. Con la intervención federal, se espera que la investigación revele la dimensión real de la estructura criminal detrás de los asesinatos que conmovieron a todo el país.

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FLORENCIO VARELA — Un hombre fue baleado el lunes a la noche en el barrio San Rudecindo de Florencio Varela, en un ataque que las primeras hipótesis vinculan con el narcotráfico, según la información que los vecinos le dieron a Infosur.

La víctima recibió dos impactos de bala: uno que le rozó la cabeza y otro en el tobillo. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanecía internado este martes, aunque sin gravedad.

Según fuentes policiales, dos sujetos le dispararon en plena vía pública por un ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas en el barrio.

Zona caliente del narcotráfico en Florencio Varela

El hecho ocurrió en San Rudecindo, un barrio que tiene antecedentes graves de violencia narco.

En agosto de 2021, la misma zona fue escenario de un tiroteo narco que dejó tres muertos y varios heridos, incluido un niño de 12 años.

Tiroteo narco en San Rudecindo: qué pasó en agosto 2021

El 19 de agosto de 2021, dos bandas narco se enfrentaron a tiros en plena calle. El saldo fue devastador.

Matías Larrosa, de 32 años, murió de un balazo en la espalda a metros del puente del Arroyo Las Conchitas, sobre la calle Ciudadela. Junto a su cuerpo había entre 15 y 20 envoltorios de cocaína.

Vecinos dijeron que Larrosa era consumidor, no narco. Quedó atrapado en medio del tiroteo.

A pocos metros, la policía encontró a otro hombre con impactos de bala y 30 envoltorios más de cocaína. Murió en el hospital.

Milagros Saavedra: la joven que murió en el fuego cruzado

La tercera víctima fatal fue Milagros Saavedra, de 18 años. Estaba en la calle cuando las bandas se enfrentaron.

Recibió un balazo en el omóplato izquierdo y murió en una casa cercana.

Su muerte expuso la violencia extrema del narcotráfico en la zona.

«Soldaditos», niños heridos y 54 vainas en la calle

En el operativo de 2021, la policía encontró a Guillermo Aguirre, de 28 años, herido en el tórax. Según su familia, era «soldadito» de una banda narco: nexo entre compradores y vendedores.

También resultó herido un niño de 12 años, hijo de otro «soldadito». Recibió un tiro en el hombro.

Los peritos secuestraron 54 vainas servidas de nueve milímetros en la escena del crimen.

«Yaka» y «Tadeo»: los narcos paraguayos muertos

Los dos hombres que murieron en el enfrentamiento de 2021 eran conocidos como «Yaka» y «Tadeo». Ambos paraguayos, fueron vistos vendiendo droga armados.

La fiscal Vanesa Maiola, de la UFI N° 6 de Florencio Varela, investigó el caso. La causa: «triple homicidio y lesiones».

San Rudecindo: un barrio sin paz

El tiroteo del lunes vuelve a poner a San Rudecindo en el centro de la violencia narco en Florencio Varela.

Las bandas disputan el territorio. Los vecinos viven con miedo.

La Justicia investiga el nuevo episodio. Se espera parte médico de la víctima en las próximas horas.

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BUENOS AIRES — La cárcel tiene paredes, pero no siempre puede contener el poder. Desde una celda en la Alcaldía Cavia de Palermo, un hombre está acusado de comandar una organización narco con puño de hierro. Se lo acusa de torturar por video, sembraba terror entre sus subordinados y, según la Justicia ahora cree, orquestar el triple crimen que conmocionó al país. Su apodo lo dice todo: «Papá». Y hasta ayer, nadie se animaba a señalarlo.

El fiscal Adrián Arribas ordenó este lunes la inmediata detención de Joseph Freyser Zabaleta Cubas (39), conocido en el bajo mundo como «Señor Jota», quien ahora enfrenta una imputación demoledora: ser el autor intelectual del asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, el triple crimen narco de Florencio Varela que mantiene en vilo a la opinión pública desde hace semanas.

El juez Fernando Pinos Guevara dio lugar al pedido fiscal y la investigación dio un vuelco inesperado: el peruano que esperaba su extradición por narcotráfico ahora deberá responder por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y femicidio. Su traslado a Lima quedó congelado.

La presa que rompió el pacto de silencio

El quiebre llegó desde adentro. Una mujer detenida por narcotráfico decidió hablar y su testimonio cayó como una bomba en los tribunales.

Según confirmaron a Infosur fuentes judiciales con acceso directo al expediente, Celeste Guerrero declaró este domingo de elecciones y reveló que los diez detenidos en la causa trabajaban bajo las órdenes directas de Zabaleta Cubas, quien habría comandado el operativo criminal desde su celda en Palermo.

«Todos decían que ‘Papá’ era el reporonga y todos le tenían miedo. Si alguien cometía algún error o no hacía lo que él quería, los mandaba a torturar. Esas torturas eran filmadas y enviadas al resto de los integrantes«, declaró ante el fiscal Arribas detenida, Celeste Guerrero, la varelense quien intentó acogerse a la figura de arrepentida —inexistente en el Código Penal para estos delitos— y también señaló a «Señor Jota» como el jefe máximo.

El método era tan brutal como efectivo: videos de castigos circulaban por WhatsApp como advertencia. Nadie cuestionaba. Nadie desobedecía. Y cuando hubo que matar, según la hipótesis fiscal, tampoco nadie se negó.

Once detenidos y una red que no para de crecer

La causa suma arrestos a un ritmo vertiginoso. En las últimas horas cayó Mónica Mujica, esposa de uno de los principales imputados, Víctor Sotacuro. La acusación contra ella es demoledora: habría sabido del plan criminal con anticipación y se deshizo de los celulares de las víctimas para borrar rastros.

Mujica se negó a declarar frente al fiscal Arribas, ejerciendo su derecho constitucional, pero los investigadores aseguran que hay pruebas suficientes para sostener su participación en el encubrimiento.

Con la detención de Zabaleta Cubas y Mujica, ya son 11 los arrestados en el expediente que tiene en vilo a la Justicia federal:

• Víctor Sotacuro
• Florencia Ibáñez
• Matías Ozorio
• Magalí Celeste Guerrero
• Miguel Ángel Villanueva Silva
• Ariel Giménez
• Daniela Ibarra
• Maximiliano Andrés Parra
• Tony Janzen Valverde Victoriano
• Mónica Mujica
• Joseph Freyser Zabaleta Cubas

La indagatoria clave será este martes

Fuentes judiciales anticiparon a Infosur que este martes, Zabaleta Cubas será indagado formalmente por el fiscal Arribas en los tribunales federales.

La imputación que pesa sobre él incluye «privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa».

En criollo: planificó, ordenó y supervisó el secuestro y asesinato de tres mujeres, entre ellas una menor de edad, con premeditación, crueldad extrema y en un contexto de violencia de género vinculada al narcotráfico.

Si es condenado, enfrenta prisión perpetua.

Un narco con prontuario internacional

«Señor Jota» no es un desconocido para las fuerzas de seguridad. Zabaleta Cubas tiene pedido de captura internacional emitido por Perú, donde es requerido por liderar una organización dedicada al tráfico de drogas con ramificaciones en Argentina, Chile y Bolivia.

Detenido en Buenos Aires en una causa por narcotráfico a gran escala, el peruano aguardaba en la Alcaldía Cavia su extradición cuando la Justicia argentina empezó a atar cabos. Ahora, ese trámite quedó en suspenso: primero deberá responder por el triple crimen que sacudió al país.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que desde su celda, usando celulares clandestinos, Zabaleta Cubas manejaba una red criminal que operaba en libertad. Sus subordinados lo llamaban «Papá». Y como todo padre autoritario, castigaba con severidad. Los videos de torturas no eran solo crueldad: eran pedagogía del terror.

Las víctimas que no se olvidan

Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi fueron secuestradas y asesinadas en un episodio que la Justicia vincula directamente con el narcotráfico. Sus cuerpos fueron hallados en circunstancias que aún se mantienen bajo secreto de sumario, pero que los investigadores describen como «un escenario de extrema violencia».

Una de las víctimas era menor de edad, lo que agrava aún más la carátula y alimenta la indignación social.

El caso expuso las entrañas de una organización criminal que operaba con códigos propios, jerarquías militares y una capacidad de infiltración alarmante. Pero sobre todo, mostró que el poder criminal no necesita estar en la calle para seguir matando.

Las próximas horas serán decisivas. La indagatoria de «Señor Jota» podría abrir nuevas líneas de investigación y sumar más detenidos. Mientras tanto, las familias de Lara, Brenda y Morena esperan que la Justicia avance rápido. Y que esta vez, las rejas sí alcancen para contener al hombre que todos llamaban «Papá».

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Una red narco que facturaba 2 millones de pesos por semana operaba con total impunidad en pleno corazón de Florencio Varela. Mientras tanto, durante todo el mes de septiembre, las fuerzas de seguridad solo lograron incautar 160 gramos de cocaína en el distrito. Las cifras oficiales, a las que accedió Infosur en exclusiva, desmienten el relato del secretario de Gobierno Daniel Dono Leidi sobre una supuesta «baja delictiva».

El triple femicidio narco que sacudió al barrio Mayol destapó un secreto a voces: el narcomenudeo circula con naturalidad por las calles varelenses bajo las narices de las autoridades policiales y del área de seguridad del municipio.

449 delitos en un mes: la otra cara de la «inversión histórica en seguridad»

Los datos del Ministerio de Seguridad bonaerense son contundentes y preocupantes. En septiembre de 2025, Florencio Varela registró 449 hechos delictivos, de los cuales solo 160 fueron esclarecidos. Es decir, apenas un 35% de resolución.

Las estadísticas revelan:

• 46 robos o hurtos automotores: cero casos resueltos
• 80 robos comunes: solo 16 esclarecidos
• 66 hurtos: apenas 11 resueltos
• 148 detenidos en total

Estos números contrastan dramáticamente con las declaraciones del secretario de Gobierno, quien horas atrás habló de «una disminución del delito y una inversión histórica en seguridad».

El testimonio que lo cambió todo: «Movían 2 millones por semana»

El caso que destapó la olla fue el triple narcofemicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. La investigación judicial reveló que la esquina de Avenida Hudson y San Nicolás funcionaba como una boca de expendio que movía hasta dos millones de pesos semanales.

Celeste Guerrero, una de las detenidas locales vinculadas al caso, aportó datos explosivos sobre cómo opera el narcomenudeo en Florencio Varela y sus conexiones con bandas narco transnacionales de la Villa 1-11-14 en CABA y Pompeya.

«Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban», reveló Guerrero en un video difundido por su abogado Daniel Giaquinta. El crimen no fue un arrebato: fue una venganza calculada dentro de una red narco por un cargamento perdido que, según las declaraciones, podría haber sido de hasta 300 kilos.

«Acá la droga no se corta, se reparte»: el testimonio de los vecinos a Infosur

Los vecinos de la Avenida Hudson lo saben, lo viven, pero pocos se animan a decirlo en voz alta. «Vienen en moto, dejan los envoltorios y se van. Nadie los para», cuenta un frentista de la zona a Infosur.

La pregunta que resuena en cada esquina del barrio es siempre la misma: ¿quién controla? ¿Por qué el narcomenudeo opera con tanta naturalidad mientras los procedimientos policiales apenas alcanzan para incautar 160 gramos en todo un mes?

La ruta del terror: cómo fue la última noche de las tres jóvenes

La investigación judicial reconstruyó con precisión la logística del triple femicidio. Todo comenzó poco después de las 21 horas del 19 de septiembre en una esquina de Parque Chacabuco, en la intersección de Avenida Cobo y Crespo.

Las cámaras de seguridad captaron el encuentro de cinco hombres y una flota de vehículos:

• Una camioneta Chevrolet Tracker blanca
• Un Renault 19 gris
• Un Volkswagen Fox blanco
• Un Chevrolet Cruze negro
• Un Volkswagen Virtus gris sin patente

Entre los identificados aparece Víctor Sotacuro Lázaro, con bermuda celeste, remera blanca y gorra, quien llegó en el Renault 19. Lo acompañaban «El Loco» David y Alex Ydone Castillo, prófugo y señalado como dueño de la droga robada que habría motivado el crimen.

El encuentro duró apenas tres minutos. Luego, los vehículos se dispersaron rumbo a Florencio Varela, hacia la casa de la calle Chañar en el barrio Mayol donde se consumaría la tragedia.

Los números que el Municipio no quiere mostrar

Estos datos oficiales son guardados «bajo siete llaves» en Florencio Varela, según confirmaron fuentes del distrito a Infosur. La brecha entre el discurso oficial y la realidad delictiva es cada vez más evidente.

Mientras el secretario de Gobierno habla de éxitos en seguridad, los vecinos conviven diariamente con:

• Bocas de venta de droga a la vista
• Robos sin resolver
• Un narcomenudeo que factura millones
• Incautaciones insignificantes que no reflejan la magnitud del problema

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En un video difundido por su abogado, Daniel Giaquinta, la imputada Celeste Guerrero, inquilina de la casa donde fueron halladas sin vida Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, rompió el silencio. Con la voz quebrada, pero segura, pronunció una frase que heló la sangre de los investigadores:

“Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban.”

La grabación, que circuló horas atrás entre medios y redes, muestra a Guerrero conversando con su defensor desde un lugar de detención. Sin apartar la mirada, reconstruye la secuencia del horror: las amenazas, los gritos y el momento en que su pareja, Miguel Villanueva Silva, habría ejecutado a una de las víctimas cuando intentó escapar de la vivienda de la calle Chañar.

“(Me dijo) Que le habían robado a Sotacuro 30 kilos, 300 kilos, no sé… después me dijeron 300 kilos, una de las chicas con su familia”, declaró Guerrero ante su abogado, en alusión al supuesto motivo del crimen.

En el video, que ya forma parte del expediente judicial, se escucha a la joven intentando explicar la trama de venganza narco que habría detonado la masacre. El relato, duro y caótico, pinta un cuadro de violencia extrema, consumo, encierro y miedo.

Fuentes judiciales confirmaron que la confesión será incorporada al expediente que lleva adelante la fiscalía de La Matanza, que investiga el rol de cada uno de los implicados en los asesinatos de las tres jóvenes.

Mientras tanto, el barrio sigue en estado de conmoción. En las esquinas, los vecinos todavía hablan del caso con un tono entre el espanto y la desconfianza. “Acá todos sabíamos que esa casa traía problemas”, dice una vecina de Chañar al 1100, donde el olor a humo y miedo aún flota en el aire.

En Varela, la historia se repite como un eco del conurbano profundo: drogas, jóvenes atrapados y una cadena de violencia que parece no tener fin. Pero esta vez, una voz desde adentro rompió el pacto del silencio. Y lo que dijo, estremeció a todos.

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Durante un patrullaje en una zona rural, efectivos de la Sección “Varela”, dependiente del Escuadrón Seguridad Ciudadana Sur, fueron atacados a tiros por un grupo de personas. Tras repeler la agresión, lograron detener a tres de los involucrados: dos ciudadanos argentinos y un ciudadano paraguayo.

El operativo, denominado “Polvo de Colores”, derivó en el secuestro de una impactante cantidad de estupefacientes y una pistola robada. Según informaron fuentes oficiales, los gendarmes hallaron entre las pertenencias de los detenidos:

• 820 dosis (112 gramos) de polvo blanco
• 987 dosis (116 gramos) de polvo granulado amarillo
• Ambos con resultado positivo para cocaína
• 12 envoltorios con 18 gramos de marihuana
• 5 handys de comunicación
• 1 pistola Bersa Thunder 9 mm con pedido de secuestro activo

La pistola, que pertenece a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, había sido reportada como robada en noviembre del año pasado. La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N°1 de Florencio Varela, a cargo de la investigación, ordenó la detención formal de los tres sujetos, el secuestro del armamento y la droga, así como el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento se suma a la escalada de operativos que buscan frenar el avance del narcotráfico en el conurbano bonaerense. “Estamos decididos a cortar los hilos del delito en la provincia”, expresó un vocero del Ministerio de Seguridad.

Con el caso ya judicializado, ahora se busca determinar si los detenidos forman parte de una red más amplia de distribución de estupefacientes en el sur del conurbano.

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Un operativo clave en Gobernador Costa

La investigación, encabezada por la Comisario Inspector Marcela Noemí Aguilar, jefa de la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes, permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la localidad de Gobernador Costa.

Por orden del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela, a cargo del juez Diego Agüero, y con la intervención de la Ayudantía Fiscal de Drogas Ilícitas bajo la supervisión del Dr. Leonardo Valli, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de “La Sabri”.

Lo que encontraron

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron:

• 90 envoltorios de cocaína (145 gramos)
• 33 envoltorios de marihuana (103 gramos)
• $45.000 en efectivo
• Un chaleco antibalas
• 19 municiones calibre 45 mm
• Dos teléfonos celulares
• Un plato de vidrio con vestigios de cocaína y recortes de nylon

Los investigadores sospechan que Sabrina se dedicaba al narcomenudeo y estaba lista para distribuir la droga en la zona. La detención representa un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes en el partido de Florencio Varela.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar si existen más involucrados en la red delictiva.

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El hallazgo de la droga que lo cambió todo

El 27 de junio de 2022, los empleados del puerto de Bahía Blanca notaron algo extraño: una lancha semirrígida a la deriva, sin nadie a bordo . Tres días después, la sorpresa fue aún mayor: cinco bolsos flotaban en el agua, repletos de cocaína de alta pureza .

Lo que parecía una historia sacada de una película terminó siendo un fracaso criminal . Una banda del Ingeniero Allan, Florencio Varela, intentaba trasladar 196 kilos de droga a un buque trasatlántico en mar abierto , pero su inexperiencia les jugó una mala pasada. No hundieron la embarcación y dejaron la cocaína flotando, perdiendo millones de dólares en el proceso.

El varelense que cayó por un recibo de hotel

Las pistas llevaron a un nombre clave: Emilio Juan Ángel Villalba Cabrera , un paraguayo radicado en Florencio Varela. Su error fatal fue dejar un comprobante de hotel en la lancha , lo que permitió identificarlo.

No estaba solo: su prima, Lilian Noemí Jara Cabrera , y el ex policía bonaerense Emanuel Maximiliano Peralta (novio de Lilian), también quedaron en la mira.

Las escuchas telefónicas fueron determinantes. En una conversación, un contacto alertó sobre la intención de Emilio de escapar a Paraguay porque tenía «un problema que le quema». Pero la Prefectura se adelantó y los capturó antes de que pudieran huir.

Conexión con una red internacional

La investigación reveló un dato aún más inquietante: los Villalba Cabrera estaban vinculados con el bosnio Bozidar Ratkovic, líder de una red narco internacional .

Uno de los nexos era Gustavo Denis Zotelo Cabrera , primo de Emilio y chofer de Ratkovic, detenido en abril de 2022 cuando intentaba traficar 165 kilos de cocaína desde el puerto de Zárate hacia España .

Las condenas y un prófugo que sigue en la sombra

El Tribunal Oral en lo Penal Federal de Bahía Blanca dictó sentencia:
Emilio Villalba Cabrera : 4 años y 6 meses de prisión.
Lilian Noemí Jara Cabrera : 4 años y 2 meses de prisión.
Emanuel Maximiliano Peralta : 3 años de cárcel efectiva.

El castigo fue leve, pero el error de la banda casi les costó la vida: fuentes judiciales aseguran que los dueños de la droga intentaron ejecutarlos por la pérdida millonaria .

Aún queda una incógnita sin resolver: Aureliano Villalba Cabrera, hermano de Emilio, sigue prófugo .

Mientras tanto, en Ingeniero Allan, esta historia sigue siendo recordada como una de las caídas más insólitas del narcotráfico en Argentina

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