Por Esteban Echenique, Especial para Infosur

La historia parece sacada de una serie de Netflix, pero ocurrió en el corazón del conurbano bonaerense. Emiliano Penna, un empresario de Florencio Varela dedicado al negocio de combustibles, denunció a sus propios padres por un hecho insólito y aterrador: asegura que lo internaron en clínicas psiquiátricas para quedarse con sus empresas.

Según consta en la causa judicial que se tramita en la UFI N°2 de Florencio Varela, el empresario fue derivado en dos oportunidades —una en 2021 y otra en 2023— a centros de salud mental privados. Lo que parecía un tratamiento voluntario por estrés terminó siendo, según sus abogados, una estrategia para apartarlo del manejo societario de sus firmas Comcam SRL, Petrocom y Natcom, todas vinculadas a contratos millonarios con la petrolera YPF.

“No fue por mi salud, fue para sacarme del medio. Me drogaron, me retuvieron incomunicado, y en ese estado me hicieron firmar papeles sin saber lo que estaba firmando”, declaró Penna en el portal Infobae.

Una trama familiar con millones en juego

Según el portal porteño, Emiliano fundó Comcam en 2007. Fue un emprendimiento familiar que, con los años, creció a pasos agigantados: de vender gasoil a empresas de transporte, a operar con grandes volúmenes para la industria pesada. En paralelo, nacieron Petrocom y Natcom, todas con sede en Florencio Varela.

La denuncia apunta a que su madre, Patricia A., y su padre, Ernesto P., habrían usado su internación para asumir el control total de las compañías. En la causa, se analiza una serie de movimientos societarios y bancarios realizados mientras Penna estaba medicado e internado, así como la facturación de combustibles en negro y la falsificación de su firma en distintos documentos legales.

Durante más de un año, el caso permaneció archivado por “falta de pruebas”. Sin embargo, en marzo de este año, el fiscal Cristian Granados decidió reabrir la investigación ante nuevas evidencias presentadas por la defensa del empresario.

La medida fue contundente: imputó formalmente a los padres por el delito de estafa. La causa ahora avanza, y se prevén indagatorias claves en las próximas semanas.

Médicos, clínicas y firmas: todos bajo la lupa

El caso involucra también a clínicas privadas de salud mental donde fue internado Penna. Los abogados pidieron que se investigue la posible connivencia entre médicos y familiares para autorizar internaciones sin consentimiento, falsificando informes psicológicos o utilizando diagnósticos que no se corresponden con la historia clínica real del empresario.

“Todo esto fue una maniobra para quedarse con mis empresas y mi patrimonio. Me arruinaron la vida. Perdí el vínculo con mis hijos, con mis empleados, y tuve que reconstruirme de cero”, expresó Penna.

El impacto en Florencio Varela

La noticia conmociona a muchos en la zona de Florencio Varela, donde varias estaciones de servicio y oficinas comerciales están vinculadas a estas empresas. La figura de Emiliano Penna era conocida en el ambiente empresarial local como un joven emprendedor que había levantado su negocio desde cero.

“No puedo creer que sus propios padres le hayan hecho algo así”, comentó a Infosur un vecino que conocía a la familia. “Siempre parecían muy unidos. Pero esto es de película”.

La causa, por ahora, está en plena etapa de investigación. Pero podría convertirse en uno de los casos más resonantes de los tribunales de Varela, con una historia de traición, ambición y poder que excede lo judicial y toca lo más íntimo: el núcleo familiar.

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Una investigación que lleva adelante la Auditoría de Asuntos Internos de la propia Policía Bonaerense destapó lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción en la historia reciente de la Policía Bonaerense en nuestra ciudad. Y que no es nuevo.

El Comando de Patrullas de Florencio Varela, otrora símbolo de protección ciudadana, se encuentra hoy en el ojo del huracán. Tres procedimientos en lo que va del año, el último a fines de junio, puso al descubierto un entramado de presunta corrupción que involucra millones de pesos en combustible fantasma.

«Es como si los patrulleros funcionaran con agua», comenta irónicamente una fuente cercana a la investigación que prefiere mantener el anonimato. «Los números no cierran por ningún lado».

Cómo pasan la gorra

El modus operandi, según las denuncias que llegaron a la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, es tan simple como efectivo. Los móviles policiales cargan combustible en estaciones de servicio municipales, lo que justifica el movimiento del kilometraje. Sin embargo, al mismo tiempo, se pasan las tarjetas de combustible del Ministerio de Seguridad por montos astronómicos en una estación de servicio particular situada en Zeballos.

«Estamos hablando de facturas mensuales que rondan los 7 millones de pesos», revela nuestra fuente. «Pero la mayor parte de ese combustible nunca llega a los tanques de los patrulleros».

El caso guarda inquietantes similitudes con la investigación que mantiene tras las rejas al comisario Centurión, acusado en el trágico crimen de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante. En aquella ocasión, el cañón de vales de nafta se utilizó como señal para el crimen. Hoy, en Florencio Varela, parece ser la piedra angular de un desfalco millonario.

«Sólo cargan algunos bidones que tienen en la base del comando por si algún móvil se queda tirado sin combustible», explica otro informante. «El resto… bueno, es fácil imaginar dónde termina».

Las policía en el ojo de la tormenta

La estación de servicio en cuestión, ubicada en Zeballos y muy conocida en la zona, se encuentra ahora bajo la lupa de los investigadores. ¿Cómplice o víctima de un elaborado engaño? Las próximas semanas serán cruciales para determinar su rol en este entramado.

Mientras tanto, en las calles de Florencio Varela, los vecinos observan con creciente preocupación el ir y venir de los patrulleros. «¿Cómo confiar en quiénes deben protegernos si ni siquiera podemos estar seguros de que tienen combustible para hacerlo?», se pregunta María, una vecina del barrio La Sirena.

El caso llegó a oídos de las más altas esferas del gobierno provincial. Fuentes cercanas al Ministerio de Seguridad aseguran que se están tomando «medidas drásticas» para llegar al fondo del asunto. «No se descarta una purga completa del Comando de Patrullas si las acusaciones se prueban ciertas», advierten.

La sombra de la corrupción no es nueva en las fuerzas de seguridad, pero la magnitud y el descaro de este presunto esquema dejan atónitos incluso a los más experimentados investigadores. «Es como si hubieran perfeccionado el arte del robo institucionalizado», comenta un veterano oficial de la Bonaerense, visiblemente indignado.

Mientras la investigación avanza, surgen más preguntas que respuestas. ¿Hasta dónde llegan las ramificaciones de este escándalo? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estos millones evaporados en combustible fantasma? Y quizás lo más importante: ¿cómo impactará esto en la ya frágil confianza de la ciudadanía en sus fuerzas de seguridad?

En Florencio Varela, el olor a nafta ya no es solo el de los vehículos en marcha. ¿El aroma acre de un escándalo que amenaza con consumir la probabilidad de toda una institución? Mientras tanto, los patrulleros siguen su ronda, dejando tras de sí una estela de dudas y el eco de una pregunta que resuena en cada esquina: ¿Quién vigila a los vigilantes?

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