Quién es Mariana Dongiovanni

Mariana Dongiovanni es vecina del barrio Presidente Sarmiento de Florencio Varela. En 2015, con 36 años, prestó juramento como titular de la Fiscalía N° 2 de Varela. En ese momento declaró sentirse «orgullosa de trabajar para brindar la justicia que Varela merece». Once años después, su nombre aparece una y otra vez ligado a causas que las familias de las víctimas definen como archivadas, frenadas o abandonadas. Hoy ya no conduce la Fiscalía N° 2: se apartó de ese cargo en medio de cuestionamientos y actualmente se desempeña como fiscal de flagrancia, rol desde el cual volvió a generar controversia con la excarcelación del dirigente sindical Flavio Martín Ríos.

Caso 1: La Masacre de Florencio Varela (2017)

El 11 de febrero de 2017, cuatro adolescentes fueron atacadas a balazos a la salida del boliche Santa Diabla, en avenida Senzabello y Los Andes. Denise Juárez, de 17 años, y Sabrina Barrientos, de 16, murieron. Magalí Pineda y Némesis Núñez sobrevivieron con heridas graves. El atacante disparó más de 20 veces: Denise recibió 9 impactos y Sabrina, 6. Nueve años después, no hay ningún condenado por ese crimen. La causa pasó por distintos fiscales y líneas de investigación sin llegar a juicio. El nombre de Dongiovanni figura entre quienes intervinieron en la investigación durante alguna de sus etapas, en una causa que Infosur cubrió durante años y que todavía no tiene resolución.

Caso 2: Lautaro Morello y Lucas Escalante (2022)

El 9 de diciembre de 2022, en plena noche de festejo por el pase de Argentina a semifinales del Mundial, Lautaro Morello (18 años) y Lucas Escalante salieron del barrio Bosques con rumbo a buscar unos vales de nafta. Nunca volvieron. Semanas después, el cuerpo de Lautaro apareció semi calcinado en un descampado de Guernica: había muerto por estrangulamiento tras recibir golpes brutales. Lucas sigue desaparecido hasta hoy.

La investigación apunta al clan Centurión: Francisco, excomisario mayor con vínculos en la Interpol, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, ambos policías. El juicio oral estaba previsto para abril de 2026 pero se suspendió. Sin embargo, mientras la causa estuvo en manos de Dongiovanni, según denunciaron las familias ante Infosur, la investigación no prosperó: el allanamiento a la quinta se demoró varios días pese a los indicios, elementos fueron manipulados y las pericias se realizaron recién tras la insistencia de otros actores judiciales. Fue otro fiscal, Daniel Ichazo, quien logró llevar la causa a juicio oral.

Caso 3: La muerte de Nahuel Sanabria (2023)

El 19 de diciembre de 2023, Nahuel Sanabria murió en la Distribuidora Emicat, sobre la Ruta 36. En abril de 2024, Dongiovanni se excusó y se apartó de la investigación. Dos fiscales más —de las fiscalías de Presidente Perón y Pringles— también rechazaron tomar la causa. La tía de Nahuel, Dora Montiel, denunció ante Infosur que la fiscal nunca recibió a la familia desde el día del crimen, y que incluso ordenó que ella fuera retirada de las instalaciones de la dependencia. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante marcharon juntas frente a las Fiscalías Descentralizadas de Varela en marzo de 2024, unidas por el mismo reclamo: que Dongiovanni respondiera por sus casos.

El apartamiento y la reaparición

En un momento no precisado públicamente, Dongiovanni fue apartada de la titularidad de la Fiscalía N° 2 en medio de los cuestionamientos acumulados. Sin embargo, no salió del sistema judicial: fue reubicada como fiscal de flagrancia, el área que interviene en detenciones en tiempo real. Desde ese nuevo rol, el 26 de mayo de 2026 participó de la audiencia en la que el juez Julián Busteros excarceló a Flavio Martín Ríos —dirigente de ATE Varela con dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra— sin que Dongiovanni apelara la resolución.

¿Quién controla a los fiscales en la Provincia de Buenos Aires?

En la Provincia de Buenos Aires, los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo provincial con acuerdo del Senado bonaerense, a propuesta del Procurador General. Una vez designados, son inamovibles salvo que sean removidos mediante un jury de enjuiciamiento —un proceso político-judicial que requiere acusación del Procurador General ante el Tribunal de Responsabilidad Penal del Ministerio Público. En la práctica, los juicios a fiscales son excepcionales. El control cotidiano depende de la Procuración General, que puede iniciar investigaciones administrativas pero carece de herramientas ágiles para sancionar conductas como el apartamiento sistemático de causas. Las familias de Nahuel Sanabria ya presentaron una denuncia administrativa ante Fiscalía General contra Dongiovanni. Su resultado es, hasta ahora, desconocido.

Infosur solicitó posición a la Fiscalía de Flagrancia y a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota no hubo respuesta. Las familias de Nahuel Sanabria, Lautaro Morello y Lucas Escalante fueron consultadas como fuentes primarias de esta nota.

El caso más reciente que involucra a Dongiovanni es la excarcelación del dirigente de ATE Varela Flavio Martín Ríos, quien tenía dos causas abiertas por tenencia ilegal de arma de guerra en menos de seis meses. El juez Busteros lo liberó bajo caución juratoria y la fiscal no apeló. Infosur accedió al expediente judicial. → https://infosurdiario.com.ar/excarcelacion-flavio-rios-juez-busteros-arma-guerra-florencio-varela/

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El hecho que disparó la causa

Según los voceros judiciales, el 20 de mayo, pasada la medianoche, personal del Comando de Patrullas de Florencio Varela detectó dos vehículos en actitud sospechosa en las calles Mar Chiquita y San Nicolás: una camioneta Amarok y una Ford Territory con tres ocupantes. Al revisarlos, siempre según la resolución judicial, encontraron dos revólveres calibre 38 Special marca Taurus con balas punta de teflón. Flavio Martín Ríos, conocido como «Sandro», fue uno de los detenidos en flagrancia.

Un antecedente que no se podía ignorar

No era la primera vez. El 28 de enero de 2026, la Policía detuvo a J. E. L. en las calles Cariboni y Mar Chiquita, a bordo de una Amarok, con una pistola 6,35 marca Mauser y 65 balas de distintos calibres en una mochila. Ríos se presentó en la Comisaría 1ª a reclamar la camioneta y la mochila como propias, lo que motivó que la Fiscalía 2 lo imputara también por tenencia ilegal de arma de guerra. Dos causas del mismo tipo, en el mismo municipio, con apenas cinco meses de diferencia.

La decisión judicial y lo que dice el expediente

El 26 de mayo se realizó la audiencia de excarcelación ante el Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del juez Julián Busteros. El defensor, el dr. Eduardo Manuel Martínez, solicitó la excarcelación invocando el art. 169 del Código Procesal Penal. La fiscal de flagrancia, Dra. Mariana Dongiovanni, se opuso en la audiencia pero, según fuentes del expediente, no apeló la resolución una vez dictada. El juez Busteros hizo lugar al pedido y ordenó la libertad bajo caución juratoria, con presentación obligatoria al juzgado una vez por semana —condición que puede levantarse si el imputado acredita empleo en relación de dependencia.

El expediente tramita ante ese mismo juzgado. Este medio accedió al documento firmado digitalmente por el juez Busteros.

¿Quién es Flavio «Sandro» Ríos?

Ríos ocupó el cargo de Secretario de Finanzas en la seccional ATE Florencio Varela desde la elección del 9 de agosto de 2024. Según fuentes gremiales, es además yerno del Secretario General Darío Olmedo, ex Consejero Escolar del Partido Justicialista. Olmedo habría negado públicamente que Ríos forme parte de su comisión directiva, pese a los registros de la última elección sindical.

Cronología del caso

28 ene. Primera detención vinculada: pistola Mauser + 65 balas en camioneta de Ríos.

20 may. Segunda detención: dos revólveres .38 con balas de teflón. Interviene fiscalía de flagrancia.

26 may. Audiencia de excarcelación. Juez Busteros concede la libertad. Fiscal Dongiovanni no apela.

Este medio solicitó posición al Juzgado de Garantías N° 5 y a la Fiscalía de Flagrancia de Florencio Varela. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta. La resolución judicial citada fue verificada mediante el documento oficial digitalizado con firma del juez Busteros (fecha: 26/05/2026, 13:52:25).

La fiscal Dongiovanni no es nueva en la polémica. Su nombre aparece ligado a algunos de los casos más dolorosos de Florencio Varela: la Masacre de 2017, el crimen de Lautaro Morello, la desaparición de Lucas Escalante y la muerte de Nahuel Sanabria. En todos ellos, las familias denunciaron falta de investigación. → https://infosurdiario.com.ar/fiscal-dongiovanni-casos-sin-resolver-florencio-varela-flagrancia-rios-armas-guerra/

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En una sala colmada y en medio de un clima político atravesado por la discusión sobre seguridad, baja de imputabilidad y endurecimiento penal, el reconocido jurista dejó una de las definiciones más fuertes de los últimos meses sobre la situación institucional del país.

Invitado a una charla sobre criminología y derechos humanos organizada en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Zaffaroni aseguró que la sociedad argentina atraviesa un proceso de “anonadamiento” frente a la sucesión constante de hechos políticos y discursos extremos.

“No nos dejan tiempo para reflexionar”, dijo Eugenio Zaffaroni

Durante la entrevista, Eugenio Raúl Zaffaroni analizó el crecimiento del punitivismo y sostuvo que la velocidad de los acontecimientos políticos impide procesar lo que ocurre.

“Los hechos y las conductas anormales se suceden con una velocidad vertiginosa. No nos dan tiempo a reflexionar sobre los anteriores”, expresó.

Y fue todavía más contundente al describir el impacto social de ese fenómeno.

“Se produce una suerte de anonadamiento. Nos volvemos pelotudos”, lanzó.

Para el exmagistrado, el problema excede las discusiones sobre seguridad o criminalidad y forma parte de un proceso institucional mucho más profundo.

Duras críticas a Javier Milei

En otro tramo de la entrevista con Guillermo Troncoso para Data Judicial, Zaffaroni apuntó directamente contra el presidente Javier Milei.

“Tenemos un individuo que a cada rato injuria a la humanidad, da datos falsos y pierde el equilibrio”, afirmó.

El exjuez incluso utilizó expresiones coloquiales para describir al mandatario:

“En el barrio dirían que está chapita”, señaló.

Además, cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y consideró que existe un ataque a políticas históricas vinculadas a la educación pública, las universidades y la tradición democrática argentina.

“La Corte Suprema es el Triángulo de las Bermudas”

Otro de los puntos más duros de sus declaraciones estuvo dirigido hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que criticó por su funcionamiento actual.

“No existe una Corte Suprema de tres integrantes en el mundo, salvo en la República Argentina”, sostuvo.

Y agregó:

“Existe el Triángulo de las Bermudas”.

Según Zaffaroni, el máximo tribunal atraviesa una crisis de legitimidad y funciona bajo una “producción fordista de decisiones”, cuestionando la cantidad de causas resueltas anualmente.

“Es el momento de mayor involución desde la democracia”

Sobre el final de la entrevista, el exintegrante de la Corte Suprema dejó otra definición que resonó fuerte entre los presentes.

Consultado sobre si la Argentina vive el peor retroceso institucional desde 1983, respondió sin dudar:

“Sí, sin duda”.

Sin embargo, aclaró que, a diferencia de la última dictadura militar, hoy existe una sensación distinta.

“En la dictadura cada uno sabía dónde estaba parado. Ahora estamos anonadados”, reflexionó.

Y concluyó:

“Nunca hubo un momento como este”.

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Centurión rompió el silencio: ¿táctica o desesperación?

Casi cuatro años después de que Lautaro Morello apareciera muerto y Lucas Escalante desapareciera en Florencio Varela, el excomisario Francisco Centurión eligió romper el silencio. Lo hizo el sábado pasado desde la unidad carcelaria donde está detenido, en una comunicación de poco más de veinte minutos con un programa de radio afín a su causa.

No aportó elementos nuevos. Negó conocer a las víctimas, acusó al fiscal de armar una causa en su contra y cuestionó la legitimidad de los jueces intervinientes. Lo que no explicó es por qué, con todo eso, ningún juez ni cámara de apelaciones avaló su liberación en casi tres años, y por qué el proceso sigue en pie con elevación a juicio oral ya firme.

En el entorno judicial del caso, las declaraciones no fueron leídas como un arrebato. El juicio se acerca y la posibilidad de que se realice con jurado popular convierte la construcción del relato público en una herramienta tan importante como los alegatos en sala. Ante ciudadanos que no conocen los detalles técnicos del expediente, una narrativa de víctima puede rendir más que ante jueces profesionales.

El debate oral estaba previsto para el 14 de abril y no comenzó. Es la sexta audiencia preliminar caída. Cristian y Maximiliano Centurión llevan tres años y medio de prisión preventiva. Francisco, casi tres. Las familias de Lautaro y Lucas siguen esperando.

La 148 no levanta

El regreso de la Línea 148 había sido presentado como el final de un conflicto que durante casi cinco meses dejó sin servicio a miles de pasajeros del sur del conurbano. La empresa El Nuevo Halcón había colapsado y una nueva operadora tomó el relevo. Once días después, la línea volvió a colapsar.

Colectivos averiados el mismo día de la reactivación, unidades varadas en pleno recorrido, choferes y pasajeros empujando micros en las cabeceras. Y detrás de escena, un conflicto laboral que escaló hasta el envío de alrededor de 50 telegramas de despido a trabajadores y delegados gremiales. El cuerpo de delegados denunció maltrato, precariedad y una ofensiva contra representantes sindicales. La empresa habría intentado además impulsar retiros voluntarios forzosos.

El Gobierno nacional intervino y dictó la conciliación obligatoria por quince días a través de la Secretaría de Trabajo. La medida obliga a reincorporar a los despedidos y exige a la Unión Tranviarios Automotor suspender cualquier medida de fuerza. Pero la desconfianza sigue intacta.

El conflicto llega en el peor momento para el bolsillo de los usuarios. Según el último informe del Indec, el transporte fue el rubro que más aumentó en abril con una suba del 4,4%, muy por encima de la inflación general del 2,6%. En la comparación interanual, el rubro acumula un incremento del 39,9%. En las paradas del sur bonaerense, la ecuación es cruel: viajar cuesta más y el servicio funciona menos.

El ajuste llegó a los hospitales

El martes de la semana que viene, el gobernador Axel Kicillof recibirá a los intendentes bonaerenses en la Casa de Gobierno de La Plata para poner sobre la mesa el impacto del ajuste nacional en el sistema de salud. El intendente Andrés Watson será parte de esa reunión.

Los números que la Provincia llevará a la mesa son difíciles de ignorar. La demanda en hospitales públicos bonaerenses creció un 30 por ciento en el último período, impulsada en parte por la caída de coberturas privadas. El sistema recibe más pacientes con menos recursos.

Entre los puntos del encuentro figuran las consecuencias del desfinanciamiento de programas nacionales, la falta de medicamentos y la escasez de vacunas que el gobierno nacional debería proveer y que no están llegando. Kicillof y su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, ya calificaron de criminal el fin del plan Remediar y lanzaron un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses para intentar cubrir el bache.

Al cierre de la reunión se firmará un acta acuerdo con la que los municipios expresarán una posición común y reclamarán la restitución de programas y recursos. Es la misma estrategia que los intendentes ya aplicaron frente a las carteras de Luis Caputo y Sandra Pettovello: construir un documento conjunto que dé peso institucional al reclamo.

Para los varelenses que hoy esperan turno en un centro de salud, que buscan un medicamento que no está o que no recibieron la vacuna del calendario, lo que se decida en La Plata el martes no es política: es concreto.

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Miriam Aguilar utilizó sus redes sociales para expresar el dolor de la familia y cuestionar las palabras del exjefe policial, quien días atrás había hablado públicamente sobre el expediente judicial.

“A Lauty no lo dejaron vivir”, escribió la mujer en un extenso posteo cargado de angustia, recuerdos familiares y reclamos de justicia.

En el mensaje, la abuela recordó momentos íntimos de Lautaro Morello junto a su familia, mencionó el nacimiento de nuevos integrantes que el joven no pudo conocer y volvió a apuntar contra los acusados por el crimen.

“Lauty no falleció, lo asesinaron Maximiliano y Cristian Centurión. No hay otra verdad”, expresó.

La publicación apareció pocas horas después de que Francisco Centurión rompiera el silencio desde prisión y desplegara una estrategia pública de defensa en medio de la espera por el futuro juicio oral.

“No nos van a amedrentar”

En otro tramo del mensaje, Miriam Aguilar cuestionó que se intente “defender lo indefendible” y sostuvo que la familia continuará reclamando justicia.

“No nos van a amedrentar. Queremos justicia”, escribió.

La mujer también describió el profundo impacto emocional que el crimen provocó dentro de la familia Morello y recordó la muerte del abuelo de Lautaro, ocurrida un año después del asesinato.

“Ya no soportaba lo que te habían hecho y ver a tu mamá sufriendo”, señaló.

Una causa que sigue conmocionando a Varela

El caso de Lautaro Morello y Lucas Escalante continúa generando fuerte repercusión en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022.

La investigación avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en la detención del excomisario Francisco Centurión y otros acusados vinculados al expediente.

Mientras las defensas comienzan a moverse de cara al futuro juicio, las familias de las víctimas mantienen activo el reclamo de justicia y continúan denunciando un entramado de encubrimiento detrás del caso.

El posteo de la abuela de Lautaro volvió a exponer el dolor que atraviesa la familia Morello y reavivó el fuerte impacto social que el expediente mantiene en Florencio Varela.

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Las recientes declaraciones del exjefe policial desde prisión no aparecieron de manera aislada. En el entorno judicial del caso son leídas como parte de un movimiento defensivo previo al futuro juicio, en una causa marcada por fuertes tensiones, demoras procesales y un enorme impacto público en el sur del conurbano.

Centurión, uno de los principales acusados en el expediente, eligió romper el silencio después de años. Lo hizo con un discurso donde buscó presentarse como víctima de una causa armada, apuntó contra fiscales y jueces, y dejó entrever una estrategia orientada a disputar no sólo el terreno judicial, sino también la opinión pública.

El movimiento no pasa desapercibido. En causas de alto impacto mediático, la construcción de sentido alrededor de los acusados suele convertirse en un elemento clave antes de la etapa de juicio oral, especialmente cuando existe la posibilidad de un juicio por jurados.

La apuesta de Centurión por el juicio por jurados

Uno de los puntos que aparece detrás de las declaraciones de Centurión es la eventual llegada del expediente a un jurado popular, escenario donde las defensas suelen intentar humanizar a los imputados y cuestionar la legitimidad de la investigación. Sobre todo ante la contundencia técnica de los indicios.

En ese contexto, las entrevistas públicas, los mensajes desde prisión y las críticas al proceso judicial pueden transformarse en herramientas para instalar dudas o generar empatía social antes de que el caso llegue a debate.

El expediente por Lautaro Morello y Lucas Escalante arrastra además un fuerte desgaste producto de las demoras judiciales, audiencias suspendidas y discusiones procesales que marcaron la causa desde el comienzo.

Mientras las familias de las víctimas sostienen el reclamo de justicia y apuntan a un entramado de encubrimiento policial, las defensas comenzaron a reforzar otra línea narrativa: la existencia de irregularidades y supuestas inconsistencias en la investigación.

Una causa que conmocionó a Florencio Varela

El caso tuvo un enorme impacto en Florencio Varela y en toda la región desde diciembre de 2022, cuando Lautaro Morello apareció asesinado y Lucas Escalante desapareció luego de salir juntos rumbo a un encuentro vinculado a la compra de drogas.

Con el correr de la investigación, la causa avanzó sobre integrantes de la Policía Bonaerense y derivó en detenciones de alto perfil, entre ellas la de Francisco Centurión, excomisario de la policía Bonaerense

Desde entonces, cada movimiento judicial alrededor del expediente genera fuerte repercusión pública y política en la región.

Las recientes declaraciones de Centurión volvieron a poner el caso en el centro de la escena y dejaron al descubierto que la pelea ya no sólo se libra en tribunales, sino también en el terreno de la construcción pública del relato sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Florencio Varela.

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El dato, que hasta ahora no había trascendido públicamente, fue confirmado a Infosur por fuentes confiables.

El escándalo que sacude a Varela

Las últimas semanas dejaron a la fuerza varelense en el centro de la tormenta. Primero fue la detención del comisario de la Seccional Tercera y de personal operativo, en una causa por presunto robo agravado donde se detectaron actas contradictorias y la presunta sustracción de elementos secuestrados. Luego, un segundo comisario fue aprehendido en menos de un mes. Y finalmente, el jefe de Policía Científica del distrito quedó detenido tras retirar notebooks pertenecientes a efectivos ya investigados judicialmente, en una maniobra que la Justicia analiza como posible entorpecimiento de pruebas.

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En ese contexto, con Asuntos Internos y la Justicia activos sobre múltiples dependencias, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas pasó sin anuncio oficial ni comunicado del Ministerio.

Quién es Romero y por qué importa el dato

El comisario Romero no es un nombre ajeno a la historia reciente de la Cuarta de Bosques. Según fuentes que siguen la causa, al momento en que Lucas Escalante y Lautaro Morello desaparecieron —la noche del 9 de diciembre de 2022, cuando salieron a festejar el triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar— Romero se desempeñaba como segundo jefe de esa seccional, bajo las órdenes directas del comisario Sergio Enrique Argañaraz.

Argañaraz, hoy condenado, se convirtió en uno de los símbolos del encubrimiento policial en el caso. La investigación determinó que esa misma noche se negó a recibir la denuncia por averiguación de paradero que presentó la madre de Lucas, y que en los días siguientes obstaculizó sistemáticamente la búsqueda y los allanamientos ordenados por la fiscalía. En 2023 fue detenido, y en 2025 aceptó un juicio abreviado que le valió una condena de tres años de prisión efectiva.

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Romero era, en ese momento, su segundo.

El juicio que sigue sin realizarse

Mientras tanto, el juicio oral contra los principales imputados por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas —Francisco Centurión, exjefe de Interpol de la Provincia de Buenos Aires, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano— sigue sin celebrarse. Previsto inicialmente para abril de 2026 en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Florencio Varela, fue suspendido a último momento cuando los acusados cambiaron de abogado defensor. «Es indignante», declaró la abuela de Lautaro al enterarse. Las familias de las víctimas llevan más de tres años esperando justicia.

En ese escenario judicial inconcluso, y en medio de un escándalo policial que sigue sumando capítulos, la designación de Romero al frente del Comando de Patrullas de Florencio Varela abre interrogantes concretos: ¿qué criterios evaluó el Ministerio de Seguridad al promoverlo? ¿Fue considerado su rol institucional durante los hechos de diciembre de 2022?

Infosur consultó al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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El nuevo operativo se concretó en las últimas horas y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento interno de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en Florencio Varela, donde en menos de un mes ya se registraron múltiples detenciones de personal jerárquico.

Según pudo saber Infosur, el procedimiento se activó luego de una denuncia que derivó en la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, junto a personal de Asuntos Internos.

De acuerdo al expediente, un vecino fue interceptado en la zona de avenida Jorge Novak y Aniceto Díaz por efectivos que se desplazaban en un móvil policial identificado y un vehículo particular. En ese contexto, le habrían realizado una inspección vinculada a la supuesta investigación de robo de cableado, detectando material de cobre en su poder, presuntamente adquirido en una chatarrería.

La denuncia sostiene que, tras esa situación, los efectivos habrían exigido dinero para evitar consecuencias judiciales, lo que motivó la inmediata intervención de la fiscalía y la posterior aprehensión de personal policial de la seccional.

Entre los aprehendidos se encuentran el titular de la comisaria primera de Florencio Varela, Edgardo Oviedo, el jefe del GTO Diego benítez y otros integrantes del gabinete operativo como Claudio Roldán, Alexis Lugo y Lucas Ignacio, todos acusados en el marco de la causa por robo agravado.

ANTECEDENTE INMEDIATO: OTRO CASO EN MENOS DE UN MES

Este nuevo episodio se suma a lo ocurrido a mediados del mismo mes en otra dependencia policial de Florencio Varela, donde también fue detenido un comisario junto a personal de calle en el marco de una investigación interna.

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Aquella causa, que también contó con intervención judicial y de Asuntos Internos, generó un fuerte impacto institucional dentro de la fuerza y abrió un proceso de revisión sobre el accionar de distintas comisarías del distrito.

La reiteración de estos hechos en un corto período de tiempo profundiza la percepción de crisis dentro de la estructura policial local, con expedientes abiertos que continúan en trámite y bajo estricta reserva.

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Los procedimientos se realizaron durante la madrugada del sábado en los domicilios de César Parra y Cristian Miño, señalados en la causa que lleva adelante la fiscalía.

De acuerdo a la denuncia, varias personas habrían abonado sumas cercanas a los 20 mil dólares por lote, pero posteriormente se les habría impedido el ingreso al predio.

La investigación está a cargo de la Fiscalía N° 5, bajo la intervención del fiscal Pagliuca, quien dispuso las medidas que fueron autorizadas por el juez de Garantías Julián Busteros.

Durante los allanamientos, realizados por personal de la Sub DDI de Florencio Varela con apoyo de otras dependencias, se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y documentación que será analizada en el marco de la causa.

Parra es titular de una inmobiliaria local y presidente de la Cooperativa Orqueta Cura, mientras que Miño integra la misma organización como tesorero y cuenta con participación en espacios vinculados al cooperativismo.

El caso se originó a partir de denuncias de presuntas víctimas, quienes sostienen que realizaron pagos por terrenos en el loteo sin poder tomar posesión de los mismos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa de recolección de pruebas y no se descartan nuevas medidas judiciales.

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La bronca se mezcla con el cansancio y la angustia. Otra vez. En Florencio Varela, las familias de Lucas Escalante y Lautaro Morelli volvieron a quedar atrapada en los tiempos de la Justicia. Y esta vez, con un temor concreto: que el juicio por su desaparición y el crimen de Lautaro recién se realice en diciembre.

“Nos dijeron que la fecha estimativa sería en diciembre. Es mucho tiempo”, expresó Romina Escalante, hermana de Lucas, en medio de la angustia que atraviesa la familia tras la reciente suspensión del proceso judicial.

Un juicio que no arranca

La audiencia prevista fue postergada luego de que los acusados no completaran la presentación de pruebas. Según denunciaron, los cambios en la defensa volvieron a trabar el avance de la causa.

El expediente arrastra demoras desde hace meses. La última audiencia se había realizado en septiembre del año pasado y aún quedaban instancias pendientes antes de llegar al juicio oral.

“Se siguen tirando la pelota entre fiscales, jueces y defensas. Y los que quedamos en el medio somos nosotros”, apuntó Romina.

El peso del tiempo

El caso se remonta a diciembre de 2022, en pleno clima mundialista. Mientras el país celebraba, dos familias comenzaban una pesadilla: Lucas desaparecía y días después se confirmaba el crimen de Lautaro.

A más de tres años y medio, la causa todavía no tiene una resolución judicial firme.

Por eso, la posibilidad de que el juicio se realice en diciembre vuelve a cargar de simbolismo el calendario. “No queremos pasar otro fin de año o un contexto así esperando respuestas”, deslizaron desde el entorno familiar.

La búsqueda que no termina

Mientras el expediente avanza a paso lento, la búsqueda de Lucas continúa abierta. No hay certezas sobre su paradero.

“Yo necesito encontrar a mi hermano. Que haya una condena puede abrir una puerta, que alguien diga algo”, sostuvo Romina.

La causa, que involucra a ex efectivos policiales, sigue siendo uno de los casos más sensibles de los últimos años en el sur del conurbano.

Un reclamo que no se apaga

En las puertas del tribunal, la escena se repite: familiares, carteles, pedidos de justicia.

El reclamo es el mismo desde hace más de tres años.

Que el juicio empiece. Y que no se siga postergando.

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El pasado 10 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela condenó a cinco efectivos de la Policía Bonaerense por su responsabilidad en la muerte de Francisco Valentín Cruz. Las penas van desde un año hasta seis años y seis meses de prisión, en el marco de un juicio por abandono de persona seguido de muerte y otros delitos.

El hecho ocurrió a mediados de marzo de 2020, cuando el joven, de 29 años, fue subido a un patrullero mientras se encontraba en un evidente estado de desorientación y confusión, producto de un padecimiento de salud mental.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocinó a la familia de la víctima, valoró el fallo al considerar que se ajusta a las pruebas producidas durante el debate y que expone la responsabilidad policial en la muerte de Cruz. Tras la lectura del veredicto, tres de los cinco policías fueron detenidos en la sala de audiencias.

“Es un veredicto que se acercó bastante a lo que habíamos solicitado en nuestros alegatos, especialmente porque los cinco agentes imputados fueron hallados culpables. La familia de Francisco recibió positivamente este resultado luego de tanta lucha por acceder a la justicia”, señalaron desde la CPM.

Además, remarcaron que “la muerte de Francisco no debió haber ocurrido y no pudo haberse concretado sin la intervención de los policías, quienes lo subieron al patrullero sin motivo y no informaron el lugar donde supuestamente lo dejaron”.

Las condenas

Sergio Esteban Barboza y Emanuel Maximiliano Peralta fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por abandono de persona seguido de muerte —en la modalidad de puesta en situación de desamparo—, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

Ezequiel Carlos Rodríguez recibió una pena de seis años de prisión por el mismo delito. Los tres fueron detenidos tras el veredicto y cumplirán pena efectiva.

Por su parte, la agente Virginia Noemí de la Vega fue condenada a dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de abandono de persona, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

En tanto, Facundo Alan Iván Rolón recibió una pena de un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tribunal, integrado por los magistrados Santiago Zurzolo Suárez, Patricio Gandulfo y Natalia González Aguirre, dará a conocer en las próximas semanas los fundamentos de la sentencia.

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El autor fue Alcides Gorgonio Díaz, miembro de la división de inteligencia de la Prefectura Naval. La condena fue de 13 años de prisión efectiva, confirmada por el Tribunal de Casación. Caso cerrado, en apariencia.

Pero Gorgonio Díaz no se resignó. Y al parecer encontró aliados dispuestos a todo.

El plan

Entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, mientras el juicio oral contra Díaz se preparaba en el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Isidro, pareciera que tomó forma una maniobra sofisticada y temeraria: fabricar prueba falsa para desacreditar las actuaciones policiales y fiscales que habían armado el caso. El objetivo era claro: sembrar dudas suficientes para voltearlo.

Para la Justicia, el eje del plan fue Washington Palacios, entonces fiscal de la UFI N° 1 de Pilar. Cuando llegó a su escritorio una denuncia por amenazas presentada por César Jaunarena —un ciudadano que había sido convocado como testigo de actuación en los allanamientos mientras esperaba el colectivo— Palacios vio una oportunidad. En lugar de investigar las amenazas, desvió deliberadamente la causa hacia otro destino: desacreditar todo lo actuado en el caso Díaz.

Siempre según la resolución judicial los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español completaron el esquema. Fueron ellos quienes instruyeron a Jaunarena sobre qué decir. El testigo, descripto en la sentencia como una persona en situación de vulnerabilidad, terminó declarando falsamente ante la Fiscalía de Pilar y luego ante el propio tribunal del juicio oral: que en los allanamientos se había secuestrado más dinero del consignado en el acta, y que una persona no identificada había ingresado con un bolso al domicilio. Nada de eso había ocurrido.

Pero hubo un eslabón que no resistió. El comisario Gabriel Natiello, uno de los policías que había intervenido en los allanamientos, relató ante la justicia que Palacios y Pérez Bodria le habían pedido directamente que cambiara su versión de los hechos antes del juicio oral. No lo hizo. Y su testimonio fue una de las piezas que desarmó todo el andamiaje.

Las pruebas

Para la Justicia, la coordinación entre los cuatro acusados quedó expuesta por registros de llamadas telefónicas y, de manera quizás más elocuente, por grabaciones de conversaciones entre Graciela Garate —esposa de Gorgonio Díaz— con su marido detenido y con el fiscal Palacios. Las voces hablaban solas.

En 2019, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dado el primer golpe: destituyó a Palacios por unanimidad. El jurado tuvo por acreditado que había llevado adelante conductas irregulares y anómalas, contrarias al criterio objetivo que debía guiar su función. Esa destitución no fue solo un antecedente administrativo: la sentencia penal de hoy la receptó como elemento determinante para configurar el delito de violación de los deberes del funcionario público.

La condena

Este martes 7 de abril de 2026, el juez Hernán Sergio Archelli del Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro leyó su veredicto. Las penas:

— Washington Palacios: 6 años de prisión y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

— Tomás Pérez Bodria y Esteban Español: 5 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la abogacía, cada uno.

— César Jaunarena: 4 años de prisión.

Al ponderar las penas, Archelli no encontró atenuantes. Los agravantes que enumeró dicen mucho sobre la naturaleza del caso: la gravedad institucional de los hechos, la erosión al sistema de administración de justicia, el entrecruzamiento de vínculos ilícitos, la participación de más de tres personas, la instrumentalización de una persona vulnerable, y el uso del aparato judicial y de la función fiscal con fines espurios.

Once años

Desde aquella noche de julio de 2013 en Tigre hasta este fallo, pasaron casi once años. Gorgonio Díaz sigue preso por el robo original. Ahora, los que intentaron salvarlo también enfrentan la cárcel.

La sentencia de hoy no es solo el cierre de una causa penal. Es el retrato de cómo una red de funcionarios y operadores puede intentar capturar la maquinaria judicial desde adentro, usando sus propias herramientas. Y, en este caso al menos, fracasar.

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Fuentes policiales informaron en exclusiva a Infosur

El accidente

Cerca del mediodía de este martes, el automóvil conducido por el diputado provincial Maximiliano Bondarenko colisionó con un motociclista en la intersección del Camino General Belgrano y calle 450, en City Bell, partido de La Plata.

Según informaron fuentes policiales a Infosur, el vehículo del legislador realizó una maniobra imprudente que motivó la colisión. El ciclista fue impactado pero no registró heridas de gravedad.

Bondarenko permaneció en el lugar tras el accidente y personal policial intervino en el procedimiento. El hecho quedó asentado en la dependencia correspondiente, la 12 de La Plata.

Ratificado horas antes en la conducción libertaria

El accidente ocurrió pocas horas después de que Bondarenko fuera ratificado en la mesa de conducción de La Libertad Avanza a nivel bonaerense, lo que representa un espaldarazo político en el armado del partido en la provincia.

Lo que viene

Infosur continúa aguardando la versión del entorno del diputado y de las autoridades de tránsito intervinientes. La nota será actualizada a medida que se conozcan novedades.

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Una rosa roja ocupa el centro de la escena. Detrás, una secuencia de carteles escritos a mano va poniendo palabras a un dolor que no encuentra alivio. A un año exacto de la desaparición de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, brutalmente asesinados, Alicia Pita, la mamá de Paloma, difundió un mensaje en video que volvió a sacudir conciencias.

“365 días sin Justicia. No a la impunidad”, se lee en uno de los primeros carteles. La frase resume un año entero de espera, duelo y reclamo. No hay voz en off: hablan los papeles, la imagen y el silencio. Cada mensaje aparece y desaparece, como una herida que se abre una y otra vez.

El video continúa con un pedido que atraviesa a ambas familias:
“Por la Verdad, la Justicia y la Memoria para Paloma y Josué”.
El recuerdo de los jóvenes no se apaga, pero el paso del tiempo tampoco trajo las respuestas que se esperan.

Un reclamo que no cesa

En otro de los carteles, Alicia apunta directamente al trato recibido tras el crimen:
“Exigimos respeto por la Memoria y nombre de nuestra hija”.
Y luego, con crudeza, suma una denuncia que expone el desgaste emocional que atraviesa la familia:
“Basta de revictimizar y hostigar a la familia”.

Cada frase es un golpe seco. No hay eufemismos ni rodeos. El mensaje no busca conmiseración, sino respeto, memoria y justicia.

Amor, fe y justicia terrenal

El tramo final del video combina amor y fe. “Siempre vivirás en nuestros corazones, te amaremos por siempre”, expresa uno de los carteles, antes de un pedido que sintetiza el anhelo más profundo de la familia:
“Pido a Dios que se haga Justicia, no solo en el cielo sino también en la tierra”.

El último mensaje es directo, firmado y sin intermediarios:
“Justicia para nuestra hija Paloma. Familia Gallardo”.

El video cierra con la imagen de Paloma. Su rostro vuelve a ocupar el centro, recordando que detrás de cada causa hay una vida truncada, una historia interrumpida y una familia que no baja los brazos.

A un año de aquel día en que Paloma y Josué desaparecieron, el mensaje de su mamá vuelve a marcar una certeza dolorosa: el tiempo pasa, pero la búsqueda de justicia no se detiene.

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Desde La Plata Abogadas explican que no existe una respuesta única, ya que cada situación debe analizarse de manera particular. “El hecho de que el cuidado sea compartido no implica automáticamente que no haya cuota alimentaria”, señalan.

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Según la normativa vigente, uno de los principales criterios que se tiene en cuenta es la situación económica de cada progenitor. En aquellos casos en los que uno de ellos cuenta con mayores ingresos o un caudal económico superior, puede corresponder el pago de una cuota alimentaria a favor del otro.

La finalidad de esta obligación no es beneficiar a uno de los adultos, sino garantizar que los hijos mantengan la misma calidad y nivel de vida en ambos hogares, evitando desigualdades que puedan afectar su bienestar.

En cambio, cuando ambos progenitores poseen ingresos similares y condiciones económicas equivalentes, cada uno afrontará la manutención de los hijos durante el tiempo en que se encuentren bajo su cuidado, sin necesidad de fijar una cuota adicional.

“Cada familia es distinta, pero los derechos de los niños y niñas son iguales para todos”, remarcan desde el estudio jurídico platense, y subrayan la importancia de informarse y asesorarse a tiempo, ya que una orientación adecuada puede evitar conflictos futuros y garantizar el pleno ejercicio de los derechos.

Ante dudas sobre la cuota alimentaria o el cuidado personal compartido, recomiendan realizar una consulta profesional para analizar cada caso concreto conforme a la ley.

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