BERAZATEGUI – Después de más de dos años de batalla judicial, mientras topadoras arrasaban con bosques nativos y rellenaban humedales a orillas del Río de la Plata, la Justicia finalmente dijo basta. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó este martes la paralización inmediata de las obras en dos emprendimientos privados de lujo en Berazategui: Puerto Nizuc y el barrio Elcano, ambos vinculados a la empresa Caputo Hermanos S.A., la misma familia del ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo.

La resolución judicial es contundente: suspensión total de desmonte, movimiento de suelos, construcciones, rellenos, quema de pastizales, dragados, polderizaciones y «cualquier otra acción de similares características susceptible de provocar la afectación del ambiente». Una victoria del ambientalismo que llega tarde —cuando gran parte del daño ya está hecho— pero que evita que el ecocidio ribereño siga avanzando.

«Frente a la situación fáctica constatada, el mantenimiento de la orden de suspensión de tareas de desmonte, movimiento de suelos, quema de pastizales, dragados, polderizaciones, etc. en el área objeto de este litigio constituye la vía más útil e idónea para preservar lo que resta de humedales y bosques nativos del daño ambiental irreversible que aquellas provocan», fundamentó el juez Spacarotel en un extenso texto que reconoce explícitamente que hubo «daño ambiental irreversible».

Dos años de demora judicial, dos años de destrucción

El fallo de la Cámara hace lugar al recurso de apelación que el Foro Ambiental Berazategui —organización que lleva años defendiendo los humedales ribereños— presentó después de que un juzgado de primera instancia levantara la cautelar que impedía las obras. Durante el tiempo que tardó en salir esta medida de la Cámara —más de dos años—, los emprendedores continuaron con la «acción destructora», según consigna el propio texto de la resolución.

En esos 24 meses, las topadoras no pararon. Talaron árboles nativos, rellenaron humedales con escombros, modificaron el curso de arroyos, movieron miles de toneladas de tierra. La obra avanzó a toda máquina, amparada en permisos municipales cuestionados y en una Justicia que no actuó con la celeridad que el daño ambiental requería.

El caso Puerto Nizuc y Elcano es paradigmático de cómo el poder económico puede burlar durante años las regulaciones ambientales con complicidad o inacción del Estado. El Municipio de Berazategui otorgó permisos de obra. La Provincia de Buenos Aires no ejerció su poder de policía ambiental. Y la Justicia tardó más de dos años en emitir un fallo que hoy reconoce que hubo «daño ambiental irreversible».

¿Qué es Puerto Nizuc y por qué importa?

Puerto Nizuc es un emprendimiento inmobiliario de alta gama en la costa de Berazategui, sobre el Río de la Plata. Barrios privados con acceso al río, marinas, amenities de lujo. El proyecto incluye una «3ª etapa» que implicaba el desmonte de hectáreas de bosque nativo y el relleno de humedales para ganar terreno al río.

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Funcionan como esponjas naturales que absorben agua en época de lluvias y la liberan gradualmente, evitando inundaciones. También son hábitat de cientos de especies de flora y fauna. Rellenar un humedal es destruir un ecosistema completo, con consecuencias irreversibles.

En el caso de Puerto Nizuc, el Foro Ambiental denunció que los emprendedores estaban destruyendo bosques nativos protegidos por la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, que prohíbe el desmonte sin autorización y obliga a presentar planes de manejo aprobados por la autoridad de aplicación.

«No tenían plan de manejo aprobado. No tenían estudio de impacto ambiental serio. No hicieron audiencia pública. Violaron todas las normativas ambientales. Y aun así, avanzaron», enumera el Foro en sus presentaciones judiciales.

El barrio Elcano: mismo patrón, mismos actores

El segundo emprendimiento frenado por la Justicia es el barrio Elcano, también en la zona ribereña de Berazategui. El esquema es idéntico: desmonte de bosque nativo, relleno de humedales, construcción de un barrio cerrado de lujo. Y los responsables son los mismos: Fideicomiso Pueblos del Plata, la empresa Caputo Hermanos S.A.

La Cámara resolvió por mayoría hacer lugar al recurso del Foro y ordenar «la inmediata suspensión de acciones de desmonte, movimientos de suelos, desmalezamiento, construcciones, rellenos y cualquier otra acción de similares características susceptible de provocar la afectación del ambiente y en particular de las especies (flora, fauna) existente en el área afectada».

Además, la Justicia exige que los emprendedores acrediten «haber cumplido en debida forma con el requisito de participación ciudadana», es decir, que realicen audiencias públicas donde la comunidad pueda opinar sobre el impacto ambiental de las obras. Algo que nunca hicieron.

La jueza Milanta fue incluso más contundente: «El interesado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de obras hasta tanto cuenten con el respectivo Plan de conservación y manejo de bosques nativos aprobado por la autoridad de aplicación».

La conexión Caputo y el poder económico

Que la empresa involucrada sea Caputo Hermanos S.A. no es un dato menor. La familia Caputo es una de las más poderosas del país en el rubro construcción y desarrollo inmobiliario. Luis «Toto» Caputo, actual ministro de Economía de la Nación, es hermano de los dueños de la empresa.

Aunque formalmente Luis Caputo no tiene participación accionaria en los emprendimientos —cedió sus acciones al asumir como funcionario público—, la conexión familiar es evidente. Y plantea preguntas incómodas sobre el vínculo entre poder político y poder económico.

«Es la misma lógica de siempre: grandes empresarios con acceso al poder hacen negocios inmobiliarios que destruyen el ambiente, consiguen permisos municipales y provinciales, y cuando la Justicia los frena ya hicieron la mitad de la obra», analiza un abogado ambientalista consultado por este medio.

El caso también expone la debilidad de los controles ambientales en la Provincia de Buenos Aires. Tanto el Municipio de Berazategui como el gobierno provincial deberían haber impedido estas obras antes de que comenzaran. No lo hicieron. Y ahora la Justicia los responsabiliza también: la Cámara ordenó que «la Municipalidad de Berazategui y la Provincia de Buenos Aires, cada una en el marco de sus competencias», garanticen el cumplimiento de la suspensión.

El daño ya está hecho

La resolución judicial llega tarde. Muy tarde. Gran parte de los bosques nativos ya fueron talados. Muchos humedales ya fueron rellenados. El daño, como reconoce el propio fallo, es «irreversible».

Las imágenes satelitales que el Foro presentó como prueba en la causa son elocuentes. Muestran, año tras año, cómo avanzó la destrucción. En 2022, había bosque nativo continuo en la zona de Puerto Nizuc. En 2023, aparecen las primeras «calvas» donde las topadoras arrancaron árboles. En 2024, grandes sectores ya están completamente pelados. Y en 2025, cuando la Justicia finalmente ordena parar, lo que queda es una fracción de lo que había.

«Preservar lo que resta», dice el fallo. Esa frase resume todo: queda tan poco que el objetivo ya no es conservar, sino salvar las migajas.

¿Qué viene ahora?

La medida cautelar de la Cámara obliga a la paralización inmediata de las obras. Los empresarios tendrán que desmovilizar las máquinas, retirar el personal, frenar todo. Si no lo hacen, podrían enfrentar sanciones penales por desobediencia a una orden judicial.

Pero el ambientalismo no se hace ilusiones. «Sabemos que van a apelar, que van a buscar la forma de seguir. Tienen recursos, tienen abogados, tienen poder», anticipa el Foro. «Por eso necesitamos que la sociedad se involucre. Que los vecinos de Berazategui exijan que se cumpla el fallo. Que la Provincia y el Municipio hagan los controles. Que no se permita ni un metro más de destrucción».

Berazategui y la batalla por la costa

Lo que está en juego en Berazategui es el futuro de toda la costa ribereña del Río de la Plata. Decenas de proyectos inmobiliarios de alta gama presionan sobre los últimos humedales y bosques nativos que quedan. Si se permite que avancen, en diez años la costa será un continuo de barrios cerrados, marinas privadas y muros que separan al río de la gente.

«Queremos una costa pública, accesible, con naturaleza conservada», reclama el Foro. «No queremos que el río sea solo para los ricos que pueden pagarse una casa en un country. El río es de todos. Los humedales son de todos. Y tenemos derecho a defenderlos».

El fallo judicial de esta semana es un respiro en esa batalla. Pero es solo eso: un respiro. La guerra por la costa recién empieza. Y del lado del ambientalismo, las armas son pocas: un puñado de organizaciones, algunos abogados comprometidos, vecinos que se movilizan. Del otro lado: empresas multimillonarias, poder político, una Justicia que tarda años en actuar.

Pero por ahora, por lo menos, las topadoras tienen que parar. Y los bosques que quedan, los humedales que resisten, tienen una oportunidad de sobrevivir. Pequeña, frágil, pero una oportunidad al fin.

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Vecinxs que viven en la costa enfatizan que en las crecientes diarias que tiene el Río de La Plata han comenzado a tener problemas, las aguas inundan sus viviendas. Ésto antes no ocurría porque el agua entraba por los canales naturales y se acumulaba en las zonas más bajas. Ahora no sucede porque hay zonas que han sido tapadas, rellenadas con tierra y cascotes como los que están sacando de la obra mencionada.

Lo que están realizando en el centro comercial Nuevo Quilmes perjudica a los arroyos y a la escorrentía de las aguas, a los vecinos y están destruyendo muchos árboles y nidos de distintos animales, como lagartos overos, comadrejas overas y varias especies de aves.

El humedal no es el patio trasero de los negociados que realizan los emprendedores que se quedan con tierras y ambientes naturales que son de todxs lxs quilmeñxs.

Sabemos quiénes son los perjudicados de siempre pero… ¿Quiénes son los que se benefician con el relleno de estas tierras que son un BIEN COMÚN DE TODXS LXS QUILMEÑXS?

Estos bienes comunes están cumpliendo servicios ambientales PARA TODXS LXS VECINXS DE LA REGIÓN en un momento donde es imprescindible parar al calentamiento global con medidas de protección de zonas que cumplen servicios ambientales y restaurar la zonas que han sido dañadas. Están haciendo todo lo contrario.

Se destruyen reservorios naturales para luego pedir préstamos a organismos internacionales, generando deuda externa y realizando obras para que las personas no se inunden, con las empresas que generaron la destrucción del HUMEDAL. Atentan contra la salud de toda la población ya que los humedales sirven para fijar el dióxido de carbono, uno de los elementos que genera el calentamiento global, retención y reserva de agua dulce… entre tantas cosas.

Por acción u omisión la Municipalidad de Quilmes y los organismos de control provincial como el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible OPDS Ambiente Provincia avalan y son cómplices responsables por este daño ambiental que se está produciendo.

Durante la campaña política, nos ningunean en público, atribuyéndose los logros de la organización vecinal asamblearia y nos tratan de violentxs. Se comprometieron a un diálogo que nunca existió. Informamos a la Señora Intendenta Mayra Mendoza que la medida cautelar sobre el proyecto inmobiliario Nueva Costa del Plata de Techint no se levantó. A la flamante concejala Cecilia Soler, que estas obras no justifican la destrucción del Humedal y el Bosque Nativo Ribereño.

Ahora es la empresa que hace el centro comercial la que está rellenando en este lugar, pero esta denuncia ya la hemos realizado en varias oportunidades desde hace años y está señalizada como punto 5 en el mapa de la destrucción del humedal y tala de bosque nativo.

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Las autoridades municipales, como las de Berazategui, aceptan gustosos y hasta invierten millones de pesos para abrirle paso a estos emprendimientos, con el argumento de que de la mano de la destrucción de la costa vendrá el progreso y el trabajo. Los habitantes del norte saben que lo que en realidad viene es inundaciones y exclusión social. Y los especialistas aseguran, además, que se rompen una coraza para la salud.

La destrucción de humedales y el daño a la salud

La destrucción de hábitats naturales y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de los virus por lo que se debe proteger a los humedales de Argentina, que representan más del 20% de los ecosistemas del país, aseguraron organizaciones socioambientales y reiteraron su pedido por una ley que protección al conmemorarse hoy el Día Mundial de los Humedales.

«La destrucción de hábitats naturales, la disminución de la biodiversidad y la alteración de los ecosistemas facilitan la propagación de virus. En este contexto, resulta necesario mantener a los ecosistemas naturales en un buen nivel de salubridad con políticas públicas», aseguró Rubén Quintana, presidente de Fundación Humedales e investigador principal del Conicet.

«Esperemos que esta dura experiencia que nos atraviesa con la actual pandemia nos haga reflexionar sobre la necesidad de repensar la relación de la sociedad con la naturaleza», expresó al explicar por qué la salud está «estrechamente ligada» a la salud ambiental.

Los humedales en Argentina

En Argentina, los humedales ocupan una superficie estimada en 600.000 km2, más del 20% del territorio.

Entre ellos, se destacan las turberas de Tierra del Fuego y los mallines de la Patagonia, los Esteros del Iberá, las lagunas de altura y salares de la Puna y el Delta del río Paraná.

«En Argentina tenemos una tendencia a la degradación y desaparición en grandes áreas de humedales, que es algo que se ve a nivel mundial. Se están perdiendo estos ecosistemas. No hay datos específicos de pérdidas, pero sí sabemos que desde 1700 en todo el mundo se ha perdido el 87% de los humedales», dijo a Télam Daniel Blanco director de la Fundación Humedales.

Según explicaron los especialistas, los humedales se ven amenazados por el cambio climático y por el uso de los suelos para la agricultura, ganadería y urbanizaciones.

El año pasado en el Delta del Paraná según las estimaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se perdieron 328 mil hectáreas arrasadas por incendios como consecuencia de la acción humana.

«Lo del 2020 fue un panorama desastroso. La sequía histórica en el Río Paraná producida por el cambio climático y las modificaciones en el uso de la tierra por el avance de los monocultivos de soja y la ganadería produjeron que grandes extensiones de humedales que están secas como pajonales se prendieran fuego», explicó Blanco.

«Creemos que en lugar de respuestas de emergencia a la situación, es tiempo de tener políticas públicas que anticipen, prevengan y minimicen los riesgos e impactos asociados a las quemas. Los humedales están para ser aprovechados pero hay que pensar formas de producción innovadoras y más amigables con el medio ambiente», opinó Blanco.

Hoy se conmemora el aniversario 50 de la firma de la Convención sobre los Humedales en Ramsar, Irán, al que Argentina adhirió hace 30 años al igual que otros 171 países.

Allí se definió la Red de Sitios Ramsar, que nuclea a aquellos humedales considerados de importancia internacional por ser «esenciales para la vida en el planeta» y busca generar un compromiso por parte de los países para protegerlos y conservarlos para la gente y la naturaleza.

Humedales, esenciales para la vida en el planeta

En la Argentina, se han designado hasta el presente 23 Sitios Ramsar, que abarcan una superficie total de 5.687.651 hectáreas de ambientes diversos, tales como lagunas altoandinas, zonas costeras marinas, lagunas endorreicas, turberas y llanuras de inundación, entre otros.

A pesar de la suscripción de Argentina al acuerdo de Ramsar, desde las organizaciones socioambientales se alertó que, por fuera de los sitios definidos, los humedales no cuentan con una legislación que los proteja, por lo que reiteraron la necesidad de aprobar una Ley de Humedales.

«A la fecha no hay ley que ampare a los humedales. Esto permite que industrias, como la ganadera y la inmobiliaria, desarrollen sus negocios sobre humedales, lo que modifica directamente su composición y sus funciones como ecosistema. Por eso, necesitamos urgentemente la sanción de una ley que proteja los humedales», sostuvo Leonel Mingo, coordinador de clima y energía de Greenpeace.

Según la organización, la industria inmobiliaria ha generado daños severos al Delta del Paraná.

Datos de Fundación Humedales de 2018 registraban 543 urbanizaciones cerradas, construidas y proyectadas en el Delta del Paraná y en las planicies de inundación de los ríos y arroyos.

«Sólo el 2.5% del agua del planeta es dulce y menos del 1% puede utilizarse. Por esta razón, la protección de los humedales, que son nuestras reservas de agua dulce, debe ser una prioridad», concluyó Mingo.

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Las llamas se reavivaron esta mañana y pasadas las 21 aún quedaban tres focos activos, los cuales no pueden ser abordados por los bomberos debido a lo inaccesible del lugar, dijo a Télam Ernesto Salgado del Foro por el Río de la Plata.

La zona afectada está delimitada por la calle 63, el arroyo Baldovinos, el Camino de las Rosas y el Río de la Plata, y uno de los focos «esta cerca de la calle 63», precisó Salgado.

El ambientalista aseguró que «hay una guardia de cenizas en este momento, a la espera de que no se reaviven los focos. Esto es sin dudas un incendio intencional dada las características del lugar, que representa el único sector de la reserva que esta sin explotar».

En este sentido, aseguró que la zona representa «un gran corredor de aves» y destacó que del otro lado de la calle 63 «están las obras en construcción de los barrios cerrados que se proyectan en Berazategui».

Indicó que toda esa zona «esta en litigio judicial » a raíz de la construcción de un muro para construir los barrios cerrados que pone en peligro el ambiente en la zona.

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