Mientras centros de salud como el Hospital El Cruce avanzan hacia la medicina humanizada, permitiendo incluso la visita de mascotas, la Clínica Santa Clara sigue aplicando una medida que muchos consideran inhumana y arbitraria.

El equipo de EL RADAR DEL SUR verificó personalmente la situación y confirmó que los únicos autorizados a ingresar son los cuidadores, quienes deben turnarse cada 4 a 6 horas.

Tanto el personal de seguridad como de admisión ratificaron que la prohibición de visitas familiares es una «disposición médica» que sigue en curso sin mayor explicación, dejando a los pacientes en total aislamiento emocional durante momentos de alta vulnerabilidad.

Este tipo de medidas, que ya no se ven en la mayoría de los centros de salud, genera una fuerte y entendible indignación entre los familiares, quienes reclaman un cambio inmediato en las políticas de la clínica. La falta de respuestas por parte de la dirección solo aumenta la incertidumbre.

¿Hasta cuándo la clínica Santa Clara seguirá negando el derecho a la visita?

Es de esperar que la administración de la Clínica Santa Clara recapacite y restituya el derecho básico a las visitas familiares, un componente clave en la recuperación emocional y física de los pacientes. Seguiremos investigando y actualizando este caso en busca de respuestas.

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La Clínica Santa Clara, ubicada en el barrio Villa Vatteone de Florencio Varela, fue durante años un pilar en la atención médica de los afiliados al PAMI en la zona, con una prestación altamente criticada.

Sin embargo, recientemente, los jubilados fueron notificados de que este centro de salud ya no atendería internaciones ni emergencias por guardia para los afiliados del PAMI. Esta noticia cayó como un balde de agua fría sobre una población vulnerable que depende críticamente de estos servicios. Y aunque a través de la intervención del propio intendente Andrés Watson se frenó el ataque y todo volvió a fojas cero, quedó la marca de un presunto “negociado” que ahora sale a la luz.

Paso por paso el «pacto»

El Grupo Olmos, propietario de la Clínica Santa Clara, a través de la empresa BASA S.A, no es un nombre desconocido en el ámbito empresarial argentino. Nacido en Mendoza como una empresa de servicios de salud, el grupo experimentó un crecimiento exponencial a partir de 2002, diversificándose en múltiples sectores, especialmente en medios de comunicación. Actualmente, el holding es dueño de Crónica TV, BAE Económico, y numerosas otras empresas mediáticas y de salud, como el servicio de ambulancias.

Raúl Olmos, CEO del grupo, es una figura controvertida con fuertes vínculos en el mundo político y sindical. Sus conexiones con sectores del peronismo y sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) levantaron sospechas sobre las razones detrás del rápido crecimiento económico del grupo.

La decisión del PAMI, ahora bajo la administración de funcionarios designados por el gobierno de Javier Milei, de aprobar que la Clínica Santa Clara salga del sistema de capitación para internaciones y atención de emergencias por guardia, convirtiéndola en «prestadora alternativa», encendió las alarmas. Más aún cuando la resolución publicada en la página web señala que las argumentaciones del pedido de BASA permanecen en un oscuro “secreto comercial”.

¿Qué implica ser «prestadora alternativa»? En la práctica, significa que los jubilados de Varela son derivados primero a la Clínica Santa Clara de Bernal (Quilmes), también propiedad del Grupo Olmos. Si allí no hay lugar disponible, son redirigidos nuevamente a la clínica varelense, pero bajo un esquema que permite al PAMI pagar hasta tres veces más por el traslado y la internación.

Esta maniobra, acordada entre el Grupo Olmos y los funcionarios del PAMI designados por el gobierno de Milei, fue calificada por muchos como inescrupulosa y potencialmente corrupta. Los casi 50.000 jubilados de Florencio Varela quedaban en una situación de vulnerabilidad aún mayor, rehenes de una resolución que parecía beneficiar más a los intereses corporativos que a la salud pública.

Finalmente, la medida se retrotrajo, al menos por ahora.

La pregunta que surge inevitablemente es: ¿Estamos ante un acto de ineficiencia administrativa o frente a un caso flagrante de corrupción? La decisión no solo permite al Grupo Olmos obtener ganancias millonarias, sino que también pone en jaque el acceso a la salud de miles de adultos mayores en un momento en que más lo necesitan.

Mientras tanto, el Grupo Olmos y el PAMI mantienen un silencio que muchos consideran sospechoso. Los intentos de este medio por obtener declaraciones de ambas partes han sido infructuosos hasta el momento.

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