Esteban Echenique | @diarioinfosur

Hay intervenciones políticas que no suman, ni siquiera para quienes las hacen. La senadora Florencia Arietto, referente de La Libertad Avanza, habñía elegido salir a defender al sargento Marco Rossetti, acusado de dispararle a quemarropa a Ruth Cabral, una vecina del barrio San Rudecindo de Florencio Varela, en noviembre del año pasado.

Tal como informamos, el requerimiento de elevación a juicio sostoene que ee disparó con una escopeta en el abdomen, delante de su hija, sin mediar procedimiento ni protocolo. Ruth sobrevivió de milagro, pero quedó con secuelas irreversibles: usa una bolsa de colostomía, necesita pañales, y no puede trabajar. Desde Infosur, fuimos el primer medio en revelar no solo el hecho, sino también la insólita escena posterior: cuando debía estar detenido, Rossetti fue encontrado tomando mate en la oficina del comisario, dentro de la misma comisaría donde trabajaba.

Arietto eligió defender al acusado

Con esos antecedentes, Arietto decidió levantar la voz, pero no para solidarizarse con la víctima. Prefirió instalar dudas sobre la causa judicial, defender públicamente al imputado y atacar el proceso, como si se tratara de una persecución política o una manipulación.

Esa intromisión no solo es irresponsable, sino peligrosa. Porque deslegitima la búsqueda de justicia, y envía un mensaje: si el acusado lleva uniforme, merece defensa automática. Aunque haya disparado a quemarropa.

¿Qué buscan con estas declaraciones?

Cuando una senadora usa su cargo para opinar sobre una causa en curso —y más aún cuando lo hace sin conocer el expediente—, no está cumpliendo su rol institucional, sino invadiendo un terreno que debería ser respetado: el de la Justicia.

Y no cualquier causa: una en la que la víctima es una mujer de barrio, pobre, sin recursos, que casi muere por el accionar violento de un policía que actuó por cuenta propia.

Ruth no tiene banca política

Ruth no tiene padrinos. No la defienden senadores ni abogados mediáticos. La sostiene su familia, sus vecinas, y algunos medios que decidimos contar su historia. No por oportunismo, sino porque el silencio, en estos casos, también es complicidad.

La causa avanza. A pesar de todo

Por estas horas, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio, con una calificación grave: tentativa de homicidio agravado por ser policía y usar arma de fuego. Las pruebas son contundentes, los testimonios coinciden, y las heridas que lleva Ruth no dejan lugar a dudas.

Y así, tras la elevación a juicio del policía acusado de gatillo fácil y preso VIP, la senadora Arietto quedó pedaleando.

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Según la reconstrucción judicial, el sargento Marco Livio Rossetti, efectivo de la policía bonaerense destinado a la Comisaría 3ra de Florencio Varela, irrumpió en el domicilio de Ruth con un arma larga, sin pedir directivas a superiores, con el dedo en el gatillo y fuera de todo protocolo. Disparó a quemarropa. Apuntó directo al estómago.

Frente a su hija y su familia

La reconstrucción de la escena señala que Ruth estaba en el patio de su casa, en Iberá al 700. Allí también estaban su hija de 9 años, su pareja, cuñados y suegros. Ninguno entendía qué pasaba. Vieron llegar al policía con chaleco y escopeta, escucharon insultos, y luego un disparo.

“Metete adentro, la concha de tu madre”, gritaba el policía una y otra vez.

Según las declaraciones de Ruth, que consta en la instancia judicial por la que se requiere el juicio, el efectivo policial empujó el arma contra su abdomen mientras le exigía entrar a su casa. “Le dije que estaba mi hija afuera, que no disparara”, relató la mujer en sede judicial después de un largo padecimiento de salud de la que todavía le quedan serias secuelas. Los peritos sostienen que el disparo se produjo con el arma apoyada en su cuerpo. Ruth cayó. Sangraba. Y su hija presenció todo.

La dejaron tirada

Según la instancia judicial, eingún policía asistió a Ruth. Rossetti se retiró del lugar caminando, convencido de que la había matado. Otro agente le gritó “¿qué hiciste?” y también se fue. Fue su familia la que la subió como pudo a un remis y la llevó al hospital Evita Pueblo de Berazategui.

Allí pasó más de un mes en terapia intensiva, fue sometida a varias operaciones, sufrió la pérdida parcial del intestino, tiene secuelas físicas y psicológicas, y hoy necesita usar una bolsa de colostomía. No tiene recursos para costearla. Usa pañales.

El juez Agüero elevó la causa a juicio

Este 3 de julio de 2025, el juez de Garantías N°6, Carlos Agüero, resolvió elevar a juicio oral la causa contra Rossetti, rechazando el intento de la defensa de que se considere un hecho culposo o accidental. El magistrado fue claro: hubo intención de matar.

La calificación legal es contundente: tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser miembro de una fuerza de seguridad pública.

“Rossetti apuntó a una zona vital, disparó a corta distancia, y se retiró sin asistir a la víctima, violando todos los protocolos”, afirmó Agüero en su resolución.

“Quiso imponer orden a su manera”

Según testigos y otros policías, Rossetti no pidió apoyo ni órdenes. Actuó por cuenta propia, gritó, insultó, y apretó el gatillo. El juez remarcó que el agente ingresó con su escopeta cargada al patio de la casa de la víctima, y disparó por no recibir obediencia.

“Eligió disparar su arma larga contra el cuerpo de una mujer para imponer el orden en el vecindario, con métodos propios, contrarios a toda reglamentación y al Código Penal”, escribió el juez.

El juicio oral será una oportunidad para que la familia de Ruth encuentre algo de justicia. Mientras tanto, el barrio San Rudecindo sigue marcado por esa tarde de fuego, miedo e impunidad.

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El 8 de noviembre de 2003, uniformados de la comisaría mencionada protagonizaron un enfrentamiento con civiles en Villa Itatí, culminando con la detención equivocada de Balza, quien fue fatalmente herido por un disparo en la espalda. El proyectil, según pericias, salió del arma de González, quien alegó resistencia y portabilidad de arma.

El caso, marcado por años de juicios y complicaciones judiciales, finalmente vio prisión efectiva para González en 2021. La señalización de la comisaría resalta la necesidad de recordar y aprender de eventos trágicos, subrayando la importancia de la rendición de cuentas en casos de violencia policial.

El acto de indicación contará con la participación de organismos de Derechos Humanos, el Municipio y la Provincia, buscando no solo recordar a Balza sino también destacar la importancia de la memoria colectiva en la lucha contra la impunidad.

La fatídica jornada del 8 de noviembre de 2003 quedó marcada por la violencia policial desmedida, cuando los uniformados a bordo de dos móviles de la Comisaría 2ª de Bernal se enfrentaron con un grupo de personas por un supuesto robo en Villa Itatí. Balza fue detenido y recibió un disparo en la espalda a una corta distancia. Tras ser trasladado a la Comisaría Segunda de Bernal, murió al día siguiente en el Hospital de Wilde.

La causa judicial fue compleja y pasó por varios juicios antes de llegar a una condena efectiva para González en 2021. La defensa del ex policía buscó en varias instancias que el caso fuera abreviado, pero enfrentó revocaciones y anulaciones de sentencias.

El fiscal Fernando Celesia, el año 2015, solicitó una pena de doce años para González por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, se determinará que no ingresará a prisión hasta que el fallo quede firme.

En 2021, luego de la denegación de la apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, González fue detenido por primera vez, pese a sus intentos de obtener una excarcelación extraordinaria ante la Corte Suprema de la Nación.

La señalización de la Comisaría 2ª de Bernal se convierte así en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia, recordando a Balza y marcando un recordatorio visual de la importancia de responsabilizar a aquellos que abusan del poder.

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El veredicto en el juicio a 14 policías de la Ciudad acusados por el crimen de Lucas González, el adolescente de Florencio Varela asesinado a tiros en el barrio porteño de Barracas en noviembre del 2021, y su posterior encubrimiento, se dará a conocer hoy luego de casi cuatro meses de debate y más de 50 testigos que declararon en 18 jornadas.

La audiencia de hoy comenzará a las 10 en el auditorio AMIA de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, con mayor capacidad para la asistencia de público y donde se desarrollaron los dos primeros días del debate, que comenzó el 16 de marzo y en el que se recibió la declaración de más de 50 testigos.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño darán a conocer el veredicto luego de que los imputados hagan uso de su derecho a expresar sus últimas palabras.

De Varela a CABA, la marcha por Lucas González

La fecha coincide con el cumpleaños de Cintia López, madre de Lucas, contó a Télam Héctor ‘Peca’ González, padre del adolescente asesinado, quien convocó a quienes se quieran acercar a la puerta de los tribunales «con una camiseta de fútbol o una bandera de Argentina», porque “el fútbol era lo que más amaba Lucas”.

Durante las 18 audiencias en las que se extendió el debate oral, se juzgó las actuaciones del inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y del oficial Fabián Andrés Nieva (38), miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, imputados por el crimen de Lucas (17) y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Además, se debatió sobre la participación de otros 11 efectivos porteños de distintos rangos en el encubrimiento de hecho y las posteriores torturas para los tres sobrevivientes.

En su alegato, el fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente solicitó que los tres miembros de la Brigada 6 de la Comuna 4 sean condenados como coautores del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad» en perjuicio de Lucas, y por la «tentativa de homicidio» de sus tres amigos.

El representante del Ministerio Público Fiscal dijo que los tres policías porteños «actuaron como cazadores que esperan a una presa», ya que los «emboscaron y les tendieron una trampa», al tiempo que afirmó que «no les dieron a las víctimas ni la mínima capacidad de defensa».

El pedido fue apoyado por el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, quien en su alegato describió a Isassi, López y Nieva como «tres mafiosos asesinos», que «vieron bajar a Lucas con una gorrita blanca» y que, en ese momento, «lo eligen por el color de piel», para luego seguirlos hasta interceptarlos y dispararles «de frente, oblicuo y de atrás, a zonas vitales».

«El agravante por el odio racial debe ser incluido al momento de dar sentencia. Los imputados fueron a la caza y posterior extermino de uno de ellos», sostuvo.

En tanto, el fiscal Pérez de la Fuente solicitó penas de prisión de entre los 4 y 17 años de prisión para los policías imputados por el encubrimiento del hecho, la privación ilegal de la libertad de los adolescentes y el abuso de sus funciones como funcionarios públicos.

«Tengo acreditado que los comisarios Daniel Alberto Santana (53), Rodolfo Alejando Ozán (54), Fabián Alberto Du Santos (52), Juan Horacio Romero (51); el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (49), Roberto Orlando Inca (47); y el principal Héctor Claudio Cuevas (51) privaron ilegítimamente de su libertad a Lucas, Joaquín, Julián y Niven abusando de sus funciones, actuando de manera arbitraria», aseguró el fiscal.

Para ellos, los imputados de más altos rangos, solicitó la pena de 11 años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, excepto de Cuevas, de quien pidió cuatro años al considerar que en su testimonio durante el debate oral sirvió para determinar que los comisarios y subcomisarios sabían que no se trató de un enfrentamiento armado con delincuentes, como lo habían modulado los policías de la Brigada.

En tanto, para los oficiales Jonathan Alexis Martínez (35) y Ángel Darío Arévalos (34) pidió 6 años, para Daniel Rubén Espinosa (33) 5 años y para Sebastián Jorge Baidón (28) 17 años de prisión, ya que lo consideró autor de las torturas que padecieron las víctimas.

Por otro lado, Dalbón solicitó que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20 años de prisión al considerar que, además de ser coautores de los delitos de encubrimiento, privación ilegal de la libertad y el abuso de sus funciones, omitieron las torturas que sufrieron los menores de edad.

Dalbón, en tanto, solicitó la pena de 30 años de cárcel efectiva para Baidón, ya que afirmó que fue él uno de los que torturó a los menores, luego de que Zúñiga lo señaló en una de las primeras audiencias como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo «¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo».

Por último, el abogado de la familia de Lucas solicitó al TOC 25 la condena a tres años y medio para Cuevas, de quien no acusó por la comisión de torturas a los menores.

El testimonio de Cuevas durante el debate oral derivó el pasado el 3 de junio en la detención del oficial Facundo Matías Torres, a quien acusó de haber sido quien en su moto fue a buscar a la comisaría y trajo junto al policía Isassi el arma de juguete plantada en el auto de las víctimas con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

Finalmente, las defensas de los 14 policías porteños imputados en la causa solicitaron las absoluciones de todos al considerar, en el caso de los acusados del encubrimiento, que no participaron en dichas maniobras, mientras que los señalados como autores del homicidio aludieron que «obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo».

La investigación por el crimen apunta alto

Durante el debate en curso se inició una investigación contra el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, al considerar, tras el testimonio de Cuevas y de dos de los abogados defensores en sus alegatos, que la máxima autoridad policial porteña estaba al tanto de lo ocurrido durante la jornada donde fue asesinado Lucas.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran y fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 a la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y dos balazos impactaron en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

Los menores, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de menores Inchausti, donde fueron liberados al día siguiente tras determinar que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

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Héctor “Peca” González salió de su casa en Florencio Varela muy temprano. Sobre su espalda llevaba una mochila de color amarilla, la misma que usaba su hijo Lucas. Cuando llegó a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostró lo que “la policía llamó armas”: botines, medias y canilleras, las que usaba para jugar al fútbol, el mismo día que unas criminales balas policiales le arrancaron la vida en lo que aparece como un claro caso de “gatillo fácil”.

«Buscamos Justicia, no venganza». Así, con firmeza, pero con un profundo dolor que lleva hace casi 16 meses, Héctor «Peca» González, papá de Lucas González (17), aguardó el inicio del juicio por el crimen de su hijo, quien fue asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, luego de que tres efectivos sin identificar de la Policía de la Ciudad dispararan contra el auto en que iba con tres amigos por el barrio porteño de Barracas.

«Lo que hicieron con nuestras vidas estas basuras es imperdonable. Nos arruinaron por completo», aseguró a poco de prestar testimonio en la audiencia del juicio oral contra los a los 14 policías imputados y detenidos por el crimen de su hijo mayor.

El hombre llegó a esa primera audiencia acompañados por amigos y vecinos del Florencio Varela, donde reside con su familia.

«Pienso que hay mucha gente en apoyo a esta causa porque es muy importante para todos y para la concientización de la justicia, de la misma fuerza policial, ya sea federal, de la provincia o de la ciudad», dijo.

El padre de Lucas se refirió además a su primer encuentro cara a cara con los 14 policías de la Ciudad acusados de matar a su hijo y de encubrir el crimen y torturar al resto de los chicos: «La verdad es que no me imagino el momento de tenerlos cara a cara. Vamos a ir como fuimos siempre, desde el primer momento, con la verdad y siendo más personas que lo que fueron ellos», expresó.

Además, sostuvo que tiene la expectativa de que «la verdad va a salir a la luz» y que tendrán «una justicia justa para tanto dolor».

«Buscamos justicia, no venganza», afirmó visiblemente conmovido y recordando a su hijo con una foto jugando al fútbol, ya que era lo que Lucas «amaba».

En el debate no está presente la mamá de Lucas, quien desde la semana pasada se encuentra en una clínica para su rehabilitación debido al delicado estado anímico que atraviesa desde que su hijo fue asesinado.

La familia del joven asesinado y las de los amigos, querellantes en el debate, son representadas por el abogado Gregorio Dalbón, quien dijo que el crimen del jugador de Barracas Central «es uno de los hechos más trascendentes, de tortura, encubrimiento y muerte de los últimos años».

«Los chicos fueron esperados, emboscados, y Lucas asesinado por una brigada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que le armó una causa siendo todos menores de edad, que además los torturó y montó una escena en 800 metros cuadrados para urdir un plan siniestro: la impunidad de los asesinos y burlar al sistema judicial. Todo esto mientras Lucas agonizaba como un delincuente en el hospital Pena con custodia», afirmó.

El letrado dijo que «la impunidad con la que se manejaron todavía da miedo» y resaltó que los imputados son «todos policías de alto rango, como comisarios, subcomisarios, inspectores».

Al hablar del encubrimiento del crimen, Dalbón recordó el hallazgo de un arma en el auto de los adolescentes, que luego se estableció a través de pericias que fue «plantada» por los propios efectivos de la Ciudad.

«Los chicos sobrevivientes están con tratamiento psicológico, los padres (de Lucas), también desolados, manifiestan que ellos ya perdieron. Nada les va a devolver a su hijo, pero buscarán justicia sin venganza y con absoluto respeto por los imputados. Seremos lo que ellos no fueron», dijo.

«Deseo una condena justa, no ejemplar. Las condenas no deben ser ejemplares sino justas. Con eso la familia estará en paz», agregó Dalbón, quien sostuvo que el caso «es muy serio porque existen torturas, discriminación racial, placer y muerte».

«Será un fallo que recorrerá el mundo. Ojalá todos estemos a la altura del sufrimiento de las familias y saquemos a la luz la desidia de los policías. No sólo de los asesinos, sino de todos los que estructuraron el plan criminal para la impunidad de sus compañeros. La violencia y el odio deben acabar en la Argentina. Confiamos en los jueces del tribunal», concluyó.

Qué dijeron los tres policías acusados de apretar el gatillo

En esta primera jornada de las audiencias del juicio a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad, tres de ellos acusados de disparar sus armas y matar a Lucas González (17) declararon que actuaron «en legítima defensa» y que no cometieron «ningún delito».

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOCA) 25, el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), también vecino de Florencio Varela, el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), los tres policías porteños juzgados por homicidio junto a otros 11 acusados de encubrimiento y torturas, coincidieron al asegurar que actuaron «en cumplimiento del deber» y no aceptaron responder preguntas, al tiempo que declararon sin la presencia del resto de los imputados, que fueron retirados del salón Auditorium de los tribunales federales de Retiro, donde se desarrolla el debate.

El primero en dirigirse al TOC fue Issasi, quien manifestó: «Solamente tengo que decir que poseo veinte años de servicio como funcionario público, ejerciéndolo en el ámbito de la policía. Pertenecí a tres fuerzas diferentes, a la Policía de la provincia, a la Policía Metropolitana y de la Ciudad. En todas fui un oficial condecorado y ejercí mi función».

«Quiero agregar que en este hecho actué en el cumplimento del deber, que ejercí la legitima defensa y que no cometí ningún delito», agregó e acusado, mientras en la sala se escuchaban gritos de «asesino» y «vas a morir» procedentes del público.

Luego, declaró Nievas, quien dijo que ingresó a la policía en 2014 y, que, en este caso, ejerció su «legítima defensa» y no cometió «ningún delito», a lo que siguieron gritos de «sinvergüenza» entre los familiares de las víctimas.

Finalmente, declaró el tercer imputado de homicidio, López: «En este hecho cumplí con mi deber, ejercí legítima defensa y no cometí ningún delito», manifestó al igual que los anteriores.

Uno por uno, cuáles son los cargos que enfrentan los catorce acusados

Comisarios, subcomisarios, inspectores mayores y oficiales de distintos rangos de la Policía de la Ciudad comenzarán a ser juzgados por distintos delitos, que van desde el homicidio agravado hasta el encubrimiento del crimen del adolescente Lucas González, ocurrido en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas.

Esta es la lista de los acusados y los delitos que se les imputan:

Delito: “Homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial», en perjuicio de Lucas, y “tentativas de homicidio agravado por las mismas causales; falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley» respecto de los amigos de la víctima.

Imputados:

Gabriel Alejandro Issasi (41), nacido el 31 de marzo de 1981, Inspector de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4.

Fabián Andrés López (48), nacido el 15 de diciembre de 1974, Oficial Mayor de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4

Juan José Nieva (37), nacido el 29 de mayo de 1985, Oficial de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4

Delito: Coautores de los delitos de «Falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».

Imputados:

Daniel Alberto Santana (50), nacido el 2 de agosto de 1979, Comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4.

Rodolfo Alejandro Ozán (54), nacido el 15 de octubre de 1968, Comisario de la Comuna Vecinal 4ª.

Fabián Alberto Du Santos (51), nacido el 28 de marzo de 1971, Comisario de la Comisaría Vecinal 4D.

Ramón Jesús Chocobar (48), nacido el 15 de junio de 1974, Subcomisario de la Comuna 4D.

Juan Horacio Romero (51), nacido el 23 de enero de 1972, Comisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

Roberto Orlando Inca (47), nacido 20 de diciembre de 1975, Subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

Héctor Claudio Cuevas (50), nacido el 23 de junio de 1972, Principal de la Comuna 4D.

Sebastián Jorge Baidón (28), nacido el 7 de noviembre de 1994, Oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Jonathan Alexis Martínez (34), nacido el 26 de abril de 1988, Oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Ángel Darío Arévalos (34), nacido el 16 de octubre de 1988, Oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Daniel Rubén Espinosa (33), nacido el 25 de septiembre de 1989, Oficial de la Comisaría Vecinal 4D.

Roberto Orlando Inca y Héctor Claudio Cuevas también están acusados del delito de «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».

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Acompañados por cientos de jóvenes, entre ellos los sobrevivientes del ataque, Héctor «Peka» González y Cintia López, recordaron a su hijo, revivieron el minuto a minuto del 17 de noviembre del año pasado y rechazaron con vehemencia la violencia policial que terminó con el crimen de Lucas.

Alrededor de las 18.50, cuatro colectivos estacionaron sobre la calle Tucumán que trasladaron a los asistentes, muchos de los cuales llevaban remeras con el rostro de Lucas y el pedido de justicia.

Las camisetas de Defensa y Justicia, club del partido bonaerense de Florencio Varela, donde vivía el joven junto a su familia, y de Barracas Central, donde jugaba la víctima, se entremezclaron en un pedido único de justicia.

Entre los manifestantes se hallaba la diputada nacional Myriam Bregman, quien dijo a Télam que las palabras de «Peka» González, «conmueven» y afirmó que «hay que estar acompañando y denunciando el accionar de la Policía de la Ciudad. No nos olvidemos que Lucas fue torturado, Lucas fue asesinado y no hay que permitir que vuelvan a ocurrir casos como este».

Cánticos como «yo sabía, yo sabía, que a Lucas lo mató la Policía», y «Lucas no se murió, Lucas vive en Varela», sumado a las palmas, fueron el preludio del acto que inició cerca de las 19.20, cuando los sobrevivientes y tanto sus padres, como los del joven asesinado, subieron al escenario.

El primer orador fue Ricardo Zuñiga, padre de uno de los jóvenes que sobrevivió al ataque, y agradeció el «acompañamiento» de todos los presentes, y por «el apoyo» que tienen «día a día».

«Ni una bala más, ni un pibe menos», fue el grito con el que concluyó su mensaje, entre un fuerte aplauso de los presentes, y dio paso a Andrea, su esposa, quien contó cómo hace un año recibió el mensaje de su hijo en el que le decía que había quedado en Barracas Central, y media hora después un audio alertando que le pegaron un tiro a su compañero.

Uno de los sobrevivientes, quien lloró desde que comenzó el acto, aseguró que «de perder a un amigo no se vuelve», y que, de ese día, elige «recordar los momentos felices», entre tantas cosas malas que le pasaron.

«Quiero cerrar diciéndole a Lucas que lo extraño mucho y espero darle el abrazo que le quiero dar. ¡Lucas está presente loco!», concluyó el joven muy emocionado, para luego abrazarse con sus padres.

Otro de los sobrevivientes dijo que pasaron «el peor momento» de sus vidas, que perdió a su mejor amigo en sus «rodillas» y relató el momento en que fueron esposados y tirados al piso por dos policías a las que les pidieron ayuda, tras lo cual no pudo continuar con su relato.

«Peka» González afirmó que «fue un año complicadísimo», en el cual su esposa, «en dos oportunidades se quiso quitar la vida».

«Yo sigo acá de pie, acá donde estoy, pidiendo justicia, solamente justicia, no quiero más nada», aseguró el hombre, quien agregó: «Yo crié a un chico con valores, con mucho esfuerzo. Lo mandé a entrenar, yo no lo mandé a robar, yo crié un hijo de bien, me costó, y hoy estoy orgulloso de estar acá, de decir que es mi hijo, que Lucas no me abandona, que Lucas está al lado mío porque se lo pido todos los días».

Cintia López, la mamá de Lucas, se mostró con los botines de su hijo colgados en su pecho. «Acá tengo las armas», como le llama ella.

«Hoy hace un año que mi vida se fue con mi hijo, ya no soy la de siempre, arruinaron a toda una familia, a todos sus amigos, en donde le sacaron los sueños a mi hijo, en donde ellos le cortaron las piernas a mi hijo. Yo hoy no quería estar acá, hace un año que vivo el calvario, la peor pesadilla que una madre, o padre, o amigo pueden tener», dijo conmovida la mujer.

En ese sentido, añadió: «Intenté irme con mi hijo, no pude o no quiso mi hijo que tal vez me vaya con él, seguramente quería que me quede acá con sus hermanos, que es lo que tengo que hacer, seguir criando a mis hijos, y el día que me toque partir ir al gran encuentro con mi hijo».

El crimen de Lucas ocurrió en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el joven y tres amigos salieron del entrenamiento en el club de fútbol Barracas Central y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos, para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.

Tras detenerse en un kiosco, comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida, en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, quienes realizaban tareas de campo en la intersección de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.

De acuerdo con la investigación, los policías informaron al servicio de comunicaciones policiales que perseguían un automóvil con «cuatro masculinos con apariencia menores, jóvenes», refirieron «que estaban armados», y les cruzaron el Nissan Tiida para detenerlos.

Como el automóvil de la brigada no tenía ninguna identificación ni los policías vestían chalecos ni uniformes policiales, los chicos pensaron que podían ser ladrones y quisieron escapar, pero fue entonces cuando los efectivos policiales dispararon contra el Volkswagen Suran.

Lucas recibió dos disparos, uno de ellos en la cabeza, que produjo su muerte al día siguiente en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 fijó para el 16 de marzo de 2023 el inicio del juicio oral al que serán sometidos 14 efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del crimen.

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Así lo dejó asentado en su resolución el juez de Instrucción Martín Del Viso, quien ayer procesó con prisión preventiva a otros siete acusados, entre ellos al máximo jefe policial de la zona donde ocurrió el hecho.

En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que también surgió en las últimas horas información sobre que uno de los ayer procesados, el subcomisario Ramón Chocobar, está a punto de ser juzgado por un Tribunal Oral Federal porteño en el marco de otra causa por el delito de «falsificación de documento público».

Punto por punto qué dicen los mensajes que complican a los policías en el crimen de Lucas

En el fallo de 186 páginas al que accedió Télam, el juez Del Viso analizó toda la prueba producida a lo largo del mes y medio de instrucción por parte del fiscal Leonel Gómez Barbella, y en el marco de la cual hay tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio agravado de sus amigos, y otros 13 por el encubrimiento agravado de esos hechos.

Y fue en ese análisis en el que incorporaron como prueba nuevos mensajes extraídos de los teléfonos de los policías acusados que constan en un informe realizado a pedido de la fiscalía por personal de la Dirección General de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Para el magistrado, ese informe «contiene material que ha venido a confirmar todas las sospechas que se pusieron de manifiesto»

«A modo de ejemplo, del teléfono secuestrado a (el oficial principal) Héctor Cuevas (uno de los primeros procesados), se extrajeron, entre otras cosas, mensajes que envió el 18 de noviembre a las 18.32 al decir ‘lo que hicieron los polis no tiene nombre‘, ‘unos dementes‘, ‘encima le ponen una pistola de juguete‘, ‘déjate de joder‘ y ‘yo fui el primero en llegar‘, ‘y vi todo’, ‘lo que hicieron'», transcribió Del Viso.

«Vi todo»

Oficial héctor cuevas (dato judicial)

Y continuó: «Y el mismo día del hecho (17 de noviembre) a las 20.52 también escribió a requerimiento de su interlocutora que le preguntó ‘tenía una réplica como decía el poli??’, que «se la pusieron»«.

Quién fue el que dijo «se la pusieron» al hablar de Lucas

Voceros de la pesquisa consultados sobre ese informe dijeron que fue Cuevas quien respondió «se la pusieron» al ser preguntado por la persona con quien se mensajeaba sobre el arma de juguete hallada en el auto de los cuatro adolescentes atacados por la policía, y que desde el inicio el Ministerio Público sostuvo que había sido «plantada» para sostener la falsa versión de en enfrentamiento.

«Se la pusieron»

mensaje de cuevas según expediente judicial

También el juez se refirió a un intercambio de mensajes entre el procesado subcomisario Roberto Inca y una policía que le informó acerca de la muerte de Lucas en el hospital el El Cruce de Varela el 18 de diciembre.

De acuerdo a ese intercambio, iniciado a las 17.42 de ese día, Inca puso un emoji que «parecería ser una calavera» cuando la persona que le escribió le dijo que el adolescente había fallecido, tras lo cual agregó: «Entonces hay que prepararse«.

Otro mensaje: «el mocazo»

El juez hizo además especial hincapié a una comunicación que involucra al comisario Rodolfo Ozán y a otro de los procesados, el comisario Fabián Du Santos, en la que se refieren al accionar de los policías de la brigada como «un mocazo» y en la que se dice que «busquen lo tenga que buscar para justificar esto».

«No se puede dejar pasar el tenor de la conversación, pues no solo se aparta absolutamente de las misiones y funciones que debe cumplir todo policía sino que denota un desprecio por la vida ajena evidente e intolerable. Es que en lugar de ocuparse de una persona herida de bala y de velar por la legalidad del procedimiento posterior a la balacera prefirieron centrar su actividad en ‘emprolijar [la] cagada’, lo que se debe articular entonces con la instrucción que dio de que nadie filmara o tomara fotos», destacó el juez en el fallo.

Y al analizar el accionar policial desplegado en la escena del hecho, y referirse puntualmente a los últimos siete procesados, el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Ozán, el subcomisario Chocobar, y a los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, escribió: «Parece claro que desde el primer momento los agentes pudieron y debieron percibir que se intentaba dar ropaje de legalidad a un procedimiento que a todas luces no lo era».

«Es que, por imperio del sentido común, era evidente que los integrantes de la brigada habían transmitido una noticia falsa para revertir los roles que ocuparon las personas en el suceso», continuó, al concluir que » «queda claro que la trama tendiente a disimular los episodios se urdió desde su propio inicio».

El asesinato de Lucas González y otro caso de gatillo fácil

El asesinato de Lucas (17) sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.

Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.

Mientras que por el encubrimiento ya estaban también con prisión preventiva los comisarios Juan Romero y Du Santos, el subcomisario Inca, el inspector Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.

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La escena transcurría en la mañana del 17 de noviembre en el barrio porteño de Barracas. De a poco, con la insistencia de la familia, la decisión del fiscal y la colaboración de testigos la olla se va destapando y queda a la vista el accionar del manual de la “maldita policía”.

Dos comisarios, un subcomisario, un principal y dos oficiales, todos de la Policía de la Ciudad, fueron procesados con prisión preventiva por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de Florencio Varela asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, y las vejaciones a las que fueron sometidos sus tres amigos, ilegalmente detenidos.

Ese expediente empieza a mostrar una actuación al estilo de lo que se llamó “La Maldita Policía” con sus casos de gatillos fáciles. Casi un manual que incluía, el crimen, una causa armada y torturas.

Así consta en la resolución de 150 páginas, a la que accedió Infosur, dictada por el juez Martín del Viso y que alcanzó a los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña.

Todos ellos fueron procesados con prisión preventiva como coautores los delitos de «falsedad ideológica, falso testimonio y encubrimiento agravado en en concurso ideal», a su vez en concurso real con «privación ilegal de la libertad agravada y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvieron»

Además, a Miño, Fariña, Cuevas e Inca los procesó por falso testimonio, ya que declararon como testigos el sumario que inició la Policía Federal Argentina una vez que se apartó a los de la Ciudad de la pesquisa.

Finalmente, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 les dictó a los seis procesados un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

Al momento de valorar las pruebas, Del Viso destacó las modulaciones policiales transcriptas por la División Intervenciones Judiciales de la PFA, de las que surge que pasaron casi 10 horas -desde las 9.56 a 19.22- entre que los acusados informaron que los jóvenes estaban armados hasta que efectivamente se halló una réplica de arma en el Volskwagen Suran azul en el que se trasladaban cuando fueron interceptados por tres efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4.

También se remitió a las declaraciones de testigos del hecho y de las propias víctimas, que «permiten confirmar que los policías que llegaron al lugar siempre estuvieron al tanto del plan criminal» y evidenciaron «preocupación» porque alguna una fotografía que se filtrara en los medios de comunicación»

«Es necesario remarcar que los hechos acaecidos luego de los disparos que terminaron con la vida de Lucas y que buscaron hacer lo mismo con sus tres amigos nunca fueron presentados a la justicia de manera transparente y clara por parte de los efectivos que ahora se juzgan», escribió Del Viso.

También mencionó el tiempo transcurrido desde que sucedió el hecho hasta que fue comunicado a la Justicia: «Como lo entiende la Fiscalía, hubo una demora sustancial en el llamado al solo efecto de urdir una trama para fraguar la escena y colocar de ese modo en victimarios a quienes habían sido damnificados de una brigada que abrió fuego indiscriminadamente contra cuatro adolescentes de solo 17 años de edad».

Para el magistrado «la Fiscalía pudo demostrar -con la posibilidad que exige esta instancia- un retardo que parece justificarse en el montaje de una escena y en asegurar que prueba comprometedora pudiera trascender».

Y respecto del arma «plantada», escribió: «La colocación de un elemento de estas características dentro de un auto a instancias de efectivos policiales que deberían haber guardado una conducta ética y reglamentaria no hace otra cosa que complicar aún más las cosas».

Al momento de procesarlos también por el delito de vejaciones, el magistrado tuvo en cuenta la quemadura que tuvo Lucas en una mano infligidas a instancia de los efectivos que se acercaron al automóvil antes de que fuera trasladado por el Same y la violencia con la que fueron tratados su amigos.

Tras conocer el fallo, el abogado de las familias de Lucas y de sus amigos, Gregorio Dalbón, dijo a Télam que se trata de una resolución «histórica, sin antecedentes de este tipo» y aseguró que «desde el advenimiento de la democracia» no veía un crimen con «tanta saña».

«Vejaciones, racismo estructural, privaciones ilegítimas de la libertad a menores. Los torturaron, quedó demostrado», aseguró el letrado, quien además agradeció la celeridad al juez y al fiscal de la causa.

«Las familias han recibido la noticia con mucha fe y esperanza de que la muerte de Lucas no sea en vano», expresó, y reiteró la idea de reunirse con los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; el bonaerense, Sergio Berni y Marcelo D´Alessandro, de la Ciudad, para coordinar acciones en post de mejorar los protocolos de las fuerzas policiales.

Los procesamientos con prisión preventiva habían sido solicitados por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados llevadas a cabo el pasado lunes.

Otro pedido formulado por el fiscal fueron las detenciones de otros ocho policías de la Ciudad por el encubrimiento del hecho, aunque al respecto el juez aún no se expidió.

El crimen de Lucas fue cometido cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando el adolescente y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.

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La resolución de 150 páginas, a la que accedió Télam, fue dictada por el juez Martín del Viso, quien procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña por los delitos de «falsedad ideológica y encubrimiento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones».

Además, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 les dictó a los seis policías un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos.

Según señaló Del Viso en su escrito, los policías de la Ciudad «en un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo», en referencia a los tres adolescentes que se encontraban con Lucas al momento del hecho.

Al conocer el fallo, el abogado de las familias de Lucas y de sus amigos, Gregorio Dalbón, dijo a Télam que se trata de una resolución «histórica, sin antecedentes de este tipo» y aseguró que «desde el advenimiento de la democracia» no veía una crimen con «tanta saña».

Los procesamientos con prisión preventiva habían sido solicitados por el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados llevadas a cabo el pasado lunes.

En su requerimiento, Gómez Barbella había solicitado que los acusados sean imputados también el delito de «imposición de torturas» al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» en el auto en el que se movilizaba, al tiempo que sus amigos, también menores de edad, permanecieron «esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos» y fueron sometidos a «actos de torturas».

Otro pedido formulado por el fiscal fueron las detenciones de otros ocho policías de la Ciudad por el encubrimiento del hecho, aunque al respecto el juez aún no se expidió.

El crimen de Lucas fue cometido cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando el adolescente y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.

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Así lo requirió el fiscal de Instrucción Leonel Gómez Barbella al juez de la causa, Martín del Viso, al considerar que Lucas fue quemado con un cigarrillo «mientras agonizaba» en el auto instantes antes baleado, al tiempo que sus amigos permanecieron esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos y fueron sometidos a «actos de torturas».

Por qué para la fiscalía además de gatillo fácil hay tortura

En el escrito de 45 páginas -al que Télam tuvo acceso-, el fiscal solicitó que los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña sean procesados con prisión preventiva por los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin las formalidades de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas, todos en concurso ideal».

A la vez, en los casos de Inca, Cuevas, Fariña y Miño, agregó la imputación de delito de «falso testimonio agravado», ya que los tres declararon como testigos ante la Policía Federal cuando fue convocada para tomar el caso.

Las nuevas imputaciones fueron requeridas por Gómez Barbella tras la ampliación de las indagatorias de esos seis acusados.

No obstante, como están detenidos desde el 27 de noviembre pasado -salvo Miño que estuvo prófuga y se entregó el 29- el juez Del viso debe resolver hoy sus situaciones procesales pero por las primeras imputaciones realizadas («encubrimiento agravado, privación de la libertad agravadas y falsedad ideológicas»), dijeron fuentes de la causa.

Puede haber 8 policías más detenidos por el crimen de Lucas

También el juez debe resolver -aunque sin plazo perentorio- si acepta el pedido de detención de otros ocho policías -un comisario inspector, un comisario, un subcomisario, dos principales, un oficial mayor, un oficial primero y un oficial- formulado también por el Ministerio Público.

A ellos se les atribuye «haber hecho insertar datos falsos en las actuaciones labradas» por la Policía Federal Argentina (PFA), como así también las «privaciones ilegales de la libertad» a los tres sobrevivientes y la «alteración» de los rastros y pruebas», detallaron los voceros.

Por otro lado, también les endilga «haberle aplicado tormentos y sufrimientos físicos y psicológicos» a Lucas González y a dos de sus amigos.

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.

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Así lo requirió el abogado de la querella, Gregorio Dalbón, en un escrito de 14 páginas al que accedió Télam y que le presentó al juez de la causa Martín Del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar al planteo.

«A criterio de esta querella, surge sin lugar a hesitaciones que las versiones desplegadas por los imputados resultan diametralmente opuestas a lo acontecido en realidad, todo lo cual se cae como un castillo de naipes a tan sólo observar con detenimiento las declaraciones obrantes en el sumario», explicó el letrado en su escrito.

El pedido recayó sobre los policías Juan Romero, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Inca, Héctor Cuevas, Lorena Miño y Micaela Fariña, por los delitos de «privación ilegítima de la libertad, ello agravado por abuso de sus funciones, sumado a la falsedad ideológica, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser este delito precedente grave junto a la imposición de torturas, todos en concurso ideal».

A su vez, estos seis efectivos -todos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad- ampliaron hoy sus respectivas indagatorias ante el juez Del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella luego de que en la primera declaración todos negaran los cargos en su contra.

En tanto, el fiscal pidió este fin de semana la detención de otros ocho policías por las presuntas maniobras de encubrimiento, aunque el magistrado hasta esta tarde no se había expedido al respecto.

Para Dalbón, «surge evidente que todo el personal policial afectado a la escena del hecho, jamás tuvo en miras la búsqueda de la verdad, sino que su único fin era cubrir a sus compañeros en los hechos ya acontecidos».

«Evidentemente no interesaba la verdad, sino tan sólo darle la apariencia de verdadero a algo a las claras oscuro», afirmó.

Según el escrito, «en el sumario existe un dato objetivo y es el hecho que a las 11.15 se conocía con total certeza que no había armas en el vehículo Suran, razón por lo cual se demoraron para ´asegurar´ la zona y proceder a implantar un arma de juguete. Por lo tanto, queda claro que por más esfuerzos por demostrar ajenidad en los hechos acaecidos pretendan hacer los imputados, lo cierto es que se permitió ingresar un arma de juguete a los fines de colocarla en el auto en que circulaban los menores».

«Evidentemente el despliegue policial fue para asegurar que la zona fuere «segura» para adulterar la misma, ajena a terceros que pudieran dar aviso de la irregularidad que se estaba llevando a cabo», indicó.

Y remarcó que «a las claras, se intentó montar un sistema encadenado para brindar cobertura a una actuación ilegal perpetrada por quien debe justamente hacer todo lo contrario».

El crimen sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.

Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.

De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.

Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.

En la autopsia se determinó que el mismo joven presentaba una herida de surco de proyectil en un pómulo, también disparado por la policía.

La semana pasada, los efectivos Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi fueron procesados con prisión preventiva por el homicidio calificado de Lucas luego de que el juez de la causa entendió que procedieron de forma «arbitraria, irracional e ilegal» y que luego «urdieron una trama para tergiversar los hechos».

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Además, los voceros agregaron a Télam que no se descarta que, en el marco de la causa por el encubrimiento del hecho, se realicen nuevas imputaciones.

Para esta jornada está prevista la declaración indagatoria de la oficial Lorena Miño, la última en ser detenida ayer luego de que se entregara ante la Justicia tras permanecer el fin de semana prófuga, añadieron las fuentes.

Por su parte, el abogado que representa a la familia de Lucas y a los chicos que sobrevivieron al ataque policial, Gregorio Dalbón, dijo que en total «van a ser doce (policías) detenidos», ya que «faltan tres más».

«Paso a paso vamos viendo cada análisis y cada policía que declara está involucrando a otro. Se están poniendo muy nerviosos. Los de la brigada que mató a Lucas no son los mismos que vinieron a la tarde y trataron de ponerle el arma, encubrir y armar toda la parafernalia para que estos menores terminen siendo sindicados como delincuentes», dijo el letrado en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

Al respecto, Dalbón manifestó que algunos de los acusados -por el momento tres efectivos imputados por el homicidio y seis por el encubrimiento- «han nombrado a otro comisario que estuvo por la tarde en el lugar del hecho».

Por otra parte, el querellante se refirió a la autopsia realizada a Lucas, de la que surge que el joven tenía una quemadura de cigarrillo en la mano derecha, lo que indica que fue «torturado».

«Tremendo hallazgo que los padres manifestaron en su testimonial. Lucas fue torturado. Le quemaron un cigarrillo en la mano. Cuando la madre lo contaba los fiscales quisieron dejarlo escrito. Tanto (el fiscal Andrés) Heim como (el fiscal Leonel Gómez) Barbella. Ahora ese testimonio cobra valor con el resultado de autopsia», tuiteó el abogado.

Voceros con acceso a la causa dijeron a Télam que, de acuerdo con el resultado del informe forense, esa quemadura que el adolescente tenía fue realizada cerca del momento en que fue baleado, por lo que la principal hipótesis es que fueron los policías los responsables.

«Es una forma de tortura», resaltó Dalbón, quien consideró que ese agravante va a llevar a los acusados a permanecer «50 años» en prisión, ya que se trata de un «caso de odio».

Para mañana está previsto que los amigos de Lucas, los padres de los cuatro chicos y testigos participen de la reconstrucción del hecho requerida por el fiscal Gómez Barbella y dispuesta por el juez de Instrucción Martín Del Viso, que se realizará a las 9.30 en el mismo sitio del barro de Barracas donde los jóvenes fueron interceptados por la policía y luego atacados a tiros.

De la diligencia, que será filmada y debidamente documentada, no participarán los acusados para preservar a las víctimas, añadieron las fuentes

De acuerdo a la investigación, el hecho sucedió el 17 de noviembre cerca de las 9.30, cuando Lucas y sus tres amigos, todos de 17 años, salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo de un Volkswagen Suran azul y cuando se detuvieron a comprar jugos en un kiosco fueron abordados por un Nissan Tiida de la Brigada de la Comuna 4 de a Policía de la Ciudad, con tres efectivos que bajaron y, sin identificarse, los abordaron con armas.

Los jóvenes, al creer que iban a ser asaltados, aceleraron para huir y los policías, luego identificados como Juan José Nieva, Fabian Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi les dispararon.

Lucas recibió un tiro en la cabeza que le provocó la muerte poco después en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, mientras que sus amigos fueron inicialmente detenidos como si fueran delincuentes, aunque al día siguiente fueron liberados.

Los tres policías fueron detenidos e imputados de homicidio agravado, mientras que con el correr de los días se sumaron a ellos otros seis efectivos a quienes se los señala como quienes encubrieron la escena y «plantaron» una réplica de arma en el auto de los adolescentes para hacerlos pasar como sospechosos y justificar la persecución y ataque policial.

Esos imputados son, además de Miño, el comisario Juan Romero, el subcomisario Roberto Inca -ambos a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4-; el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

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En tanto, continuaba prófuga la oficial de dicha fuerza Lorena Miño, quien mediante unos videos difundidos por su abogado, aseguró llorando que no tuvo «nada que ver» con el hecho y que «lamenta muchísimo» lo sucedido con Lucas.

La policía aguarda que el juez de Instrucción del caso, Martín del Viso, resuelva un pedido de eximición de prisión presentado por su abogado, Roberto Castillo, al cual ya se opuso al fiscal Leonel Gómez Barbella, que instruye el expediente.

El pedido de juicio político fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a los padres de Lucas (17), ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.

«Esperamos con la familia de Lucas celeridad del Consejo de la Magistratura. Y así como denunciamos al Juez de Menores vamos a denunciar a todos los que se interpongan o dilaten las medidas para llegar al esclarecimiento del asesinato y las complicidades de la Policía de la Ciudad», dijo hoy a Télam el letrado.

«(…) desde que el Dr. Cilleruelo tomó conocimiento que los policías de la Ciudad de Buenos Aires (que se encontraban de civil en un auto no identificado) habían disparado en la cabeza a un joven de 17 años -lo que le provocaría la muerte- el magistrado decidió tomar medidas tendientes a revictimizar a los tres jóvenes que se encontraban con Lucas González, dejándolos encerrados con los asesinos toda la noche», indicó el pedido que consta en un escrito de ocho páginas al que accedió Télam.

«No conforme con ello, y como si el resultado no fuera suficiente, -continuó la presentación- al advertir que los tres imputados eran miembros de la mencionada fuerza de seguridad, el Dr. Cilleruelo decidió dejarlos en libertad».

«Son cuanto menos preocupantes los extremos a los que nos enfrentamos al observar la actuación del Magistrado, quien sin más que el relato de los policías de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó mantener privados de la libertad a tres menores de edad y en todo momento omitió la detención de los tres asesinos», continuó.

De acuerdo al escrito, que los imputados fueran miembros de dicha fuerza «dejaba en evidencia el riesgo que significaba para los jóvenes y sus familiares y para la investigación que continuaran libres».

En ese sentido, en el petitorio se recordó que el propio ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, solicitó al juez Cilleruelo que «adopte medidas urgentes respecto de la situación procesal de los asesinos».

Y se remarcó también que la fiscal de Menores, María Florencia Poggi, «pidió de manera urgente las detenciones de los tres policías, pero el juez no hizo lugar porque se declaró incompetente».

«La situación actual en la que se encuentra la investigación por la muerte de Lucas González deja ver la negligencia frente a la que nos encontramos en el actuar del Dr. Cilleruelo», se añadió.

Al tiempo que se destacó que en la causa se investiga «la posibilidad de que los policías hayan plantado pruebas falsas en la escena del hecho, lo que podría haberse evitado si el magistrado hubiera actuado de manera expedita ordenando la inmediata detención de los autores».

Para la familia de Lucas, las «acciones -y omisiones-» del juez fueron «por demás negligentes, lo que puso en riesgo la investigación y el esclarecimiento de los hechos, y dejó frente a un total desamparo y desprotección a la familia de la víctima y los sobrevivientes del accionar policial».

Por otro lado, fuentes judiciales informaron a Télam que está previsto que mañana se lleven a cabo las indagatorias del comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y del comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña, efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Estos cinco policías fueron detenidos ayer por orden del juez de la causa, Martín del Viso, quien hizo lugar a un pedido formulado el viernes por el fiscal Gómez Barbella, quien está interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32.

Y si bien en principio se había informado que la oficial Miño también había sido arrestada, los voceros aclararon que no fue localizada en su domicilio y que permanecía prófuga.

Mañana los cinco últimos detenidos serán indagados por la justicia, acusados de encubrir el homicidio por el que estpan imputados otros tres policóas.

Se trata del inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36), quienes permanecen detenidos e imputados del delito de «homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad».

Por último, las fuentes añadieron que el miércoles próximo se realizará la reconstrucción del hecho y si bien no detallaron el horario de la misma estiman que será por la mañana, cuando ocurrió el crimen de Lucas.

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«Su única arma eran los botines rotos. Ni armas ni drogas». Las palabras de la madre del adolescente de 17 años asesinado resultaron ser un mensaje brutal contra la actuación policial, y la declaración de los amigos de Lucas que sobrevivieron a los balazos, quienes aseguraron que temieron ser asaltados, terminaron por demoler la versión del sumario con el que los acusados pensaban ocultar la maniobra delictiva.

El difuso protocolo de actuación que tienen las brigadas policiales derivó en una fuerte reacción del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien consideró que «funcionan porque alguien las habilita», y hasta una denuncia por parte de los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Victoria Montenegro para que se investigue la posible existencia de una asociación ilícita entre policías y funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

También más de 60.000 personas firmaron una petición en una petición en la plataforma Change.org (http://change.org/leylucas) para impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca prohibir a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires actuar sin uniforme y sin los móviles oficiales.

El inspector Gabriel Alejandro Isassi (40), el oficial mayor Fabián Andrés López (46) y el oficial Juan José Nieva (36) permanecen detenidos e imputados a pedido de los fiscales Leonel Gómez Barbella y Andrés Heim por el delito de «homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad».

En tanto, esta tarde otros seis policías fueron detenidos como acusados de haber plantado un arma de fuego de plástico en el auto de las víctimas y haber colaborado en la elaboración de un sumario inventado para hacer creer que todo había sido consecuencia de una persecución y tiroteo.

De acuerdo al expediente judicial, los tres efectivos sospechosos en el crimen de Lucas integraban la brigada 6 de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4 (CC4) de la Policía de la Ciudad.

El inspector Isassi era el jefe de esa brigada y, según su legajo, su actividad como policía comenzó en la bonaerense, pero en el 2011 pasó a la Policía Metropolitana para luego formar parte de la Policía de la Ciudad.

En el 2013, Isassi integró por primera vez el Área División Delitos y Sumarios, luego pasó por el Departamento Delitos y Crimen Organizado, por la División Delitos Complejos, por la División Operativa de las comisarías vecinales 11B y 4C, para finalmente ocupar su puesto en la División Sumarios y Brigadas de la CC4.

En el expediente que tienen a su cargo los fiscales Gómez Barbella y Heim consta que Isassi era quien daba las órdenes dentro del Nissan Tiida patente ITZ-786 que persiguió al auto en el que viajaban Lucas González y sus amigos el pasado 17 de noviembre.

Ese auto no identificable era el móvil 2988 de la Policía de la Ciudad y era habitualmente utilizado por Isassi y sus hombres (López y Nievas) en supuestas investigaciones encubiertas que llevaban a cabo dentro de la villa 21-24.

«Quiero que sepan dónde estamos trabajando, es en la comuna 4, una de las comunas más complejas de la ciudad de Buenos Aires, es zona de las comunas con más delitos en la Ciudad de Buenos Aires, pero no lo digo yo, lo dicen las estadísticas», dijo Isassi en su indagatoria ante el juez del caso, Martín Del Viso, con la finalidad de exculparse.

Quien conducía el Nissan era el oficial Nieva, un hombre de 36 años que comenzó su carrera como agente de la Policía Federal y pasó a la Policía de la Ciudad en el 2018, cuando ocupó funciones en la División Operaciones de la Comisaría Vecinal 11B y luego se sumó a la División Sumarios y Brigadas en la CC4.

El oficial mayor López era el tercer ocupante del Nissan y estaba sentado en el asiento trasero. También se formó en la Policía Federal y desde el 2018 cumple funciones de la División Sumarios y Brigadas, primero en la Comisaría Comunal 3 y ahora en la 4.

En su indagatoria, admitió que disparó «tres o cuatro balazos» contra el auto en el que se movilizaban Lucas y sus amigos porque intentó evadir el control policial.

Los tres policías coincidieron ante la Justicia en que esa mañana estaban realizando un trabajo de vigilancia en la zona de la villa 21-24 en el marco ordenada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (Ufeide).

Isassi dijo: «Nosotros veníamos investigando una causa por narcotráfico, esa causa la tramitaba la Ufeide, era para un domicilio en la calle Luna al 1.500, esta causa se trataba de un lugar de acopio de mercadería, era una causa de estupefacientes».

Los fiscales intentan ahora establecer la veracidad de esa versión y ya mantuvieron contactos con aquella unidad fiscal para saber si los policías tenían asignada esa supuesta «vigilancia» frente la vivienda de la calle Luna.

Sin embargo, la oscura actuación de las brigadas policiales generó rechazo de todos los ámbitos.

Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló a Télam que «históricamente, las brigadas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, utilizan la posibilidad que tienen de no vestir uniforme, porque supuestamente están realizando tareas de investigación, para otros fines: recorrer las calles para recaudar, regular de manera ilegal el delito».

María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), también consideró que las brigadas funcionan para «recaudar y extorsionar» a sospechosos o comerciantes y pidió que los policías que las conforman sean desarmados para evitar casos de «gatillo fácil».

En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI), Mariela Belski, también expresó a Télam su rechazo al protocolo utilizado: «Antes de utilizar armas de fuego los agentes deben identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego».

De acuerdo a la investigación del caso, nada de eso sucedió la mañana del miércoles 17 de noviembre último en Barracas, y la clave para los pesquisas fueron las palabras que utilizó uno de los adolescentes que sobrevivió al ataque: «Pensamos que eran chorros».

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El pedido fue formulado esta tarde por el fiscal Leonel Gómez Barbella y su colega Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante el juez de la causa, Martín Del Viso, quien ahora deberá resolver si hace lugar a ese planteo.

Los fiscales consideraron a los policías sospechosos de los delitos de «encubrimiento agravado, privaciones de la libertad agravadas y falsedades ideológicas«.

Se trata de seis policías que prestan servicios en la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4 y en la Comisaría Vecinal 4D, ante la sospecha de que fueron quienes plantaron un arma de fuego de plástico y elaboraron el sumario policial con la información falsa aportada por los efectivos que, luego, fueron detenidos por el crimen.

Es que en el asiento trasero del auto Volskwagen Suran azul en el que circulaba Lucas González con sus amigos fue secuestrada una réplica de arma con la inscripción “The Punisher” que se determinó que fue plantada por los policías para simular que se había tratado de un enfrentamiento.

De esta manera, los fiscales Gómez Barbella y Heim hicieron lugar al pedido que le habían formulado días atrás los padres de Lucas y de los otros adolescentes, para que también sean detenidos los encubridores del crimen.

Por el caso, ya se encuentran detenidos el inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, todos pertenecientes a la División Sumarios y Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

Estos tres policías permanecen alojados en la cárcel de Marcos Paz, acusados de los delitos de «homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones y con alevosía; falsedad ideológica y la privación ilegal de la libertad».

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 del miércoles 17 pasado cuando Lucas y sus tres amigos salieron del club Barracas Central -donde el primero jugaba y los restantes habían ido a probarse- y fueron interceptados por los policías sin identificar, de quienes intentaron huir al pensar que iban a robarles.

De acuerdo a la pesquisa judicial, los efectivos dispararon y balearon a Lucas, tras lo cual detuvieron a sus amigos y quisieron simular que se trataba de delincuentes a los que interceptaron cuando querían robar un kiosco.

Según la autopsia, Lucas murió a raíz de un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo que le provocó una «hemorragia meningoencefálica» y, además, presentaba un surco en el pómulo derecho de una segunda bala.

El fallecimiento del joven se produjo el jueves 18 en el hospital El Cruce, de Florencio Varela, adonde fue trasladado en grave estado procedente del Hospital

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