El pasado 10 de abril, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela condenó a cinco efectivos de la Policía Bonaerense por su responsabilidad en la muerte de Francisco Valentín Cruz. Las penas van desde un año hasta seis años y seis meses de prisión, en el marco de un juicio por abandono de persona seguido de muerte y otros delitos.

El hecho ocurrió a mediados de marzo de 2020, cuando el joven, de 29 años, fue subido a un patrullero mientras se encontraba en un evidente estado de desorientación y confusión, producto de un padecimiento de salud mental.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que patrocinó a la familia de la víctima, valoró el fallo al considerar que se ajusta a las pruebas producidas durante el debate y que expone la responsabilidad policial en la muerte de Cruz. Tras la lectura del veredicto, tres de los cinco policías fueron detenidos en la sala de audiencias.

“Es un veredicto que se acercó bastante a lo que habíamos solicitado en nuestros alegatos, especialmente porque los cinco agentes imputados fueron hallados culpables. La familia de Francisco recibió positivamente este resultado luego de tanta lucha por acceder a la justicia”, señalaron desde la CPM.

Además, remarcaron que “la muerte de Francisco no debió haber ocurrido y no pudo haberse concretado sin la intervención de los policías, quienes lo subieron al patrullero sin motivo y no informaron el lugar donde supuestamente lo dejaron”.

Las condenas

Sergio Esteban Barboza y Emanuel Maximiliano Peralta fueron condenados a seis años y seis meses de prisión por abandono de persona seguido de muerte —en la modalidad de puesta en situación de desamparo—, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

Ezequiel Carlos Rodríguez recibió una pena de seis años de prisión por el mismo delito. Los tres fueron detenidos tras el veredicto y cumplirán pena efectiva.

Por su parte, la agente Virginia Noemí de la Vega fue condenada a dos años de prisión en suspenso como partícipe secundaria del delito de abandono de persona, en concurso ideal con omisión de un acto funcional.

En tanto, Facundo Alan Iván Rolón recibió una pena de un año de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El tribunal, integrado por los magistrados Santiago Zurzolo Suárez, Patricio Gandulfo y Natalia González Aguirre, dará a conocer en las próximas semanas los fundamentos de la sentencia.

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Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Francisco Valentín Cruz, 29 años, caminaba desorientado por las calles de Ingeniero Allan en medio de una crisis de salud mental. Había sido atendido por guardia médica pocas horas antes. Tenía diagnóstico. Tenía tratamiento.

Cuando los policías lo subieron al patrullero, todos podían ver que algo no estaba bien. Los vecinos que lo habían reducido —creyendo que era un ladrón— decidieron no hacer la denuncia porque se dieron cuenta de que el hombre no comprendía lo que pasaba, no se le entendían las palabras, no registraba lo que ocurría a esa hora de la noche.

La policía lo subió igual. Y en lugar de llevarlo a la comisaría, derivarlo a un centro de salud o dar intervención a la autoridad judicial, lo bajaron en una esquina oscura a las 0.57 de la madrugada.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo apareció en una tosquera de Villa Hudson.

Este lunes arrancó el juicio oral. Y este martes, el jefe de los propios imputados confirmó lo que la familia lleva seis años diciendo.

«No hay ningún elemento legal que lo justifique»

Según publicó la agencia ANDAR, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Florencio Varela, el jefe del Comando de Patrullas fue categórico: los policías imputados debían haber trasladado a Francisco a la comisaría y dar intervención al Ministerio Público Fiscal. Y remató con una frase que quedó flotando en la sala: no hay ningún elemento legal que justificara la decisión de llevarlo a un lugar distinto.

En pocas palabras: el superior jerárquico de los cinco acusados confirmó que lo que hicieron esa noche no tenía ningún amparo en la ley.

Lo que dijeron los testigos

En la primera jornada del lunes declararon las hermanas de Francisco, Celeste Cruz y Esther Quijano, quienes describieron el padecimiento de salud mental de su hermano y el tratamiento indicado por guardia pocas horas antes de la aprehensión.

Tres vecinos que presenciaron el momento en que la policía se llevó a Francisco dijeron lo mismo: estaba perdido, desorientado, incoherente, balbuceaba y no se le entendía lo que decía. Uno de ellos lo resumió con una frase simple y contundente: «Era notorio que no había ido a robar, sino que era otra la cuestión.»

Este martes declaró además la médica que lo atendió en el Hospital Alejandro Korn, quien confirmó que el estado de desvalimiento, pérdida y alucinaciones que describieron los testigos se correspondía exactamente con su cuadro clínico.

Los imputados

Los cinco efectivos del Comando de Patrullas acusados de abandono de persona seguido de muerte son Ezequiel Carlos Rodríguez, Virginia Noemí De la Vega, Emanuel Maximiliano Peralta, Sergio Esteban Barboza y Facundo Alan Iván Rolón.

La acusación sostiene además que los efectivos intentaron desviar la investigación aportando testigos falsos. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de Francisco y califica el caso como un grave episodio de violencia institucional y encubrimiento policial y judicial.

El viernes, los alegatos

La jueza dispuso cuarto intermedio hasta el viernes 20 de marzo a las 13 horas, cuando será el turno de los alegatos de fiscalía, defensa y CPM.

📎 Cobertura del caso Cruz en Infosur:

• La alarmante hipótesis de los peritos: ¿la policía usó picana?
• Exclusivo: habla la madre de Francisco Cruz

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La última imagen que existe de Francisco Valentín Cruz con vida es adentro de un patrullero de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Argentina llevaba apenas horas bajo el primer confinamiento por la pandemia. Las calles de Florencio Varela estaban vacías, los colectivos no corrían, no había nadie. Francisco, un correntino de 29 años que había venido a Buenos Aires a trabajar de albañil para ayudar a su madre y a sus hermanos con discapacidad, tenía un trastorno psiquiátrico y en ese momento atravesaba una descompensación.

Efectivos del Comando de Patrullas de Florencio Varela lo aprehendieron en calle Ecuador 2551, en Ingeniero Allan, pasada la medianoche. Lo subieron al patrullero.

Y según investiga la Justicia y se debatirá en juicio oral y públicodespués lo bajaron. Solo. En la intersección de la Avenida Hudson y la calle 1356, a las 0.57 de la madrugada, en un lugar donde no había colectivos, no había casas cerca y no había nadie que pudiera auxiliarlo.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo fue encontrado en una tosquera sobre Avenida Hudson y Pinzón. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio por asfixia.

Este lunes, seis años exactos después de aquella noche, cinco policías se sientan ante el Tribunal Oral Criminal 2 de Florencio Varela. La familia de Francisco, patrocinada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), espera que la Justicia diga por fin lo que Ramona Espinosa, su madre, lleva años diciendo en voz alta: «A mi hijo lo mató la policía.»

Vino a trabajar. Se lo llevó un patrullero

Francisco tenía 29 años y había dejado Corrientes con una misión simple: trabajar, juntar plata, mandar dinero a casa. Su madre, Ramona Espinosa, tenía a otros dos hijos con discapacidad. Francisco era el sostén.

En Ingeniero Allan se ganaba la vida como albañil y cosechero golondrina. Tenía un trastorno psiquiátrico diagnosticado y seguía tratamiento. La noche del 13 al 14 de marzo tuvo una crisis.

Los policías que lo encontraron en la calle Ecuador lo subieron al patrullero. Lo que debió ser una derivación a un hospital, a su domicilio o, en último caso, a una comisaría, terminó siendo otra cosa: un viaje de menos de una hora que lo dejó abandonado en una esquina oscura, sin que nadie supiera dónde estaba.

Su familia empezó a buscarlo esa misma noche. Fueron a la Comisaría 6ª. Recién les tomaron la denuncia en la madrugada del 15, más de 24 horas después. Durante días rastrillaron el barrio. Pasaron varias veces frente a la tosquera. Pidieron que la revisaran. No quisieron bajar.

El 17 de marzo encontraron el cuerpo.

La hipótesis que quemaba: ¿hubo picana?

Desde el inicio, la investigación estuvo marcada por irregularidades. La CPM, que tomó el patrocinio de la familia, denunció dilaciones sistemáticas y una fiscalía que, en lugar de investigar a la policía, le delegó las tareas investigativas a la misma fuerza sospechada.

Pero lo más perturbador llegó con la pericia. La perito de parte presentada por la CPM, Virginia Creimer, que participó de la autopsia, señaló que Francisco presentaba lesiones producidas por terceras personas, heridas post-mortem y —el dato más alarmante— lesiones en el abdomen compatibles con el paso de electricidad por el cuerpo.

«Si se confirma eso, ¿quién pudo hacer algo así si no es la policía?», preguntó Esther, una de las hermanas de Francisco.

La versión policial nunca fue sólida. Los efectivos declararon que, por pedido del propio Francisco, lo habían dejado en una parada del colectivo 324. El problema: ese lugar está en dirección contraria a su casa y a la comisaría, y no hay ningún colectivo que circule por allí de madrugada.

Un testigo que había declarado haber visto a Francisco caminando hacia la tosquera reconoció luego, en sede judicial, que los propios policías de la Comisaría 6ª le pidieron que declarara eso. Que él nunca pudo identificar que la persona que vio fuera Francisco.

Seis años de pelea judicial

Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial por la Memoria, fue categórico en su momento: la responsabilidad policial es innegable porque «la última vez que se lo vio con vida a Cruz fue arriba de un móvil policial».

La familia recorrió despachos, se reunió con el Procurador General, con el Fiscal General de Quilmes, con el fiscal de la UFI 1 de Florencio Varela. Ramona Espinosa viajó desde Corrientes con lo poco que tenía. En cada reunión le pedían más tiempo.

«Tiempo es el que le sacaron a mi hijo cuando le quitaron la vida», respondió ella.

Los acusados y los cargos

Los cinco efectivos que este lunes se sientan ante el Tribunal son:

Oficial Sergio Esteban Barboza (legajo 422418), Oficial Emanuel Maximiliano Peralta (legajo 420410), ambos a cargo de las zonas 36 y 37 en el móvil 25303; Sargento Ezequiel Rodríguez (legajo 192178) y Oficial Virginia De la Vega, zona 33, móvil 25291; y Oficial Ayudante Facundo Alan Iván Rolón (legajo 181081), de la Seccional 6ª.

La acusación principal es abandono de persona seguido de muerte. La subsidiaria, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber violado la Ley Provincial 13.482 y el Decreto 1050/2009, que obligan expresamente a los efectivos a proteger a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

Lo que viene

El juicio oral que arranca este lunes es el final de un camino larguísimo. Para la familia de Francisco, para la CPM y para quienes seguimos este caso desde el principio, representa algo más que un proceso judicial: es la última oportunidad de que el Estado reconozca lo que le hicieron a un hombre vulnerable en la madrugada más silenciosa de la pandemia.

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