Florencio Varela amaneció con otra noticia judicial que alimenta la sospecha creciente sobre el entramado de poder que rodea al polémico ahora ex fiscal Hernán Bustos Rivas. Esta vez, la novedad llegó desde el Tribunal Oral en lo Criminal N°1: el fiscal Sebastián Videla presentó su excusación y el Tribunal la aceptó. Con él, ya son siete los fiscales que se apartan del caso contra el abogado Carlos Guillermo Dieguez, representante de la familia de Josué Salvatierra, el joven asesinado junto a Paloma Gallardo a comienzos de año.

Como una postal repetida que nadie logra explicar sin rubor, la resolución firmada el 9 de diciembre por el auxiliar letrado Joaquín Demarchi y la jueza María Florencia Butierrez sacudió otra vez a los pasillos judiciales de la ciudad. Allí se detalla que Videla decidió correrse por amistad, camaradería y vínculos institucionales con el denunciante Bustos Rivas, lo que —según su propio argumento— compromete cualquier apariencia de imparcialidad.

La escena vuelve a tensionar un proceso ya erosionado por meses de irregularidades, disputas internas y decisiones que reavivan la pregunta que resuena en los pasillos del edificio judicial: ¿qué sucede realmente con esta causa?

Un caso que nació torcido

La causa 1426, caratulada “Dieguez Carlos Guillermo s/ Coacción Calificada”, forma parte del capítulo más controvertido en la historia reciente de la justicia local. Todo empezó luego de una audiencia privada en el despacho de Bustos Rivas, donde no hay cámaras y los únicos testigos son empleados suyos. Tras ese encuentro, el fiscal aseguró haberse sentido amenazado por Dieguez, quien en ese momento seguía de cerca el avance de la investigación por el brutal crimen de Josué y Paloma.

Aquella denuncia provocó un giro inesperado: por primera vez, un fiscal intentaba llevar a juicio a un abogado por defender a víctimas de las tramas mafiosas de Varela. Y no solo eso: en 75 días, la fiscalía actuante elevó la causa a juicio, un récord insólito en un fuero donde los expedientes de vecinos comunes suelen dormir años en las mismas oficinas.

El propio juez Diego Agüero terminó desarmando esa maniobra cuando dictó el sobreseimiento de Dieguez en mayo, señalando que “impulsar un juicio político o criticar públicamente a un funcionario judicial no es ilegal, sino parte de la democracia”. Pero la tranquilidad duró poco: la Cámara de Apelaciones ordenó reabrir la investigación y todo volvió a foja cero.

La excusación número siete

Ahora, con Videla fuera de juego, la causa vuelve a quedar en manos de la Fiscalía General Departamental, que deberá nombrar un nuevo fiscal. En su presentación, Videla fue explícito: la relación con Bustos Rivas no solo es laboral —“la dinámica diaria del Departamento Judicial”— sino también asociativa, ya que ambos integran espacios del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes.

“Debe garantizarse un proceso justo y sin subjetividades”, escribió. Y añadió que su vínculo con el denunciante “impide tratar el caso con la objetividad que exige la función”. El Tribunal le dio la razón: la causal prevista en el artículo 47 inciso 11 del Código Procesal Penal encaja de lleno en lo invocado.

Así, el caso suma otro capítulo que profundiza la grieta interna del Ministerio Público. A mediados de año, INFOSUR reveló una fotografía clave: el fiscal Dino Maistruk —designado para acusar a Dieguez en el juicio que debía iniciarse en septiembre— compartía un asado en El Alpino con el propio Bustos Rivas, el denunciante. La imagen explotó en el ámbito judicial, con repercusiones que aún hoy siguen incomodando despachos.

Un eco que recorre Varela

Las familias de Josué y Paloma, que en plena madrugada varelense perdieron a dos jóvenes que tenían toda una vida por delante, observan con impotencia cómo el caso se ramifica hacia adentro del Poder Judicial, mientras la investigación por el doble crimen sigue exigiendo respuestas.

En los cafés del centro, entre abogados jóvenes, defensores oficiales y empleados judiciales que salen a tomar aire al patio interno, la sensación es unánime: hay un sistema que se resiste a mirarse en el espejo. Y cada excusación agrega una capa más a esa trama que parece diseñada para evitar que algún fiscal toque un expediente que roza zonas sensibles del poder.

En Varela se respira la sensación de que este expediente ya no habla sólo de amenazas o coacción: habla de poder, de corporaciones, de silencios incómodos.
Y de una justicia que —otra vez— parece estar juzgando a sí misma.

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La movilización se realizó el jueves por la mañana y reunió a familiares de Lautaro Morello, Lucas Escalante, Nahuel Sanabria y Josué Salvatierra, quienes portaban banderas y carteles con sus imágenes. «Diéguez es el único que se comprometió con nosotros para buscar justicia», afirmó Mirian Aguilar, abuela de Lautaro Morello.

Los manifestantes se concentraron frente a la sede de Fiscalías y Defensorías de Florencio Varela, donde realizaron una radio abierta para exponer sus reclamos. Luego marcharon hacia el Juzgado de Garantías N°6, donde fueron recibidos por el juez Diego Agüero en una extensa reunión.

El abogado José Luis Calegari, referente del Centro Angelelli, cuestionó el accionar de la Fiscalía 11 de Quilmes: «Es llamativo que se aceleren en una causa contra Diéguez, mientras muchas víctimas esperan meses por una investigación». Según Calegari, el problema no es la justicia en su conjunto, sino algunos fiscales que, según denuncian, protegen a sectores poderosos.

Las críticas apuntaron directamente a los fiscales Bustos Rivas y María de los Ángeles Dongiovanni. Dora Montiel, tía de Nahuel Sanabria, fallecido en diciembre de 2023, aseguró que «Dongiovanni no nos escuchó nunca» y acusó a la fiscal de entorpecer las investigaciones.

El origen del conflicto se remonta al 6 de febrero, cuando Diéguez se reunió con Bustos Rivas para tratar el caso de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra. Días después, el fiscal lo denunció por presuntas amenazas, iniciando un proceso que quedó en manos de la Fiscalía N°11 de Quilmes.

Diéguez ya fue indagado y procesado, aunque niega las acusaciones y adelanta que pedirá once medidas judiciales para revertir su situación. Mientras tanto, el caso sigue generando tensión en el ámbito judicial de la región y mantiene en alerta a los familiares de víctimas que ven en el abogado un aliado en su búsqueda de justicia.

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