La nota no tardó en moverse algo más allá de las pantallas. Después de que Infosur diera a conocer el flyer de un chico de 13 años que ofrecía changas en un grupo de compraventa de Florencio Varela —cortar pasto, limpiar terrenos, mover arena, hacer mandados—, el Municipio reaccionó rápido.

La Secretaría de Desarrollo Social se acercó al domicilio que figuraba en la publicación, con la intención de conocer la situación de la familia y evaluar qué tipo de asistencia podía ofrecerle. Pero, según indicaron voceros comunales, la familia se negó a suministrar datos a los trabajadores sociales que se presentaron en el lugar.

Esa negativa, explicaron desde el Municipio, impidió avanzar con cualquier tipo de ayuda concreta. Sin información sobre la composición del grupo familiar, sus ingresos o sus necesidades, resulta imposible diseñar una intervención a medida, más allá de la buena voluntad con la que se haya iniciado el operativo.

El episodio deja abierta una pregunta que excede al caso puntual: qué hacer cuando una familia, expuesta públicamente por una situación que preocupa, elige no dejarse ayudar. La legislación argentina es clara respecto a los límites del trabajo infantil —la Ley 26.390 prohíbe el trabajo de menores de 16 años, salvo excepciones específicas para tareas familiares bajo condiciones estrictas—, pero la ley por sí sola no resuelve lo que sucede puertas adentro de una casa cuando el Estado golpea a la puerta y nadie quiere abrirla del todo.

Por ahora, el flyer que generó adhesión y preocupación a partes iguales sigue circulando en redes. El chico, de acuerdo a lo que él mismo escribió, sigue yendo a la escuela. Y la changa, con todo lo que incomoda y lo que enseña, sigue siendo, para esa familia, una decisión propia antes que un problema para que otros resuelvan.

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