BERAZATEGUI – Después de más de dos años de batalla judicial, mientras topadoras arrasaban con bosques nativos y rellenaban humedales a orillas del Río de la Plata, la Justicia finalmente dijo basta. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó este martes la paralización inmediata de las obras en dos emprendimientos privados de lujo en Berazategui: Puerto Nizuc y el barrio Elcano, ambos vinculados a la empresa Caputo Hermanos S.A., la misma familia del ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo.

La resolución judicial es contundente: suspensión total de desmonte, movimiento de suelos, construcciones, rellenos, quema de pastizales, dragados, polderizaciones y «cualquier otra acción de similares características susceptible de provocar la afectación del ambiente». Una victoria del ambientalismo que llega tarde —cuando gran parte del daño ya está hecho— pero que evita que el ecocidio ribereño siga avanzando.

«Frente a la situación fáctica constatada, el mantenimiento de la orden de suspensión de tareas de desmonte, movimiento de suelos, quema de pastizales, dragados, polderizaciones, etc. en el área objeto de este litigio constituye la vía más útil e idónea para preservar lo que resta de humedales y bosques nativos del daño ambiental irreversible que aquellas provocan», fundamentó el juez Spacarotel en un extenso texto que reconoce explícitamente que hubo «daño ambiental irreversible».

Dos años de demora judicial, dos años de destrucción

El fallo de la Cámara hace lugar al recurso de apelación que el Foro Ambiental Berazategui —organización que lleva años defendiendo los humedales ribereños— presentó después de que un juzgado de primera instancia levantara la cautelar que impedía las obras. Durante el tiempo que tardó en salir esta medida de la Cámara —más de dos años—, los emprendedores continuaron con la «acción destructora», según consigna el propio texto de la resolución.

En esos 24 meses, las topadoras no pararon. Talaron árboles nativos, rellenaron humedales con escombros, modificaron el curso de arroyos, movieron miles de toneladas de tierra. La obra avanzó a toda máquina, amparada en permisos municipales cuestionados y en una Justicia que no actuó con la celeridad que el daño ambiental requería.

El caso Puerto Nizuc y Elcano es paradigmático de cómo el poder económico puede burlar durante años las regulaciones ambientales con complicidad o inacción del Estado. El Municipio de Berazategui otorgó permisos de obra. La Provincia de Buenos Aires no ejerció su poder de policía ambiental. Y la Justicia tardó más de dos años en emitir un fallo que hoy reconoce que hubo «daño ambiental irreversible».

¿Qué es Puerto Nizuc y por qué importa?

Puerto Nizuc es un emprendimiento inmobiliario de alta gama en la costa de Berazategui, sobre el Río de la Plata. Barrios privados con acceso al río, marinas, amenities de lujo. El proyecto incluye una «3ª etapa» que implicaba el desmonte de hectáreas de bosque nativo y el relleno de humedales para ganar terreno al río.

Los humedales son ecosistemas fundamentales para la regulación hídrica, la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. Funcionan como esponjas naturales que absorben agua en época de lluvias y la liberan gradualmente, evitando inundaciones. También son hábitat de cientos de especies de flora y fauna. Rellenar un humedal es destruir un ecosistema completo, con consecuencias irreversibles.

En el caso de Puerto Nizuc, el Foro Ambiental denunció que los emprendedores estaban destruyendo bosques nativos protegidos por la Ley Nacional 26.331 de Bosques Nativos, que prohíbe el desmonte sin autorización y obliga a presentar planes de manejo aprobados por la autoridad de aplicación.

«No tenían plan de manejo aprobado. No tenían estudio de impacto ambiental serio. No hicieron audiencia pública. Violaron todas las normativas ambientales. Y aun así, avanzaron», enumera el Foro en sus presentaciones judiciales.

El barrio Elcano: mismo patrón, mismos actores

El segundo emprendimiento frenado por la Justicia es el barrio Elcano, también en la zona ribereña de Berazategui. El esquema es idéntico: desmonte de bosque nativo, relleno de humedales, construcción de un barrio cerrado de lujo. Y los responsables son los mismos: Fideicomiso Pueblos del Plata, la empresa Caputo Hermanos S.A.

La Cámara resolvió por mayoría hacer lugar al recurso del Foro y ordenar «la inmediata suspensión de acciones de desmonte, movimientos de suelos, desmalezamiento, construcciones, rellenos y cualquier otra acción de similares características susceptible de provocar la afectación del ambiente y en particular de las especies (flora, fauna) existente en el área afectada».

Además, la Justicia exige que los emprendedores acrediten «haber cumplido en debida forma con el requisito de participación ciudadana», es decir, que realicen audiencias públicas donde la comunidad pueda opinar sobre el impacto ambiental de las obras. Algo que nunca hicieron.

La jueza Milanta fue incluso más contundente: «El interesado debe abstenerse de realizar cualquier tipo de obras hasta tanto cuenten con el respectivo Plan de conservación y manejo de bosques nativos aprobado por la autoridad de aplicación».

La conexión Caputo y el poder económico

Que la empresa involucrada sea Caputo Hermanos S.A. no es un dato menor. La familia Caputo es una de las más poderosas del país en el rubro construcción y desarrollo inmobiliario. Luis «Toto» Caputo, actual ministro de Economía de la Nación, es hermano de los dueños de la empresa.

Aunque formalmente Luis Caputo no tiene participación accionaria en los emprendimientos —cedió sus acciones al asumir como funcionario público—, la conexión familiar es evidente. Y plantea preguntas incómodas sobre el vínculo entre poder político y poder económico.

«Es la misma lógica de siempre: grandes empresarios con acceso al poder hacen negocios inmobiliarios que destruyen el ambiente, consiguen permisos municipales y provinciales, y cuando la Justicia los frena ya hicieron la mitad de la obra», analiza un abogado ambientalista consultado por este medio.

El caso también expone la debilidad de los controles ambientales en la Provincia de Buenos Aires. Tanto el Municipio de Berazategui como el gobierno provincial deberían haber impedido estas obras antes de que comenzaran. No lo hicieron. Y ahora la Justicia los responsabiliza también: la Cámara ordenó que «la Municipalidad de Berazategui y la Provincia de Buenos Aires, cada una en el marco de sus competencias», garanticen el cumplimiento de la suspensión.

El daño ya está hecho

La resolución judicial llega tarde. Muy tarde. Gran parte de los bosques nativos ya fueron talados. Muchos humedales ya fueron rellenados. El daño, como reconoce el propio fallo, es «irreversible».

Las imágenes satelitales que el Foro presentó como prueba en la causa son elocuentes. Muestran, año tras año, cómo avanzó la destrucción. En 2022, había bosque nativo continuo en la zona de Puerto Nizuc. En 2023, aparecen las primeras «calvas» donde las topadoras arrancaron árboles. En 2024, grandes sectores ya están completamente pelados. Y en 2025, cuando la Justicia finalmente ordena parar, lo que queda es una fracción de lo que había.

«Preservar lo que resta», dice el fallo. Esa frase resume todo: queda tan poco que el objetivo ya no es conservar, sino salvar las migajas.

¿Qué viene ahora?

La medida cautelar de la Cámara obliga a la paralización inmediata de las obras. Los empresarios tendrán que desmovilizar las máquinas, retirar el personal, frenar todo. Si no lo hacen, podrían enfrentar sanciones penales por desobediencia a una orden judicial.

Pero el ambientalismo no se hace ilusiones. «Sabemos que van a apelar, que van a buscar la forma de seguir. Tienen recursos, tienen abogados, tienen poder», anticipa el Foro. «Por eso necesitamos que la sociedad se involucre. Que los vecinos de Berazategui exijan que se cumpla el fallo. Que la Provincia y el Municipio hagan los controles. Que no se permita ni un metro más de destrucción».

Berazategui y la batalla por la costa

Lo que está en juego en Berazategui es el futuro de toda la costa ribereña del Río de la Plata. Decenas de proyectos inmobiliarios de alta gama presionan sobre los últimos humedales y bosques nativos que quedan. Si se permite que avancen, en diez años la costa será un continuo de barrios cerrados, marinas privadas y muros que separan al río de la gente.

«Queremos una costa pública, accesible, con naturaleza conservada», reclama el Foro. «No queremos que el río sea solo para los ricos que pueden pagarse una casa en un country. El río es de todos. Los humedales son de todos. Y tenemos derecho a defenderlos».

El fallo judicial de esta semana es un respiro en esa batalla. Pero es solo eso: un respiro. La guerra por la costa recién empieza. Y del lado del ambientalismo, las armas son pocas: un puñado de organizaciones, algunos abogados comprometidos, vecinos que se movilizan. Del otro lado: empresas multimillonarias, poder político, una Justicia que tarda años en actuar.

Pero por ahora, por lo menos, las topadoras tienen que parar. Y los bosques que quedan, los humedales que resisten, tienen una oportunidad de sobrevivir. Pequeña, frágil, pero una oportunidad al fin.

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A unos pocos kilómetros del centro de Florencio Varela, rodeado de enormes muros y unas zanjas pestilentes, se encuentra una verdadera pocilga de cemento. Popularmente se le conoce como la cárcel de Varela, a decir verdad, un complejo carcelario que cuenta con seis unidades penitenciarias, una alcaidía recién inaugurada y la obra de un hospital para los presos. Se llega por la Ruta 53 bien “al fondo”. En la escuela 8 hay que doblar a la izquierda y seguir unos kilómetros, pero se huele antes de llegar. En realidad, todo huele mal en la cárcel de Varela.

Todo el complejo carcelario huele, siempre, día y noche, a cloacas. Estuvimos en junio de este año recorriendo los alrededores alertados por los vecinos que ya no soportan la situación. Volvimos esta semana, con la ola de calor todo se potenció. Al máximo.

El olor es insoportable en los alrededores de la cárcel de Varela

En la zona rural de Florencio Varela los sentidos se agudizan. El sector comprende gran parte del cordón hortícola del sur del conurbano que integra también La Plata y Berazategui. En total se cree que abastece 2/3 del consumo de verduras y hortalizas del Área Metropolitana potenciada por la pandemia y el mercado de cercanía.

Atravesar los surcos de acelga o lechuga, caminar por invernáculos con tomates, no borra la huella del olor nauseabundo que emite la falta de una planta potabilizadora en el complejo carcelario que inunda el aire que los vecinos ya no soportan. Y todos son indiferentes.

Indiferentes a una verdadera cloaca a cielo abierto que se mete en todos lados. En las casas, en las comidas, en los campos, en los galpones.

Testimonios de los vecinos del barrio

Claudio vive en la zona desde que nació, a pocos metros del Complejo Carcelario de Florencio Varela, y es uno de los que se animó a denunciar la bomba de tiempo que significa los desagües cloacales a cielo abierto que van a parar derecho al arroyo Las Conchitas y atraviesa varios barrios varelenses y otros de Berazategui, convirtiéndose en una verdadera bomba de tiempo ambiental.

“No se puede estar, a la mañana y a la tarde el olor es insoportable”, dice Claudio mientras atiende las labores del campo y le da indicaciones a uno de los peones que está curando el limonero y la acelga. “Viene de la cárcel”, dice y señala un complejo de varias hectáreas que desde la gobernación de Eduardo Duhalde se estableció y no para de crecer.

Un recorrido con olor insoportable

El cronista de Infosur volvió a recorrer el perímetro del complejo carcelario donde hay seis cárceles totalmente superpobladas, una alcaidía recién inaugurada y está en obra el hospital penitenciario. A simple vista, se puede observar el impacto ambiental. La escena es deplorable. Una catarata de materia fecal que sale por una canaleta de desagote desde las cárceles y transitan unos 500 metros para meterse oronda en la naciente del “Arroyo Las Conchitas” para después atravesar varios barrios, una reserva natural y terminar en el Río de la Plata, muy lejos de la planta depuradora.

Esa catarata, a simple vista, que es eliminada no tiene tratamiento alguno de los establecimientos carcelarios y lo que parecería ser la planta depuradora está llena de tierra.

El Google Maps es preciso por la ruta de los desechos. Desde la Unidad Carcelaria sale una zanja de desagote que atraviesa el campo y desemboca en el arroyo. Ese fue el camino que siguió en junio pasado el cronista de Infosur cuando se encontró con un panorama desolador. Tres niños jugando en el cruce de las calles, a un lado de las aguas pestilentes y el olor nauseabundo. “Sí esto siempre es así, a veces me dan ganas de vomitar”, dice uno de los niños que ante la presencia de los extraños prefiere ir para su casa. Sus padres están trabajando la tierra y no pueden atendernos.

La denuncia que Claudio realizó en febrero del 2020 fue acompañada por el concejal Maximiliano Bondarenko, de Juntos por el Cambio, que se acercó a la zona para mostrar los argumentos de la presentación judicial. La causa que fue caratulada como de «Averiguación de ilícito», tiene intervención de la UFI N° 6 Descentralizada de Florencio Varela. Y está cajoneada.

Las denuncias cajoneadas por la Justicia

En este sentido, Bordarenko aseguró a Infosur “El agua es un recurso natural que se está desperdiciando. El Servicio Penitenciario Bonaerense lo único que hace es decantarla, romper la materia fecal, pero no la trata con químicos para potabilizar el agua”.

El problema de contaminación en Las Conchitas no es nuevo. “Esto pasó siempre, encima las canaletas están llenas de ratas”, expresó un vecino de la zona, que caminaba por los alrededores del complejo y empujaba un Renault 12 que se había quedado sin batería.

Infosur pudo saber de fuentes confiables que son por lo menos tres las causas en Florencio Varela que investiga la contaminación en el Arroyo Las Conchitas. Una que fue carátulada «Delito de acción pública, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro 4 Descentralizada de Florencio Varela. En esta causa estaban sindicados las empresas, Industrial Varela y Curtiembre Hispano Argentina.

La otra en tanto, es una denuncia con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 4 Descentralizada de Berazategui. En estas actuaciones están sindicados las empresas, Gibaut hnos., Acykro S.A, Praxair, Industrial Varela, Cooperativa de trabajo Galaxia, La Hispano, Síntesis Química, Procesos Metálicos, Siderar, Papelera Sein, Compañía de transportes ex Río de la Plata, y Parque Industrial Plátanos.

La última es la presentada por el vecino de nombre Claudio y amparada por el concejal Bondarenko en la que se encuentra sindicado el Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

En enero del 2019, Julieta Rodríguez, vecina de Plátanos, se presentó en el Juzgado de Garantías N°7 de Berazategui, a cargo del Gustavo Alejandro Mora, donde inició una denuncia (PP-13-01-001131-19/31 – Fiscal Silvia Borrone) por la contaminación del arroyo «Las Conchitas» en donde desde un punto exacto ubicado en la calle 45 entre 149 y 150, desde una de tormenta, arrojaban desechos cloacales a cielo abierto y de manera de manera clandestina, según informó el portal Ahora Online.

Según el medio periodístico, en aquella oportunidad se hizo entrega de material de pruebas, sumadas a la de la colaboración de la Policía Ambiental y la Autoridad del Agua, que tras un análisis al arroyo confirmaron la presencia de “Escherichia Coli” (una bacteria que produce una poderosa toxina que daña el recubrimiento del intestino delgado, lo que puede causar diarrea con sangre, e infección), la justicia sólo avanzó con la clausura de dos empresas, pero la contaminación sigue a la vista de todos.

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