EL OLVIDO
Todo arrancó con Rodrigo Sbarra, quien se “olvidó” un sobre con US$10.000 en el despacho que ocupó como secretario de Coordinación de Producción, y fue señalado como uno de los encargados de recaudar esa caja pero, según la denuncia, sería tan solo un eslabón de un aceitado mecanismo.

El pasado 25 de febrero, los periodistas Alejandro Bercovich y Noelia Barral Grigera revelaron en C5N, la supuesta maraña de sociedades de cartón y el crecimiento fastuoso de la economía personal de Sbarra y sus asociados, informe que sirvió de base para la denuncia.

Según se detalló, el grupo de Sbarra creaba sociedades a nombre de supuestos testaferros –casi todos de Florencio Varela- y generaban miles de facturas de servicios al Estado. Sólo en la subsecretaría de Producción el grupo facturó mil millones de pesos en un año: el equivalente a 10 millones de dólares.
La escandalosa denuncia incluye como parte central a Sebastián Martín Bideberripe, un médico traumatólogo de Florencio Varela que en 2016 fue nombrado como director de administración del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y registra una denuncia por hechos similares a lo expuesto por Tailhade. En este caso, por la ONG Centro de Control de Políticas Públicas que, en 2017, lo acusó por la compra ficticia de artículos a Ferretería DZ, en Quilmes, que tiene como socio a Maximiliano Carlos Guida. Éste fue mano derecha del funcionario en cuestión en el INPI y posteriormente en el ministerio, también es de Varela y aparece vinculado a la denuncia.

Bideberripe hizo dupla con Sbarra, según la denuncia, en el sistema de recaudación ilegal.

Estuvo a cargo de la Coordinación Administrativa de Trabajo – cargo similar al que su compañero tenía en Producción – y ambos tuvieron a su cargo la autorización de pagos. Los dos respondían a Ignacio Pérez Rivas, el jefe de Gabinete de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, sobre el avance de la colecta.

Sebastián Martín Bideberripe fue designado como representante oficial del ministerio de la Producción en el consejo directivo del Organismo Argentino de Acreditación en 2018 y a finales de ese año asumió su puesto en la secretaría de Trabajo. Previo a ello, en octubre, constituyó la sociedad anónima simplificada Alvear 833 S.A.S., habilitada el 30 de agosto de 2019 por la municipalidad de Quilmes bajo el nombre de Boguá, un bar de tapas ubicado en el centro de esa localidad.

El negocio de las S.A.S. pareció rentable porque en abril de 2018, con 18 años de edad, una de sus hijas constituyó una de estas empresas, Danielita Bornaschella, en Berazategui, y figura como administradora suplente de Hudson Medical Aesthetics & Wellness Center S.A.S. Junto a su hermana Martina compraron, en septiembre de 2019, una propiedad en Hudson a Claudio Daniel Giménez, que fue apuntado como el valijero del entramado ilegal y testaferro de Sbarra.

Sbarra fue el presidente de la firma Arquigreen S.A. hasta febrero de 2017.

Se trata de una compañía familiar a la que renunció en esa fecha para ser reemplazado por Clarisa Camacci, su esposa, y Giménez como director suplente.

Como Bideberripe, Giménez también trabajó en el INPI hasta 2016 y tuvo el 16,7% de las acciones de Arquigreen. Sin embargo, según detalla la acusación, en septiembre de 2019 se produjo un conflicto dentro de la organización y el supuesto valijero se habría quedado con $40.000.000 de lo que recaudación ilegal. Ante esta situación, Sbarra y Bideberripe comenzaron a amenazar al supuesto testaferro hasta que sellaron la paz. Claudio Daniel Giménez se quedó con los cuarenta millones de pesos pero salió de Arquigreen y las sociedades anónimas simplificadas que el hombre del sobre armó para ocultar bienes y facturarle al ministerio de la Producción, según consta en el texto judicial. Así, las acciones volvieron al exfuncionario que las adquirió por la módica suma de $2.000, lo que parece parte de un acuerdo y no de una transacción comercial.

El contador amigo de Giménez, Santiago Javier Romero, también funcionó como supuesto testaferro de Sbarra, en este caso al frente de Depuración General Sustentable S.A.S. que dio, a modo de comodato, un Chevrolet Cruze 2018 a Maximiliano Guida, la mano derecha de Bideberripe. Guida vive en Florencio Varela, es licenciado en administración y en sus redes sociales asegura trabajar para “Estudio Integrar”. Lo llamativo es que una de las sociedades anónimas simplificadas que le facturó al Ministerio de Producción y Trabajo, según se desprende de la información proporcionada por las fuentes, es Produtecno que aportó como contacto el e-mail laura@estudiointegrar.com.

Los nombres se repiten. Puntualmente, se trata de Integrar Soluciones y Desarrollos S.A., una sociedad conformada por Guida, Sebastián Emanuel Pasqualino y Bernardo Martín Dellagiovanna en diciembre de 2016 y habilitada, en mayo de 2019 por la municipalidad de Quilmes, como local de venta de ropa en peatonal Rivadavia 111.

La mano derecha de Bideberripe también aparece en otras sociedades: Medibien S.A., creada el 23 de octubre de 2018 con Lucas Andrés Cottet, y como presidente de M.B.I.T. Insumos Textiles Comerciales el 28 de agosto de 2017. Giménez vuelve a sonar en el entramado mediante su hermano, Lucas Esequiel, quien figuraba como presidente de Desarrollos Digitales Globales S.A.S. Dicha sociedad, según el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, es propietaria de un Mercedes Benz Clase V8 dominio AD716PM, valuado en más de 100.000 dólares, que fue entregado en comodato a Sbarra.

Al cierre de esta edición impresa, el médico fue contactado para conocer su posición ante la denuncia formulada por el diputado nacional, pero no hubo respuestas.

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«Soy una víctima del poder real», dijo Lázaro Báez en su primera declaración ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por la «ruta del dinero k», en la que adelantó que no contestará preguntas.

Báez se reconoció como un empresario «emprendedor» y que le «armaron la causa porque no toleraron que un don nadie compita».

Además, aclaró que siempre fue amigo de Néstor Kirchner, incluso antes de asumir como presidente de la Nación.
Por otra parte, subrayó que su detención se convirtió en un show al igual que las causas en su contra, todo con el objetivo de llevar adelante un «plan maestro, político y judicial».

«Voy a hacer una exposición no voy a contestar preguntas» comenzó su relato el empresario, leyendo luego toda su declaración.

«La verdad de las cosas es que soy víctima de una campaña atroz por parte de los distintos poderes reales de nuestro país, esta campaña incluyó el encarcelamiento de políticos y empresarios de los medios para quedarse con todo», acusó Báez, quien dijo creer que las causas en su contra no tuvo otro fin que «atacar el modelo justo y soberano que logró Néstor Kirchner».

En ese sentido, dijo que fue elegido «como la ejemplificación del castigo» en donde «destruyeron» a su familia, detuvieron a su hijo Martín Báez y persiguieron a sus socios.

«Mi situación se utilizó como una amenaza implícita para otros, me hicieron tan tristemente famoso que con solo decir Lázaro ya se sabe de quien se habla, y usan mi nombre para adjetivar, convirtieron mi nombre en un sinónimo de testaferro, sin una condena», agregó.

El empresario aseguró que fue «acosado por el servicio de inteligencia a la orden del actual Gobierno» y que en oportunidad de ser llevado en 2016 al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza se le presentó la abogada Claudia Balbín, quien dijo trabajar para Silvia Majdalani (segunda de la AFI), ofreciéndole ser «arrepentido» y beneficios si involucraba con su declaración a los Kirchner.

El hijo de Balbín, el abogado Santiago Viola, en una época fue abogado de los hijos de Báez: «Queda claro que me pusieron en una encerrona para que culpe a la señora Cristina Fernández y su Gobierno, no pudieron doblegarme como sí ocurrió con otros».

Incluso, como prueba de la extorsión que Báez dijo sufrir intentó reproducir, sin éxito, unos audios (que finalmente leyó) en los que el fiscal Guillermo Marijuan hacía saber sobre cómo iban las negociaciones para lograr el arrepentimiento en la causa de la ruta del dinero K de los hijos del empresario.

En ese contexto, dijo que un periodista que lo visitó en la cárcel le ofreció reunirse con el actual ministro de Justicia, Germán Garavano.

«Yo fui soy y seré amigo de Néstor Kirchner, nuestro vínculo empieza con mucha anterioridad a que se convirtiera en un político trascendente,sin embargo y debería resultar obvio, esto no quiere decir bajo ningún concepto que yo fuera su testaferro, ni de él ni de su familia. Esto fue repetido en muchísimas ocasiones, lo niego enfática y categóricamente», apuntó.

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