El grado más fuerte de exposición fue durante la brutal represión desatada en el mes de abril cuando tuvo lugar una revuelta por un audio falso que anunciaba un contagio masivo de coronavirus y que dejó un muerto por el que hay dos efectivos del Servicio Penitenciario acusados por la Justicia.

Sin embargo, de a poco y con menos seguidores que los denominados influencers tumberos, las imágenes con peleas de presos van ganando las redes sociales.

En la última, se puede observar cómo es el rito durante los minutos previos a la contienda en uno de los patios internos de la unidad penitenciaria 32. De a poco van quedando los cuatro contendientes que con facas y frazadas se trenzan en una pelea que se dispersa con el ingreso de los carceleros.

De esta manera, los teléfonos celulares también se meten en lo que sucede intramuros y es otra forma de denuncia de las condiciones tremendas del encierro. El que quiere ver que vea.

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El domingo 19 se confirmó el primer caso positivo de Covid-19 de un preso en la provincia de Buenos Aires. Alojado en la Unidad penitenciaria 23 de Florencio Varela, quedó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos Presidente Perón de Avellaneda. La persona detenida padece una enfermedad renal crónica y necesita tres diálisis semanales, que se aplican en el hospital mencionado. En el momento en que el personal médico se prestaba a realizar esos diálisis notaron que el detenido presentaba un cuadro febril por lo que decidieron hacerle el test con un doble hisopado: orofaríngeo y nasofaríngeo. El test dio positivo provocando entonces la internación en dicho hospital bajo guardia del Servicio Penitenciario. Como elemental medida preventiva se decidió aislar a los cuatro presos que estuvieron junto al paciente en el hospital, tomando la misma medida con 10 agentes del servicio penitenciario que fueron trasladados a la Unidad 42.

La situación en las cárceles es siempre compleja, por la superpoblación y las condiciones de hacinamiento, a las que ahora se agrega la posibilidad que se produzcan situaciones difíciles de manejar y que pueden explotar en cualquier momento. A las condiciones inhumanas de detención se le suma una pandemia que puede provocar un estallido de casos en las Unidades Penitenciarias si no se toman medidas tendientes a evitar una propagación del virus intra muros y a descongestionar en forma racional el sistema penitenciario.

Por un lado está la situación de pandemia mundial, el deber del Estado de resguardar la salud y la vida de los detenidos pero por otro lado hay que atender también la seguridad de la sociedad y de las victimas de los delitos graves en particular. La resolución 066/2020 del 31 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de su libertad y a reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia. Incumplir con la misma puede generar la responsabilidad internacional del Estado Argentino.

La resolución de hace algunos días de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, firmada por el juez de Cámara Víctor Violini, en el expediente “Personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario, Alcaidías y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires S/ Habeas Corpus colectivo y correctivo”, estableció los estándares para paliar la superpoblación del sistema penitenciario bonaerense en este contexto de pandemia. Repasemos cuáles son.

En primer lugar se decreta la concesión del arresto domiciliario para las personas que “se encuentran en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, como así también a las mujeres embarazadas o madres alojadas con sus hijos en las Unidades Penitenciarias, y que se encuentran condenadas o imputadas en orden a delitos leves”.

En segundo lugar para las personas que se encuentren en situación de riesgo, pero imputadas o condenadas por la comisión de delitos graves será facultad de los Tribunales o Juzgados que tengan a su cargo a este grupo de detenidos analizar cada situación para determinar si corresponde el arresto domiciliario o bien establecer el aislamiento sanitario dentro de la Unidad Penitenciaria donde cada uno se encuentra alojado. Hay que mencionar que en caso de otorgar el arresto domiciliario se debe tener especial atención en resguardar la integridad psicofísica de la víctima.

Para determinar la gravedad o no de un delito, el juez menciona que se deben tener como “pautas razonables” la escala penal o la pena impuesta por sentencia condenatoria aunque no se encuentre firme. Asimismo se debe tener en consideración el bien jurídico tutelado y afectado por el delito “priorizando el relativo a la vida” y también “la modalidad de ejecución, los medios comisivos (especialmente si resultan altamente lesivos), la situación o calidad de la víctima y la posibilidad de fijar domicilio en un lugar diferente al de residencia de ésta, o si ha mediado violencia de género”. Es importante que estos parámetros se cumplan racionalmente y al mismo tiempo informar sobre ellos correctamente a los ciudadanos para evitar campañas mediáticas de miedo que desinforman y transmiten la idea distorsionada de que saldrán en libertad indefectiblemente todos los “violadores y asesinos”.

Por lo último se recomienda “a los Jueces de Garantías, Jueces Correccionales y Tribunales en lo Criminal la evaluación de oficio de las prisiones preventivas de los imputados a su disposición, considerando para tal cometido los intereses de las víctimas, particularmente en los procesos por delitos contra la vida, la libertad, la integridad sexual y aquellos cometidos en un contexto de violencia de género, en todos aquellos procesos donde se encuentren cumplidos los plazos previstos en el artículo 141 del Código Procesal Penal”. Esto se refiere al plazo de dos años que en principio existe para concluir con la investigación y juicio de una causa penal. Este plazo deberá cumplirse estrictamente cuando el imputado esté detenido.

*Abogado penalista

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La medida fue un logro de las Mesas de Mediación llevadas a cabo en la Unidad 1 Olmos, 31 y 42 de Florencio Varela y 9 de La Plata, desde donde llevaron la iniciativa al Comité de Crisis del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, y entonces se autorizó la compra de termómetros para ser distribuidos en los pabellones de los penales bonaerenses, lo que será de gran ayuda para los profesionales de la salud que trabajan en los establecimientos carcelarios.

En las jornadas organizadas con el objetivo de solucionar los conflictos e inquietudes que puedan suscitarse a raíz del avance del COVID-19 en la Argentina, los internos plantearon la posibilidad de sumar nuevas medidas tendientes a impedir el contagio dentro de los penales.

Las autoridades respondieron rápidamente a la solicitud y los encarcelados acordaron que los referentes de cada pabellón tomarán la temperatura dos veces por día a sus compañeros y que, en caso de detectar alguna irregularidad, darán pronta intervención a los representantes de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria que cumplen tareas en las Unidades.

Por otro lado, y ante la urgencia explicitada por los internos para entregar pedidos a los juzgados, se resolvió que, más allá de la restricción de la cuarentena, los procuradores visiten las Unidades Carcelarias semanalmente para atender la demanda y recibir los escritos.

“La idea es armar una especie de agenda de trabajo con los internos, quienes nos transmiten propuestas de mejora en aspectos puntuales”, explicó el jefe del SPB, Xavier Areses. Por su parte, la subsecretaria de la cartera de Justicia, Ana Laura Ramos, recalcó: “Es fundamental el diálogo para encontrar soluciones y enfrentar de la mejor manera posible la crisis ”.

Participaron de las Mesas de Mediación, el jefe del SPB, Xavier Areses; la subsecretaria y coordinadora del Cuerpo de Mediadores y Mediadoras, Ana Laura Ramos; la directora provincial Lucía Iañez; la directora provincial de Salud Penitenciaria, Sonia Quiruelas; el Director de Medicina Asistencial, Martín Pedersoli; el director provincial de Protección de DDHH, Pablo Giurleo; el director de Solución Alternativa al Proceso Penal, Juan Ignacio Gianibelli; directivos de las Unidades 1, 9, 31 y 42 y jefes de Complejos Penitenciarios, entre otros funcionarios, y privados de libertad, referentes de los pabellones.

Como se recordará, la iniciativa incluye la contención familiar. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se puso a disposición de las familias de las personas privadas de libertad dos números telefónicos para que familiares de detenidos puedan consultar respecto de los aspectos vinculados al acceso a derechos y justicia, especialmente lo referente a los subsidios ante la emergencia, autorización de traslado para proveer alimentos o medicamentos a sus familiares durante la cuarentena, o acceso a la salud, entre otras.

Los internos o detenidas tendrán dos teléfonos para comunicarse correspondientes a la Dirección Provincial de Población Carcelaria y la Subsecretaría de Derechos Humanos, mientras que los familiares de los privados de libertad podrán hacerlo mediante dos teléfonos del organismo Acceso a la Justicia.

Cabe mencionar que, mañana, los funcionarios se reunirán con los internos referentes de las Unidades 46, 47 y 48 del Complejo Penitenciario San Martín.

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La vida intramuros no es fácil. Por un lado, la violencia que se vive adentro de las cárceles no afecta sólo a los internos, también les cabe a los carceleros. Y por otro, el carcelero, que obviamente pidió reserva de su nombre, confió la punta de un ovillo que desentraña la temerosa situación laboral de quienes forman parte del ejército de guardias en la cárcel.

El hombre viene de trabajar 16 horas corridas en la Unidad Penitenciaria 31, una de las más superpobladas de la Provincia. Esa cárcel, que forma parte del complejo de Florencio Varela, tiene capacidad para poco más de 400 internos, pero en junio del año pasado había más de 900. Un 120 por ciento arriba.

«Yo los veo a ellos y me veo a mí», dice el guardiacárcel al momento de mostrar las fotos que erizan la piel. «Los puestos son un asco, no hay un baño digno, se llueve más adentro que afuera, no tienen luz ni agua», refiere.

Está hablando de los puestos donde los guardias se apostan para cumplir con la misión: vigilar. Ocurre tanto en la 31, que está dirigida por el Inspector Mayor Carlos Díaz, como en la Unidad 23, actualmente al mando de Jorge Gómez, también Inspector Mayor.

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