Una oficina estatal en el centro de la denuncia

Hay una oficina dentro de la Unidad 31 de Florencio Varela que ocupa un lugar central en la denuncia presentada ante la Justicia de Florencio Varela, departamento de Quilmes.

Es la Oficina de Ayudantía y Tratamiento.

Según el escrito, allí habría ocurrido una situación que, de comprobarse, modificaría sustancialmente la gravedad del caso: un interno habría tenido acceso a las instalaciones, a computadoras oficiales y a información de otros detenidos.

La denuncia sostiene tendría incluso las llaves físicas de acceso a la oficina y que ingresaría en distintos horarios, incluidos momentos nocturnos y de madrugada.

A partir de allí aparece una de las acusaciones más sensibles de toda la presentación: la supuesta confección de “avales de traslado” falsos.

Pero hay una diferencia fundamental entre lo que denuncia el escrito y lo que está probado.

La denuncia afirma que ocurrió. La investigación judicial deberá determinar si efectivamente ocurrió.

¿Qué es lo que supuestamente hacía el interno?

El relato presentado ante la UFI 9 de Florencio Varela describe una secuencia concreta.

Según la denuncia, el interno debidamente identificado ingresaba a la oficina, encendía los ordenadores oficiales y accedía a bases de datos que contendrían información filiatoria, registros criminológicos y legajos de personas privadas de su libertad.

Desde esas terminales, siempre según la acusación, habría confeccionado solicitudes de traslado que presentaban como motivo supuestos “graves problemas de convivencia”.

El escrito sostiene además que en esos documentos se habrían utilizado firmas atribuidas a funcionarios y sellos oficiales.

La acusación incluye específicamente el denominado “Sello Medalla” de la institución penitenciaria.

Si esta hipótesis fuera corroborada, el problema excedería ampliamente una disputa entre internos.

La pregunta sería entonces si documentación producida dentro de una dependencia oficial pudo haber sido utilizada para provocar decisiones administrativas y eventualmente judiciales sobre personas privadas de su libertad.

La expulsión como mecanismo de castigo en la Unidad 31

La denuncia vincula el supuesto funcionamiento de ese mecanismo con otro de los ejes de la investigación: la expulsión de internos que se resistían a las reglas impuestas por “La Comitiva”.

Según el escrito, los referentes del pabellón decidirían qué interno debía ser apartado y luego se activaría una instancia burocrática para justificar formalmente el traslado.

El mecanismo denunciado sería el siguiente:

conflicto dentro del pabellón → agresión o presión → supuesto problema de convivencia → pedido de traslado → documentación oficial → intervención judicial.

La presentación incluso afirma que algunos internos habrían sido enviados a otras unidades luego de este procedimiento.

Pero esa cadena todavía necesita ser demostrada documentalmente.

Hay dos internos que la denuncia pide citar

En este punto aparece una de las posibilidades más importantes para una investigación independiente.

La propia presentación solicita que sean citados como testigos dos internos que habrían sido trasladados después de episodios de violencia:

• M. G., actualmente alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 9 de La Plata.
• A. L, alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 36 de Magdalena.

El escrito sostiene que ambos podrían aportar información sobre una supuesta golpiza y sobre las maniobras de documentación vinculadas con sus posteriores traslados.

La prueba que la propia denuncia pide buscar

Hay algo particularmente llamativo en esta parte del expediente.

La presentación no se limita a afirmar que existen computadoras y registros.

Pide expresamente un allanamiento de la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, el secuestro de los ordenadores y la realización de pericias informáticas.

El objetivo solicitado es verificar los accesos atribuidos al preso, determinar el uso de claves oficiales y analizar la presunta falsificación de firmas y sellos.

Esto convierte a la oficina en una suerte de escena documental.

Porque si la acusación tiene sustento, podrían existir rastros:

• usuarios;
• horarios de acceso;
• registros informáticos;
• archivos creados o modificados;
• documentos impresos;
• metadatos;
• cámaras;
• registros de ingreso;
• huellas;
• firmas;
• sellos.

La diferencia entre una acusación difícil de comprobar y una investigación documental puede estar allí.

Los avales que llegaron a los juzgados

La denuncia sostiene que los documentos presuntamente confeccionados en la oficina no quedaban dentro del penal.

Según el escrito, esos avales eran elevados a los juzgados y tribunales correspondientes a los internos afectados para respaldar los pedidos de traslado.

Si esto pudiera comprobarse, aparecería una segunda fuente documental completamente independiente del penal.

Los expedientes judiciales podrían permitir reconstruir:

quién pidió el traslado, qué motivo invocó, qué documentación acompañó, quién firmó, qué funcionario intervino y qué decidió finalmente el juez.

Y allí aparece una de las preguntas centrales de esta investigación:

¿Los documentos que llegaron a los juzgados fueron efectivamente confeccionados por quienes figuraban como sus autores?

Un dato que podría ser decisivo: los accesos informáticos

La denuncia afirma que el interno habría utilizado las claves de funcionarios identificados en la presentación.

Pero esto no puede establecerse a partir del escrito.

Necesitaría una prueba técnica.

Por eso el pedido de peritaje informático adquiere tanta importancia.

Si existen registros de acceso, podrían establecer:

• qué usuario ingresó;
• desde qué terminal;
• en qué fecha;
• a qué hora;
• qué sistema utilizó;
• qué información consultó;
• qué documentos generó o modificó.

Y si no existen esos registros, también será un dato relevante.

La ausencia de una huella informática no prueba por sí misma que el hecho no ocurrió, pero puede modificar sustancialmente la posibilidad de corroborarlo.

La denuncia también habla de sellos y firmas

Otro aspecto particularmente delicado es el supuesto uso de elementos oficiales.

El escrito menciona firmas presuntamente apócrifas y el uso del Sello Medalla de la institución penitenciaria.

Esto abre una segunda vía de comprobación.

Una pericia documental podría determinar:

• autenticidad de las firmas;
• características de los sellos;
• fecha de elaboración;
• correspondencia entre el documento y los registros oficiales;
• y eventualmente quién imprimió o generó la documentación.

La denuncia incluso solicita que se investigue específicamente este aspecto.

Una hipótesis que conecta varios capítulos

El supuesto mecanismo de los avales no aparece aislado en la presentación.

Está conectado con otras acusaciones:

control de los internos → cobros → conflictos → represalias → expulsiones → traslados.

Y también con el capítulo anterior de esta investigación.

La denuncia sostiene que uno de los conflictos relacionados con el control de una antena Starlink habría terminado con la expulsión de un interno y que contra otro de los involucrados se habrían intentado impulsar traslados mediante documentación cuestionada.

Por ahora, esa conexión forma parte de la hipótesis denunciada.

La computadora como punto de partida

Hay una paradoja en el corazón de esta denuncia.

El supuesto “escribano” clandestino no necesitaría, según el relato presentado, una estructura sofisticada.

Le alcanzaría con algo mucho más simple:

una oficina estatal, una computadora, una clave, documentación y sellos.

Por eso, esta historia no se resolverá solamente preguntando qué dicen los internos.

La respuesta puede estar dentro de los propios sistemas del Estado.

Qué debería comprobar la Justicia

La presentación pide distintas medidas para verificar esta parte de la denuncia.

Entre ellas:

1. Allanamiento de la Oficina de Ayudantía.

2. Secuestro de las computadoras oficiales.

3. Pericias informáticas.

4. Análisis de los accesos a los sistemas.

5. Investigación sobre las claves utilizadas.

6. Peritaje de firmas y sellos.

7. Reconstrucción de los avales de traslado.

8. Declaración de internos trasladados.

El propio escrito solicita esas medidas precisamente para determinar si las acusaciones tienen sustento.

La pregunta que queda abierta

La denuncia que sacudió a la Unidad 31 plantea una hipótesis extraordinariamente grave: que un interno habría podido ingresar a una oficina penitenciaria, utilizar recursos informáticos estatales y confeccionar documentación destinada a justificar el traslado de otros presos.

Pero todavía hay una distancia enorme entre esa acusación y una prueba judicial.

La distancia se puede medir en un usuario, una computadora, un archivo, una firma, un sello y un expediente judicial.

Por eso, la pregunta que queda abierta para el próximo paso de esta investigación es concreta:

¿Existen en los sistemas y expedientes oficiales las huellas de los supuestos avales de traslado?

Si existen, habrá que determinar quién los confeccionó.

Si las firmas no corresponden a quienes aparecen como autores, habrá que establecer quién las falsificó.

Y si los documentos fueron efectivamente generados desde una computadora oficial de la Unidad 31, habrá que explicar cómo y bajo qué autorización un interno pudo acceder a ella.

La respuesta a esas preguntas podría transformar una acusación contenida en una denuncia en una evidencia documental verificable.

LEÉ LA INVESTIGACIÓN COMPLETA

Capítulo 1 — [La grave denuncia que sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela]

Capítulo 2 — [Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la cárcel]

Capítulo 3 — La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado

Próximamente — Capítulo 4: La caja del Pabellón 1

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👉 LEÉ EL PRIMER CAPÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: La grave denuncia que sacude a la Unidad 31 de Florencio Varela

Internet: el nuevo negocio dentro del pabellón

En el Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela, el acceso a Internet aparece señalado en la denuncia judicial como uno de los principales negocios alrededor de los cuales se habría construido una economía interna.

El escrito presentado ante la Justicia local, y que instruye la fisdcalia 9 de Florencio Varela, sostiene que dentro del sector funcionan tres antenas Starlink, administradas por distintos grupos de internos.

La acusación afirma que el acceso a la conectividad no sería gratuito ni se limitaría al costo del servicio contratado, sino que existiría un sistema de cuotas mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno.

Según la denuncia, el dinero sería recaudado por integrantes de la denominada “Comitiva” o “Los Limpiezas y Mantenimiento”.

La acusación deberá ser investigada y corroborada. Pero el episodio abre una pregunta concreta: ¿quién controla las conexiones de Internet dentro del Pabellón 1 y quién cobra por ellas?

Tres antenas y una disputa por el control

La presentación judicial describe una situación particular.

Por un lado, dos antenas Starlink estarían bajo el control de internos vinculados, según la denuncia, con la estructura que administra el pabellón.

Por otro, otros dos internos habrían adquirido una tercera antena con el objetivo de brindar conectividad al resto de los detenidos cobrando solamente el costo proporcional del servicio.

Según el escrito, el conflicto comenzó cuando uno de los propietarios de esa tercera antena cuestionó públicamente los montos que cobraba la estructura dominante.

La denuncia sostiene que esa resistencia habría amenazado el supuesto monopolio sobre el servicio de Internet.

A partir de allí, el relato presentado ante la Justicia describe una escalada que habría terminado con la expulsión violenta del interno del sector.

De discutir una tarifa a terminar en el Pabellón 3

Uno de los puntos más delicados de la denuncia es precisamente ese episodio.

Según el escrito, el interno que cuestionaba los valores cobrados habría sido víctima de una golpiza coordinada a golpes de puño.

La acusación sostiene que tuvo que ser retirado del lugar por el cordón de seguridad y que posteriormente quedó alojado en el Pabellón 3 de la Unidad 31.

El documento vincula además ese episodio con la situación del otro copropietario de la tercera antena.

Según la denuncia, contra este último se habrían realizado reiterados intentos para obtener su traslado compulsivo mediante los supuestos avales de traslado cuestionados en otra parte de la presentación.

Es decir, la hipótesis denunciada conecta dos capítulos de la investigación:

el control del negocio de Internet y los supuestos mecanismos utilizados para expulsar del pabellón a quienes se resistían.

Esa conexión deberá ser comprobada mediante partes penitenciarios, registros de traslados y documentación judicial.

¿Cuánto cuesta realmente Internet?

La denuncia habla de cuotas de $30.000 a $40.000 por interno.

Pero ese dato abre otra pregunta que todavía no tiene respuesta documental:

¿cuánto cuesta realmente el servicio Starlink utilizado en el pabellón?

La diferencia entre el costo del abono y lo que supuestamente se cobraba a cada detenido permitiría determinar si existía una verdadera actividad de intermediación, un sistema de reparto de gastos o, como sostiene la denuncia, un mecanismo de recaudación.

Para determinarlo será necesario conocer:

• quiénes contrataron las antenas;
• a nombre de quién están los servicios;
• quién paga los abonos;
• quién administra los equipos;
• cuántos usuarios tienen;
• cuánto se recauda;
• y dónde termina ese dinero.

Por ahora, esos puntos forman parte de las preguntas abiertas de la investigación.

Una tercera antena que cambió el equilibrio

La particularidad del caso está en que, según la denuncia, no todos los internos habrían aceptado el sistema de cobros.

La tercera antena habría representado una alternativa.

La presentación sostiene que sus propietarios pretendían distribuir el acceso cobrando solamente el costo proporcional del abono.

Según la hipótesis denunciada, eso habría significado una amenaza directa al negocio de quienes controlaban las otras conexiones.

La denuncia describe entonces una lógica de monopolio:

quien controla la conectividad controla también una fuente de ingresos.

Y quien intenta ofrecer una alternativa queda expuesto a represalias.

Esta última afirmación, sin embargo, es parte de la hipótesis presentada ante la Justicia y deberá ser corroborada.

El vínculo con los supuestos avales de traslado

El episodio adquiere una dimensión mayor porque uno de los denunciantes vincula la disputa por Internet con otra de las acusaciones contenidas en el expediente.

Según la presentación, el copropietario de la tercera antena habría sido objeto de intentos de traslado mediante documentación presuntamente falsa confeccionada desde la Oficina de Ayudantía.

La denuncia sostiene que un interno habría tenido acceso a computadoras y documentación oficial y que desde allí se habrían confeccionado supuestos avales para provocar el traslado de personas que generaban conflictos con “La Comitiva”.

Esta conexión todavía no está comprobada.

Pero representa una de las líneas documentales más importantes: determinar si efectivamente existieron pedidos de traslado del interno, quién los solicitó, qué motivos se invocaron y qué documentación llegó al juzgado correspondiente.

Un negocio que también plantea una pregunta institucional

La cuestión de Starlink no se reduce al dinero.

También plantea un interrogante sobre el funcionamiento del establecimiento penitenciario.

Si existen tres antenas dentro de un pabellón, hay que determinar:

¿quién autorizó su instalación?

También:

• ¿pueden los internos contratar el servicio?
• ¿pueden administrar redes privadas dentro de una unidad penitenciaria?
• ¿qué controles existen sobre los equipos?
• ¿quién verifica quién accede a Internet?
• ¿qué procedimiento se aplica para ingresar las antenas?
• ¿se registraron los dispositivos?
• ¿el personal penitenciario conocía su existencia?

Son preguntas que pueden responderse con documentación administrativa.

La pista que puede comprobar el dinero

La denuncia sostiene que el control de Internet formaría parte de una estructura más amplia de recaudación.

Si efectivamente se cobraban entre $30.000 y $40.000 mensuales por interno, el volumen económico debería dejar algún tipo de huella.

Por eso, una de las próximas líneas de la investigación será reconstruir cómo se realizaban los pagos.

La denuncia menciona cuentas virtuales, familiares y otras formas de intermediación financiera.

Pero para afirmar que esos movimientos corresponden al negocio de Internet será necesario acceder a documentación bancaria o judicial que permita establecer el vínculo.

Lo que sabemos y lo que falta comprobar

Hasta ahora, la información permite establecer que una denuncia judicial efectivamente plantea la existencia de un sistema de cobros por Internet dentro del Pabellón 1 y menciona tres antenas Starlink.

También existe una descripción concreta de una disputa entre internos relacionada con una tercera antena y una presunta agresión.

Lo que todavía no podemos afirmar como hecho probado es:

• quién administra cada antena;
• quién cobra las cuotas;
• cuántas personas pagan;
• cuánto dinero se recauda;
• si existió efectivamente una golpiza por la disputa;
• si hubo represalias;
• y si los supuestos intentos de traslado estuvieron vinculados con ese conflicto.

Son precisamente esos puntos los que deberá determinar la investigación judicial.

La pregunta que queda abierta

La denuncia describe un escenario en el que el acceso a Internet habría dejado de ser simplemente un servicio para convertirse en una herramienta de control y recaudación dentro del pabellón.

La existencia de las antenas, sus propietarios, los contratos de servicio, los pagos y los eventuales registros penitenciarios pueden aportar respuestas.

Y hay una pregunta que puede marcar el próximo capítulo:

¿Quién controla las antenas y dónde termina el dinero que, según la denuncia, pagan los internos por conectarse a Internet?

La respuesta podría permitir determinar si se trataba simplemente de una forma informal de compartir un servicio o si, como sostiene la presentación judicial, detrás de Starlink funcionaba uno de los mecanismos de recaudación de la estructura denunciada.

👉 TAMBIÉN: La computadora de la cárcel y los misteriosos avales de traslado

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Una denuncia presentada ante la Justicia puso bajo la lupa el funcionamiento interno del Pabellón 1 de la Unidad 31 de Florencio Varela.

El escrito, que habría sido presentado ante una fiscalía de Quilmes bajo la modalidad de hábeas corpus colectivo, involucra a 16 internos y cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y solicita la intervención de fuerzas federales.

Las acusaciones incluyen presuntos hechos de narcotráfico intramuros, extorsión, reducción a la servidumbre, usurpación de funciones, torturas y tratos degradantes en la unidad 31 de Florencio Varela.

La denuncia sostiene además que dentro del pabellón se habría instalado una estructura de “cogobierno carcelario”, mediante la cual determinados internos tendrían atribuciones que excederían las propias de una persona privada de su libertad.

El caso adquirió estado público este lunes 24 de agosto, luego de que Noticias Argentinas difundiera los principales puntos de la presentación.

Para InfoSur, sin embargo, la publicación de agencia constituye un punto de partida y no una conclusión: las acusaciones deberán ser investigadas y corroboradas mediante documentación y fuentes independientes.

El supuesto control del pabellón

Uno de los aspectos centrales de la denuncia apunta al presunto control de distintas actividades internas por parte de un grupo de internos.

Según el escrito, al que accedió Infosur, existiría un sistema informal de organización que incluiría el manejo de horarios, circulación y acceso a distintos sectores.

La presentación habla incluso de una supuesta “privatización de la seguridad y el control de candados”.

Entre los hechos denunciados aparece el supuesto acceso de internos a llaves y mecanismos de cierre de las celdas del pabellón.

La acusación sostiene que esta situación habría permitido que personas privadas de su libertad asumieran funciones que corresponderían exclusivamente al personal penitenciario.

Se trata de uno de los puntos que deberán ser contrastados con partes oficiales, registros penitenciarios y eventuales actuaciones judiciales.

Cobros y una economía paralela

La denuncia también describe un sistema de aportes económicos y cobros dentro del pabellón.

Uno de los montos mencionados es una cuota de $15.000 por interno, que presuntamente sería destinada a una estructura denominada “La Comitiva”.

A esto se sumarían otros mecanismos de recaudación vinculados con mercadería, alimentos y productos que ingresarían mediante las visitas.

El escrito sostiene que existirían registros internos de esos movimientos y menciona específicamente una anotación que estaría en una de las celdas.

La existencia de esos registros, su eventual secuestro y su contenido son algunos de los puntos que deberán determinarse mediante documentación judicial o penitenciaria.

El conflicto por las antenas Starlink

Uno de los episodios más llamativos de la presentación está relacionado con el acceso a Internet.

Según la denuncia, dentro del pabellón existirían tres antenas Starlink y el servicio sería administrado por distintos grupos de internos.

El escrito habla de cobros mensuales de entre $30.000 y $40.000 por interno para acceder a Internet.

La disputa por una tercera antena habría derivado, siempre según la denuncia, en una agresión contra uno de los internos involucrados y posteriormente en su traslado al Pabellón 3.

El caso abre una línea de investigación concreta: determinar quién instaló esas antenas, quién las administra, cómo se financia el servicio y si existieron autorizaciones para su funcionamiento dentro del establecimiento penitenciario.

La acusación más delicada: computadoras y documentación oficial

Pero hay otro aspecto de la denuncia que podría tener una gravedad institucional aún mayor.

El escrito afirma que un interno habría ingresado a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento, encendido computadoras oficiales y accedido a información y bases de datos.

Según la presentación, desde allí habría podido confeccionarse documentación vinculada con presuntos avales de traslado, incluso mediante el uso de sellos.

La denuncia sostiene que esos documentos habrían sido enviados posteriormente a juzgados vinculados con los internos afectados.

Si esta acusación fuera comprobada, la investigación ya no se limitaría a un supuesto sistema de control informal dentro de un pabellón: implicaría determinar si se utilizaron equipos, documentación y recursos oficiales del Estado para generar actuaciones destinadas a producir consecuencias administrativas o judiciales.

Por eso, esta será una de las líneas prioritarias de la investigación de InfoSur.

Qué pasó con los internos trasladados

La hipótesis de los supuestos avales abre además una puerta documental.

Una de las preguntas centrales será determinar si durante 2025 y 2026 hubo internos del Pabellón 1 que fueron trasladados luego de conflictos de convivencia y, en esos casos, qué documentación originó cada traslado.

La reconstrucción debería permitir conocer quién solicitó cada movimiento, qué autoridad lo avaló, qué motivos fueron invocados y qué intervención tuvieron los juzgados de ejecución correspondientes.

Esos expedientes podrían ofrecer una fuente independiente para contrastar una de las acusaciones más graves de la presentación.

La denuncia no equivale a una condena

El contenido de la presentación judicial debe ser considerado, por el momento, como una serie de acusaciones que deberán ser investigadas.

Que una persona haya sido mencionada en una denuncia no implica responsabilidad penal ni permite afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como fueron relatados.

Por eso, el objetivo de esta investigación de InfoSur será avanzar más allá de la reproducción de la denuncia y buscar documentación que permita confirmar, descartar o precisar cada uno de los hechos denunciados.

La publicación de Noticias Argentinas marca ahora el momento en que el caso dejó de circular únicamente dentro del expediente y pasó a tener repercusión pública.

El próximo paso será reconstruir qué ocurrió efectivamente dentro de la Unidad 31 y qué huellas documentales dejaron esos episodios.

Una investigación que recién comienza

La denuncia abre varias líneas simultáneas: el supuesto control de sectores del pabellón, los cobros a internos y familiares, el negocio del acceso a Internet, el ingreso de mercadería, los traslados y la presunta utilización de computadoras y documentación oficial.

Para InfoSur, cada una de esas hipótesis requiere una verificación independiente.

Porque la pregunta ya no es solamente qué dice la denuncia.

La pregunta periodística que comienza ahora es otra:

¿Qué parte de lo denunciado puede ser comprobada con documentos, expedientes, registros y testimonios independientes?

Esa será la segunda etapa de esta investigación.

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👉 Starlink, cuotas y golpes: el supuesto negocio de Internet en la Unidad 31

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El silencio de los pabellones volvió a romperse en la Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela. Afuera se hablaba de un motín, de una revuelta controlada, de un preso muerto tras los disturbios. Pero adentro, entre los pasillos húmedos y los barrotes que separan el encierro de la calle, la versión que circula es otra. Esta es la historia de un interno que se animó a contar lo que muchos callan.

“Lo mataron a palos en los buzones, lo dejaron esposado de pie y de manos hasta el otro día”, relató un preso que pidió reserva de identidad en diálogo con Infosur.

El testimonio llegó por WhatsApp, en medio de un clima tenso. Según su versión, el hombre fallecido habría sido golpeado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de ser reducido, y no durante un enfrentamiento entre internos, como intentó instalar el parte oficial. “Nunca hubo motín. Eso lo dicen ellos para tapar todo”, insistió el detenido.

La versión intramuros

“Yo estoy acá hace un año y medio, y siempre es así —contó el preso—. Se cansan de pegarle y después los sacan de traslado. Era sabido que algún día iba a pasar.”

Su relato describe lo que parecería una práctica repetida: los golpes, los traslados intempestivos, el miedo a denunciar. “Los internos escucharon a los del servicio hablando del tema. Al rato los sacaron para que no se divulgue. Acá nadie se anima a hablar, porque si hablás te mandan al campo o te roban todo”, agregó.

El hombre también afirmó que los abusos no se limitan a los hechos de violencia: “Hay corrupción con la comida, con las cosas que nos tienen que dar. Muchos pibes salen mal de acá. El año pasado denuncié que el servicio me robó mis pertenencias y los celulares”.

El muerto y la versión oficial

Fuentes penitenciarias informaron que el fallecido era un cadete de la Policía Bonaerense que había sido detenido por una causa de abuso. Desde el SPB indicaron que su muerte se produjo tras “una situación de conflicto” en un pabellón y que se iniciaron actuaciones internas para determinar responsabilidades.
Sin embargo, los relatos de quienes conviven en la cárcel contradicen esa versión. “Lo que dicen del motín es mentira —repite el preso—. Lo camagaron a palos mal, y después armaron el descargo para cubrirse entre ellos”.

Una investigación abierta

El caso ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar si hubo homicidio o exceso en la represión penitenciaria. Mientras tanto, el eco de las versiones internas revela un entramado de violencia, silencio y corrupción que atraviesa el sistema carcelario bonaerense.

En los buzones de castigo —donde la luz apenas se filtra y el tiempo se detiene— se escriben las historias que rara vez salen a la superficie. Esta vez, una de esas voces logró cruzar los muros para contar su verdad.

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