No es frecuente que una jueza penal entre a una unidad carcelaria a sentarse frente a frente con quienes están cumpliendo condena. Tampoco que la máxima autoridad de auditoría del Servicio Penitenciario Bonaerense comparta un espacio de diálogo con personas privadas de libertad. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la cárcel de Florencio Varela, en el marco del cierre del Taller de Ejecución de la Pena impulsado por LESIS Argentina Asociación Civil.

Entender la propia condena

El taller no apunta a enseñar un oficio ni a mantener ocupadas a las personas durante el encierro. Su objetivo es más profundo y más difícil: que quienes están privados de libertad comprendan el proceso judicial que los llevó ahí, el sentido de la pena que están cumpliendo y la responsabilidad individual como punto de partida para cualquier cambio real.

Responsabilidad, ciudadanía, inclusión social. Palabras que desde adentro de una celda pueden sonar vacías si no hay quien las sostenga con presencia concreta.

En este caso hubo presencia. La Dra. María Florencia Butierrez, Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Florencio Varela, y la Dra. Paula Napoli, Jefa de la Auditoría de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense, participaron activamente del encuentro de cierre. No como figuras decorativas: fueron especialmente invitadas por LESIS Argentina para generar un intercambio directo con los participantes del taller.

Lo que se habló en la cárcel de Florencio Varela

Durante la jornada se abordaron el sentido de la ejecución penal, la responsabilidad individual y la importancia de la formación dentro del régimen progresivo que regula el cumplimiento de las condenas en Argentina. Un régimen que, en teoría, premia el avance personal con beneficios graduales hacia la libertad pero que en la práctica muchas veces se reduce a papeles y expedientes sin contenido real.

El taller de LESIS apunta precisamente a llenar ese vacío: que el proceso progresivo no sea solo una formalidad sino una experiencia concreta de reflexión y construcción de responsabilidad subjetiva.

Por qué importa quién estuvo

La presencia de una magistrada del fuero penal y de la jefa de auditoría del Servicio Penitenciario no es un dato protocolar. Es una señal de que el sistema, cuando funciona, puede articularse con la sociedad civil para construir algo que vaya más allá del encierro.

Desde LESIS Argentina subrayaron que el mensaje central del cierre fue claro: la inclusión real se construye con trabajo articulado, legalidad y compromiso institucional sostenido. No con voluntarismo ni con gestos aislados.

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FLORENCIO VARELA / LA PLATA – Justo José López murió este lunes a las 15 horas en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Tenía 71 años, diabetes, disfagia y un secreto que se llevó a la tumba: dónde está enterrado el cuerpo de Miguel Bru, el joven estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata que desapareció el 17 de agosto de 1993 después de ser torturado hasta la muerte dentro de la comisaría Novena de La Plata.

López era el último detenido que quedaba con condena firme por ese crimen que sacudió a la sociedad argentina y se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia institucional y la impunidad policial. Cumplía prisión perpetua en la Unidad 24 del Servicio Penitenciario Bonaerense, la misma cárcel de Florencio Varela que hace semanas estuvo en el centro de la polémica por la muerte del cadete Cristian Moyano.

Su salud se había deteriorado en el último mes. La diabetes descompensada y la disfagia —dificultad para tragar— lo habían llevado a ser trasladado al hospital varelense, donde los médicos intentaron estabilizarlo sin éxito. Este lunes, su cuerpo agotado dejó de resistir. Y con él se apagó también la última posibilidad de que alguien confesara dónde ocultaron los restos de Miguel Bru.

El crimen que cambió la historia

El 17 de agosto de 1993, Miguel Bru tenía 24 años y estudiaba Periodismo en la Universidad Nacional de La Plata. Era un joven comprometido, militante social, con sueños y proyectos. Esa noche fue detenido por policías de la comisaría Novena. Lo subieron al patrullero. Y nunca más se lo volvió a ver.

Según los testimonios que después reconstruyeron el caso, Miguel fue llevado a la comisaría donde fue sometido a torturas brutales. Golpes, quemaduras, tormentos que se extendieron durante horas. Justo José López, entonces sargento de la Policía Bonaerense, estuvo presente. Los testigos lo ubicaron en el lugar, participando activamente de las torturas que terminaron matando al estudiante.

Después, el cuerpo de Miguel desapareció. Los policías implicados lo ocultaron, lo enterraron en algún lugar que nunca revelaron. Durante 32 años, su madre Rosa Bru movió cielo y tierra para encontrarlo. Presentó denuncias, declaró en juicios, organizó marchas, golpeó puertas de juzgados y comisarías. Pero el cuerpo de su hijo nunca apareció.

«Miguel está en algún lugar. Y alguien sabe dónde», repetía Rosa cada vez que hablaba públicamente del caso. Ese «alguien» era Justo López. Y ahora se murió sin decir nada.

El juicio histórico de 1999

El caso Bru fue uno de los primeros juicios en democracia donde se logró condenar a policías por desaparición forzada de personas. En 1999, después de seis años de investigación y lucha judicial encabezada por Rosa Bru y organizaciones de derechos humanos, un tribunal condenó a tres policías bonaerenses a prisión perpetua: Justo José López, Walter Abaitua y Héctor Pedro Romero.

La sentencia fue histórica. Rompió con décadas de impunidad policial. Demostró que era posible juzgar y condenar a uniformados por crímenes de lesa humanidad cometidos en democracia. Y convirtió el caso Miguel Bru en un emblema de la lucha contra la violencia institucional.

López fue condenado como autor material de las torturas. Los testimonios lo señalaban directamente: estuvo en la comisaría esa noche, participó de los golpes, estuvo presente cuando Miguel Bru murió. Su responsabilidad penal quedó probada más allá de toda duda razonable.

Los otros dos condenados ya habían fallecido años atrás. Walter Abaitua murió en 2016 y Héctor Pedro Romero en 2019. Ambos también se llevaron a la tumba el secreto del paradero del cuerpo. Justo López era el último. Y ahora también se fue.

Rosa Bru: años de lucha sin tregua

Rosa Schonfeld de Bru se convirtió en una referente nacional de la lucha por los derechos humanos. Después de la desaparición de su hijo, transformó el dolor en acción. Organizó marchas masivas cada 17 de agosto, exigió reformas en las fuerzas de seguridad, denunció la «maldita policía» —como ella misma la llamaba— que le había arrebatado a Miguel.

«Yo no voy a parar hasta encontrar a mi hijo», decía cada vez que le ponían un micrófono delante. Y cumplió. Durante más de tres décadas, Rosa no descansó. Envejeció buscando. Se enfermó buscando. Pero nunca dejó de buscar.

Su figura maternal indignada, recorriendo juzgados y manifestaciones, se volvió icónica. Rosa era la madre coraje que no se rendía ante el Estado, ante la Policía, ante el poder.

Cuando Justo López era trasladado a audiencias judiciales, Rosa estaba ahí, mirándolo fijo, exigiéndole que hablara, que dijera dónde había enterrado a Miguel. López siempre bajaba la cabeza. Nunca dijo nada.

El último condenado

Al momento de su muerte, López era el único de los tres condenados que seguía privado de su libertad. Los otros dos habían fallecido en prisión años atrás, pero él resistía, envejeciendo entre las rejas de la Unidad 24 de Florencio Varela.

Su salud había empeorado en los últimos meses. La diabetes que padecía desde hacía años se descontroló. La disfagia —problema para tragar alimentos— agravó su estado nutricional. Hace un mes fue trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde los médicos intentaron estabilizarlo.

Pero el cuerpo de López, a los 71 años y después de más de dos décadas de encierro, ya no daba más. Este lunes, su corazón dejó de latir. Y con él se fue la última posibilidad de que alguien confesara dónde ocultaron el cuerpo de Miguel Bru.

«Se murió sin hablar. Como los otros. Se llevaron el secreto a la tumba», lamentó un referente de derechos humanos consultado por este medio. «Rosa buscó durante años. Y estos tipos nunca tuvieron la decencia de decirle dónde está su hijo. Es la crueldad llevada al extremo».

Un caso que sigue abierto

Aunque López haya muerto, la causa judicial por la desaparición de Miguel Bru sigue abierta. La búsqueda del cuerpo continúa. Y la familia Bru sigue reclamando verdad y justicia.

«Mientras no aparezca el cuerpo de Miguel, esto no termina», sostienen desde la Comisión por la Memoria. «La muerte de López no cierra nada. Solo confirma que estos policías fueron cobardes hasta el final. No tuvieron el coraje de confesar, de pedir perdón, de decir la verdad».

El legado de Miguel Bru

La desaparición de Miguel Bru marcó un antes y un después en la historia judicial y social de Argentina. Fue uno de los primeros casos donde se logró condenar a policías por desaparición forzada en democracia. Demostró que la violencia institucional no era un problema exclusivo de la dictadura, sino que continuaba en democracia con nuevas víctimas.

El caso generó movilizaciones masivas, impulsó la creación de organizaciones de derechos humanos especializadas en violencia policial, motivó reformas legislativas y puso en agenda pública un debate que hasta entonces estaba invisibilizado: el poder discrecional de la Policía Bonaerense y sus métodos ilegales.

Cada 17 de agosto, cientos de personas marchan en La Plata recordando a Miguel Bru. Su nombre está pintado en murales, placas conmemorativas, centros culturales. Su ausencia se convirtió en presencia militante.

El Hospital Mi Pueblo y la Unidad 24: escenarios repetidos

La muerte de Justo López en el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela y su detención en la Unidad 24 conectan dos instituciones que en las últimas semanas estuvieron en el centro de la noticia policial y judicial.

El Hospital Mi Pueblo es el mismo nosocomio que atendió al cadete Cristian Moyano después de ser golpeado hasta la muerte en la Unidad 24. Es el hospital público que recibe a las víctimas de violencia, a los heridos de bala, a los pacientes que el sistema expulsa. Y ahora también fue el lugar donde murió uno de los símbolos de la impunidad policial de los ’90.

La Unidad 24, por su parte, vuelve a quedar en el centro de la escena. Primero por la muerte del cadete Moyano en manos de penitenciarios. Ahora como el lugar donde cumplía condena el último responsable vivo de la desaparición de Miguel Bru. Un penal que parece condensar todas las contradicciones del sistema carcelario argentino.

Rosa Bru: una madre que nunca dejó de buscar

Rosa Bru tiene hoy más de 80 años. Su salud es frágil, pero su convicción sigue intacta. Cada vez que puede, habla de Miguel. Cuenta quién era, qué soñaba, qué estudiaba. Y exige que aparezca su cuerpo.

«Yo necesito enterrar a mi hijo», repite cada vez que da una entrevista. «Necesito un lugar donde ir a llorar, donde llevarle flores, donde decirle que nunca lo olvidé. Estos tipos me negaron hasta eso. Me negaron el duelo».

La muerte de López no cambia nada para Rosa. Sigue sin tener el cuerpo de Miguel. Sigue sin poder cerrar el ciclo. Sigue buscando, después de 32 años, una respuesta que nadie le da.

El final de una era

Con la muerte de Justo José López se cierra un capítulo —pero no el libro— de uno de los casos más emblemáticos de la lucha contra la impunidad policial en Argentina. Los tres policías condenados por la desaparición de Miguel Bru ya murieron. Ninguno confesó. Ninguno pidió perdón. Ninguno dijo dónde está el cuerpo.

«Se llevaron el secreto a la tumba», repiten las organizaciones de derechos humanos. «Pero la lucha continúa. Hasta que aparezca Miguel. Hasta que todos los desaparecidos aparezcan».

En algún lugar de la provincia de Buenos Aires, en un descampado, en un pozo, en un terreno olvidado, siguen los restos de Miguel Bru. Un joven de 24 años que soñaba con ser periodista, que militaba por un mundo mejor, que fue torturado y asesinado por policías que después ocultaron su cuerpo.

Justo José López murió este lunes en Florencio Varela. Tenía 71 años. Cumplía prisión perpetua. Y se llevó a la tumba el último secreto que Rosa Bru necesitaba saber: dónde está su hijo.

La búsqueda continúa. La justicia, incompleta. La memoria, viva. Y Miguel Bru, presente. Siempre presente.

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«El principal productor del contenido está preso con condena a 50 años por abuso sexual. Hoy le encontramos carpetas en su dispositivo divididos por nombres de sus víctimas», reveló el fiscal Daniel Ichazo, mientras recorría las celdas oscuras donde funcionaba esta red criminal.

La sorpresa de los investigadores no fue solo por el descubrimiento de celulares y una computadora en poder del condenado, sino por la sofisticación del sistema: utilizaban una aplicación que simulaba ser una calculadora para almacenar y distribuir el material aberrante. El violador, desde su encierro, había logrado burlar todos los controles del servicio penitenciario, aunque el olor a connivencia será materia de investigación.

«¿Cómo es posible que alguien condenado por delitos contra menores pueda seguir atacando a sus víctimas desde adentro de la cárcel?», se preguntó uno de los investigadores mientras documentaba el hallazgo de los dispositivos electrónicos.

El caso pone en jaque al sistema penitenciario bonaerense. El recluso, que debería estar cumpliendo una de las condenas más severas por abuso sexual, no solo mantenía contacto con el exterior sino que había montado un verdadero centro de distribución de material prohibido desde su celda.

«Este caso demuestra las graves falencias en el control de los internos considerados de alta peligrosidad», señaló el fiscal Ichazo en declaraciones a la Radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

La investigación, que forma parte de la «Operación Protección de las Infancias IV», destapó una realidad escalofriante: las rejas de la cárcel de Florencio Varela no fueron suficientes para detener a este depredador sexual, quien desde su celda seguía causando daño a menores de edad.

Mientras los investigadores continúan recolectando evidencia, una pregunta resuena en los pasillos de la unidad penitenciaria: ¿Cuántos otros condenados por delitos graves siguen delinquiendo tras las rejas sin ser detectados?

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La cárcel y el vínculo familiar

Al respecto, el Director de la Unidad 23, Julián Román destacó que “la vinculación familiar es parte del proceso de resocialización y en ese sentido tener una plaza de juegos hace que los más chicos cuando vienen pasen un buen momento y eso repercute también en el ánimo de los internos, que después encaran mejor el trabajo, el estudio, están con mejor ánimo y más ganas de superarse. En ese sentido nosotros tenemos personal que atiende a los chicos, les damos algo caliente, organizan juegos, porque sabemos que eso repercute muy positivamente en todos”.
Respecto de la flamante oficina de Inclusión Penitenciaria, fue la primera en el Complejo Florencio Varela, pero forma parte de un proyecto que empezó en otras Unidades, en las que se articulan acciones en el marco del programa “Más Trabajo, menos Reincidencia” entre la Dirección de Coordinación con Gobiernos locales y Entidades, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con las áreas de políticas post penitenciarias de los municipios donde van a vivir los liberados.
Estas oficinas dependen de la Subsecretaría de Inclusión Penitenciaria, se encuentran orientadas a disminuir la reincidencia en beneficio de la seguridad ciudadana y alcanzan a tres grupos de privados de libertad: quienes se encuentran próximos al vencimiento de la pena, quienes hubieran accedido a un beneficio y poseen la notificación de inmediata libertad, pero están en proceso de completar las formalidades del egreso, y quienes se encuentran bajo el régimen de salidas transitorias.
Los espacios están integrados por personal administrativo y un equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, psicólogos y abogados, pertenecientes a la Dirección de Coordinación con Gobiernos Locales y Entidades en articulación con el Patronato de Liberados.
Estos equipos evalúan la información familiar, socio educativa, laboral y de salud así como la posesión de documentación personal y de los requerimientos para otorgar prestaciones sociales y articular su inclusión con oficinas de abordaje de personas en conflicto con la ley penal de los municipios de la Provincia.
Participaron de las actividades el Subsecretario de Política Penitenciaria José González Hueso, el Subsecretario de Inclusión Penitenciaria Diego Rao, la Directora Provincial de Educación, Formación Laboral y Documentación Ana Sanguinetti, el director de Documentación e Identidad Federico Carrique junto a la funcionaria a cargo de la misma la Trabajadora Social Daiana Acquesta y las coordinadoras Rebeca Paris, Rebeca y Micaela Ayelen Díaz.
También estuvieron presentes el Jefe del Complejo Penitenciario Florencio Varela Nelson Castro, el Secretario de Coordinación  Oscar Saravia, el Director de Unidad 23 Julián Román y el  Subdirector de Seguridad  Emiliano Velázquez.

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En un contexto inusual y lleno de desafíos, Stella Maris Oviedo, hasta hace poco la Directora de la Escuela Primaria en la Unidad Penitenciaria 31, se despidió con honores tras una extensa trayectoria de 31 años en el campo educativo.

Desde sus primeros pasos como maestra de grado hasta sus roles como secretaria y finalmente directora, Stella Maris demostró una dedicación incansable a la educación. No se limitó solo a los muros de la Unidad 31, sino que extendió su influencia a la Modalidad de Adultos, con 25 años en la EPJA N° 751, que abarca las Unidades 23, 31 y 54 del Complejo Carcelario de Florencio Varela.

Su liderazgo fue evidente desde el inicio de su gestión como director. Enfrentándose a la cruda realidad de la falta de espacios, Stella Maris no dudó en tomar decisiones audaces que permitieron el funcionamiento en tres turnos y la creación de varias dependencias esenciales: una dirección, seis aulas, una biblioteca, una sala de computación y un patio. para celebrar actos escolares, completos con su propio mástil.

Una maestra a todo terreno

Cuando la Unidad 54 abrió sus puertas en 2013, Stella Maris tomó la supervisión, enfrentándose a una población diversa de jóvenes, adultos y ancianos. Su habilidad para adaptarse a estos nuevos desafíos demuestra su dedicación inquebrantable a la educación inclusiva.

A lo largo de los años, la escuela llevó a cabo proyectos innovadores para responder a las necesidades de la comunidad educativa. Desde talleres de reciclado para combatir la acumulación de residuos, hasta la creación de juguetes y adornos a partir de botellas y tapas de plástico, Stella Maris fomentó la creatividad y la conciencia ambiental entre sus estudiantes.

Pero su impacto trascendió las aulas. La educación de los estudiantes fue enriquecida con talleres del RCP, el conmovedor relato de las experiencias de Ricardo Castro, un excombatiente de Malvinas, y proyectos de resignificación de los símbolos patrios. La colaboración con la escuela Nº 505 de Esteban Echeverría en el taller de braille demostró su compromiso con una educación inclusiva y accesible.

Una emotiva despedida a la maestra

En su conmovedora despedida, Stella Maris atribuyó sus logros a un liderazgo empático y a una escucha activa, así como al compromiso con la tarea educativa diaria. Reconoció el apoyo incondicional de Oscar Saravia, actual Secretario de Coordinación del Complejo Penitenciario, destacando su papel en la consolidación de acuerdos vitales para la Escuela Nº 751.

El legado de Stella Maris Oviedo en la Unidad 31 trasciende los muros de la institución, dejando una marca indeleble en la educación de quienes tuvieron el privilegio de conocerla. Su dedicación y liderazgo positivo en un contexto desafiante son un testimonio inspirador de la transformación que la educación puede lograr, incluso en los lugares menos esperados.

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La iniciativa se desarrolló en la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para las internas de nacionalidad peruana alojadas en los pabellones de Diversidad n° 2 y 11.

La actividad fue impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires a través de la Subdirección General de Políticas de Género y la Dirección de Género y Diversidad del SPB que gestionaron acciones con el Consulado de la República de Perú.

En la Unidad 32 se presentaron este jueves el Cónsul General Adscrito Omar Ortega Ortega junto a personal a su cargo quienes fueron los encargados de realizar 28 Documentos de Identidad a las personas privadas de la libertad transgénero de nacionalidad peruana.

También estuvieron presentes las autoridades de la Dirección de Género y Diversidad, Directora Gisela Coria y Coordinadora de Población Trans Ángeles Maribel Helguera, el Director de la Unidad 32, Carlos Daniel López y el Subdirector de Seguridad, Gabriel Guaymas.

Durante la jornada también estuvo presente la asesora legal del Consulado de la República de Perú, Sabrina Cosimano, que se entrevistó con cada una de las internas para interiorizarse en sus situaciones y brindar la ayuda correspondiente.

La Subdirectora General de Políticas de Género del SPB, Soledad Soubercazes, destacó que “el 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad travesti-trans, con la finalidad de sensibilizar y generar conciencia a las situaciones de estigmatización, discriminación y crímenes de odio a los que este colectivo ha sido víctima”.

“Dentro del ámbito penitenciario -continuó-, casi la mitad de la población trans son extranjeras y nos pareció desde la subdirección general, un día especial para coordinar acciones con el Consulado Peruano para realizar la documentación de aquellas detenidas que necesiten su DNI tanto para la acreditación de su identidad como así también el acceso a los derechos fundamentales como la educación y capacitación laboral, lo que les brindará herramientas para una futura inserción social”.

El programa de documentación para personas privadas de libertad en cárceles de la Provincia está destinado a garantizar el derecho a la identidad, para que una vez cumplido el plazo de la pena, puedan reinsertarse en el mundo del trabajo e incluirse socialmente, bajando así los porcentajes de reincidencia.

Entre estos derechos fundamentales se destacan la atención  de la salud; la formación educativa; la capacitación laboral y la inserción social, además de fortalecer el re-vinculación familiar y con el municipio de donde proviene el detenido, como una manera de promover la inserción social y laboral, bajar la tasa de reincidencia y fortalecer la seguridad pública.

El programa es impulsado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Gobiernos de la Provincia, con la participación de la subsecretaría de Inclusión Penitenciaria y la dirección provincial de Formación, Educación e Identidad.

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La experiencia se desarrolla en la Unidad 24 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco del proyecto que fomenta la reutilización y puesta en valor de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Pablo, quien elaboró autitos y helicópteros de juguete, contó que “yo soy chapista y siempre me gustaron los trabajos manuales. Pedí permiso para hacerle un autito a mi hijo y cuando vi el material que había disponible me surgieron más ideas para nuevos juguetes como el helicóptero”.

«Pedí permiso para hacerle un autito a mi hijo y cuando vi el material que había disponible me surgieron más ideas para nuevos juguetes como el helicóptero»

pablo, alojado en la cárcel de florencio varela

Por otro lado, Ricardo, quien durante las últimas semanas fabricó ceniceros y porta celulares a través del reciclaje de madera y restos de computadoras, destacó estar muy contento por tener la oportunidad de realizar esas tareas.

Entre los materiales que se utilizaron para los distintos elementos se encuentran: cartón de cajas de comida, luces LED de fuentes de CPU, baterías de notebooks en desuso, fichas terminales de artefactos eléctricos y electrónicos, cables de computadoras, motores de impresoras, cartuchos de tinta y espejos extraídos de discos rígidos.

“En forma constante buscamos generar espacios donde se fomente la creatividad de las personas privadas de su libertad. En este caso la satisfacción es aún más grande dado que contribuimos al cuidado del medio ambiente a través de la promoción del reciclaje que da una segunda oportunidad a materiales en desuso” destacó el Subdirector General de Trabajo Penitenciario, Eduardo Maigua.

También a partir de las acciones de reciclaje que se impulsan desde la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, semanas atrás en cuatro cárceles bonaerenses elaboraron árboles navideños con madera reciclada para todos los establecimientos que el Servicio Penitenciario Bonaerense posee en la Provincia.

Desde 2009 funciona en el SPB un programa que fomenta la reutilización y puesta en valor de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) mediante el cual entidades estatales provinciales y municipales acercan elementos obsoletos electrónicos para su disposición y reutilización.

En numerosas oportunidades, a partir de esos elementos se han puesto en funcionamiento aparatos electrónicos y eléctricos que luego distribuidos a oficinas o instituciones que así lo requieran.

En la actualidad funcionan plantas de RAEEs en la Unidad 2 y 38 Sierra Chica, 3 San Nicolás, 9 La Plata, 17 Urdampilleta, 24 Florencio Varela, 38 Sierra Chica, 45 Melchor Romero y 57 Campana.

En esas plantas fueron capacitados y trabajan cerca de 70 personas privadas de libertad.

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El nuevo centro de capacitación permanente está destinado a la formación profesional de 2 mil agentes, suboficiales y oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que prestan servicio en el complejo penitenciario.

Esta sede académica cuenta con dos aulas, personal docente altamente capacitado y espacio para 80 alumnos. Estas acciones de formación del personal penitenciario que se desarrollan en el marco del Plan Integral de Transformación Penitenciaria, han permitido pasar de 3 mil agentes capacitados en 2019 al récord histórico de 14 mil en 2022.

Participaron de la jornada el subsecretario de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao; el jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses; la Directora General de Institutos de Formación y Capacitación, María Luján Arbe; el Subdirector General de Institutos de Formación y Capacitación, Fabián Magno Giménez y el Director de Capacitación y Planificación Educativa del Personal Penitenciario, Sergio Vázquez, entre otros funcionarios.

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Personas privadas de la libertad de una cárcel ubicada en el partido de Florencio Varela obtuvieron el diploma de educadores populares, tras aprobar un curso de alfabetización dictado por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), informó el Servicio Penitenciario provincial (SPB).

La experiencia educativa se desarrolló en la Unidad 31, tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes.

Según lo acordado, desde agosto del año pasado y hasta junio de 2022, doce personas privadas de libertad participaron como alumnos de un curso de alfabetización, que tiene como objetivo enseñar a leer y escribir a otros internos, para que así puedan comenzar a transitar los niveles formales de educación.

Javier, uno de los diplomados, tiene 45 años y en pocos días recuperará su libertad luego de estar detenido por cinco años. Mientras cumplía su pena aprovechó para terminar sus estudios secundarios.

“Cuando estaba en la calle no pude estudiar, me había quedado eso pendiente y por suerte acá en la Unidad 31 la gente de la escuela y los compañeros del Centro Universitario me ayudaron mucho con los papeles y pude terminarla. Ahora estoy estudiando comunicación en la Universidad de La Plata”, explicó el hombre.

Sobre la posibilidad de ayudar a que otros internos a aprender a leer y escribir, el recluso comentó que “esto es algo que afuera no me había imaginado pero que nos hace muy bien. Yo estoy próximo a salir y no quiero volver más acá, quiero otra vida acompañado por mi familia y ayudar a que no haya ningún chico que no sepa leer y escribir”.

El docente coordinador del proyecto, y referente de la Cátedra de Educación Popular y Comunicación Popular de la Universidad Nacional de Quilmes, Daniel Carceglia, comentó: «El proceso fue muy virtuoso, todo el trayecto educativo que llevaron adelante dentro del penal. Ellos ya están alfabetizando”.

“Lo que se viene es aún más auspicioso, mucho más potente: intentaremos que estos alfabetizadores sean formadores de nuevos alfabetizadores en otras de las unidades de Florencio Varela. Para eso, vamos a acompañar sus prácticas de formación de formadores y las prácticas de los formadores que ellos preparen en la alfabetización», explicó el docente.

Además, Carceglia analizó que «es un doble trabajo importante», ya que es «multiplicador y ayuda a dar más oportunidades, a generar igualdad, nuevas miradas desde lo educativo y nuevas proyecciones para que quienes están dentro del penal tengan más herramientas para su vida, para su propia transformación”.

Por otra parte, desde el SPB, Alberto Saravia, contó que desde el organismo apoyan todo lo que sea para que los internos tengan más herramientas para la vida, «para que salgan mucho mejor de lo que entraron y para eso es importante que estudien y aprendan oficios, pero también es importante que se formen para estar mejor durante su detención, los estudios los hace ser mejores».

En la Unidad 31 se efectuó el acto en el que la Universidad Nacional de Quilmes hizo entrega de diplomas, libros y material pedagógico a los 12 privados de la libertad que completaron su formación.

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A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Municipalidad de Quilmes se promovió la vinculación de esta entidad social, que forma parte del Consejo Local de Niñez, con este conjunto de hombres privados de la libertad que componen el taller, tienen el oficio de carpinteros y forman a sus compañeros. Por lo tanto es un gesto doblemente solidario que beneficia a niños y niñas que asisten diariamente al comedor y fortalece la tarea educativa dentro del penal.

Esta es la primera tanda de cinco que se irán trasladando a distintas entidades de nuestra ciudad. En el intercambio realizado en el acto de entrega del mobiliario todas las expresiones coincidieron en la importancia que la comunidad conozca la voluntad, la solidaridad y el esfuerzo que conllevan estas iniciativas de personas privadas de su libertad y la necesidad de acompañarlas y sostenerlas también luego de su egreso. El papel del Estado es central, pero la consideración positiva por parte del conjunto de la sociedad es clave para lograr integración y justicia social.

Estuvieron presentes en el acto de entrega la directora de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro provincial, Micaela Pacheco; el director de la Unidad Nº 23, Cristian Ribnicov, y el director general de Violencia Institucional del Municipio, Walter Ormazábal, junto a integrantes de los equipos profesionales.

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A unos pocos kilómetros del centro de Florencio Varela, rodeado de enormes muros y unas zanjas pestilentes, se encuentra una verdadera pocilga de cemento. Popularmente se le conoce como la cárcel de Varela, a decir verdad, un complejo carcelario que cuenta con seis unidades penitenciarias, una alcaidía recién inaugurada y la obra de un hospital para los presos. Se llega por la Ruta 53 bien “al fondo”. En la escuela 8 hay que doblar a la izquierda y seguir unos kilómetros, pero se huele antes de llegar. En realidad, todo huele mal en la cárcel de Varela.

Todo el complejo carcelario huele, siempre, día y noche, a cloacas. Estuvimos en junio de este año recorriendo los alrededores alertados por los vecinos que ya no soportan la situación. Volvimos esta semana, con la ola de calor todo se potenció. Al máximo.

El olor es insoportable en los alrededores de la cárcel de Varela

En la zona rural de Florencio Varela los sentidos se agudizan. El sector comprende gran parte del cordón hortícola del sur del conurbano que integra también La Plata y Berazategui. En total se cree que abastece 2/3 del consumo de verduras y hortalizas del Área Metropolitana potenciada por la pandemia y el mercado de cercanía.

Atravesar los surcos de acelga o lechuga, caminar por invernáculos con tomates, no borra la huella del olor nauseabundo que emite la falta de una planta potabilizadora en el complejo carcelario que inunda el aire que los vecinos ya no soportan. Y todos son indiferentes.

Indiferentes a una verdadera cloaca a cielo abierto que se mete en todos lados. En las casas, en las comidas, en los campos, en los galpones.

Testimonios de los vecinos del barrio

Claudio vive en la zona desde que nació, a pocos metros del Complejo Carcelario de Florencio Varela, y es uno de los que se animó a denunciar la bomba de tiempo que significa los desagües cloacales a cielo abierto que van a parar derecho al arroyo Las Conchitas y atraviesa varios barrios varelenses y otros de Berazategui, convirtiéndose en una verdadera bomba de tiempo ambiental.

“No se puede estar, a la mañana y a la tarde el olor es insoportable”, dice Claudio mientras atiende las labores del campo y le da indicaciones a uno de los peones que está curando el limonero y la acelga. “Viene de la cárcel”, dice y señala un complejo de varias hectáreas que desde la gobernación de Eduardo Duhalde se estableció y no para de crecer.

Un recorrido con olor insoportable

El cronista de Infosur volvió a recorrer el perímetro del complejo carcelario donde hay seis cárceles totalmente superpobladas, una alcaidía recién inaugurada y está en obra el hospital penitenciario. A simple vista, se puede observar el impacto ambiental. La escena es deplorable. Una catarata de materia fecal que sale por una canaleta de desagote desde las cárceles y transitan unos 500 metros para meterse oronda en la naciente del “Arroyo Las Conchitas” para después atravesar varios barrios, una reserva natural y terminar en el Río de la Plata, muy lejos de la planta depuradora.

Esa catarata, a simple vista, que es eliminada no tiene tratamiento alguno de los establecimientos carcelarios y lo que parecería ser la planta depuradora está llena de tierra.

El Google Maps es preciso por la ruta de los desechos. Desde la Unidad Carcelaria sale una zanja de desagote que atraviesa el campo y desemboca en el arroyo. Ese fue el camino que siguió en junio pasado el cronista de Infosur cuando se encontró con un panorama desolador. Tres niños jugando en el cruce de las calles, a un lado de las aguas pestilentes y el olor nauseabundo. “Sí esto siempre es así, a veces me dan ganas de vomitar”, dice uno de los niños que ante la presencia de los extraños prefiere ir para su casa. Sus padres están trabajando la tierra y no pueden atendernos.

La denuncia que Claudio realizó en febrero del 2020 fue acompañada por el concejal Maximiliano Bondarenko, de Juntos por el Cambio, que se acercó a la zona para mostrar los argumentos de la presentación judicial. La causa que fue caratulada como de «Averiguación de ilícito», tiene intervención de la UFI N° 6 Descentralizada de Florencio Varela. Y está cajoneada.

Las denuncias cajoneadas por la Justicia

En este sentido, Bordarenko aseguró a Infosur “El agua es un recurso natural que se está desperdiciando. El Servicio Penitenciario Bonaerense lo único que hace es decantarla, romper la materia fecal, pero no la trata con químicos para potabilizar el agua”.

El problema de contaminación en Las Conchitas no es nuevo. “Esto pasó siempre, encima las canaletas están llenas de ratas”, expresó un vecino de la zona, que caminaba por los alrededores del complejo y empujaba un Renault 12 que se había quedado sin batería.

Infosur pudo saber de fuentes confiables que son por lo menos tres las causas en Florencio Varela que investiga la contaminación en el Arroyo Las Conchitas. Una que fue carátulada «Delito de acción pública, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nro 4 Descentralizada de Florencio Varela. En esta causa estaban sindicados las empresas, Industrial Varela y Curtiembre Hispano Argentina.

La otra en tanto, es una denuncia con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 4 Descentralizada de Berazategui. En estas actuaciones están sindicados las empresas, Gibaut hnos., Acykro S.A, Praxair, Industrial Varela, Cooperativa de trabajo Galaxia, La Hispano, Síntesis Química, Procesos Metálicos, Siderar, Papelera Sein, Compañía de transportes ex Río de la Plata, y Parque Industrial Plátanos.

La última es la presentada por el vecino de nombre Claudio y amparada por el concejal Bondarenko en la que se encuentra sindicado el Complejo Penitenciario de Florencio Varela.

En enero del 2019, Julieta Rodríguez, vecina de Plátanos, se presentó en el Juzgado de Garantías N°7 de Berazategui, a cargo del Gustavo Alejandro Mora, donde inició una denuncia (PP-13-01-001131-19/31 – Fiscal Silvia Borrone) por la contaminación del arroyo «Las Conchitas» en donde desde un punto exacto ubicado en la calle 45 entre 149 y 150, desde una de tormenta, arrojaban desechos cloacales a cielo abierto y de manera de manera clandestina, según informó el portal Ahora Online.

Según el medio periodístico, en aquella oportunidad se hizo entrega de material de pruebas, sumadas a la de la colaboración de la Policía Ambiental y la Autoridad del Agua, que tras un análisis al arroyo confirmaron la presencia de “Escherichia Coli” (una bacteria que produce una poderosa toxina que daña el recubrimiento del intestino delgado, lo que puede causar diarrea con sangre, e infección), la justicia sólo avanzó con la clausura de dos empresas, pero la contaminación sigue a la vista de todos.

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Esta acción tiene como finalidad transmitir el abordaje del aprendizaje a través de la lectura, expandir y acceder al conocimiento en las más diversas áreas con el uso de esta flamante biblioteca que ya cuenta con más de 170 libros.

El acto contó con la presencia de la Asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Licenciada Julia Lescano, acompañada por el juez y Vicepresidente del Centro de Estudios Judiciales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Roberto Conti y el capellán general del Servicio Penitenciario Bonaerense, Carlos Pont Gasquet junto a la docente e integrante de la Pastoral Penitenciaria Valeria Gettar.

Además estuvieron el Jefe del Complejo Penitenciario Florencio Varela, Javier Díaz; el Secretario del Complejo, Adolfo Cersosimo; el jefe de Unidad, Fabián Gómez y los Subdirectores Darío Calandria; Ariel Jaldín y Ángel Massei; además del Jefe de Vigilancia Renzo Fantosi que colabora con el Proyecto.

Al comenzar el acto, que se realizó en el patio del Pabellón 9, al aire libre, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad por el COVID-19, Lescano transmitió el saludo del Ministro de Justicia y DD HH, Dr. Julio Alak y del Jefe del Servicio Penitenciario, Dr. Xavier Areses, “quienes son los principales impulsores de estas iniciativas de traer la lectura a todas las Unidades penales de la provincia de Buenos Aires, en un trabajo que conjuga los esfuerzos del Ministerio, del Servicio, de la Justicia y de la Iglesia, pero que no tiene ningún sentido si ustedes desde aquí no aprovechan esta hermosa oportunidad de poder cambiar sus vidas y ser mejores personas a partir de la lectura y de poder cultivarse intelectualmente”.

El Juez Roberto Conti destacó todas las ventajas de la lectura y de las bibliotecas en las cárceles y puso como ejemplo el caso de la Unidad 30 de Máxima Seguridad de General Alvear, donde desde que comenzaron a leer han cambiado hasta el lenguaje y hoy ya no hablan de violencia sino de libros y literatura.

El Padre Pont Gasquet les habló de cambiar la mentalidad, de cambiar el no por el sí, de darse una oportunidad, de no perder la fe y los instó a ser mejores personas, “No por los demás, háganlo por ustedes mismos y eso beneficiará a todos los demás”.

La tallerista Valeria Gettar se comprometió a acompañarlos en el proceso de lectura y les dijo que “esta posibilidad de cambio que tienen no tiene techo” y les comentó ejemplos de algunos internos que nunca se habían acercado a la lectura y que hoy están transitando por alguna carrera universitaria “y han dado un vuelco importantísimo en sus vidas”.

Por parte de los internos, Edgardo y Alejandro, hablaron en representación de sus compañeros y agradecieron el compromiso de las autoridades para implementar estos cambios y tomaron el reto de aprovechar la posibilidad de aprender, de cultivarse y de convertirse en buenos seres humanos como parte de ese aprendizaje.

Finalmente, Valeria Gettar les entregó una pintura del “Sagrado Corazón de Jesús” para que los acompañe a diario en el Pabellón.

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