En la Unidad 42 de Florencio Varela, las actividades deportivas forman parte de un programa más amplio que busca promover la inclusión social y la reinserción de las personas privadas de la libertad.

Disciplinas como fútbol, entrenamiento físico y tenis de mesa se integran a un esquema que combina educación, cultura y deporte. La idea, según explican desde los organismos que coordinan estas iniciativas, es generar espacios de participación que permitan construir disciplina, hábitos y trabajo en equipo.

En ese marco, el tenis de mesa tuvo en los últimos días una jornada especial que llamó la atención por la presencia de una deportista de elite.

👉 En esa actividad participó Alma Marcial, jugadora de la Selección Argentina que en breve disputará el Mundial de Londres. Su presencia en el establecimiento penitenciario generó repercusión por el contraste entre su presente deportivo y el contexto en el que se desarrolló el encuentro.

👉 La historia completa de esa jornada puede leerse aquí:
“Quién es Alma Marcial y por qué estuvo en una cárcel de Florencio Varela”

Más allá de los casos puntuales, el programa deportivo dentro de las cárceles bonaerenses forma parte de una política que busca intervenir en uno de los puntos más complejos del sistema: la reinserción social.

Desde la perspectiva oficial, estas actividades permiten reducir tensiones, mejorar la convivencia interna y ofrecer herramientas que pueden ser útiles al momento de recuperar la libertad. Sin embargo, también abren un debate permanente sobre el alcance real de estas políticas y su impacto a largo plazo.

En ese cruce entre inclusión, deporte y sistema penitenciario, la Unidad 42 de Florencio Varela aparece como uno de los espacios donde estas experiencias se ponen en práctica de manera cotidiana.

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FLORENCIO VARELA – El silencio fue la única respuesta. Uno tras otro, los cuatro penitenciarios acusados de asesinar a golpes a Cristian Moyano dentro de la Unidad N° 24 pasaron por la sede de la fiscalía este fin de semana. Y uno tras otro, se acogieron a su derecho constitucional de no declarar. Ni una palabra. Ni una explicación. Ni siquiera un gesto que pudiera interpretarse como arrepentimiento o defensa. Solo el mutismo calculado de quien sabe que cada palabra puede convertirse en condena.

Del otro lado del escritorio, el fiscal Cristian Granados de la UFI N° 9 —especializada en delitos carcelarios— tomó nota del silencio. No le sorprendió. En estos casos, la estrategia defensiva suele comenzar por la boca cerrada. Pero el expediente habla por sí solo: testimonios de internos, informes médicos, registros de movimientos dentro del penal. Y sobre todo, un cuerpo destrozado con fracturas y lesiones en «todo el cuerpo», según consignó el informe de autopsia.

El giro en la investigación por la muerte del preso

La investigación del homicidio de Cristian Moyano, que murió tras ser golpeado salvajemente en la cárcel de Florencio Varela, dio un vuelco dramático esta semana. Lo que comenzó como una causa contra cinco agentes penitenciarios ahora apunta directamente a otros cuatro efectivos, señalados como los autores materiales de la paliza mortal.

El juez de Garantías Julián Busteros, a cargo del control de legalidad del caso, tomó dos decisiones que cambiaron el mapa de la causa. Por un lado, ordenó el cese de la detención de los cinco penitenciarios arrestados inicialmente. Por el otro, modificó su calificación legal: ya no son acusados como autores del crimen, sino como «partícipes» del hecho. Traducción: no fueron ellos quienes golpearon a Moyano hasta matarlo, pero sí tuvieron algún nivel de intervención o complicidad en lo que ocurrió esa noche.

Los cinco quedan vinculados a la causa, pero recuperaron la libertad. Sus defensores ya adelantaron que solicitarán sobreseimientos, alegando que sus defendidos no tuvieron participación directa en el homicidio.

Mientras tanto, los cuatro nuevos detenidos —arrestados la semana pasada en procedimientos a cargo de la Sub DDI de Florencio Varela— enfrentan una imputación demoledora: «homicidio doblemente agravado, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por ser integrantes del servicio penitenciario». Si son declarados culpables, la condena podría superar los 25 años de prisión.

La noche del horror

Lo que ocurrió en la Unidad N° 24 la noche del crimen ya quedó parcialmente reconstruido gracias a una veintena de testimonios que los investigadores recabaron en las horas inmediatas posteriores a la muerte de Moyano. El relato que emerge de esas declaraciones es escalofriante.

Moyano, un joven cadete de la PFA que cumplía condena en el penal varelense, fue retirado del pabellón donde estaba alojado por personal penitenciario. Según los testigos, lo sacaron en horas de la noche. Nadie supo exactamente hacia dónde lo llevaban. Nadie hizo preguntas. En las cárceles, el silencio es una forma de supervivencia.

Horas después, Moyano llegó a Sanidad del penal. Los testimonios coinciden en la descripción: llegó «casi muerto, inconsciente». Con escasos signos vitales, el cuerpo visiblemente golpeado, fracturas evidentes. Los enfermeros del penal intentaron reanimarlo sin éxito. La decisión fue inmediata: derivación de urgencia al hospital Mi Pueblo, el nosocomio de Florencio Varela.

Los médicos de guardia confirmaron lo inevitable: Cristian Moyano había muerto. El informe forense fue contundente: fracturas múltiples, lesiones en todo el cuerpo, signos evidentes de traumatismo severo. No había dudas: había sido golpeado brutalmente.

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El proyecto, que lleva por nombre «Pabellones Literarios para la Libertad», es el faro de esperanza impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, bajo la mirada atenta y compasiva de Julio Alak. En una danza de letras y sueños, los reclusos del Pabellón 7 han parido esta obra, que se une a las anteriores joyas literarias: «El pequeño gran basquetbolista» y «Amigos inseparables».

Lo que hace destacar esta presentación es el nacimiento de una experiencia inclusiva: «El Bosque Encantado» no solo se deja leer, sino que también canta en formato audiolibro. Una sinfonía de voces enriquece cada página, accesible a todos aquellos que anhelen sumergirse en su embrujo a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1IpzaHndIPs-bXywJxs6sFgLXe3UaqG7d.

Teresa Ferrari, una de las almas gemelas de este proyecto, relata el inicio de este camino: «Empezamos en 2020 por una invitación del sacerdote Carlos Pont, el Capellán General del SPB. En un principio, no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer y cómo lo íbamos a abarcar: empezamos por Zoom en plena pandemia y después empezamos a ir, llevamos poemas, cuentos, algunas fábulas, tomando las fechas patrias, otras veces tomando algún hecho histórico que a ellos les interesaba, y a partir de eso leemos y ellos escriben».

El equipo de hadas literarias que acompaña a los internos cada semana está compuesto por María Inés Chamorro, Patricia Coto, Claudia Guana y Andrea Musumecci, mujeres que han tejido un tapiz de posibilidades en medio de la adversidad.

El libro paso a paso

Esta iniciativa, orquestada junto al Juez Roberto Conti, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bajo la guía de la asesora Julia Lescano, y el Departamento de Cultura del SPB, representado por Gabriela Ríos, no solo ilumina el sendero del conocimiento para los internos, sino que también sirve como un lazo irrompible con sus familias.

Teresa añade con emoción: «Muchas de las propuestas vienen de ellos, porque les piden sus hijos o porque ven que sus hijos lo leen y quieren poder ayudarlos, acompañarlos en su recorrido escolar, brindarles la ayuda que tal vez ellos no tuvieron».

Julia Lescano, asesora del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, subraya la trascendencia de este programa: «Pabellones Literarios para la Libertad plantea un nuevo paradigma, el de abrazarse a la lectura y la escritura para mejorar el diálogo y la comunicación, y a través de lo aprendido, generar un cambio en el que la palabra le gane a los usos violentos».

«El Bosque Encantado» se convierte así en una fábula de inclusión y amor familiar, un canto de libertad que resuena en cada página y que invita a todos a sumergirse en su encanto. La magia de la redención y la creatividad ha brotado en el corazón de Florencio Varela, recordándonos que las palabras tienen el poder de romper cualquier cadena.

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Sin embargo, desde las defensas de los encartados anunciaron que pedirán que se los juzgue por «homicidio culposo». Vale recordar que la Cámara del Departamento Judicial Quilmes había avalado esta última figura legal.

Por los hechos están imputados Eliana Heidenreich por el delito de homicidio agravado por ser miembro del Servicio Penitenciario y mediante el empleo de arma de fuego, y de Darío Bergonzi y Gastón Darío Ábila imputados por el delito de encubrimiento agravado por sus funciones.

  El pedido ante el juez Villagra lo había pedido meses atrás el fiscal Christian Granados y se conoció en las últimas horas que el magistrado avaló la elevación por «homicidio agravado» en contra de Heindeireich.

Consultado por Data Judicial, el defensor particular, Gustavo Galasso, explicó que «insistiremos en que se acate lo dicho por la Cámara de Quilmes y se juzgue por un hecho culposo; me opondré a esa figura y que se eleve en base a lo que ordenó la Cámara de Apelaciones en su momento».

El hecho

Federico Rey fue asesinado por el impacto de tres balas de plomo, cuyo uso está prohibido dentro de unidades penitenciarias, en el marco de una represión a detenidos que se encontraban reclamando medidas de prevención al covid-19 en 2020.

Tras diversas presentaciones la sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías del departamento judicial de Quilmes hizo lugar a argumentos de los abogados particulares y resolvió modificar la calificación del hecho como un asesinato culposo y consideró que la muerte de Federico Rey se debió a la negligencia o ligereza de la imputada en un marco de situación confuso.

Para los jueces Pablo Barbieri y Alejandro Cascio no hubo intención de matar, sino que Eliana Heidenreich recibió el arma ya cargada y no sabía que tenía balas de plomo. 

Más allá de esto el doctor Christian Granados al momento de la elevación mantuvo el criterio de un homicidio agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad y esto fue avalado por el juez Villagra. Se especula que las defensas de los mencionados se opongan a dicha figura legal e insistan en que se trató de un hecho culposo, sustentando su postura en lo afirmado por los jueces de la Sala II.

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El mobiliario fue entregado por el Alcaide Mayor (EG) Jorge Rocha con la supervisión de la jefatura de Unidad y del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La iniciativa se enmarca en el programa «Más Trabajo, menos Reincidencia» que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, por el que se busca capacitar en oficios a los internos y que las producciones beneficien a la comunidad, canalizándolas a través de la Subdirección General de Trabajo Penitenciario, dependiente de la Dirección General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Altamirano destacó que “los internos del Grupo Reinicio realizaron por su propia voluntad los muebles, lo que nos demuestra que, desde la solidaridad y promoviendo la igualdad, todo cambio es posible si se brindan oportunidades. Todo fue producido en el Taller construido, a base de mucho esfuerzo, por los compañeros, quienes se capacitan diariamente en Carpintería y Herrería entre otros oficios”.
Desde la jefatura de la Unidad 24 se destacó que, “El trabajo y la actividad solidaria se realizan en el marco de la Ley Nacional N° 25.855 de Voluntariado Social y de la Ley N°12.256 de la Provincia de Buenos Aires, convencidos de la función del trabajo como formador del sujeto social y como herramienta válida de inclusión, realizando experiencias de formación técnico-practicas, bajo los valores de cooperación, reciprocidad, beneficio mutuo y solidaridad”.

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Personal penitenciario y familiares de las personas privadas de libertad trabajaron juntos en una de las cárceles bonaerenses de Florencio Varela en un proceso de forestación, en una peculiar acción integradora.

La experiencia se desarrolló en la Unidad 23 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en el Hospital Modular Penitenciario en la que plantaron 300 ejemplares de Álamos y Sauces, donados por el INTA de Castelar.

La iniciativa contó con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con los objetivos de favorecer el cuidado del medio ambiente que circunda los establecimientos carcelarios ubicados en el marco del barrio La Capilla de Florencio Varela, y para fomentar la integración entre los familiares de los internos y los agentes penitenciarios.

Se contó con las voluntades de diversos actores como Silvina Lewis, Dino Palazzini y Pablo Pathauer, pertenecientes al INTA Castelar, que donaron las guías de los álamos y sauces; y el trabajo mancomunado de todo el personal penitenciario, a los que se sumaron familiares de los internos de la Unidad 23.

Del emprendimiento participó también el Jefe del SPB,  Xavier Areses y el Jefe del Complejo Penitenciario Florencio Varela, Javier Díaz, quienes plantaron algunos ejemplares.

Uno de los momentos que marcaron la jornada se dio cuando Inti, un niño hijo de un privado de libertad plantó uno de los árboles que desde ahora lleva su nombre y al que se comprometió a cuidar cada vez que visite a su padre.

“La donación del INTA de Castelar fue fundamental para llevar este proceso adelante y en un futuro poder tener una vista más saludable, sombra para los vehículos, pero sobre todo ayudar al medio ambiente”, expresó Manuel Chamorro, director de la Unidad 23.

Todo el proceso de ir a buscar las guías hasta el INTA Castelar, la llegada de los ejemplares a la cárcel y el plantado por los diferentes colaboradores quedó registrado en un emotivo video compartido en redes sociales.

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