Capitán Cianuro

Detrás de figuras como Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei, Daniel Noboa, José Antonio Kast, Abelardo de la Espriella, Keiko Fujimori o  Nasry Asfura, por mencionar algunos de los ultra derechistas, no hay improvisación. Hay un repertorio común: reducción del Estado, desregulación económica, disciplinamiento social y una narrativa de orden sostenida por la fabricación permanente de un enemigo político.

Ese enemigo tiene un nombre recurrente: “el comunismo o la izquierda”.

No importa su ausencia real como experiencia política contemporánea en la región en términos concretos de gobierno. Importa su utilidad simbólica. El “comunismo” funciona como etiqueta elástica: todo lo que implique Estado, redistribución o regulación puede ser convertido en amenaza existencial. Es un dispositivo hueco que no describe la realidad, la simplifica hasta volverla manejable electoralmente.

Y sobre ese miedo se construye buena parte del ascenso de estas derechas. Una suerte de Doctrina Monroe establecida en 1938, directriz de política exterior estadounidense que podría perfectamente aplicar al tiempo actual, mejorando sus parámetros y adecuando a lo que vemos invadir Latam hoy.

Este fenómeno no es solo discursivo. Se sostiene también en redes de financiamiento, producción de ideas y formación política como Atlas Network, que articula decenas de organizaciones en América Latina con un objetivo explícito: expandir el ideario de libre mercado, reducir el tamaño del Estado y debilitar la regulación pública. No es conspiración: es programa declarado, institucionalizado y operativo.

A esto se suma una dimensión transnacional más visible en espacios como la Carta de Madrid y el Foro Madrid, donde la derecha española y latinoamericana convergen en una misma narrativa: guerra cultural permanente, rechazo al progresismo y construcción del adversario como amenaza civilizatoria.

Pero el punto más interesante y más incómodo,  no está solo en las redes ideológicas. Está en cómo las derechas logran avanzar dentro de democracias formales que, en muchos casos, ya vienen debilitadas desde adentro.

Y ahí los procesos electorales recientes en Perú y Colombia son reveladores.

En Perú, la última elección presidencial está marcada por fallas institucionales significativas: demoras logísticas, problemas en la instalación de mesas, tensiones entre organismos electorales y un resultado extremadamente estrecho. La disputa posterior no derivó en una evidencia concluyente de fraude, pero sí en algo más profundo: la exposición de un sistema electoral frágil, lento y bajo sospecha permanente. Un sistema donde la incertidumbre institucional se vuelve combustible político.

En Colombia ocurre algo distinto, pero revelador. Allí no fue la oposición quien instaló la tesis del fraude electoral, sino el propio gobierno progresista, que cuestionó aspectos del sistema de escrutinio. Las autoridades electorales y las misiones internacionales deberían examinar este fenómeno con mayor profundidad, considerando que persisten cuestionamientos e irregularidades denunciadas en un proceso que, aunque es reconocido por el sector de la ultraderecha como terminado y entregando la banda presidencial a Abelardo de la Espriella, deja aún  un número significativo de mesas objetadas que podrían mover la brújula en forma radicalmente en su contra.

En ambos casos, el patrón resulta similar: instituciones sometidas a fuertes tensiones, resultados disputados y denuncias de fraude que terminan erosionando la confianza pública. Lo más relevante es la existencia de un terreno institucional debilitado, donde la sospecha se vuelve permanente y la política se desplaza desde el debate programático hacia una disputa constante sobre la legitimidad misma del sistema. Esta dinámica resulta preocupante porque socava los fundamentos de una democracia sólida y abre espacios para el cuestionamiento permanente de las instituciones.

Es precisamente en ese vacío donde la nueva derecha se mueve con mayor comodidad.

Cuando la institucionalidad pierde densidad, los discursos de orden ganan atractivo. Cuando el Estado aparece fragmentado, las promesas de “mano dura” o de “eficiencia radical” se vuelven políticamente rentables. Y cuando la política deja de ofrecer soluciones creíbles, el relato del enemigo, ya sea el comunismo u otra amenaza presentada como permanente, ocupa el lugar del análisis racional.

No se trata de un error discursivo. Es, más bien, una de sus tecnologías políticas centrales.

Si quisiéramos buscar símiles en la historia contemporánea a este tipo de procesos podríamos llamar Operación Cóndor 2.0. La Operación Cóndor original fue otra cosa eso sí: una maquinaria de coordinación represiva entre dictaduras del Cono Sur, con secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. Su lógica era la eliminación física del adversario político. Hoy no hay, por ahora,  equivalencia directa con ese nivel de violencia estatal. Pero sí hay una continuidad menos visible y más sofisticada: la disputa por el modelo de sociedad y la reducción del Estado como horizonte incuestionable.

La diferencia es clave. Antes la política eliminaba cuerpos. Hoy redefine estructuras.

Y lo hace sin necesidad de clandestinidad. Lo hace desde el gobierno, con legitimidad electoral, con lenguaje técnico y con una eficacia discursiva que convierte el ajuste en virtud y el desmantelamiento del Estado en modernización.

El punto crítico no es la existencia de una conspiración centralizada. Es algo más inquietante: la convergencia de intereses, discursos y políticas que producen el mismo resultado sin necesidad de coordinación explícita. Una internacional de la derecha que no necesita reunirse para operar como si lo hiciera.

Y en ese escenario, el fantasma del comunismo cumple su función histórica renovada: no describe el mundo, lo ordena. No explica los conflictos, los simplifica. No ilumina alternativas, las bloquea.

El resultado es una inversión política brutal: sectores sociales golpeados por la desigualdad terminan respaldando programas que profundizan la reducción del Estado que aún los sostiene. No por contradicción individual, sino por la eficacia de un relato que transforma la precariedad en libertad y el ajuste en salvación.

La pregunta ya no es si estas derechas coordinan un proyecto oculto. La pregunta es por qué pueden ejecutar tan abiertamente un programa de transformación profunda sin necesidad de ocultarlo.

La respuesta es incómoda: porque ya no necesitan hacerlo.

Hoy la disputa no es entre democracia y autoritarismo clásico. Es entre proyectos que prometen protección, aunque sea imperfecta,  y proyectos que prometen libertad entendida como abandono del Estado.

Y en ese terreno, la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en una administración del miedo.

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