La Unidad Fiscal N°8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de Quilmes, logró desenmascarar una de las operatorias más oscuras y crueles en materia de trata de personas en el conurbano sur.

Todo comenzó el 22 de mayo, cuando una joven denunció ser víctima del ahora detenido. Según su testimonio, el hombre no sólo la explotaba sexualmente sino que le quitaba todo el dinero de los encuentros que coordinaba para ella en albergues transitorios cercanos al supermercado Jumbo de Quilmes.

Con esta denuncia, la Superintendencia de Delitos Complejos inició una investigación que reveló una maquinaria aterradora: el acusado había empezado a operar en 2023 desde el penal de Magdalena, donde cumplía condena por robo agravado. Allí, siempre según la investigación judicial, contactaba mujeres por redes sociales y las convencía de ingresar al sistema prostituyente. Cuando recuperó la libertad, en enero de 2025, comenzó a manejar todo desde un local de comidas rápidas en Smith y Calchaquí, en Quilmes.

Las víctimas, muchas en situación de extrema vulnerabilidad, eran obligadas a trabajar en la calle entre las 18 y las 00 horas, y en días de “alta demanda”, hasta más tarde. Pero eso no era todo: está acusado también de exigirle tener relaciones sexuales con él, prometiéndoles quedarse con una porción mayor del dinero. Quien se resistía, recibía amenazas, golpes y presiones psicológicas, incluso con un arma de fuego.

Según la fiscalía, el sujeto administraba grupos de WhatsApp donde organizaba la logística de las citas sexuales. En uno de los casos más estremecedores, una menor de edad fue contactada y explotada por él, aprovechando su situación económica y de abandono. A otras, las tenía bajo control mediante el chantaje: “Si no hacés lo que digo, le cuento todo a tu familia”, repetía, según el expediente.

Los puntos de encuentro eran los hoteles “El Ruca”, “El Ruca II” y “Hotel Susurros”, además de casas particulares. Todo lo coordinaba él, incluso el cobro. La plata se enviaba por transferencia a sus cuentas virtuales: sólo una de las víctimas hizo 570 giros entre enero de 2024 y mayo de 2025, por más de 17 millones de pesos.

Con todas las pruebas recolectadas, el juez Juan José Anglese ordenó el allanamiento del domicilio del acusado, ubicado en Florencio Varela, donde fue detenido y se le secuestró su celular personal, clave para la causa.

Los cargos que enfrenta son gravísimos:

• Promoción y explotación económica de la prostitución de mayores y menores,
• Amenazas coactivas,
• Violencia física y sexual,
• Todo agravado por la situación de vulnerabilidad social de las víctimas.

Además, según consta en la causa, el acusado amenazaba con matar al hijo de una de las víctimas si no obedecía.

La investigación sigue abierta: la semana próxima comenzarán a declarar al menos 12 víctimas identificadas hasta ahora. La fiscalía no descarta que haya más implicados ni más mujeres sometidas en silencio por este regenteador que operó impunemente hasta que alguien se animó a hablar.

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Los imputados son T.LL. y J. C. , quienes están acusados de un hecho ocurrido en octubre de 2020 en un departamento de la calle Lavalle, en Villa Vatteone. Las partes -fiscalía, particular damnificado y defensa—iniciaron las entrevistas de selección de jurados en la sede judicial del barrio La Esmeralda. Las mismas finalizaron pasadas las 19.30 de la víspera; en las mismas el fiscal Marcelo Selier, el particular damnificado, Guillermo Granillo Fernández como la defensa a cargo de Daniel González Stier mantuvieron entrevistas con los vecinos convocados a la sede judicial.

Hoy será el turno de otras dos tandas de vecinos que serán entrevistados por las partes y se prevé que pueda conformarse el jurado tras las recusaciones y posterior sorteo por medio de un software de la Suprema Corte de Justicia. La audiencia de voir-dire es aquella por medio de la cual las partes, a través de un mecanismo de exclusiones, obtendrán el jurado imparcial e independiente que actuará en el caso concreto.

Los hechos de abuso denunciados

El abuso sexual denunciado ocurrió el 8 de noviembre de 2020, cuando la víctima, de 22 años en ese momento, se reunió con sus excompañeros de secundaria en un departamento ubicado en Lavalle, entre Corrientes y la avenida Eva Perón. Según la denuncia, tras haber aceptado la invitación para tomar algo, fue abusada sexualmente.

Vale recordar que el proceso se debió reprogramar luego que semanas atrás el fiscal Selier recusara a la jueza Natalia González Aguirre en el marco de las audiencias de selección de jurados.

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En el marco de este operativo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 de Berazategui, a cargo del Dr. Daniel Ernesto Ichazo, lideró una investigación que utilizó la herramienta icacoop para detectar el tráfico de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) en línea. El uso de tecnología avanzada permitió a los investigadores rastrear en tiempo real la descarga y envío de material gráfico ilegal.

Una Red de Abuso Sexual Infantil al descubierto

Las tareas de campo encubiertas, coordinadas por efectivos de la estación de Policía de Berazategui, fueron fundamentales para identificar a los involucrados y sus lugares de residencia. Los resultados de los allanamientos en la jurisdicción de Quilmes incluyen el secuestro de equipos de comunicación celular, CPU, pendrives, tarjetas de memoria y discos rígidos, todos sujetos a peritaje por la Unidad Pericial informática de Berazategui.

En la jurisdicción de Quilmes, se detuvieron a cuatro adultos y se imputaron a 15 por el delito de tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil, enmarcado en el Art. 128 del Código Penal Argentino.

La operación fue realizada a cabo con precisión para garantizar la simultaneidad de los procedimientos y evitar alertar a las personas implicadas. La coordinación estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, MASI, dirigido por la Dra. Eleonora Weingast, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General bajo la dirección del Dr. Francisco Pont Verges.

Cabe destacar el apoyo crucial y la colaboración de Operation Underground Railroad, una organización internacional dedicada a combatir el tráfico y la explotación sexual en todo el mundo. Su participación fortaleció la eficacia de la operación, destacando la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra los delitos de este tipo.

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Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con un escenario que parecía sacado de una escena de crimen. Un Peugeot 504 blanco, con la puerta delantera del acompañante abierta, ocupaba el centro de la atención. En su interior, un hombre, identificado como Atilio Benachea Feliz, yacía, aparentemente sin signos vitales.

La crudeza de la situación se reveló aún más cuando los agentes notaron varias vainas servidas de calibre 9mm esparcidas en el suelo, sugiriendo un episodio violento anterior. Al inspeccionar el vehículo, descubrió un orificio en la puerta delantera izquierda (lado del conductor), indicando el posible impacto de un proyecto.

Misterio y bala: la denuncia por abuso sexual

La información recopilada por Infosur indica que se comunicó de inmediato a la Comisaría 6ta., solicitando preservar el lugar del hecho. Además, se movilizó al SAME para constatar la situción. Lamentablemente, la inspección médica confirmó la peor de las sospechas: Atilio Benachea Feliz había perdido la vida.

La historia tomó un giro siniestro cuando se descubrió que Benachea Feliz estaba sujeta a un perímetro de restricción activo desde el 15 de agosto de 2023, por cargos de abuso sexual, según lo solicitado por el Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes. Este dato arroja sombras de intriga sobre los motivos detrás de su muerte y plantea preguntas sobre posibles vínculos entre su pasado legal y el violento desenlace.

En el lugar de los hechos, se congregaron altos mandos policiales, incluyendo al Jefe de turno de la Estación de Policía de Florencio Varela y al Segundo Jefe de la Comisaría 6ta. Además, el Jefe de la Unidad de Prevención de la Policía Local se sumó a la escena, supervisando el proceso.

Reina la incertidumbre sobre los posibles autores de este crimen. Según las autoridades, aún se desconoce la identidad de quienes podrían haber perpetrado este acto violento. La investigación sigue su curso, pero la comunidad de Florencio Varela está en vilo, esperando que arrojen luz sobre este trágico suceso en las calles de su barrio.

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En el debate oral y público declararon por la fiscalía a cargo del Dr. Maistruk, la madre de la víctima y ex pareja de C. R. T., quien describió distintos momentos de violencia que vivió mientras convivió con quien se encuentra siendo juzgado.  

“Nos habíamos separado y me fui a vivir a La Plata, las condiciones para que estuvieran mis hijos no estaban dadas y además no habíamos podido encontrarles vacante para que estudien. Esa fue la razón por las que quedaron en la semana con él ya que tenían su escuela cerca y los fines de semana los buscaba para que estén conmigo” describió la madre de la niña,  quien también refirió el sufrimiento que siente por lo que le pasó, pero el cual nunca había indagado.

Se vio y escucho el relato de la menor en la Cámara Gesell en la que con voz firme y clara, describió paso a paso lo que vivió en la habitación de la calle Irala al 1800 de Bosques Norte en la que vivía con su padre y su hermano menor.

También, prestaron declaraciones la docente, la encargada de gabinete y la directora de la Escuela Primaria Nº 24 del barrio Nicolás Avellaneda, quienes aquella tarde de septiembre de 2018, intervinieron y organizaron distintos protocolos luego de que varias alumnas del tercer grado manifestaran tras una clase de ESI que una de sus compañeras de 7 años habría manifestado que sufría abusos de parte de su padre.

Veredicto condenatorio

Para el tribunal, C.R.T., que lleva detenido dos años deberá cumplir la pena de 14 años y 4 meses como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, calificado por el vínculo y por ser cometido por un guardador.

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El juzgado expresó: «De esa forma, nos encontramos convencidos de que colaboramos y tratamos de evitar que cargue con las marcas de la violencia».

En una parte de la resolución a la que tuvo acceso Infosur, el juez escribió lo siguiente: «Yo soy el juez Agüero, un morocho que tenía como un sombrero el día que declaraste en la sala de cámara del juzgado que tiene un banco rojo en la puerta. Te escribo para contarte que decidí que sigan detenidos los dos hombres por lo que te hicieron el día que fuiste a comprar caramelos al kiosco». Además, el juez ofreció su número de WhatsApp para cualquier duda, pregunta o consulta que la víctima pueda tener.

En esta resolución, el juez de Garantías, Diego Agüero, dictó la prisión preventiva para Patricio Lautaro Nehuel Sosa (19) y Juan Guillermo Flores (43), los dos acusados de uno de los delitos sexuales más aberrantes de los últimos tiempos.

El delito que se le imputa a los acusados

El hecho ocurrió el 21 de mayo pasado en Florencio Varela, cuando la víctima, una adolescente de 15 años, fue violada en grupo por seis desconocidos mientras se dirigía a un kiosco para cargar crédito en su teléfono. La violación tuvo lugar en la esquina de 507 y 572, en la zona del Barrio Libertad, a ocho cuadras de la cancha de Defensa y Justicia.

Según el relato de la víctima, después de acosarla, la interceptaron, le taparon la boca con un trapo y la dejaron inconsciente. Luego, la llevaron a un rancho abandonado, donde abusaron de ella detrás de una puerta de chapa y la abandonaron en el lugar.

Cinco días después, la Policía Bonaerense arrestó a los dos sospechosos, siendo Sosa entregado por su propia madre. Agüero los imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

La denuncia fue realizada por la madre de la víctima y su hermano ayudó en la identificación de los sospechosos a través de cuentas de Instagram. Según el expediente judicial, la víctima pudo reconocer a los acusados a partir de las fotos y mencionó varios alias y nombres del barrio, entre ellos «Nico, Juan, Nahuel, el Gordo Patri y El Plancha». Precisamente, «El Plancha» resultó ser, según los investigadiores, Juan Flores, un hombre en situación de calle que solía juntarse con los otros acusados en el barrio Libertad.

Las pericias realizadas después de la denuncia confirmaron lesiones compatibles con abuso sexual, según el análisis médico-legal, lo cual constituye una prueba fundamental en el caso, impulsado por el secretario Martín Grizzuti.

Otra prueba crucial en el expediente fue la declaración de la víctima en cámara Gesell, realizada el viernes 23 de junio. Allí, la menor relató en detalle el tormento que sufrió.

«Cuando declaraste, fuiste muy valiente y recordaste cosas muy importantes», expresó el juez Agüero, reconociendo el coraje de la víctima.

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De acuerdo a lo agregado por los informantes, tras la confesión se radicó luego una denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia de Florencio Varela, lo que dio origen a varias diligencias para aclarar lo ocurrido.

La alumna, que tiene ahora 15 años, confesó también en sede policial, que su hermano, de 18, la ultrajaba desde los 12 años.

Fue así, siempre según los informantes, que se concretó en la localidad de Gobernador Costa, un operativo policial en el que se detuvo a un individuo, quien está acusado de haber violado a su hermana adolescente durante tres años.

Al respecto, las diferentes pericias y estudios psicológicos que se le efectuaron a la estudiante posibilitaron certificar la veracidad de lo que había sido plasmado en el expediente penal, señalaron los voceros.

En base a estas pruebas, el sospechoso, de 18 años, fue apresado, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Florencio Varela, en un allanamiento realizado en jurisdicción de Gobernador Costa.

ntervino en la causa, que fue caratulada “Abuso sexual con acceso carnal agravado”, el doctor Alejandro Marcelo Ruggeri, fiscal de la Unidad Funcional N° 8 -temática de Delitos Contra la Integridad Sexual- de Florencio Varela.

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